Resistencia CahUAMera
31 agosto 2007
Comunicado de la Senadora Rosario Ibarra y Diputado Federal José A. Almazan sobre el Des-Informe
Este comunicado llegó a mi mail y lo comparto con Ustedes:
AL PUEBLO DE MÉXICO A LA
CONVENCIÓN NACIONAL DEMOCRÁTICA
Este primero de septiembre se inicia un nuevo período de sesiones del Congreso de la Unión. Nosotros sabemos que fuimos electos como parte del ascenso de la voluntad popular que reclamaba y reclama un verdadero cambio en el rumbo del país, sumido ya por años en un curso neoliberal que hace más profunda cada día la desigualdad, y que se enorgullece de aquí viva el hombre más rico del mundo, sin que le importe la suerte de los millones de seres humanos que viven y mueren en la miseria.
Esos millones de mexicanos pobres piensan y quieren que cambie ese estilo especial de gobernar, que sólo se interesa en lo suyo y que menosprecia el anhelo del pueblo, el deseo de un cambio verdaderamente democrático, que no se limite a la festejada alternancia en el gobierno, sino que vea por ellos, que defienda la soberanía nacional poniendo fin a la subordinación a los intereses extranjeros y que además sea capaz de acabar con la simulación, con la impunidad, con la corrupción, con la constante violación de los derechos humanos...
Fue esa esperanza en un verdadero cambio la que hizo posible la altísima votación que nos llevó al Congreso, pero la aspiración de esa gente, era llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República y en lugar de ello sufrió la afrenta de un nuevo fraude electoral, para imponer mañosamente, un gobernante ilegítimo, un personaje gris que asegurara la continuidad de su política neoliberal, profundamente antipopular.
Para lograrlo, aquellos que en el pasado reclamaban derechos democráticos, que aunque los limitaban al respeto al voto, hoy, como en estampida pasaron por encima de todos los derechos, para imponer su política privatizadora, que arranca derechos sociales históricamente conquistados por el pueblo y que no han dudado un ápice en recurrir a la represión, emulando y a veces superando las prácticas de los peores tiempos del priísmo: Encarcelamiento ilegal, desaparición forzada; renovadas prácticas de tortura, violación de mujeres y hombres en cautiverio, y sobre todo la intimidatoria presencia del Ejército en todo el territorio nacional, que bajo el pretexto del combate al narcotráfico, llega a la creación de cuerpos inconstitucionales y lanza la amenaza de reformas legales que conviertan en crimen la protesta social.
Ante la ilegitimidad de la imposición, fuimos convocados a organizarnos en una Convención Nacional Democrática que resistiera, que luchara contra los designios de un gobierno espurio; que reconociera un gobierno ese sí legítimamente representativo de la voluntad popular y que luchara por medios pacíficos y con la movilización popular, contra las instituciones caducas, sucias de corrupción, que han demostrado en hechos vergonzosos su descomposición: un Instituto Electoral que justificó el fraude, un tribunal que lo avaló, un gobierno de hecho que se apoya en la militarización del país y que solapa crímenes como los asesinatos y violaciones de mujeres por integrantes del Ejército, cuyos altos mandos son beneficiados con aumentos en sus haberes, a diferencia de la situación general de los trabajadores. Una Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH que solapa crímenes, repitiendo en forma vergonzosa las palabras del usurpador de la presidencia.
Desechamos todas las ofertas políticas hechas desde el Poder impuesto que llevan la intención de conseguir aunque sea un mínimo reconocimiento, un gesto de los legisladores y representantes populares que hemos llegado al Congreso gracias al voto de quienes ansiaban un cambio. Nos debemos a ese voto y a ese apoyo popular y no tenemos madera de traidores.
Las presiones, ofertas y concesiones, son el pan de cada día y de cada hora en esta etapa difícil para los ilegítimos. Nosotros no nos hacemos parte de acuerdo alguno, que según dicen, supone civilidad, apego a la Constitución, talento y cordura. No caemos en la trampa de quienes, con estrecha visión electoralista nos dicen que una conducta radical, como la que sostuvimos el año pasado, nos desprestigia y merma votos. Lo que nos desprestigiaría y marcaría, no para una siguiente elección, sino ante la Historia, sería claudicar de nuestro compromiso democrático y por intereses personales o de grupo, dar reconocimiento en cualquier forma a quien no lo merece. Por eso en contra de acuerdos pactados que no aceptamos, no estaremos presentes en la sesión del Congreso el día que sea del Informe como nueva protesta por la imposición y la burla a la voluntad popular. Si no se considera posible una nueva acción de rechazo, por lo menos que nuestra ausencia sirva para marcar diferencias. .
Senadora
Rosario Ibarra Diputado Federal
José Antonio Almazán González
Convocatoria 31 de agosto y 1 de septiembre
Viernes 31 de Agosto
11 AM
Palacio Nacional "Puerta Mariana"
Zócalo Capitalino
¡¡¡¡¡¡¡¡No olvides!!!!!!
- Que es una acción de Resistencia Civil Pacífica
- Deberemos permanecer sentados y no caer en provocaciones
- Llevar tu casa de campaña ya que estaremos en campamento a partir del viernes a las 11am hasta el día sábado terminando el festival cultural.
El objetivo es:
Impedir que el pelelé entre por la puerta Mariana (por donde entra el presidente) por la banda presidencial, de querer ir por la banda tendrá que entrar por la puerta de atrás como siempre por pelelé, por ilegítimo.
Resistencia HOY
Esto es para HOY y es MUY IMPORTANTE. Los que puedan empiecen a lanzarse por favor, más tarde iremos llegando los demás:
De Gerardo Fernández Noroña.
2. Un llamado puntual.
A las once de la mañana de este viernes 31 de agosto, se convoca a toda la RCP, a los dirigentes del FAP y de otros movimientos sociales a, literalmente, sentarse y plantarse en un acto de resistencia frente a la “Puerta Mariana” o “Puerta de Honor” del Palacio Nacional para impedir el paso del presidente usurpador el día primero de septiembre.
Síntesis Informativa
Hoy es: 31 de Agosto de 2007
Inconstitucional que bancos vendan créditos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que la CNBV no podrá definir a discreción quiénes pueden comprar cartera vencida de los bancos. La decisión podría dejar a los recuperadores de carteras vencidas sin negocio, mientras que militantes del PRD ayudarán a deudores a ampararse en caso de que su crédito haya sido vendido.
El ROBAPROA es perfectamente Constitucional verdad señores de la suprema corta? ...
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Ciclamato no causa daño: Cofepris.
Más de dos litros al día de refresco con este edulcorante sobrepasaría la ingesta permitida; pero la autoridad revisa la lista de sustancias autorizadas para alimentos.
Eit, ajá... ¿Ustedes qué dicen?, ¿les creemos a estos hijos de su p... ? Recuerden no tomar nada que contenga esta porquería.
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Avance de EU, impacto nulo en México.
El mayor crecimiento de la economía estadounidense no modifica los pronósticos para el país; analistas prevén un aumento del PIB mexicano de entre 2.8 y 3.1% para este año.
Mientras China tendrá un crecimiento este año del 12% !!!, vean la ridiculez del "crecimiento de la economía" en nuestro País.
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Primer [DES]informe, los compromisos [IN]cumplidos.
Presentamos las principales promesas económicas [IN]cumplidas en los primeros nueve meses de gobierno [DE USURPACIÓN]; el USURPADOR pll asqueroso de mierda presentó desde junio del año pasado 100 acciones.
... no comments ...
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Trabajarán diputados contra reloj.
Los legisladores tendrían 6 días para aprobar la reforma fiscal antes de que llegue el PEF; con la entrega del primer informe de labores de Calderón del asqueroso pll iniciará el periodo ordinario de sesiones.
DESDE AQUÍ LES DECIMOS A LOS SEÑORES LEGISLADORES DEL FAP: ¡¡¡ NADA DE APROBAR ESA PENDEJADA DE DISQUE REFORMA QUE LO ÚNICO QUE BUSCA ES SANGRAR MÁS A LA SOCIEDAD EN RESISTENCIA. NO PERMITIREMOS QUE NOS SALGAN CON EL CUENTO DE QUE "NO SABÍAN LO QUE ESTABAN LEYENDO" ..., "ES QUE POR LAS PRISAS", ... ETC.
NO SE APRUEBA NINGUNA REFORMA.
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¿Es productivo trabajar muchas horas?
La OIT dijo que la tecnología ha ayudado a los mexicanos a disminuir el número de horas de trabajo; sin embargo, el 24.2% de la población continua laborando más de las 48 horas que legalmente prevé el marco legal del país.
Se ve mal que un empleado se retire a su hora, lo correcto es quedarse hasta tarde. También se ve mal que pida vacaciones... Esclavitud es la palabra.
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5 tips para jóvenes que se independizan.
Llega el momento de responsabilizarte de tus gastos. Te damos unos consejos para que tu dinero rinda más. Ahorra y no te endeudes…
Si como no... ya los pinches bancos van sobre ellos ofreciéndoles que se endroguen con créditos hipotecarios que no serán capaces de solventar. Los están atrayendo con el gancho de "Tu puedes tener tu propio depa" ... Abusados.
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MERCADOS FINANCIEROS
Indicador Variación Puntos
IPC 0.11% 29,744.07
Dow Jones -0.38% 13,238.73
Dólar COMPRA: $10.90 VENTA: $11.20
NOTA: Cierre de la jornada previa.
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Lucha libre contra recuperadores de cartera.
La Suprema Corte declaró inconstitucional que las autoridades financieras permitan a los bancos vender los créditos de morosos a terceros. Los deudores afectados podrían ampararse contra la medida. ¿Cómo ves esta situación?
El ROBAPROA es perfectamente Constitucional verdad señores de la suprema corta? ...
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REPASO POR LOS MEDIOS:
Prevén recortar gasto de campaña presidencial un 50%.
El gasto de las campañas presidenciales y las elecciones intermedias será recortado en un 50% y 70% respectivamente, mediante un proyecto que presentó ayer la mesa para la Reforma del Estado, de la Cámara Baja. También se reducirá los tiempos de campaña hasta 90 días en las elecciones para presidente y para los senadores y diputados, y estos últimos en las elecciones intermedias tendrán sólo 45 días. (Reforma)
Pues mientras no se resuelva la pasada elección presidencial, no nos vengan con idioteces...
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La Casa Blanca apoya a los transportistas mexicanos.
El gobierno de Estados Unidos pidió a un tribunal que permita a los transportistas mexicanos transitar a cualquier punto del país, ya que si se vieran impedidos de hacerlo, las relaciones diplomáticas entre ambos países se verían dañadas. El sindicato de los camioneros estadounidenses se opone a esta apertura. En México, la SCT publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que crea la modalidad del servicio de autotransporte entre ambos países. (El Universal, Reforma)
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El JC podría ser extraditado.
La permanencia en México de Juan Carlos de la Cruz Reyna, el JC, detenido este miércoles en un restaurante de Polanco, podría ser breve, ya que el gobierno de EU tiene interés en procesarlo en su territorio, debido al presunto intento de homicidio de dos agentes de la DEA y otro del FBI en Tamaulipas en 1999. (Milenio)
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Un gobierno lejos de sus metas.
A nueve meses de haber iniciado su gobiernousurpación , Felipe Calderón el pll asqueroso ha incumplido su principal promesa de campaña: tener una economía competitiva y generadora de empleos bien pagados. La perspectiva no es buena porque no se ha podido concretar una reforma fiscal, lo que originará que el presupuesto de 2008 sea limitado. (El Financiero)
¿Gobierno?, ¿cual gobierno? No señores, no nos hagamos pendejos, no le echemos la culpa a la supuesta necesidad de una REFORMA FISCAL. Están imbéciles si creen que ese asunto va a progresar, mejor vayanse metiendo su reforma fiscal por donde más la sientan...
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Cibernautas celebran Blogday
Este 31 de agosto, miles de cibernautas tienen un motivo más que festejar: el tercer aniversario del BlogDay a nivel mundial. Expertos estiman que en la red existen más de 100 millones de bitácoras. (El País.com)
¡¡FELICIDADES A TODOS LOS BLOGUEROS DE LA RESISTENCIA!!
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30 agosto 2007
Un embate con historia
Jesús Cantú
Cada día es más evidente que varios de los actores políticos que participaron en la reforma electoral de 1996 en realidad apostaban al fracaso de la ciudadanización del órgano máximo de gobierno del IFE. Fallaron en el cálculo del impacto que algunas de las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales tendrían en el desempeño institucional y se equivocaron en la selección de algunos consejeros electorales, que resultamos mucho más autónomos e independientes de lo que ellos esperaban.
En las negociaciones que permitieron concretar la entonces llamada reforma definitiva por el presidente Ernesto Zedillo, participaron desde la Secretaría de Gobernación: Emilio Chuayfett, titular de la misma, y Arturo Núñez, a la sazón subsecretario; y por parte de los partidos políticos, sus presidentes: Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional; Santiago Oñate, del Partido Revolucionario Institucional; Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática, y Alberto Anaya, integrante de la Coordinación del Partido del Trabajo.
En aquel entonces el reto era mayúsculo, pues el Consejo General se integró el último día de octubre de 1996, ya iniciado el proceso electoral de 1997, y por si eso fuera poco, la construcción institucional abigarrada y compleja obstaculizaba el desempeño de los consejeros y pretendía dejar la responsabilidad de la operación en manos de la Secretaría Ejecutiva, de modo que aquéllos quedaran como meros garantes ante la opinión pública. Varios de los actores políticos pretendían otra reforma decorativa.
A pesar de esas dificultades, las puertas que los legisladores abrieron por la vía de las comisiones del Consejo General y la integración de los consejos locales y distritales permitieron que los consejeros asumiéramos plenamente el control de la institución e impulsáramos la ciudadanización en cascada. Logramos construir los pesos y contrapesos, los equilibrios institucionales, que permitieron enfrentar exitosamente los diversos obstáculos que se presentaron, incluyendo fuerzas internas y externas que, desde posiciones de poder, defendían las prácticas y lealtades del régimen autoritario.
La exitosa operación del proceso electoral de 1997, los resultados del mismo –en los que el PRI perdió por primera ocasión la mayoría en la Cámara de Diputados– y la autonomía demostrada por el Consejo General desde el primer minuto de ejercicio motivaron a los priistas a orquestar una embestida en contra del órgano máximo de dirección de la institución para modificar su composición y, por lo tanto, minar sus márgenes de acción y recuperar el control del aparato electoral.
Después de las diferencias internas (que en aquel entonces las plumas a sueldo del régimen priista pretendieron mostrar como una debilidad del Consejo General) que obligaron a la renuncia del secretario ejecutivo de la institución, Felipe Solís Acero (uno de los personajes que una y otra vez se interponen en la vida del IFE), en 1998 los priistas decidieron ir con todo por la cabeza de algunos de nosotros: interpusieron denuncias administrativas en contra de cuatro consejeros y amenazaron con iniciarnos juicio político.
Aprovecharon algunos errores personales y utilizaron a uno de sus caballos de Troya (el contralor interno Carlos Muñoz) para decretar mi ilegal destitución a mediados de 1999. Los personajes que orquestaron la embestida fueron Diódoro Carrasco y Jorge Alcocer, desde la Secretaría de Gobernación; Arturo Núñez, desde la coordinación de los diputados priistas; y Enrique Ibarra, con la representación del tricolor ante el Consejo General del IFE. Los tres primeros reaparecen ahora, desde distintas trincheras políticas, entre los actores que presentan la iniciativa de reforma que pretende minar seriamente la fortaleza del Consejo General del IFE.
Pero tiempo atrás su operación fracasó. Los intentos de los personeros del gobierno se toparon con un consejo que –ante la amenaza externa– se cohesionó monolíticamente; con el respaldo y la confianza de los partidos políticos de oposición, y con el sólido posicionamiento institucional en la opinión pública nacional. En los hechos, el intento se convirtió en un boomerang que impulsó la credibilidad del IFE y minó la del tricolor.
Los resultados obligaron a los enemigos de una autoridad electoral autónoma e independiente del gobierno y las fuerzas políticas a replegarse y esperar una mejor ocasión. Acusaron recibo de que era imposible actuar contra una institución que con su desempeño se ganó el reconocimiento de la opinión pública. Pero sabían que simplemente habían perdido una batalla, no la guerra. De manera que esperaron una nueva oportunidad.
En octubre de 2003, la renovación del Consejo General les brindó otra oportunidad. Allí estaba nuevamente Emilio Chuayfett, como diputado priista, y algunos nuevos personajes, que compartían su deseo de una autoridad sometida, Manlio Fabio Beltrones y Elba Esther Gordillo entre los más conspicuos. Durante el proceso de renovación, el exsecretario de Gobernación repetía una y otra vez en los pasillos de la Cámara –según cuentan los reporteros—: “Ya me equivoqué una vez; no me volveré a equivocar”. Y, efectivamente, esa vez no se equivocó: el 31 de octubre de 2003 empezaron a socavar la credibilidad de la institución y a preparar el escenario para asestarle el golpe definitivo.
Con la anuencia o la complicidad de los negociadores panistas, Germán Martínez y Juan Molinar Horcasitas, integraron un Consejo General que de origen vulneraba la imparcialidad rumbo a las elecciones de 2006. Y con sus omisiones, decisiones y acciones, los miembros de dicho órgano contribuyeron a socavar todavía más su credibilidad.
Hoy la mesa está puesta: no hay una fuerza política que defienda la permanencia de los consejeros; entre 36% y 42% de los ciudadanos (según las encuestas de Reforma y El Universal) cree que hubo fraude en las pasadas elecciones presidenciales; y, de acuerdo con la primera de ellas, 67% considera que debe ser reemplazado el actual Consejo General.
Ahora sí es viable minar la ciudadanización y la autonomía del IFE, no por la sustitución anticipada de los consejeros electorales (quienes también contribuyen consciente o inconscientemente a este fin), sino con la fórmula de restar atribuciones al órgano máximo de dirección, limitar los márgenes de actuación de sus comisiones y, ahora sí, descarada y abiertamente, imponerle desde la Cámara un contralor interno, entre las propuestas que se conocen.
Allí están los personajes (en estricto orden alfabético para evitar valoraciones subjetivas) que, desde distintas posiciones y fuerzas políticas, reaparecen una y otra vez en propuestas y acciones que atentan contra la autonomía y fortaleza del IFE, sin juzgar si las proponen o simplemente las toleran: Jorge Alcocer, en el intento desestabilizador de 1998-99, como funcionario de Gobernación, y ahora como redactor de la propuesta de reforma; Manlio Fabio Beltrones, como diputado priista en la designación del actual Consejo General en 2003 y ahora como líder de los senadores priistas; Felipe Calderón, como presidente del PAN en la reforma de 1996 y ahora como presidente de la República; Diódoro Carrasco, como funcionario de Gobernación en 1998-99 y ahora como diputado panista; Emilio Chuayfett, como primer director del Instituto Federal Electoral en 1990, como secretario de Gobernación en la negociación de la reforma electoral en 1996, y como diputado priista (2003) en la designación del actual Consejo del IFE; Arturo Núñez, como director del IFE en 1994, como subsecretario de Gobernación en la reforma de 1996, como líder de los diputados priistas en 1998-99 y ahora como diputado perredista en la propuesta de reforma; y Felipe Solís Acero, como director ejecutivo de Organización Electoral del IFE en 1994, como secretario ejecutivo en 1997, como representante del PRI ante el Consejo General del IFE en la pasada elección presidencial y ahora como secretario técnico de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.
Todavía falta conocer detalles de la reforma electoral, pues hasta ahora sólo se conoce oficialmente una parte de la iniciativa, pero las perspectivas no son nada halagüeñas: ignora a la ciudadanía (omite pronunciarse sobre las candidaturas independientes y no abre espacios para la interposición de recursos de impugnación, es decir, desatiende la recomendación de 1998 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos); fortalece la actual partidocracia (mantiene los actuales niveles de financiamiento público para actividades ordinarias, lo distribuye totalmente de acuerdo con la preferencia electoral de la última elección, eleva los requisitos de entrada para nuevos partidos políticos y prohíbe expresamente la intromisión de las autoridades en la vida interna de los partidos políticos, entre otras cosas); y, por último, debilita seriamente la ciudadanización del IFE (traspasa las facultades de fiscalización de una comisión del Consejo General a un órgano técnico y se le impone un contralor general desde la Cámara de Diputados). l
En el noreste, complicidad policiaca
Ricardo Ravelo La captura de siete zetas en una discoteca de Reynosa, Tamaulipas, en abril pasado, provocó la ira del cártel del Golfo, que de inmediato quiso cobrar venganza y levantó a cuatro de los 26 agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que participaron en las capturas. Para ello, el cártel pidió ayuda a 21 policías nuevoleoneses del municipio de Guadalupe...
El pasado 14 de abril, 26 elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) fueron comisionados para una tarea difícil y peligrosa: detener a siete presuntos miembros de Los Zetas, quienes asistirían tres días después a la inauguración de un centro nocturno en Reynosa, Tamaulipas, conocido como El Cincuenta y Siete.
Los policías federales Omar Víctor Nolasco Espinoza –jefe de los comisionados–, Luis Solís Solís, Óscar Alberto Vértiz Valenzuela y Guimel Raúl Aponte Santillán, miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) de la AFI, llegaron a Reynosa la tarde del sábado 14 de abril. Los otros 22 agentes estaban listos, desde el día anterior, alojados en un hotel de Monterrey.
El día del operativo, el 17 de abril, los 26 agentes se concentraron en el Campo Militar de Reynosa en espera de las instrucciones y del apoyo logístico que les otorgaría un equipo especial del Ejército. En ese lugar los militares fueron directos: “No se muevan –les dijeron–, esperen las indicaciones porque el trabajo que se realizará es muy delicado”.
Todos acataron la instrucción, mientras el área de inteligencia militar continuaba recabando datos y afinaba los detalles del golpe contra el cártel del Golfo, que finalmente resultó exitoso.
El plan parecía de rutina: catear varios domicilios, realizar un operativo durante la inauguración de la discoteca El Cincuenta y Siete –una de las novedades del lugar– y detener a siete delincuentes, presuntos miembros de Los Zetas, así como a varios “halcones”, su grupo de apoyo formado en su mayoría por policías ministeriales de Tamaulipas y Nuevo León.
Afinada la logística, elementos de inteligencia militar se reunieron con los 26 agentes de la AFI. Y le detallaron al comandante Nolasco Espinoza su plan: “Todo indica que ahí estarán Los Zetas”, le aseguraron.
Eran las nueve de la noche cuando el comando abandonó las instalaciones del Ejército y se dirigió a la discoteca. Al frente del grupo iban los comandantes Vértiz, Aponte y Nolasco. Atrás, el comando, bien armado y con suficientes pertrechos para enfrentar cualquier contingencia.
De acuerdo con los datos contenidos en el auto de exhorto 253/007 y la causa penal 092/2007, en la discoteca El Cincuenta y Siete estaba programado el show de la cantante Gloria Trevi, que iniciaría a las 10 de la noche y terminaría al amanecer. El lugar estaba abarrotado desde temprano. La gente comenzó a beber alcohol a partir de las ocho de la noche.
Aturdidos por la música y las luces multicolores, los consumidores no se percataron cuando los agentes federales y varios militares entraron al lugar poco antes del espectáculo de la Trevi. Llevaban un permiso judicial y ordenaron a los encargados del lugar que silenciaran la música y encendieran las luces interiores. Así fue como pudieron catear la discoteca y detener a unas 10 personas que llevaron de inmediato a las instalaciones del Campo Militar, donde fueron sometidas a un largo interrogatorio. Poco después confirmaron sus sospechas: los detenidos sí eran miembros de Los Zetas.
La venganza
Al día siguiente del operativo, el miércoles 18, los agentes federales salieron de las instalaciones militares, mientras los detenidos fueron llevados al aeropuerto de Reynosa y trasladados en un avión oficial a la Ciudad de México, donde fueron puestos a disposición de la PGR.
Antes de regresar a sus bases –la mayoría de ellos estaban adscritos a la Ciudad de México–, los agentes federales decidieron ir de compras por la ciudad. El cuarteto formado por Guimel Raúl Aponte Santillán, Óscar Alberto Vértiz Valenzuela, Luis Solís Solís y Víctor Omar Nolasco Espinoza, tomó avenida Hidalgo, rumbo a la tienda Soriana, a bordo de un Neón blanco. Eran las cinco de la tarde del 18 de abril.
Tras la detención de los zetas en la discoteca, el cártel del Golfo comenzó a rastrear a los policías federales implicados en el operativo, según se asienta en la averiguación citada. La organización recurrió a sus redes integradas por policías ministeriales de Reynosa, Tamaulipas, y de Guadalupe, Nuevo León, cuyos integrantes están identificados como “halcones”, es decir, son espías al servicio del cártel del Golfo.
Con base en los informes obtenidos, un sujeto que en la averiguación previa referida es identificado como Zeta Lima pidió a varios de sus socios y a más de 20 policías del municipio de Guadalupe, Nuevo León, que “le echaran una mano” porque “necesitaba madrear a unos chavos que ya lo traían jodido y que les iba a poner en su madre”.
Así fue como se fraguó el secuestro de los cuatro agentes de la AFI. Pasaban de las cinco de la tarde cuando, en las inmediaciones de la tienda Soriana, un grupo armado a bordo de una Ram y una Suburban interceptó a los cuatro agentes federales. Les tocó el claxon y les gritó “¡Párense!, ¡párense!, hijos de la chingada”.
Los policías se detuvieron y comenzó el intercambio verbal. Los integrantes del grupo armado les preguntaron qué andaban haciendo, a quién estaban investigando y quiénes eran sus jefes. Los agentes mintieron: dijeron que andaban cuidando al licenciado Franco y que habían llegado a Reynosa “a entregar unos documentos”. Sus interlocutores no les creyeron. En ese momento llegaron otras tres camionetas, entre ellas una Escalade, con más gente armada. Los cuatro afis fueron subidos a este vehículo.
Durante más de tres horas los anduvieron paseando por Reynosa y por el municipio de China, Nuevo León, hasta que los trasladaron a una casa de seguridad, donde comenzó el interrogatorio y la tortura. Además, los emborracharon con “un tequila que no parecía tequila” y los “obligaron a fumar mariguana”, declararon después los policías detenidos.
Soy “El Hummer”
Encolerizado, uno de los presuntos secuestradores le gritó al agente federal Óscar Alberto Vértiz Valenzuela:
–¿Sabes quién te va a matar, hijo de puta?
–No
–¿Quieres saber cómo se llama el que te va a matar? –le gritaba, al tiempo que le hundía la pistola en el cuello y le golpeaba la cabeza con el cañón.
El agente guardó silencio.
–Soy El Hummer, El Hummer… ¿Oíste?
–Sí, señor…
–¿Oíste bien? –insistía a gritos.
–Sí.
–¿Quién es el que te va a matar?
–El Hummer…
–Repite, puto.
–El Hummer, El Hummer…
En el organigrama del cártel del Golfo, El Hummer es Jaime González Durán, jefe de la organización en el municipio de Reynosa, Tamaulipas; según la averiguación previa SIEDO/UEIDCS/77/0027, este personaje controla esa plaza con el apoyo de agentes ministeriales, quienes a su vez están relacionados con policías municipales de Monterrey y de Guadalupe, Nuevo León.
Después, los agentes fueron llevados a otro punto para que los viera “el jefe”, otro integrante de Los Zetas. Los agentes declararon que el segundo sitio era una casa ubicada en el municipio de Guadalupe. Incluso señalaron que sintieron que había llegado su fin. Sin embargo, el agente Luis Solís Solís ocultó un celular “en los calzones”, según dijo, que nunca detectaron sus captores.
Acomodado en la parte trasera de la camioneta Escalade, pudo sacar el teléfono y llamar a la base militar y a su jefe, a quien en la indagatoria sólo se refiere como “El comandante Puma”. Le dijo que él y sus tres compañeros habían sido “levantados” y le mencionó el sitio donde –según suponía– los tenían sus captores.
Solís Solís relató lo que sucedió en la segunda casa:
Yo seguía hincado y escuché que dijeron que el jefe había mandado unas botellas de vino, entonces de una botella, al parecer tequila, me empezaron a dar de beber. Lo mismo le hicieron a mis compañeros. Luego me dijeron: ¿quieres una fumada?, yo le dije que no y me dio un trancazo en el estómago y me dijo que no era si quería, que era a fuerza, y entonces le tuve que dar una fumada al cigarro que tenía un olor a mariguana.
Luego nos sacaron; a mí me tocó al último. Me dijeron “mudo, para afuera”, entonces sentí que nos subieron a una camioneta como de multipasajeros y se escuchaba que venía más gente adelante. Nolasco y el compañero Aponte se estaban quejando por los golpes. A mí me dieron como cinco toques eléctricos. En el trayecto escuché que hablaban en clave, ordenaban que les avisaran a los municipales (presuntamente a los policías de Guadalupe) que pusieran el retén donde ya les habían dicho, que él (el jefe de Los Zetas de la plaza) llegaba en veinte minutos con los afis, que en dos bolsas negras traían las bolsas de nosotros.
Al llegar al punto, a los agentes federales les quitaron las vendas. Narra Solís:
Vi como a una distancia de seis o siete metros a varios uniformados, encapuchados, de Seguridad Pública, que estaban viéndonos, y entonces las personas que nos traían nos comenzaron a dar de patadas. Y dieron la orden: Ya llévenselos, ya saben lo que tienen que hacer…
Para entonces, un grupo de militares apoyados por agentes federales rastreaban a los afis secuestrados, quienes finalmente fueron encontrados en el retén. Al detectar la presencia de sus compañeros, el grupo de policías de Nuevo León fingió que los habían detenido por sospechosos. Dijeron que los habían llevado a la agencia del Ministerio Público para tomarles su declaración.
Policías corruptos
Los testimonios de los agentes federales sirvieron de base para que la PGR realizara una investigación, la cual concluyó con la aprehensión de 21 policías de Guadalupe, Nuevo León, entre ellos a una mujer: María Cristina Tapia Papalotzin. En su investigación, la PGR detectó que los 21 detenidos trabajaban para el cártel del Golfo.
Al interrogarlos, estos policías municipales admitieron que estaban al servicio de Los Zetas. También explicaron que en los distintos operativos en los que supuestamente iban a ocurrir balaceras, ejecuciones o “levantones” les llamaba la atención que aparecieran dos reporteros de Televisión Azteca con su cámara. Se referían a Gamiel López y Gerardo Paredes, reportero y camarógrafo de esa televisora, desaparecidos el 10 de mayo pasado en Monterrey, Nuevo León.
En su declaración ministerial, Tapia Papalotzin narró cómo se enganchó con Los Zetas.
La de la voz ingresó a la Secretaría de Seguridad Pública de Policía y Tránsito de Guadalupe, Nuevo León, el ocho de marzo de 2001 y fue precisamente con motivo de mis funciones (que) me relacioné con gente del grupo delictivo denominado Los Zetas, ya que en el mes de septiembre u octubre del año dos mil seis, al encontrarme patrullando en compañía de Abraham Ismael Martínez Rodríguez, nos interceptaron unos vehículos al parecer camionetas (y) nos obligaron a descender de nuestra patrulla apuntándonos con las armas que traían, diciéndonos “que ellos eran de un cártel” y que no querían que por ningún motivo obstaculizáramos sus labores, que tenían ubicadas a nuestras familias, que ellos iban a estar por ahí y que no nos metiéramos con ellos, que recuerda que al cártel al que hicieron referencia era al cártel del Golfo.
Los Zetas nos dijeron que por nuestros servicios nos iban a dar dinero, refiriendo que nos iban a entregar tres mil pesos por quincena y que después nos iban a hacer saber cómo nos iban a entregar los pagos, por lo que nosotros les dijimos que sí. Después de un mes el comandante Abraham Martínez, quien era mi jefe, me indicó personalmente que nos viéramos por la construcción del Fovissste Camino Real.
Al llegar al sitio, se encontraban ahí varios compañeros entre los que recuerdo al comandante Abraham, el comandante Loa, siendo que ahí también se encontraba una persona de quien supe se identificaba como el comandante Gallo, el cual era del Grupo Los Zetas y quien en ese momento nos hizo entrega a cada uno de una cantidad de dinero
A mí me entregó tres mil pesos, al resto de mis compañeros no lo sé, todo dependía del cargo que tuviéramos. Dicha remuneración siempre era a cambio de que no nos metiéramos con ellos y que no los molestáramos cuando los viéramos en la calle. Además, en todo momento nos hacían ver que ellos tenían mejores armas que las nuestras y que tenían ubicadas a nuestras familias, por lo que agarré el dinero que me tocaba y me retiré del lugar.
