Eduardo José Alvarado Isunza
Entre los escandalosos fraudes que panistas sin condición ética y moral han cometido contra el patrimonio de los potosinos, figura el perpetrado en el Instituto Potosino del Deporte. Su responsable sería Juan Hernández Cossío.
Esta conclusión surge del análisis hecho por este articulista al informe de auditoría, practicada por la Auditoría Superior del Estado, a cargo del contador Héctor Mayorga Delgado, a registros del INPODE del año 2006.
Luego de estudiar ese informe, una certeza surge de inmediato: el deporte popular sólo existe como elemento de retórica y saqueo del actual gobierno. Es usado para mentir a una sociedad masivamente empobrecida y robar su dinero.
Esta opción para que niños y jóvenes de familias proletarias y trabajadoras puedan desarrollarse sanamente, es despreciada por el gobierno panista y utilizada para ocultar el enriquecimiento de unos pocos ricos.
De 77 millones 832 mil pesos del rubro “Inversión Pública” en el INPODE, 68 millones 277 mil pesos fueron empleados para financiar negocios privados, como fútbol, béisbol y básquetbol profesionales.
Casi 88 por ciento de aquella suma de dinero, que debía emplearse en instalaciones deportivas y promover el deporte entre hijos de familias obreras y asalariadas, paró en bolsillos de empresarios de fortunas extraordinarias.
De esa bolsa, 53 millones 887 mil pesos fueron para el equipo de fútbol “Real San Luis” de primera división profesional. O sea, fueron a las cuentas de Emilio Azcárraga Jean, dueño de Televisa y de la franquicia.
Empresarios locales también sacaron pedazo. Quien es presidente del patronato del equipo es Jacobo Payán Espinosa. Es hijo del empresario del mismo nombre y dueño del estadio con nombre de gángster (“Alfonso Lastras”).
Otros 8 millones 878 mil pesos fueron bondadosamente obsequiados por el pueblo de San Luis Potosí, representado por su gobernador Marcelo de los Santos, a la franquicia de béisbol profesional “Tuneros”.
Quien administra ese negocio privado, que opera con dinero público, es Marcelo de los Santos Anaya, hijo del gobernador. Desconozco si una ley prohíba eso; pero indudablemente que es incompatible con la moral.
No sólo es inmoral que deban hacerse negocios privados con dinero del pueblo, sino que el gobernante favorezca a su hijo. ¿Metería el gobernador a la cárcel a su hijo de dar uso indebido al dinero? Hay más preguntas.
Ya desde el año 2005 trascendieron esas irregularidades. Aquí tenemos enfrente la auditoría al INPODE del año 2004, efectuada por Jesús Conde Mejía, entonces Contador Mayor de Hacienda del Congreso del Estado.
Su investigación determinó que de 40 millones 578 mil pesos, asignados a esta dependencia para ese año, 2 millones 477 mil pesos fueron destinados a rehabilitación del estadio de béisbol “20 de Noviembre”.
Esa cantidad, que daría para construir una unidad deportiva para pobres o rehabilitar otras abandonadas (como la del “Crea”), fue empleada en pasto, pizarra, pantalla de video, butacas, sistema de riego, sonido, etc.
Hay una contradicción, jamás aclarada por un gobierno de contadores. Aquella auditoría reveló que la Secretaría de Finanzas transfirió 4 millones 952 mil pesos para el estadio. No se localizaron 7 recibos por 1 millón 311 mil pesos.
Tampoco hay claridad en el ejercicio del dinero. No hay expedientes técnicos, para ocultar adquisiciones poco claras, como dos pagos a la empresa “Expresión de Espacios” por 2 millones 475 mil pesos.
A esta empresa le fue adquirida una pantalla electrónica gigante usada para el estadio 20 de Noviembre. Como no hay expediente ni licitación pública, nadie conoce a quién fue hecha esa compra, por qué y cuál es su domicilio.
Como el negocio debía prosperar, hicimos 5 pagos por 223 mil 146 pesos a un proveedor no identificado. No es que seamos mal pensados, pero seguramente lo hicimos a otro miembro de la familia.
Nos referimos a Cuauhtémoc Amparán Jr., dueño de “Florería Francis”. Éste es señalado como uno de los principales proveedores de plantas al gobierno y al ayuntamiento. Su tarea es que siempre haya flores frescas en los escritorios.
A pesar de que hicimos una fuerte inversión para sostener el negocio de béisbol de Marcelo de los Santos Anaya, éste fue un fracaso. “Tuneros” fue un equipo mediocre. Nunca arrastró pueblo. Ni un centavo entró en arcas públicas.
No sólo la “Unidad Deportiva López Mateos”, en cuyo traspatio está el estadio de béisbol, fue mutilada, pues un campo de fútbol fue convertido en estacionamiento, sino que ni por venta de cerveza y refresco tuvimos un peso.
Algo semejante sucede con la franquicia de básquetbol profesional “Santos Reales”. A este negocio que administra Ricardo Torres Arpi le fueron generosamente concedidos 3 millones 500 mil pesos para su operación.
Torres Arpi es uno de los empresarios más ricos e influyentes de aquí. Durante los años de regencia priísta, cuestionó el paternalismo y la economía de estado. Patrocinó campañas panistas y su voz era fuerte en la Coparmex.
Derrumbado el populismo priísta, hoy es beneficiario del fomento a negocios privados con dinero público. Como el empresario es generador de empleos, hay una concepción distinta de justicia social.
Cómplice de estos negocios, Juan Hernández Cossío, director del INPODE, también tiene un pedazo de manto protector. Ninguna de las 27 observaciones hechas por la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado en la auditoría del 2004, fueron solventadas oportunamente.
Entre esas anomalías destaca el gasto de más de 1 millón 500 mil pesos para la Olimpiada Nacional en Baja California. No hubo licitación pública, pese a la cantidad. Más de 900 mil pesos fueron gastados en pasaje de avión.
A tres años de aquella auditoría, este uso ilícito del dinero público en una dependencia que debería concentrarse en el deporte de los pobres, porque los ricos tienen clubes deportivos privados, continúa como práctica administrativa.
En la investigación contable del 2006, practicada ahora por la Auditoría Superior del Estado, queda expuesta una cadena de fraudes contra el patrimonio social. Enseguida referimos algunas.
No son practicadas adquisiciones de compras y servicios, conforme lo establecido por la ley. Una fuerte cantidad de dinero es empleada en comprar uniformes, artículos deportivos y concesiones fuera de la ley.
Como ricos, gastamos 2 millones 12 mil pesos en transmisión y publicidad de un evento del 18 de mayo del 2006, que no queda claro cuál fue. En la “Alberca López Mateos” pagamos sueldos a 60 amigos y recomendados.
En esa danza de millones, nuestros hijos corren entre los coches o en campos destruidos, como los del “Crea”, vestigio ruinoso de los regímenes revolucionarios y los días del verdadero deporte popular.
San Luis Potosí, S.L.P., a 26 de julio de 2007.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario