Documentados, los "arreglos"

Patricia Dávila

Desde su origen, el programa Enciclomedia tuvo anomalías como un pago irregular –una “donación” por 7 millones de pesos– a su autor, Felipe Bracho Carpizo, el incumplimiento por parte de las empresas en la instalación y operación de las aulas prometidas, así como el tráfico de influencias en el otorgamiento de los contratos de licitación.

Proceso obtuvo también una relación de las decenas de llamadas telefónicas que recibió, a finales de agosto de 2005, el entonces director de Tecnologías de la Información de la SEP, Francisco Javier Cárdenas, en vísperas de la licitación. Ese funcionario violó la normatividad, pues según el artículo 50, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 30, fracción 7 de su reglamento, los funcionarios tienen prohibido tener contacto con los licitantes.

En noviembre pasado, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados dio a conocer el resumen ejecutivo del Informe del resultado de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2005 realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la que se mencionan algunas de las irregularidades en la ejecución del programa Enciclomedia.

Entre éstas, el informe explica que la Dirección General de Tecnología de la Información (DGTI) “ejerció 478 millones 338 mil pesos (23%) del total del presupuesto original autorizado por 2 mil 105 millones de pesos para la actividad prioritaria R055 (cuyo propósito era) implementar el programa Enciclomedia. La diferencia por mil 626 millones 662 mil pesos (77%) se utilizó para dar atención a las presiones del gasto que tenía el sector educativo”.

Así mismo, detalla que durante el ejercicio 2005 se debieron instalar 18 mil 464 aulas del Modelo Multianual de Servicios (MMS), pero la DGTI sólo justificó la instalación de 7 mil 287; tampoco se presentaron 127 actas circunstanciadas de inicio de operación de las aulas en Zacatecas y el Estado de México, cuyo monto era de 24 millones 181 mil pesos.

Según la licitación pública internacional LPI00011001-027/05, coordinada por la Dirección de Tecnologías de la Información de la SEP, las aulas debieron terminarse en diciembre de 2005. Sin embargo, sólo se entregaron en esa fecha las 7 mil 287 mencionadas y se desconoce si las 11 mil 177 restantes se construyeron o no.

En la revisión y fiscalización de la cuenta pública realizada por la ASF, según el informe, se observó también que la DGTI no aplicó los 2 mil 105 millones de pesos autorizados para dar atención a la actividad prioritaria R055, “lo que provocó que en 2005 no se alcanzaran los objetivos previstos en el Plan Nacional de Educación de instalar las 18 mil 464 aulas MMS”.

El informe también señala que de los 478 millones 338 mil pesos pagados con cargo en la actividad prioritaria, 69 millones 784 mil pesos corresponden a pagos por concepto de consumo de alimentos, mantenimiento correctivo y preventivo del sistema multimedia del centro de innovación estratégica de Argentina, así como a servicios de informática en la aplicación del protocolo de pruebas correspondientes a la evaluación técnica de la LPI 00011001-027/05. La DGTI tampoco aclaró que los 69 millones 784 mil pesos estén relacionados con la actividad prioritaria R055 para implementar Enciclomedia.

Por lo tanto, de acuerdo con la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, se incumplieron los artículos 44, fracción III del reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal vigente en 2005.

En su reporte correspondiente al año fiscal 2005 la ASF asegura que promovió ante la SEP 10 acciones –seis recomendaciones, una solicitud de aclaración y tres promociones de responsabilidad Administrativa Sancional– ante la presunción de irregularidades en la planeación e implementación de Enciclomedia, daño al patrimonio nacional o desvío de recursos. Hasta ahora se desconoce si fueron atendidas por las autoridades.

Pero sobre todo la ASF señala que durante la administración foxista la SEP nunca realizó ningún estudio del costo-beneficio que justificara una erogación millonaria para la renta de las “aulas Enciclomedia”. Y precisa que esa no fue la mejor opción para elevar los niveles de calidad de los aprendizajes de los educandos.