En enero de 2007, el compañero Mario Enrique Esparza, alias El Monstruo, nos dijo que el comandante Gallo ya no iba a estar en la plaza, que en su lugar estaría el comandante Gory… Me dijo que me quería porque yo sabía mucho del manejo de la radio y también me comentó que a José Rogelio López Gutiérrez le entregaban 50 mil pesos mensualmente y que a Candelario “N” le habían dado (Los Zetas) cien mil pesos… Rogelio se desempeñaba como coordinador de la comandancia, responsable de coordinar a los comandantes, a Los Pumas y a los jefes operativos…
Tráfico sangriento
Jenaro Villamil El mercado ilegal de cubanos que buscan llegar a Estados Uni- dos desde México degeneró ya en una guerra de mafias que se lo disputan en la Península de Yucatán. Tan jugoso como sangriento, este negocio involucra desde autoridades migra- torias y narcotraficantes hasta la mafia cubano-estaduniden- se. Se calcula que, en los últimos 14 meses, más de 10 mil cu- banos ingresaron a Estados Unidos por la llamada “ruta maya”, justo ahí donde en el último mes se han producido siete eje- cuciones relacionadas con esa guerra.
MÉRIDA, YUC.- La disputa por el control del tráfico ile- gal de inmigrantes cubanos a territorio estadunidense ha provocado siete ejecu- ciones en Yucatán y Quin- tana Roo en menos de un mes. Esta guerra activó también la alerta de las autoridades locales y binacionales frente a un negocio de millones de dólares en el que se presume están involucrados los cárteles de la droga, empresarios locales, autoridades migratorias y la mafia cubano- estadunidense. La procuraduría estatal yucateca cal- cula que los traficantes reciben entre 10 mil y 12 mil dólares por cada uno de los cuba- nos trasladados a Estados Unidos. Otras fuentes señalan que pueden cobrar de 30 a 50 mil dólares por internar a un isleño en Florida. El dinero usualmente proviene de los familiares radicados en Miami u otra ciu- dad de Estados Unidos, quienes pagan a los traficantes por recoger a sus parientes en la provincia cubana de Pinar del Río –en lanchas rápidas, barcos deportivos o yates– para depositarlos en “algún punto” de la Península de Yucatán. Tan sólo entre octubre de 2006 y agosto de 2007 ingresaron a Estados Unidos, por la llamada “ruta maya”, poco más de 10 mil cubanos que burlaron la vigilancia de la guardia costera estadunidense, que ha cerrado los accesos en los últimos tres años. El control del negocio, de acuerdo con las autoridades yucatecas, se ubica en Quin- tana Roo, y específicamente en Cancún, el centro turístico que se ha convertido en una de las fronteras “porosas” del país que permiten la mimetización de los migrantes cubanos. En los últimos cinco años, Cancún ha recibido muchos cubanos. La mayoría recala en Isla Mujeres, ubicada frente al emporio turístico, y de ahí son trasladados a “casas de seguridad” en alguna de las colo- nias periféricas de Cancún. Entre el 8 y el 10 de agosto pasado, las autoridades de la PGR detuvieron en esta ciudad a alrededor de 20 presuntos implicados en esta red y en las ejecuciones que se sucedieron días antes. También Mérida y los puertos yucate- cos de Progreso, Río Lagartos y El Cuyo se han convertido en centros de operación. El pasado 7 de agosto, el titular de la Pro- curaduría General de Justicia de Quintana Roo, Bello Melchor Rodríguez, provocó un escándalo al señalar a Mérida como “el centro financiero de la mafia” que maneja el tráfico de cubanos. Su homólogo yuca- teco, Pedro Sierra Lira, reviró que lo impor- tante no es saber “en qué lugar operan las mafias, sino que exista coordinación entre los estados de la península para que ya no lo hagan”. Entrevistado en sus oficinas del perifé- rico de Mérida, Sierra Lira explica así la mecánica del negocio: “Lo que sabemos es que reciben a cada persona en algunos sitios turísticos de Quin- tana Roo, a través de embarcaciones de lujo como yates o algunos barcos pesqueros con capacidad para trasladar hasta 30 personas. Les ponen una playera, tenis, una gorra… Los disfrazan para que se queden en Can- cún. A otros los trasladan hasta Yucatán. Son grupos perfectamente organizados que ganan muchísimo dinero por cada cubano que traen.” –Pero ahora también están operando en Yucatán. Ahí están las ejecuciones –se le comenta. –Esto no se sabía antes. Yucatán siem- pre había sido un estado tranquilo. Los extranjeros que venían acá se hacían a nuestra manera. Para nosotros, un extran- jero es un hermano más, pero ahora están ocurriendo cosas extrañas con gente que llega de otro estado de la República, mediante grupos perfectamente organiza- dos que ganan mu-chísimo dinero con cada cubano que traen. Para Sierra Lira, una de las hipótesis de la averiguación previa abierta en torno a las ejecuciones que se registraron entre el 10 de julio y principios de agosto es que son el resultado de “un pleito por el control del negocio”. “No importa adónde lleguen. La cues- tión es que alguien inició el negocio y no le gustó que quienes eran sus empleados pongan un puesto enfrente. La patente es de quien inició y no le gusta la piratería”, subraya el funcionario.
Los balseros
En los últimos cinco años se ha incremen- tado el arribo de balseros, en su mayoría gente de escasos recursos que recalan en las costas de Puerto Progreso, El Cuyo, Río Lagartos, en Yucatán, o Isla Mujeres y Hol- box, en Quintana Roo. Estos balseros no cuentan con los recursos ni con los contactos para pagar un “pollero” que los conduzca hasta Estados Unidos. En algunas ocasiones, son inter- ceptados por la Armada o por algunos pes- cadores. Si son detenidos, los llevan a las oficinas del Instituto Nacional de Migra- ción de Mérida o Cancún. Tan sólo entre febrero y julio de este año, la Armada de México encontró frente a las costas yucatecas tres balsas de fibra de vidrio, a unas 50 millas de Río Lagartos, al noreste de la península. Las frágiles embar- caciones contenían 10, 12 y 14 personas, respectivamente, incluyendo a una mujer. “Estaban a la deriva. Todos mostraban signos de deshidratación y se encontraban en una situación muy crítica”, rememora el capitán Gaspar Cimé Escobedo, respon- sable de la capitanía de Yukalpetén. En el puerto de abrigo aún se observan apiladas las embarcaciones, junto a los más de 360 barcos de pescadores de atún y pulpo. El número de detenciones se ha dispa- rado. Si en 2002 las autoridades migrato- rias reportaron 254 cubanos detenidos en las costas de Yucatán y Quintana Roo, para 2006 la cifra se elevó a 2 mil 205. De estos detenidos, no todos son expulsados, aun- que tan sólo en Quintana Roo las deporta- ciones aumentaron de 364 en 2005 a 572 en 2006. Hasta el 31 de julio de 2007 se tenían contabilizados 653 cubanos regre- sados a su país, y el pasado 4 de agosto, frente a las costas de Cancún, la Armada de México interceptó a 37 cubanos en una embarcación que se hundía por problemas con el motor. El incremento de esta migración coin- cide con el deterioro de las relaciones entre Cuba y México y con las crecientes restric- ciones migratorias impuestas por Estados Unidos. En un mensaje difundido en agosto de 2005, antes de suspender sus actividades como jefe del Estado cubano, Fidel Cas- tro alertó sobre el problema creciente del tráfico de sus compatriotas y advirtió que la mafia cubano-estadunidense se extiende hasta la Península de Yucatán: “Están involucradas personalidades importantes de Estados Unidos. Esa mafia no sólo opera en Miami, pues han creado una organización para operar desde México y en lugares que están más apartados (…) tienen a Quintana Roo y Honduras como vías del tráfico de cubanos. “La actitud tolerante de las autoridades mexicanas de no poner especial interés en la devolución de los balseros (…) ha sido un estímulo al uso de esta vía como puente hacia Estados Unidos.” En mayo de 2005, las autoridades de La Habana detuvieron y sentenciaron a 10 años de prisión a los pescadores yucatecos Juan Ramón Barco Rivero, Luis Nicolás Chan Campos y Johnny Fuentes Koyoc, originarios de Puerto Progreso, acusados de tráfico ilegal de cubanos. Las ejecuciones y la mafi a La mañana del martes 10 de julio, al salir de la casona verde de la avenida Colón, en Mérida, sede del Instituto Nacional de Migración, Manuel Duarte Díaz, alias El Manny, fue atacado por unos sicarios que viajaban en un Mustang. La ráfaga de siete disparos impactó en su pecho y en su frente. También balearon su automóvil Tsuru YXN-7917. El Manny fue identificado primero con otro nombre: Nelson Yeo Mayer, de oficio estilista. Ese día acudió a las oficinas del INM como parte de las diligencias acos- tumbradas para el programa de regulariza- ción de extranjeros. Iba acompañado de su novia Reina Montalvo, y las autoridades presumen que ella estuvo coludida con los atacantes. La ejecución del Manny prendió los focos de alerta en Mérida. Eran los días del traspaso de poder entre el panista Patricio Patrón Laviada y la gobernadora electa Ivonne Ortega Pacheco, del PRI. Un mes antes de que asesinaran a Duarte Díaz, las autoridades de la Procura- duría General de la República detuvieron en Cancún, como presuntos responsables de introducir ilegalmente a 58 cubanos, a Miguel Ángel Núñez Marrero, Juan Felipe Suárez y Octavio Llanes Núñez; el primero originario de la isla, y los otros dos cubano- estadunidenses. También fue aprehendido el mexicano Isaías Kabul Canché, presunto cómplice. Tras estos sucesos, las autoridades de Quintana Roo hallaron otros ejecutados: el cubano Alfredo Barceló Escalona, radicado en Mérida y presunto cómplice del Manny, quien había desaparecido dos meses antes; el empresario yucateco Edwin Park Gómez, y Jesús Aguilar Aguilar, ambos secuestrados y ejecutados en Cancún. Sus cuerpos fueron arrojados a una fosa ubi- cada en la carretera entre Mérida y Cancún. El hallazgo se hizo el 2 de agosto. Se presume que Park Gómez, dedicado a la exportación de pepino marino y dueño de la cooperativa Cuálitas, iba a adquirir una embarcación rápida que sería utilizada para el traslado de migrantes cubanos. Jesús Aguilar tenía ya antecedentes penales. El mismo día y en el mismo sitio fue encontrado el cuerpo de la empresaria yucateca María Elena Carrillo Sáenz, eje- cutada y con huellas de tortura, quien des- apareció semanas atrás junto con su pareja sentimental, el cubano-estadunidense Luis Lázaro Lara Morejón, ejecutado el 30 de julio y también vinculado al tráfico ilegal de cubanos. El procurador de Quintana Roo, Bello Melchor Rodríguez, relacionó estos asesi- natos con el crimen de Duarte Díaz, ocu- rrido en Mérida, y mencionó otra víctima: el empresario cancunense Francisco Javier Fernández Rodríguez, ejecutado el 19 de julio. Fernández Rodríguez tenía una ruta de paseos turísticos entre Cancún e Isla Mujeres. Presuntamente participó con sus embarcaciones en el tráfico de inmigran- tes cubanos, tratando de abrir un “negocio paralelo” al que ya controlaban otros per- sonajes. Melchor Rodríguez identificó a Luis Lázaro Lara Morejón como presunto “enlace con las demás personas; formaba parte de un grupo que se dedica al tráfico de indocumentados, porque en Mérida hay un centro de operaciones”. Aún se ignora quiénes son los verdade- ros “dueños” del negocio. Versiones de las autoridades cubanas filtradas a la prensa yucateca señalan como posible vínculo a Alejandro Casto Pérez, enlace directo tam- bién con la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), o a Juan Carlos Rive- roll, alias El Profe, conectado así mismo con la Fundación Nacional Cubano-Ame- ricana creada por Jorge Mas Canosa. Una investigación del periódico Por Esto!, difundida en junio de 2005 y que cita datos de inteligencia, vinculó a Rive- roll con la fuga del terrorista Luis Posada Carriles (autor del atentado contra Cubana de Aviación en la isla de Barbados, donde murieron 73 personas) en la lancha Satrina, que partió de Isla Mujeres hacia Estados Unidos. La investigación del rotativo fue difun- dida por el periódico Granma, órgano perio- dístico del Partido Comunista de Cuba, el cual alertó sobre “la amplia red integrada por cubano-estadunidenses denominada Los Marielitos. Hasta el momento, las autoridades de Quintana Roo y Yucatán sólo han detenido a Manuel El Negro Chalé, presuntamente relacionado con los crímenes de Manuel Duarte El Manny y Alfredo Barceló. Por lo pronto, el procurador yucateco Pedro Sierra confía en que de la averigua- ción previa en torno a estos crímenes, y de la coordinación con Quintana Roo, “podrían desprenderse muchísimas cosas”, como las dimensiones del negocio en disputa.