Irregularidades a granel

Desde el año anterior, en su Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2004, la ASF destacó que en la auditoría practicada a la SEP en cuanto a los egresos presupuestales del capítulo 5000, “Bienes muebles e inmuebles”, determinó que la primera fase de Enciclomedia llevada a cabo durante ese año careció de un análisis de alternativas; es decir, no consideró los aspectos pedagógicos ni los de equidad, complejidad operativa ni la limitada disponibilidad de recursos públicos.

Incluso refirió que los plazos establecidos para la entrega de las aulas no se cumplieron, por lo que la dependencia aplicó sanciones a proveedores por 507.6 millones de pesos. Sin embargo, ninguna de las compañías morosas fue inhabilitada, con lo que se violó el artículo 60, fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De acuerdo con el Libro blanco de Enciclomedia, este programa no contó con el presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entre 2001 y 2003, pues sólo otorgó a la SEP mil millones de pesos como apoyo a la partida 5000. Además, agrega el libro, se presumen irregularidades en el concurso de las 10 áreas geográficas donde la SEP licitó el programa. Y expone que de 11 empresas que participaron en las licitaciones, sólo Informática Integral Administrativa, Integradores de Tecnología, Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, TED Tecnología Editorial y Corporativo Lanix fueron las beneficiadas.

Al parecer, las empresas incurrieron en actos de “colusión”, ya que todas ajustaron sus precios en 10%, para beneficiarse presuntamente unas a otras y así obtener las licitaciones de manera diferenciada en las diferentes zonas geográficas, menciona el mismo libro. También pudo haber irregularidades en la compra de más de 50 mil tutoriales de software a sobreprecio, que favorecerían a la empresa marca Fase Software.

Según el documento, el costo promedio de paquetes de tutoriales de Fase Software en el mercado es de aproximadamente 200 dólares, precio superior a los tutoriales de marcas de prestigio como Microsoft e-Learning, lo cual (de verificarse) habría generado un daño al erario por 11 millones de dólares.

Las llamadas

Entre la información que la ASF proporcionó a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aparece el recibo telefónico con las decenas de llamadas que Francisco Javier Cárdenas, director de la DGTI durante el sexenio foxista, recibió de varias de las empresas que ganaron la licitación de Enciclomedia. Según los legisladores, eso hace suponer “conductas irregulares en las licitaciones”, por lo que continuarán con sus indagatorias.

En el recibo aparecen 291 llamadas recibidas por Cárdenas en su celular –el 044 55 21 28 05 86– durante agosto de 2005 en vísperas de la licitación, que fue el día 29 de ese mes. Los días 26, 27 y 28 recibió 31 llamadas de las empresas que participaron en la licitación, según una copia obtenida por el reportero Álvaro Delgado.

Salvador Rizo Tavares llamó al celular de Cárdenas desde el número 81 83 63 17 72; la empresa TECNO lo hizo desde el 55 55 03 55 53; ALEF, desde el 55 51 03 80 66; Videonet, S.A. de C.V., del 55 52 55 15 18. Bernardo Kufer Sistemas y Conmutadores llamó en seis ocasiones del 55 50 95 34 42; TED Tecnología Editorial, S.A. de C.V., del 55 52 94 20 52. Sin embargo, el caso insólito fue el del Centro de Productividad Avanzada, que se comunicó con el funcionario en 20 ocasiones desde los números 55 56 82 28 20 y el 55 56 82 29 98.

Un año antes, el 8 de septiembre de 2004, Francisco Medellín Leal renunció sorpresivamente a la Oficialía Mayor de la SEP. Antes de dar a conocer su decisión, declaró a los reporteros y a las empresas participantes que el proceso de licitación 00011001-012/04, convocado para la adquisición de bienes informáticos, muebles de computadora y pizarrones para Enciclomedia, fueron legales. Su renuncia ocurrió días después de haber adjudicado el primer contrato por mil millones de pesos.

No obstante, las irregularidades en Enclicomedia estuvieron presentes desde el principio, cuando el autor de este programa, Felipe Bracho Carpizo, recibió 7 millones de pesos por derecho de autoría. El informe de la Comisión de Educación explica que en este aspecto el programa Enciclomedia se compone de tres elementos: la herramienta para compilar (software), los recursos u objetos de aprendizaje (contenidos) y la plataforma tecnológica para la visualización y uso de la obra compilada.

La herramienta para compilar fue desarrollada y registrada por Bracho Carpizo, quien cedió los derechos al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) por 100 pesos, mediante un convenio. No obstante esta “donación”, el creador de Enciclomedia firmó un segundo acuerdo con el ILCE por el que recibió cerca de 7 millones de pesos para ceder los derechos patrimoniales de Enciclomedia para su uso en México y en América Latina.

El problema es que Bracho Carpizo desarrolló el programa presuntamente con recursos públicos provenientes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y ahora lo está explotando en Egipto. l

Enciclomedia: costosas mentiras

Patricia Dávila

El programa Enciclomedia, puntal de la autopromoción del presidente Vicente Fox en el último tramo de su gobierno, fue un desastre educativo y financiero: se pagaron cientos de millones de pesos por equipos que no funcionan. Además, la empresa y el gobierno federal manipularon datos para proclamar que la panacea educativa estaba en marcha… pero la realidad muestra que fue un fraude.

Hasta diciembre pasado, los pagos por los servicios de ejecución y monitoreo remoto del programa Enciclomedia, en 23 mil 709 aulas habilitadas para ello en el país, ascendieron a cerca de mil millones de pesos. Pero… los equipos no están funcionando.

Según los términos de la licitación que la Secretaría de Educación Pública emitió el 4 de abril de 2006, la empresa ganadora de la licitación para instalarlos, de nombre Mainbit, tenía que hacerse responsable de instalar los equipos correspondientes: en cada aula, una computadora, el proyector, el pizarrón interactivo, impresora y una fuente de poder.

Sin embargo, tanto Mainbit como la Anadic –Asociación Nacional de Distribuidores de Tecnología Informática y Comunicación, subcontratada para realizar la instalación de los equipos y capacitar a sus operadores– incumplieron el contrato al no dejar funcionando los equipos ni capacitar al personal para operarlos.

Pese a todo, los reportes oficiales de la Secretaría de Educación Pública registran que el contrato sí se cumplió, lo que indica que las empresas han cobrado, hasta diciembre pasado, al menos 819 millones 145 mil 959 pesos por equipos que no están funcionando, entre otras razones porque se instalaron en lugares que no cumplen los requisitos establecidos en las bases de la licitación.

“Ustedes instalen. Les van a entregar una ruta. No importa si la escuela tiene ventanas, si tiene puertas, si tiene protecciones, si hay luz, si tiene techo, si van a instalar en la iglesia, en la escuela, en la casa del vecino, en un jacal o debajo de un árbol. Si hay quien selle y firme, instalan”, fue la instrucción que recibió el ingeniero Kenneth Rosenzweig Espinal, contratado en mayo de 2007 para instalar el equipo en 120 de las 6 mil 843 aulas programadas para desarrollar Enciclomedia en Oaxaca.

La orden provino de la ingeniera Claudia Flores, vicepresidenta de la Anadic, a la que Mainbit encomendó la tarea de contratar cuadrillas de personal técnico.

“La consigna fue reportar todo en operación, sin importar si funcionaba; de lo contrario, no pagaban. Pensamos que estaba exagerando, pero no, no exageró –continúa. Esta fue la primera reunión que sostuvimos con la ingeniera Flores. Nos advirtió que teníamos que instalar a como diera lugar.”

Posteriormente descubrió más anomalías. “Al poblado de Santiago Niltepec –narra Rosenzweig a Proceso– tardé dos días para llegar desde Oaxaca. A veces había que caminar hasta cuatro horas a una comunidad, cargando una planta de luz que la Anadic nos dio a cada uno para instalar. Una vez funcionando, le tomabas la foto, quitabas la planta y te la llevabas para instalar a otra escuela.

“En esa comunidad la escuela era de madera y lámina, con un declive provocado por un deslave. Incluso se habían caído algunas casas. Aquí no había luz. No iba a haber, porque ni siquiera tenían la promesa de ponerla. Dije: ¿en dónde instalo? Pues en la iglesia.”