Unificación de membrete
Jorge Carrasco Araizaga La pretendida unificación de la Agencia Federal de Investigación y la Policía Federal Preventiva se le atoró al presidente Calderón. El caso es que la iniciativa enfrenta no sólo obstáculos técnicos... Las desconfianzas entre los mandos de ambas corporaciones mantiene en el fango el “proyecto de reingeniería policial” que Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal, le vendió al mandatario, quien lo adoptó a su vez como propósito de gobierno. En estas condiciones, la unificación no solamente no existe, sino que mantiene en el limbo a centenares de cadetes recién formados por la PFP.
Reacia al propósito presidencial de unificar las policías federales y con un predominio militar, la Policía Federal Preventiva (PFP) no sabe qué hacer con la más reciente generación de cuadros civiles que ha preparado en su Instituto de Formación de San Luis Potosí.
Los más de 800 cadetes de la generación 2006-2007 que en junio pasado acabaron su curso de “técnico policial universitario” –entre ellos están quienes se formaron en inteligencia policial– son parte de los afectados por la inoperancia de la unificación de la PFP y la Agencia Federal de Investigación (AFI).
El secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, logró hacer de esa unificación un propósito presidencial, pero no ha podido avanzar en esa propuesta que le vendió a Felipe Calderón desde que éste era candidato presidencial.
Calderón hizo suyo el “proyecto de reingeniería policial” de García Luna y en el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año consiguió que el Congreso de la Unión le autorizara 400 millones de pesos para un nuevo rubro de la SSP llamado “acciones encaminadas a la unificación de las policías federales. Coordinación General de Policía Criminal”.
Faltan sólo cuatro meses para que culmine la aplicación de esos recursos, pero ni la AFI ni la PFP han superado las mutuas desconfianzas y conflictos. El fracaso lo representó, a principios de este gobierno, el nombramiento de Ardelio Vargas Fosado como comisionado de la Federal Preventiva y al mismo tiempo director de la Agencia Federal de Investigación. Su gestión fue efímera: de diciembre de 2006 a marzo de este año.
Vargas había asumido las dos funciones luego de haber sido jefe de Estado Mayor de la PFP, cargo desde el que encabezó las acciones de ese cuerpo policial en los conflictos sociales del año pasado en San Salvador Atenco y Oaxaca. Por ambas intervenciones, la Federal Preventiva tiene enfrente otro problema, pues está incluida en las investigaciones que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la grave violación a las garantías individuales ocurrida durante los operativos puestos en marcha para sofocar la protesta social.
El nombramiento de Vargas, quien había sido un cercano colaborador de García Luna desde los tiempos en que ambos trabajaron en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), demostró la inoperancia del traslado de los agentes formalmente adscritos a la PGR a la SSP, sin ningún fundamento legal y sólo por decisión del secretario de Seguridad Pública federal.
Vargas entró en conflicto con García Luna y fue rescatado por el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, quien lo designó director del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), cargo que ocupa desde abril pasado.
Ese fue el primer fracaso en el intento de crear el Cuerpo Federal de Policía con la fusión de la PFP y la AFI. La confrontación entre ambas corporaciones se generó desde que entró en operaciones la Federal Preventiva en el 2000 y de la que García Luna fue coordinador general de Inteligencia, cuando el comisionado de la PFP era el almirante Wilfrido Robledo.
Casi dos años después, el 1 de septiembre de 2001, en su primer informe de gobierno, Vicente Fox anunció el fin de la Policía Judicial Federal y la sustituyó por la AFI, que quedó en manos de García Luna, pero aún adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR).
A pesar de la imagen de “policía científica y de investigación” que García Luna quiso darle a la AFI, la corporación ha sido señalada por la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, de ser cómplice del narcotráfico en México. Sobre la PFP pesa la misma acusación. Informes de la propia SSP indican que mandos de la Federal Preventiva están vinculados con la delincuencia organizada (Proceso 1500 y 1519).
García Luna enfrenta ahora no sólo el problema que entraña unificar a dos policías cuestionadas: está en el centro de las discordias al interior del gabinete de seguridad de Calderón, en particular con el secretario de la Defensa Nacional, el general de división Guillermo Galván Galván, y con Eduardo Medina Mora.
Antecedentes
Con fuerte presencia de militares desde su creación, en enero de 1999, aunque empezó a operar en el 2000 a finales del gobierno de Ernesto Zedillo, la PFP ha tenido serias dificultades para instaurar el servicio civil de carrera policial.
Desde un principio operó en gran medida con el apoyo de Defensa y Marina. Por temporadas, la Sedena le presta miles de sus elementos. Por ejemplo, durante el gobierno de Zedillo, a la PFP le fueron asignados 4 mil 500 soldados del Ejército en comisión. Al inicio del sexenio foxista se produjo el relevo, en marzo de 2001, de la mayoría de esos efectivos con la incorporación de 3 mil infantes de Marina.
Al final de ese gobierno, el 31 de julio de 2006, en medio de la tensión poselectoral, Fox encabezó en el Campo Militar Número Uno el abanderamiento de la unidad de Infantería Ligera Brigada “2 de Julio”, integrada por casi mil 700 elementos dedicados a actuar en Conflictos de Baja Intensidad (CBI), aunque en su momento funcionarios del Cisen y de la propia SSP le dijeron a Proceso (1555) que esa unidad se “disfrazó” como si fuera de la PFP.
La fuerte presencia de militares en la Federal Preventiva se incrementó aún más con Calderón, quien el 13 de diciembre pasado, recién llegado a la Presidencia, firmó la incorporación de 10 mil militares a la PFP –7 mil 500 del Ejército y 2 mil 500 de la Marina.
Si en el 2000 la PFP inició con 5 mil 535 elementos, de los cuales 4 mil eran policías militares, hasta mayo de este año contaba con 13 mil 12 elementos. El número de militares que actualmente forman parte de esa corporación es algo que ni la SSP ni la propia Federal Preventiva están dispuestas a revelar.
En respuesta a dos solicitudes de información presentadas por Proceso en mayo y julio pasados a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las dos dependencias negaron contar con personal castrense.
“Los elementos en activo en esta institución no son elementos del Ejército, así como tampoco de la Marina, lo anterior en razón de que al incorporarse… dejan de serlo desde el momento en que presentan su renuncia ante la institución o la dependencia en la cual prestaban sus servicios”, respondió la PFP. En el mismo sentido fue la respuesta de la SSP.
Más aún, ambas dependencias negaron tener información sobre los convenios firmados con las Fuerzas Armadas para la incorporación de soldados y marinos a la PFP, a pesar de que se han hecho anuncios públicos respecto de esos acuerdos. De hecho, el acuerdo firmado por el actual gobierno fue revelado por este semanario (Proceso 1606).
En cada anuncio de incorporación de militares a ese cuerpo policial se ha insistido en que se trata de medidas temporales en tanto se integran los elementos civiles formados por la propia PFP.
Pero ahora, la Secretaría de Seguridad Pública federal cuenta con más de 800 civiles que fueron preparados por la PFP entre agosto del 2006 y junio de este año. Más de 500 de ellos recibieron formación en seguridad regional y más de 200 en inteligencia.
De acuerdo con varios cadetes de esa generación que hablaron con el reportero a condición del anonimato, la secretaría que encabeza García Luna no sabe qué hacer con ellos, pues desde que acabaron su curso, el pasado 15 de junio, los mantiene internados sin hacer nada.
“El curso acabó luego de unas conferencias que nos inventaron. Y no sólo ya nos quitaron un mes de sueldo, sino que nos mantienen internados sin hacer nada. Nos pasamos el día acostados viendo la televisión”.
El problema no sólo es la falta de asignación de tareas a dos meses y medio de haber acabado su formación. Hay incumplimiento de lo ofrecido en la convocatoria lanzada por la PFP.
Con un promedio de edad de 23 años y una educación mínima de bachillerato, cerca de mil jóvenes respondieron el año pasado al llamado de la PFP para hacer un curso de nueve meses sobre seguridad regional. Algunos, más de 200, se especializaron en inteligencia policial. Pero al final de ese plazo, a los más de 800 que completaron el curso les hicieron firmar un contrato para ampliar la capacitación tres meses más.
“Nos ofrecieron que al finalizar el curso de nueve meses tendríamos un sueldo de 11 mil 600 pesos mensuales, además del grado de capitán. Pero nos cambiaron la oferta; nos dicen que vamos a ganar casi 10 mil pesos pero con grado de suboficial”.
Explican que como cadetes recibieron un pago de 2 mil pesos mensuales y por fin de curso recibieron un pago de 2 mil 650 pesos. Sin embargo, dicen, “con ese dinero tuvimos que comprar los uniformes negros que usábamos. Cada uno cuesta mil 300 pesos, y un par de zapatos 500 pesos”.
Al pago mensual se le llama “pre”, como se conoce en el Ejército al pago que se les da a los cadetes antes de ser oficiales del Ejército. En la PFP está previsto para otorgarse durante el curso de formación inicial como ayuda en los gastos personales.
Familiares de cadetes que hablaron también a condición de que se omitiera su nombre, aseguran que “la escuela funciona como tianguis: ahí les venden todo tipo de cosas e incluso hacen rifas de armas. Cuando les dan el ‘pre’, se les va en pagar lo que ya les vendieron, en cooperaciones supuestamente para arreglos de la escuela o en pagar para tener prácticas con las patrullas”.
Los cadetes explican que la convocatoria para su curso se dio a conocer en mayo del año pasado. Algunos presentaron los exámenes en las instalaciones de la PFP en el Distrito Federal y otros directamente en la escuela de San Luis Potosí. Recibieron los resultados el 5 de agosto de 2005 y dos días después, con sus propios recursos, se presentaron en el Instituto de Formación. El primer pago lo recibieron tres meses después, de forma retroactiva.