El templo católico tenía aproximadamente 30 metros cuadrados. Ahí no se imparten clases y por lo tanto no iban a poder utilizar Enciclomedia; “no porque no quisieran, sino simplemente porque sin luz no había forma de usarla”.

“En Santa Catarina me tocó ir a escuelas en medio de la montaña, en donde no existe precisamente un pueblo; se trata de casas aisladas, y la escuela está en medio, sin energía eléctrica. Ahí instalamos”, agrega.

Previendo que esta situación se presentara en unos cuantos casos, Mainbit donó 40 plantas de electricidad, de las cuales al entrevistado le tocó entregar cuatro.

“Instalé las plantas en comunidades en donde me invitaban a comer –recuerda. Agradezco tanto a esas personas... Comíamos dos tortillas con sal; esa fue mi dieta durante varios días, porque tampoco encuentras tiendas para comprar... Diles a esas personas, que se alimentan con tortillas y sal, que gasten 80 pesos diarios en gasolina, porque allá el litro está en 10 pesos; 80 diarios en darle a la planta su gasolina. Es un aparato más para tener arrumbado”.

El gran negocio

Mientras avanzaba en su trabajo, el ingeniero Rosenzweig se percató de que el equipo se renta. Al revisar la licitación se dio cuenta de que “no es específica en ese renglón”.

El 14 de noviembre de 2007, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) respondió a la solicitud número 000 1100489507, presentada por Rosenzweig, que según la Coordinación Nacional del Programa Enciclomedia “la tarifa (mensual por aula operando) del Modelo Multianual de Servicios (MMS) para el estado de Oaxaca es de 2 mil 780 pesos”.

Ese día el IFAI respondió también a la solicitud 0001100489407, del mismo interesado, que la tarifa de Inicio de Disponibilidad de Aula en Oaxaca fue de “4 mil 170 pesos (igual que en los otros cinco estados que comprende el contrato)”. Esto significa que, sólo en Oaxaca, la empresa contratista cobró 28 millones 535 mil 310 pesos por instalar el equipo en 6 mil 843 aulas.

A otra solicitud que el entrevistado presentó a través del IFAI (la número 000 1100203606I), la Unidad de Enlace de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contestó que en la Licitación Pública Internacional 00011001-004/06 se determinó el 31 de octubre de 2006 como fecha límite para el equipamiento de las 23 mil 709 aulas de las escuelas primarias del país que, según datos oficiales, participan en Enciclomedia.

El hecho es que si todas esas aulas fueron reportadas como instaladas y en operación dentro del plazo previsto (lo mismo en Oaxaca que en Yucatán, Michoacán, San Luis Potosí, Quintana Roo, Chiapas y Campeche), quiere decir que la empresa contratista ha percibido 98 millones 866 mil 530 pesos por concepto de Inicio de Disponibilidad de Aula (4 mil 170 pesos por aula).

El hecho de que se reporte como cumplido el contrato implica que se le pagaran a Mainbit 720 millones 279 mil 420 pesos, correspondientes a la tarifa mensual (2 mil 170 pesos) por cada una de las 23 mil 709 aulas que supuestamente funcionan desde hace 14 meses (del 31 de octubre de 2006 a la fecha). Lo cual, sumado al monto por Inicio de Disponibilidad, suma 819 millones 145 mil 959 pesos.

Tan sólo en Oaxaca, el monto por tarifa mensual alcanza los 207 millones 890 mil 340 pesos.

En vista de esos cálculos y “al ver las respuestas de estas solicitudes al IFAI, me doy cuenta de que hay algo extraño. A mí me contrataron hasta mayo de 2007 para instalar 120 aulas que un año antes ya habían sido reportadas en operación”, refiere el ingeniero

En efecto, él fue contratado por la Anadic para integrarse a una de las aproximadamente 30 cuadrillas de técnicos que iniciaron la instalación de Enciclomedia.

Con base en la información que recopiló, Rosenzweig detectó que la empresa incumplió su obligación de instalar y dejar funcionando el equipo. Contratada por Mainbit, la Anadic estableció bodegas “en algunos puntos de Oaxaca, como Puerto Escondido, Tuxtepec, en Miaguatlán del Norte y creo que también en el Istmo”.

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca convocó hasta esos lugares a los representantes de las asociaciones de padres de familia para entregarles los equipos, y así el traslado corrió a cargo de los padres, no de Mainbit, que como ganadora de la licitación debió correr con los gastos.

“Hablamos de millones de pesos –resalta Rosenzweig; no es fácil transportar 6 mil 843 equipos. No son 10 pesos. En Santiago Niltepec hicieron pagar mil 500 pesos a gente que sólo tiene para comer tortilla y frijol todos los días.”

Instalación tardía

Las necesidades propagandísticas del gobierno federal determinaron que las fechas reales de entrega no coincidieran como las reportadas.

“El gobierno está mintiendo: ante una solicitud de información de otra persona, le entrega un archivo que dice que las 6 mil 843 aulas de Oaxaca se instalaron en la administración de Vicente Fox. Revisé el documento y aparecen las 120 que yo instalé, a pesar de que poseo oficios que comprueban que lo hice después de mayo de 2007”, dice Kenneth Rosenzweig. Pone ejemplos:

El 11 de junio de 2007 están fechados los oficios de entrega de actas circunstanciadas de las escuelas “General Emiliano Zapata”, municipio de Maguey; “Gaudencio Ambrosio”, de Tierra Blanca San Vicente; “Lázaro Cárdenas” en La Conchuda; “Presidente Lázaro Cárdenas”, en Río Granada; “Lázaro Cárdenas”, en San Isidro Miramar; “José Vasconcelos”, de Loma Bonita Loxicha; y “Benito Juárez” en Santa Cruz de las Flores.

Con fecha del 17 de junio de 2007 se formalizó el acta de entrega-recepción de una planta de luz marca Coleman, modelo Powermate Premium Plus, número de serie E20202153B, para uso exclusivo de Enciclomedia en la escuela primaria “Lázaro Cárdenas” (Clave del Centro de Trabajo 20DPB2125E), de San Agustín Loxicha, Pochutla.

Están fechados el día siguiente, el 18 de junio, los oficios correspondientes a las actas circunstanciadas que se entregaron a las escuelas “Lázaro Cárdenas”, en el municipio El Cuapinol; “Luis Donaldo Colosio”, en San Francisco Loxicha; “Narciso Mendoza” en Chilapa, y “Emiliano Zapata” de Llano Paraje. Dichas actas ostentan el sello de revisado de la Anadic.

Rosenzweig Espinal también aporta un expediente de aproximadamente 800 páginas, fechado en junio de 2007, que avala la relación de equipo entregado a las cuadrillas encargadas de instalar las Aulas Enciclomedia MMS.

La entrega del acta circunstanciada a la escuela “Libertad”, ubicada en Santa Cruz Loxicha (con clave 20DPB0753H), aparece en esta relación con la fecha en que realmente se hizo el trabajo: 11 de junio de 2007. Pero el acta circunstanciada de Inicio de Operación de Aulas MMS emitida por la Dirección General de Tecnología de la Información de la SEP, está fechada el 24 de noviembre de 2006.

De igual forma, el oficio de la entrega del acta circunstanciada de la escuela “Doroteo Arango” (clave 20DPB2125E), avalado por la Anadic, tiene fecha del 18 de junio pasado; en contraparte, el acta circunstanciada de Inicio de Operación emitida por la SEP data del 27 de noviembre de 2006.

La SEP incurre en otra contradicción: las actas circunstanciadas de entrega emitidas por la secretaría tienen fecha de noviembre de 2006, pero en su respuesta a las solicitudes de información presentadas por el entrevistado a través del IFAI, afirma que se cumplió con la instalación de 23 mil aulas Enciclomedia desde el 31 de octubre del mismo año.

Así mismo, el acta de recepción en la que se enlista el equipo correspondiente a la escuela “Benito Juárez García”, del municipio Asunción Cacalotepec (clave del centro de trabajo 20DPB1835Y), está fechada el 16 de marzo de 2007 y firmada por el administrador del Centro de Distribución de la Anadic en Oaxaca, Víctor Cruz Cordero, que hizo la entrega.