Según esos testimonios, tanto la SSP como la PFP no han dejado de improvisar. “Ante nuestra insistencia de querer incorporarnos al trabajo, el pasado lunes 13 de agosto tuvimos una reunión con el comandante (José Jaime) Padilla Gámez”, a quien denominan Inspector General y que en el organigrama de la SSP aparece como director general del Centro de Formación Policial de la PFP.
“Nos dijo que a más tardar para el jueves 16 íbamos a salir a trabajar y que teníamos que firmar otro contrato temporal, de sólo tres meses, para hacer prácticas. Pero seguimos sin hacer nada. Además nos dijo: ‘quien no quiera firmar se va de aquí’”.
Señalan que a pesar de haber recibido instrucción como policías de seguridad regional para carreteras, les han adelantado que se irán a vigilar aeropuertos. “Las conferencias que metieron en las últimas dos semanas del curso fueron sobre eso. Vino gente de seguridad regional del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y con eso quieren echar abajo los nueve meses de capacitación que recibimos en seguridad para carreteras”.
Esa capacitación incluyó técnicas policiales, manejo de armas, trabajo policial, derechos humanos, inglés, balística, legislación y seguridad en carreteras. “El título que nos prometieron fue de Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública, avalado por la Secretaría de Educación Pública. Pero no nos han dado ningún documento”.
Tampoco han recibido el que será su uniforme. La SSP sigue experimentando. “Nos dieron un uniforme azul marino con vivos en azul cielo. La camisa es azul clara con azul marino y atrás dice Policía Federal. La gorra también es azul y en la parte de enfrente, al centro, tiene sobrepuestos la estrella de siete picos del escudo de la AFI y el de la PFP”.
Hasta ahí ha llegado la unificación policial de García Luna. La semana antepasada, los cadetes tuvieron que entregar ese uniforme, que habían recibido dos días atrás mediante firma de resguardo.
Los cambios han sido la constante. Cuando la generación 2006-2007 inició su curso en agosto del año pasado, el director del Centro de Capacitación era el comandante Víctor Manuel Castillo Ortega, quien pertenecía a la Coordinación de Seguridad Regional de la PFP. “Hace unos meses lo cambiaron. Su lugar lo ocupa ahora un profesor, Severino Cartagena Hernández, quien viene del Cisen pero que casi nunca está aquí (en San Luis Potosí); se la pasa en México”.
El Instituto de Formación –que de acuerdo con los cadetes ahora se empieza a conocer como la “academia nacional de policía”– ha dejado de impartir instrucción. “Nadie más ha llegado. Iba a haber un curso de mandos superiores, pero se canceló. Estaba programado para mediados de agosto. Era para la PFP, AFI y policías estatales, pero se canceló porque no les garantizaron los viáticos más allá de su sueldo”, aseguran los cadetes.
No es la primera vez que la PFP tiene problemas con el personal civil que capacita para sustituir a los militares. En septiembre de 2002, mes y medio después de haber iniciado el curso de formación, 132 de los 510 cadetes del Instituto fueron puestos en la calle sin más explicación que el de no haber aprobado los exámenes de confianza y sin haberles pagado la beca de 2 mil pesos ofrecida. Ante sus protestas, que se hicieron públicas, algunos de ellos fueron reincorporados.
En la convocatoria para este año, la PFP anunció el Curso de Formación Inicial, que tendrá una duración de seis meses. En los primeros tres meses se dará teoría “en un sistema de internado en las sedes que se determinen”. Después, dice, recibirán “unas prácticas profesionales en las coordinaciones operativas de la PFP”.
Quienes aprueben el curso “podrán ser considerados por la Comisión del Servicio Civil de Carrera Policial para ingresar a la PFP con una percepción mensual de 11 mil pesos netos”, además de ofrecer los 2 mil 600 pesos mensuales del “pre”.
La SSP fue una de las dependencias que más presupuesto recibió este año. De los 9 mil 274 millones de pesos que se le asignaron en 2006, ahora cuenta con 13 mil 664 millones. La mayor parte de este incremento se fue para la Subsecretaría de Política Criminal, que subió de 14 millones a 424 millones de pesos.
En el caso de la PFP el presupuesto prácticamente quedó en el mismo nivel. Subió de 4 mil 243 millones a 4 mil 501 millones de pesos, sin contar los recursos adicionales que recibe bajo el rubro de servicios de apoyo administrativo para las tareas de orden, seguridad y justicia, y de apoyo a la función pública y buen gobierno.
El grueso de su presupuesto, los más de 4 mil millones de pesos, está etiquetado para la puesta en marcha de operativos para la prevención y disuasión del delito. De esa cantidad, 2 mil 583 millones son para servicios personales, 920 millones para servicios generales, 445 millones para suministros y materiales, 320 para gasto corriente y 233 millones para inversión física.
Demandas penales contra el foxismo
José Gil Olmos
En medio de jaloneos resueltos de manera poco ortodoxa, el presidente Felipe Calderón llegó a la fecha de su primer informe de gobierno con escasos logros y muchas cuentas pendientes, entre otras la de investigar en serio las acciones de su predecesor. Por ello, diputados del PRI y del PRD presentarán ante la PGR y la Secretaría de la Función Pública varias denuncias sobre irregularidades y dispendios presuntamente cometidos por Vicente Fox y algunos de sus funcionarios que, de acuerdo con los legisladores, se encuentran protegidos por el panismo y el gobierno de Calderón. Los expedientes documentan graves y onerosas anomalías –incluyendo presunta corrupción y violación
de diversos ordenamientos legales– que deberían obligar a la actual administración a aplicar la ley...
Más preocupado por legitimarse que por cumplir sus promesas, a Felipe Calderón parece habérsele olvidado investigar las serias irregularidades cometidas por el gobierno de Vicente Fox en obras y programas millonarios, como la Biblioteca José Vasconcelos, la Enciclomedia, el Aeropuerto de la Ciudad de México, la expropiación de 27 ingenios azucareros y el Seguro Popular.
Por eso diputados del PRI y del PRD presentarán cinco denuncias al respecto ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), exigiéndoles que actúen contra altos exfuncionarios que, dicen, podrían hallarse actualmente protegidos por el gobierno calderonista y el PAN.
Desde hace varios meses, un grupo de legisladores del PRI encabezados por Carlos Rojas y Raúl Cervantes, entre otros, trabajó en la elaboración de cinco expedientes sobre igual número de obras y programas de Vicente Fox que al final han sido un fracaso o se han traducido en una injustificada sangría para el erario.
Se trata de irregularidades detectadas en la aplicación del Seguro Popular, en la ampliación y construcción de la nueva terminal del Aeropuerto de la Ciudad de México, en la expropiación de los ingenios azucareros, en la implementación de la Enciclomedia y en la edificación de la megabiblioteca José Vasconcelos, que hoy está cerrada por las graves fallas de arquitectura.
En el conjunto de estas obras y programas, según las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de acuerdo con las denuncias de los legisladores, las irregularidades podrían ser tipificadas como delitos y actos de corrupción.
Cada una de las cinco denuncias, a las que Proceso tuvo acceso, están sustentadas en las auditorías practicadas por el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, y no sólo revelan anomalías en el manejo del dinero y en la licitación de las obras, sino también incumplimiento de diversas leyes y onerosas fallas de construcción que pudieron evitarse con buena planeación.
Raúl Cervantes, doctor en derecho, miembro de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y asesor jurídico de la dirigencia nacional del PRI, asegura que las denuncias no tienen ánimo político “ni de revanchismo ni de venganza”. Solamente se trata, señala, de exigir la aplicación de la ley.
Antonio Ortega, diputado del PRD y presidente de la Comisión de Vigilancia, advierte a su vez que también existe el propósito de enviar un mensaje al gobierno de Felipe Calderón en el sentido de que las irregularidades cometidas por el gobierno de Fox no pueden seguir durmiendo el sueño de los justos.
Y es que, explica, conforme a lo observado en el sexenio de Fox y en lo que va del período de Calderón, hay claros signos de que la dirigencia nacional del PAN está presionando al gobierno para proteger a varios exfuncionarios que son miembros del partido.
“En este momento se presentarán las cinco denuncias, pero nosotros la próxima semana estaríamos en posibilidad de presentar 30 casos más donde hay evidencias de irregularidades que podrían ser archivadas por la Secretaría de la Función Pública.”
Por su parte, el diputado Carlos Rojas, exsecretario de Desarrollo Social, advierte: “No queremos impunidad, no queremos olvido, vamos a buscar la verdad y que, en este caso, la PGR cumpla con sus obligaciones de investigar y, en su caso, proceder contra quien resulte responsable”.
Según Rojas, las denuncias se presentarán tanto en la PGR como en la Secretaría de la Función Pública porque cada una tiene responsabilidades al respecto, y lo único que se pide es que haya transparencia y claridad.
Y sentencia: “Será responsabilidad del gobierno de Calderón si no se hace algo. Nosotros no queremos ser omisos, y lo que demandamos es el cumplimiento de la ley”, por lo que la PGR y la SFP “están obligadas a informarnos del avance de las investigaciones, y nosotros informaremos a los medios para evitar que se cierre la información, como ocurre en estos casos”.
Los ingenios
El diputado del PRI Raúl Cervantes aclara que en cada una de las denuncias se evitó citar los delitos en los que presuntamente incurrieron los funcionarios del gobierno de Fox para evitar calificaciones. Pero se presentan los hechos y las anomalías descubiertas por la Auditoría Superior de la Federación en las investigaciones respectivas.
En el caso de la expropiación de 27 ingenios que Fox ejecutó en diciembre de 2001 –tema sobre el cual la reportera Jesusa Cervantes realizó tres reportajes (Proceso 1502, 1525 y 1588) desde 2005 a la fecha–, el diputado priista asevera que hay evidencias de corrupción y de una mala administración que han ocasionado la pérdida de más de 15 mil millones de pesos hasta el momento, cifra que podría aumentar si no se venden de manera exitosa los 11 ingenios que aún están en manos del gobierno.
A seis años de la expropiación foxista, la demanda revela un dato de la investigación efectuada por la ASF: “No se encontró un estudio formal del gobierno de Fox que demostrara que los ingenios expropiados contrajeran grandes deudas, y que éstas fueran consideradas como prácticas indebidas, y menos que hubieran afectado al sector azucarero”.
El problema es que esas fueron justamente las razones esgrimidas por el gobier-no foxista para decretar la expropiación.
Uno de los resultados de esta decisión jurídica y política fue que, de inmediato, varios de los propietarios se ampararon y 14 de los ingenios expropiados tuvieron que ser devueltos. Y en esta operación el gobierno tuvo que pagar 19 mil 297 millones 678 mil pesos que adeudaban los dueños de los 27 ingenios, sin que dicha cifra hubiera sido incluida en el costo fiscal de la transacción.
De manera que, según el organismo coadyuvante de la Cámara de Diputados para la revisión de la Cuenta Pública, la expropiación que ejecutó el gobierno de Vicente Fox, motivada aparentemente por un adeudo de 4 mil 500 millones de pesos a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Economía (SE), por la zafra del ciclo 1999-2000, tuvo más efectos negativos que positivos.