Rosenzweig presentó al IFAI una solicitud para conocer si Mainbit fue sancionada durante 2006 por incumplimiento, como establece la licitación. En la respuesta se dice que hasta febrero de 2007 se penalizó a la compañía en cinco ocasiones, por un total de 105 mil 628.88 pesos.

“En realidad debió de penalizársele en 2006 porque las aulas no estaban disponibles y operando, dado el retraso que tuvo, y no por el concepto que ponen: penas convencionales por concepto de disposición de equipos e infraestructura del programa Enciclomedia. Este concepto, como tal, ni aparece en el contrato”, acota el entrevistado.

“¿Qué quiere decir esto? Que en 2006 no se penalizó a la empresa; se supone entonces que cubrieron en tiempo y forma las instalaciones. Si ésta no es una omisión grave del gobierno, no sé qué sea”.

El ingeniero muestra documentos oficiales sobre 120 aulas que, según afirma la SEP, estuvieron instaladas a tiempo. También Mainbit, en su página en internet (mainbit.com.mx), difunde que en 2006 instaló 8 mil 647 aulas Enciclomedia en Oaxaca y Yucatán.

Esto es falso, dice Rosenzweig, porque en diciembre de 2007 algunos de sus compañeros instaladores, que terminaron su labor en Oaxaca, fueron trasladados a Yucatán, donde tenían que dejar en operación mil 84 aulas. “Si la SEP desea comprobar esto, es fácil: sólo tiene que hacer un recorrido físico”.

Por lo pronto, reitera, “Mainbit difunde en su página en internet que cumplieron en tiempo y forma. Entonces, están recibiendo la renta desde el año pasado, porque el calendario dice que desde mayo se tenía que instalar. De renta al mes en Oaxaca son poco más de 19 millones de pesos. Incluyendo las (aulas) que no tienen luz, las que están clausuradas y las que todavía no se instalan”.

–¿Se supone que la SEP debió de inspeccionar?

–El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca sabe de esto; es la instancia que avala los pagos a los instaladores.

“Yo me pregunto: ¿Cómo no me doy cuenta de algo tan grande? Pues porque no lo quieren ver. Tal vez pagan miles de millones, y 19 millones de pesos no son nada. Pero, como están las escuelas en Oaxaca, si les das 2 mil 700 pesos durante cuatro meses, los habitantes las dejan en buenas condiciones.”

Datos falsos

“En las fotos que tengo procuraba que no salieran tan feas las escuelas. El pizarrón lo colgaba con alambres porque no hay de donde perforarlo. No puedes perforar la lámina de cerveza Tecate, que es la que usan en las comunidades para construir el aula. El instalador llevaba un solo contacto, que usaba sólo para hacer funcionar el equipo; cuando terminaba, se lo llevaba para utilizarlo en otra aula porque la empresa no daba otro”, dice el entrevistado.

“Cuando llegaba a una escuela me tenían que firmar el acta de incidencias, en la que avalo que el aula cuenta con paredes de adoquín, ladrillo concreto, tablarroca, adocreto o materiales similares... que tienen techo impermeabilizado, acabado de enyesado liso, pintura o directamente del material. Incluso, que las ventanas tienen protecciones, aunque en muchas (escuelas) la orden fue que utilizáramos cinta de aislar para simular los barrotes.”

Hubo escuelas en las que el techo era de lámina y pesaba más el equipo que toda el aula, como en Santa Catarina Loxicha.

“La consigna fue ponerle sí a todo y que el responsable de la escuela firmara de conformidad. Si decía que algo no se cumplía, me regresaban a llenarla de nuevo. Y estamos hablando de comunidades que quedaban a ocho horas de la ciudad de Oaxaca. Hubo compañeros a quienes sí regresaron, uno fue Jacobo Eluani Cabrera.”

A éste se le asignaron 200 aulas, muchas de ellas sin energía eléctrica, en “escuelas en donde la gente caminaba cuatro horas cargando la planta de luz para su instalación y luego la tenían que regresar. Ahí quedaba el equipo como mueble. Esto sucedió en El Porvenir”.

Así mismo, la documentación entregada por la empresa señala que se entrenó a una sola persona por cada aula, aunque el contrato especifica que se debe capacitar al menos a tres.