Uno de ellos fue que la industria azucarera del país, de ser la sexta en importancia a escala mundial, en la actualidad se encuentra en crisis. Otro, que los costos del decreto expropiatorio pueden dispararse, ya que los 11 ingenios que aún administra el gobierno federal tienen una deuda de 13 mil 395 millones de pesos, los cuales no se incluyen en el costo fiscal, que en 2005 se estimó en 15 mil 591 millones 56 mil pesos.
En total, el costo de la expropiación de los 27 ingenios que hizo Fox en el primer año de su administración sería de casi 29 mil millones de pesos (Proceso 1588).
Aeropuerto, barril sin fondo
La ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que incluye la construcción de una segunda terminal, es otro de los casos que denunciará el grupo de diputados del PRI y del PRD. “Se trata de un barril sin fondo. Triplicaron los costos. No han terminado, y el auditor recomienda que se revise este capricho del gobierno de Fox”, apunta el diputado y abogado del PRI Raúl Cervantes.
Aunque este asunto ya es investigado por la SFP, los legisladores señalan que es necesaria una indagación de la PGR, pues de la auditoría aplicada por la ASF de la Cámara de Diputados se desprenden diversas irregularidades “que pueden ser constitutivas de delitos”.
Tras el fracaso de la construcción del nuevo aeropuerto internacional en terrenos de San Salvador Atenco, Estado de México, el gobierno de Fox determinó ampliar y construir una nueva terminal en el mismo espacio donde se encuentra la actual terminal Benito Juárez.
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), dirigida por el arquitecto Ernesto Velasco y dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a cargo entonces de Pedro Cerisola, fue la encargada de realizar las obras. Aunque su costo inicial fue estimado en 8 mil millones de pesos, la cifra podría aumentar hasta 9 mil millones por “errores” de cálculo en los tiempos de entrega y en obras no previstas, según se observa en la auditoría de la ASF.
Expone la denuncia: “La Auditoría Superior de la Federación consideró que, en términos generales y respecto de la muestra señalada, ASA cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, programación, presupuestación, licitación, contratación y ejecución de las operaciones examinadas, excepto por las observaciones señaladas, entre las que destacan las siguientes: la entidad no obtuvo la manifestación de construcción de la obra, fraccionó indebidamente la construcción del proyecto de la Terminal 2 y no aplicó retenciones al 31 de diciembre de 2005 por 11 mil 772 millones de pesos por atraso de la contratista en su programa de ejecución”.
La auditoría presenta una larga lista de anomalías en la ampliación del aeropuerto; por ejemplo, una violación de la Ley de Obras Públicas, pues en el contrato la dependencia “no estableció correctamente el procedimiento para el ajuste de los costos determinado en las bases (…) no asentó que los planos y especificaciones forman parte del mismo, ni estipuló los procedimientos mediante los cuales las partes entre sí resolverán sus discrepancias exclusivamente sobre problemas técnicos”. Así mismo, hubo una violación a la Ley de Medio Ambiente, ya que no se elaboraron estudios de cómo dichas obras afectarían la salud de la población expuesta al ruido de los aviones ni se tomó en cuenta el impacto ambiental por la ampliación de operaciones.
En la revisión de la ASF a la cuenta pública de 2005 que sirve de base a la denuncia, destaca el hecho de que, a pesar de la magnitud e importancia de la obra, ASA nunca tuvo un plan detallado de los tiempos de terminación de los trabajos ni presentó la manifestación de construcción de la nueva Terminal 2.
Pero lo que más preocupa a los legisladores es que no se justifica el gasto excesivo frente a las expectativas del servicio, ya que las obras sólo servirán para los próximos siete años, pues a partir de entonces se rebasará el límite de 360 mil operaciones al año.
De ahí que el pasado 17 de abril, por petición de la ASF, se creó en la Cámara de Diputados una subcomisión especial para indagar “los procesos realizados por el Ejecutivo Federal para la reestructuración de la infraestructura aeroportuaria del país”.
“En un estudio elaborado por esa subcomisión, instancia que contó con el apoyo de todos los partidos, se estableció que el ‘nuevo aeropuerto’ había consumido más de 7 mil 678 millones de pesos, aunque para terminar la obra se requieren otros 150 millones de dólares. Es decir, aproximadamente mil 650 millones de pesos más, con lo que el costo rebasaría los 9 mil millones de pesos” (Proceso 1607).
A juicio
Para ilustrar el dispendio del gobierno de Vicente Fox, el diputado del PRD Antonio Ortega, presidente de la Comisión de Vigilancia, hace memoria y puntualiza que, mientras en su ultimo año de gobierno Ernesto Zedillo entregó un presupuesto de 1 billón 300 mil millones de pesos, en su último año Fox entregó 2 billones 600 mil millones, es decir, el doble, sin que ello se reflejara en obras.
“Por eso decimos que no hay que dejar de hacer el juicio histórico y político a la administración de Fox. Que no ocurra como en los otros sexenios: las irregularidades duermen y se olvidan, sin que seamos capaces de denunciar y hacer que se castigue aplicando la ley”, expone el legislador.
En el caso de la Biblioteca José Vasconcelos, la denuncia subraya que, de acuerdo con la auditoría de la ASF, el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), por errores de cálculo en el ajuste de financiamiento y en la propia construcción, tuvo que pagar 19 millones 559 mil pesos adicionales.
Luego de hacer un recorrido por esa obra el miércoles 29 de agosto, el diputado del PRD José Alfonso Suárez del Real, secretario de la Comisión de Cultura, manifiesta en entrevista que, no obstante que desde hace meses se cerró el edificio luego de hallarse fisuras en la estructura, ha sido nulo el avance de los trabajos de restauración. Además, un jardín botánico en el que se invirtieron 30 millones de pesos está completamente abandonado.
Sostiene que para el gobierno de Fox la “megabiblioteca” sólo fue una obra de “relumbrón”, una “ocurrencia” que costó mil 300 millones de pesos, ya que en el presupuesto de 2007 no se le destinó un solo peso para su mantenimiento, el cuidado de los libros o el pago de salarios a los trabajadores. “Eso le dedicaron a la joya del foxismo”, enfatiza.
En cuanto al programa Enciclomedia, la denuncia que presentarán los legisladores destaca que, de acuerdo con la auditoría realizada por la ASF, durante el ejercicio de 2005 sólo se instalaron 7 mil 287 aulas MMS (Modelo Multianual de Servicios) de las 18 mil 464 programadas para ese ejercicio, y no se entregaron 127 actas circunstanciadas de inicio de operación de estas aulas en Zacatecas y el Estado de México.
Además, se constató que de los 2 mil 105 millones de pesos autorizados en el presupuesto original sólo se aplicaron 478 millones, y los restantes “se destinaron a otras prioridades del sector educativo”. Esto es, “se desviaron” a fines distintos al programa Enciclomedia.
Y en cuanto al Seguro Popular, considerado por el foxismo la “llave” para salir de la pobreza y al que Felipe Calderón mantiene como programa prioritario de su gobierno, la denuncia consiste en que la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud no proporcionaron la documentación justificativa para verificar que 2 mil 102 millones 614 mil 700 pesos se utilizaron para financiar dicho programa.
No sólo eso, sino que aun cuando el programa establece la meta de dar ciento por ciento de cobertura a las familias en 2010, estimaciones oficiales establecen que, para entonces, quedarán sin protección poco más de 2 millones de familias pobres.
Frente a todas estas anomalías detectadas en las obras y programas implementados en el gobierno anterior, y que Calderón decidió mantener, los diputados del PRI y del PRD exigen que se castigue a los responsables y que si la PGR y la Secretaría de la Función Pública lo estiman necesario, ordenen que se presente a declarar el expresidente Vicente Fox.
Brinda Gobierno Legítimo de México asesoría para ampararse contra el traspaso de cartera vencida
| escrito por Gobierno Legítimo | |||||
| Thursday, 30 de August de 2007 | |||||
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Y el capo mayor se casó con Emma I…
Patricia Dávila Mientras el gobierno federal presume de la captura de uno que otro lugarteniente de cierta importancia dentro de la estructura del crimen organizado, el que se supone es el narcotraficante mexicano más perseguido, tanto por el Ejército y las corporaciones policiacas nacionales como por las agencias de Estados Unidos, anda libre y enamorado. Se exhibe en fiestas a lo grande, se casa en público, se va de luna de miel...
CANELAS, DGO.- Aquí, en pleno corazón del Triángulo Dorado del narcotráfico –como se conoce a la zona donde confluyen los estados de Sinaloa, Chihua-hua y Durango–, Joaquín El Chapo Guzmán Loera contrajo matrimonio.
El lunes 2 de julio pasado, el famoso narcotraficante se casó en La Angostura, localidad de este municipio a donde los fuereños llegan sólo por caminos accidentados. Con todo y eso, además de autoridades locales asistieron a la boda exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, tierra natal de Guzmán Loera.
Su nueva esposa, de 18 años de edad, se llama Emma Coronel Aispuro.
Previamente, para halagar a su novia, el narcotraficante más buscado y por el que la DEA estadunidense (Drug Enforcement Administration) ofrece 5 millones de dólares, secuestró prácticamente a la cabecera municipal durante todo un día, el pasado 6 de enero, para ofrecer un baile en honor a Emma en la plaza municipal.
Localizado en la Sierra Madre Occidental, Canelas –cabecera del municipio del mismo nombre– tiene 2 mil habitantes. La Procuraduría General de la República considera éste uno de los lugares del país donde más se cultivan y trafican la mariguana y la amapola. La gente misma reconoce que aquí se siembra en 80% esos enervantes y 20% de maíz o de frijol.
Igual que los municipios de Tamazula y San Dimas, esta región atrae a los capos del narcotráfico, que la hicieron parte de su Triángulo Dorado. Dentro de todo, La Angostura es una de las localidades más alejadas de Canelas, la cabecera: en época de lluvias solo se llega después de tres horas y media en motoneta; la otra opción es el helicóptero. Pero aunque apenas hay 10 casas, su ubicación es lo importante: colinda con Tamazula, Durango, y Culiacán, Sinaloa.
Prófugo desde el 19 de enero de 2001, cuando escapó del penal federal de Puente Grande, Jalisco, El Chapo Guzmán se estableció en La Angostura a finales del año pasado.
Luego conoció a Emma, de tez blanca, cuerpo bien delineado y estatura de 1.70.
Una fiesta segura
En su parte pública, la peculiar historia de amor comenzó el 20 de noviembre del año pasado: ese día el ayuntamiento convocó a todas las jovencitas al concurso para elegir a la reina de la Gran Feria del Café y la Guayaba 2007.
Una de las postulaciones provocó sorpresa: Emma, una muchacha del lejano caserío de La Angostura, competiría con Baudelia Ayala Coronel, de El Ranchito; Rosa Sandoval Avitia, de la cabecera; Alma Díaz Rodríguez, de Zapotes; y Nancy Hererra Vizcarra, de Mesa de Guadalupe.
A partir de entonces las cinco candidatas organizaron actividades para ganar simpatizantes. Emma invitó a cuanta gente pudo al gran baile que haría el 6 de enero. Sobre este acontecimiento, el periódico local El Correo de la Montaña, de mayo pasado, dijo que le dio a Emma una “morbo popularidad”, una fama basada en las expectativas de que El Chapo asistiera. Ya corrían rumores –que luego resultaron ser noticias– sobre la boda.
Llegó el Día de Reyes. A las 11 de la mañana unas 200 motonetas con asientos para dos personas llegaron a Canelas. A bordo de ellas, hombres con vestimenta y pasamontañas negros, con metralletas colgadas del hombro y pistolas de grueso calibre en los cinturones. Poco a poco se distribuyeron en las 10 entradas del pueblo, incluyendo las de herradura (a caballo). Se apostaron en todas las calles.
Luego arribaron a la pista de aterrizaje, en avionetas de cinco plazas, los integrantes del grupo musical Los Canelos de Durango, con la misión de amenizar el baile. Pero también iban armados: presumían sus pistolas con cachas de oro.
Horas más tarde, a las 16:30, llegaron seis avionetas de ala fija. El Chapo bajó de una de ellas.
Vestía pantalón de mezclilla, chamarra, cachucha y tenis de piel negra. Éstos tenían una raya blanca. Como si fuera parte de su vestuario, en el pecho llevaba cruzado un fusil de asalto AK-47 cuerno de chivo y en la cintura una pistola que hacía juego con la ropa.
Después de él bajó de la misma aeronave su brazo derecho, Nacho Coronel, originario de Canelas.
En seguida se desplegó el resto del cuerpo de seguridad del narcotraficante al que se supone el más buscado. De otras tres avionetas bajaron hombres vestidos con uniforme verde, semejante al de los militares; portaban chalecos y radios fijos en el pecho. El operativo fue más ostentoso que el implantado en las giras presidenciales.
En las otras dos avionetas iba el armamento: granadas, cuernos de chivo, metralletas y pistolas. También incontables cajas de whisky.
Dos helicópteros comenzaron a sobrevolar la zona; el operativo estaba completo. En la plaza central, Los Canelos abrieron el baile con Cruzando cerros y arroyos, canción con la que El Chapo enamoró a Emma:
Cruzando cerros y arroyos /he venido para verte…
Y en otra estrofa:
Eres flor, eres hermosa, /eres perfumada rosa /que ha nacido para mí. /Acerca tu pecho al mío /y abrázame, que hace frío, /y así seré más feliz.
La orgullosa joven de La Angostura paseaba por la plaza mezclándose con la gente y debidamente cuidada. Los hombres de su galán le abrían paso cuando éste quería bailar. La pareja, como dice su canción, se veía feliz.
Con tanta vigilancia la fiesta debía ser un éxito. De pronto, en un extremo de la plaza un hombre disparó un balazo, pero los guardias de El Chapo nomás lo aplacaron. Ningún altercado, era la consigna. Al ingenuo que intentó tomar una foto le quitaron la cámara. Después sólo se oyó la música y la algarabía normal de un gran baile de pueblo.
Ahí estaban, por supuesto, los padres de Emma: Blanca Estela Aispuro Aispuro e Inés Coronel Barrera. En La Angostura, Inés se dedica oficialmente a la ganadería, aunque quienes lo conocen saben que realmente su fuerte es la siembra de mariguana y amapola. Emma anunció ese día su matrimonio y, durante el bailongo, Coronel Barrera no disimuló su alegría por emparentar con un jefe tan poderoso.
Había pocas pero notorias personas. Algunos asistentes dicen haber reconocido al exsubprocurador de Justicia de Sinaloa, Alfredo Higuera Bernal, y al presidente municipal de Canelas, Francisco Cárdenas Gamboa, de extracción panista, quien concluyó su encargo el 31 de agosto y cuya presencia generó dos versiones: que fue forzado a asistir o bien, que es un integrante más de la organización de El Chapo.
En el reino del capo
Los objetivos del baile se cumplieron: Emma quedó a la cabeza del concurso para reina de la Feria del Café y la Guayaba 2007 y Joaquín Guzmán afianzó su relación con ella. De paso, demostró su poder al aparecer en público desafiando a policías y militares. Además de Canelas, en el presente año se le ha visto en los concurridos restaurantes El Mirador, de Monterrey, y La Garufa, de Torreón.
A las 11 de la mañana del día siguiente, despegaron los aviones del capo. Aparte de los recuerdos de una fiesta fenomenal, a los habitantes de Canelas les quedó la certeza de que pronto habría boda.
Aunque hablan con mucha reserva, los propios vecinos recuerdan que dos días después, el 8 de enero, llegaron al municipio 150 militares del 72 Batallón de Infantería, destacamentado en Santiago Papasquiaro, Durango. Acamparon frente a la pista de aterrizaje, en la Cañada del Macho y Ojito de Camellones, e instalaron un retén en la carretera. Se quedaron 44 días.
El 14 de febrero se contaron los votos del concurso: de 800 votos, 400 los ganó Emma Coronel; en segundo lugar quedó Alma Díaz Rodríguez y el tercer puesto fue para Baudelia Ayala. Ese día regresó la música con los grupos Alegres del Barranco, la Banda Tierra Blanca y nuevamente Los Canelos. Cada uno abrió con el corrido Cruzando cerros y arroyos, dedicado a Emma I.
La coronación se consumó el 23 de febrero, día de la inauguración de la feria. Varios canelenses dicen que El Chapo estaba presente mientras Emma recorría las calles del pueblo. Casualmente dos días antes, el 21 de febrero, se había retirado el destacamento del Ejército.
El periódico de la comunidad, El Correo de la Montaña, reseña en su boletín número 23:
En la edición de éste 23 de febrero de 2007, en punto de las once horas aproximadamente, previo desfile por el encementado de la cancha deportiva habilitada para el magno evento de coronación de Sus Majestades –como dijera el conductor del programa al referirse al cortejo saliente y al entrante–, la autoridad municipal presidida por el C. Francisco Cárdenas Gamboa, sin más preámbulo, procedió a colocar la corona en las sienes de Emma I; a la vez que el Sr. Rodolfo Dorador, Senador (del PAN) por la República, hacía lo mismo con Alma, elegida –al igual que la reina– democráticamente Princesa.
Continúa el periódico:
Emma I llega al reinado precedida de gran morbo popularidad, que se genera a partir del día 6 de enero, en el cual presidió un comentadísimo y lucido baile en la cabecera municipal. A partir de ahí y sumado a ello la sencillez y simpatía que la caracterizan, así como sus ganas de triunfar, le hicieron merecer el que la mayoría de los votantes la prefirieran como Reina de Canelas, edición 2007…
El de Emma I es el reinado más corto en la historia de la feria. Por tradición, si la reina se casa es sustituida por la princesa. Pero ésta se casó también en julio. Para el último informe del alcalde Cárdenas Gamboa, el pasado 30 de agosto –acto al que debe asistir la soberana–, el maestro de ceremonias presentó como nueva reina de Canelas a la hasta entonces “embajadora” Baudelia Ayala.
Tercera luna de miel
Junto con Héctor El Güero Palma Salazar, hasta 1989 Joaquín Guzmán Loera fue lugarteniente del “capo de capos” Félix Gallardo, que en abril de ese año fue detenido por Guillermo González Calderoni, comandante de la Policía Judicial Federal en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Ya en prisión, Gallardo decidió repartir su territorio.
De acuerdo con datos de la PGR, El Chapo Guzmán recibió Mexicali y San Luis Río Colorado; Rafael Aguilar Guajardo, Ciudad Juárez, Chihuahua y Nuevo Laredo; Héctor Palma, Nogales y Hermosillo; Jesús Labra, tío e impulsor de los Arellano Félix, Tijuana; e Ismael El Mayo Zambada, Sinaloa.
En su libro Los capos, el periodista Ricardo Ravelo narra cómo Ramón, Benjamín y Francisco Rafael Arellano Félix impusieron su poder en todo Baja California, rompiendo el acuerdo con El Chapo, a quien echaron de su territorio. Incluso invadieron Sinaloa y Durango.
En 1993, la detención de Francisco Rafael cimbró la estructura de los Arellano Félix, pero eso no detuvo su guerra a muerte con El Chapo, quien se asoció con El Güero Palma hasta que éste fue detenido y llevado al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Más tarde, ambos se aliaron con El Mayo Zambada.
El 23 de mayo de 1993, en un enfrentamiento entre la banda de los Arellano Félix y la de El Chapo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara –que sigue sin aclararse– fue asesinado el cardenal Jesús Posadas Ocampo. En consecuencia, el gobierno federal desató una persecución que culminó ese mismo año con la detención de Joaquín Guzmán en Guatemala.
Durante siete años Guzmán gozó de un poder absoluto dentro del reclusorio federal de Puente Grande. En complicidad con El Güero Palma y Arturo Martínez Herrera, El Texas, y con varios custodios a su servicio, preparó su fuga durante dos años y la llevó a cabo el 19 de enero de 2001.
Fue en ese penal donde El Chapo sostuvo la última relación sentimental de que se había tenido noticia hasta ahora. Fue con Zulema Hernández, que se convirtió en su amante en prisión. Julio Scherer García, en su libro Máxima seguridad, publicado en noviembre de 2001, reproduce la entrevista que le hizo en prisión a la amante de El Chapo (ver recuadro).
En Puente Grande el capo atendía a Zulema Hernández y a su segunda esposa, Laura Álvarez Beltrán. Su primera esposa fue Alejandrina María Salazar Hernández, con quien se casó en 1977 y procreó cuatro hijos. El mayor de ellos, Archivaldo Iván Guzmán Salazar, conocido como El Chapito, está preso en el penal del Altiplano, antes La Palma, desde el 9 de junio de 2005, bajo los cargos de lavado de dinero y su probable participación en el asesinato de la estudiante canadiense Kristen Deyell en Guadalajara.
Con su reciente boda, Emma Coronel Aispuro se convirtió en la tercera esposa del narcotraficante. Aunque inicialmente se divulgó que el enlace sería el 3 de julio, finalmente se adelantó un día para hacerlo coincidir con el cumpleaños 18 de Emma.
La ceremonia se realizó en La Angostura. A diferencia del baile del Día de Reyes, el día de la boda la gente de Guzmán Loera cercó el caserío y sólo estuvieron presentes familiares de la novia y personas muy allegadas a El Chapo, como Ignacio Coronel y el exsubprocurador del gobierno de Sinaloa, Alfredo Higuera Bernal. Al juez y al sacerdote los llevó Guzmán desde Sinaloa.
Lugareños que conocieron de estos hechos aseguran que la boda siempre estuvo programada para el 2 de julio y que con el cambio de fecha el novio descontroló a sus enemigos. Un día después de la ceremonia, La Angostura fue cateada por soldados, pero Emma Coronel y Joaquín Guzmán ya estaban en Colombia, según una versión; otra dice que se fueron a una casa nueva en plena montaña.
El Chapo también pudo despistar a otros enemigos. Días después de la boda, los habitantes de Canelas vieron una aeronave sobrevolar la zona. Creen que se trataba de una avioneta perteneciente a capos rivales.
En Canelas se sigue escuchando su corrido: Alegre y enamorado, siempre le ha gustado ser. /La plebe que le ha gustado, siempre la carga con él, / le cueste lo que le cueste, pues ejerce su poder.
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