“Yo procuraba capacitar a una –dice Rosenzweig–, pero mis compañeros me decían que nunca daban la capacitación, y la que daban era cómo se prende, cómo se apaga y ya.”

“En Guelatao, una de las primeras escuelas en que se instaló Enciclomedia, no se ha usado ni una sola vez. En Limoncillo, Zenzontepec, tampoco. Les da miedo, además de que la luz es muy variable y tienen miedo a prenderla porque se les truena”, ejemplifica.

Además, el personal de la Anadic engañó a los maestros y los padres de familia que recogieron los equipos: “Nosotros llegamos a una escuela en donde nada más llevamos la antena; ellos ya habían llevado todo. Cuando les entregaron, los hicieron firmar el documento de recibido, de instalado y de operación del equipo. Engañaron a los maestros”.

En otra ocasión faltaban firmas, y Víctor Cruz Cordero llevó a los instaladores a una bodega de las que instaló la Anadic en Oaxaca (la ubicada en Riberas del Atoyac 129-A, colonia Jardines de la Primavera, San Jacinto Amilpas), donde encontraron varias filas de paquetes.

Eran las actas que habían hecho firmar a los padres y maestros. No tenían datos de la activación satelital y faltaban las fotos. Tenían esos papeles como prueba de que ya se habían realizado instalaciones, por si hacían falta en otras partes.

Ahí estaba el acta firmada por una maestra de Quinicuena, en Santa Cruz Zenzontepec, quien ya había firmado de recibido y de instalado, aunque tardaron meses para entregarle el equipo. “En lugar de la firma de uno de nosotros como instalador, aparecía la del instalador de confianza de la compañía: Víctor Cruz Cordero”. Éste trabaja para Jaime Hipólito, socio de la Anadic.

“Él instaló todo, porque todas las actas que estaban en la bodega estaban firmadas por él”, ironiza el entrevistado. Y concluye: “Pueden decir que miento, pero tengo pruebas de 120 escuelas de Oaxaca que muestran las irregularidades”.

Conaliteg: polvos de lodos foxistas

Jorge Carrasco Araizaga

Cuando a comienzos de la administración de Vicente Fox el titular de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), Jorge Velasco y Félix, decidió modificar los mecanismos para la licitación de contratos, afectó intereses económicos que ahora lo enfrentan a varias demandas. Éstas fueron presentadas por Armando Prida Huerta, cuyas empresas acaparaban contratos para imprimir millones de libros editados por la Conaliteg. Velasco asegura que intentó proteger los intereses del organismo a su cargo afectados por la voracidad del impresor. Pero Prida alega que, en su afán de obstaculizarlo, el funcionario violó la ley y le causó grandes perjuicios económicos.

La promesa del gobierno de Vicente Fox de encarcelar por corrupción a “peces gordos” resultó un fiasco…

Con la llegada del PAN a la Presidencia en 2000, en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) se revisaron los procesos de licitación para la impresión de 160 millones de libros editados por este organismo. A decir de los nuevos funcionarios de la comisión, los contratos se concentraban en unas cuantas manos, sobre todo en la empresa Encuadernaciones de Oriente.

Propiedad de Armando Prida Huerta, presidente de la Asociación Periodística Síntesis –grupo que publica periódicos en Puebla, Tlaxcala e Hidalgo–, a partir de 2001 la empresa fue excluida de varios procesos de licitación, pues la Conaliteg consideró que sólo de esta manera podía defender sus intereses y recursos.

El empresario, quien durante años ha realizado trabajos de impresión a los gobiernos de Puebla y a la propia Conaliteg, respondió con varias acciones legales que se concretaron en dos juicios administrativos y uno penal. Y denuncia que fue obstaculizado para participar en ocho procesos de licitación, lo cual le causó daños y perjuicios por un monto de 138 millones de pesos.

La querella llegó a la PGR en enero de 2006. De acuerdo con la consignación, tanto la Conaliteg como el Órgano Interno de Control del organismo –dependiente de la Secretaría de la Función Pública (SFP)– dilataron el cumplimiento de resoluciones dictadas por autoridades administrativas y jurisdiccionales.

A causa de la demanda penal, 14 exservidores públicos –nueve de la Conaliteg y cinco de la SFP– están ahora sujetos a que la juez décimo en Procesos Penales Federales, Verónica Judith Sánchez Valle, emita órdenes de aprehensión en su contra como presuntos responsables de delitos estipulados en el Código Penal Federal.

Solicitadas por el Ministerio Público federal desde el pasado 8 de noviembre, esas órdenes aún están pendientes de resolverse, a pesar de que la juez debía tomar una decisión a finales de ese mes.

El principal acusado es el exdirector general de Conaliteg, Jorge Velasco y Félix, quien amparado ya contra una eventual orden de aprehensión asegura que las demandas son “una revancha” del empresario por haber perdido el dominio de los millonarios trabajos de impresión del organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública.

Encuadernaciones de Oriente controlaba más de 30% de las impresiones de la comisión, asegura Velasco, quien en la actualidad preside la firma editorial Ríos de Tinta, conformada por Grupo Milenio, de Monterrey, y el Grupo Clarín, de Buenos Aires.

Cortina de humo

Dedicado por décadas a la industria editorial, en la que incluso fue presidente de la cámara nacional del ramo, Velasco dice que la demanda no sólo entraña una venganza, sino el ocultamiento del monopolio que en algún momento tuvo Prida para imprimir los libros editados por la Conaliteg.

“Tan fue muy irregular la actuación de sus empresas que una decena de compañías de la industria de las artes gráficas lo demandó por práctica antieconómica en Conaliteg”, asegura Velasco.

Además, el exfuncionario sostiene que Encuadernaciones de Oriente participó en las licitaciones a pesar de estar inhabilitada “por encontrarse en suspensión de pagos y otorgar información falsa”, como se consigna en un decreto publicado el 23 de abril de 2002 en el Diario Oficial de la Federación.

Refiere que en noviembre de 2005, la comisión interpuso una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos delitos contra su patrimonio, por trabajos de impresión realizados entre 1996 y 1997 en los que las empresas de Prida “pretendieron cobrar mil 308 millones de pesos” mediante la presentación de ofertas económicas con sobreprecios. La demanda no prosperó.

Las solicitudes de aprehensión contra los exfuncionarios representan una nueva etapa de una larga disputa en la que Velasco le ganó a un periodista una demanda por daño moral. Sin embargo, no salió indemne de un escándalo causado por la impresión, en 2002, del libro Cómo proteger a tus hijos contra las drogas, para la fundación Vamos México, de Marta Sahagún.

El abogado de Prida en la causa penal 158/07, Armando López, considera que las órdenes de aprehensión no se han girado debido a la influencia del hermano del exdirector de Conaliteg, Guillermo Velasco y Félix, magistrado penal, quien se jubiló en octubre pasado.

El exmagistrado es esposo de Ligia Noemí Cuevas Gurrutia, la abogada de Sahagún en la demanda que por daño moral interpuso en abril de 2005 contra este semanario y la periodista argentina Olga Wornat (Proceso 1488).

En el pliego de consignación entregado hace dos meses por el Ministerio Público federal a la juez Sánchez Valle, se establece que los 14 acusados presuntamente cometieron los delitos de colusión de servidores públicos y abuso de autoridad para impedir de forma reiterada la participación de las empresas de Prida en las licitaciones de Conaliteg.

El conflicto se inició en julio de 2001, cuando Encuadernaciones de Oriente presentó la primera de ocho ofertas de licitación que le fueron rechazadas. En tres de éstas, se dice en la consignación, “con la intención de prohibir” la participación de la empresa los exfuncionarios de la Conaliteg adicionaron a las bases de licitación un supuesto que antes no estaba considerado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, vigente en esa época.

Ese supuesto establecía que la empresa licitante o cualquiera otra con la que se asociara para cumplir con los términos de la licitación, no deberían de estar en suspensión de pagos. El requisito se introdujo porque Encuadernaciones de Oriente había firmado un contrato con la empresa Litografía Magnograf, que se encontraba en esa situación y que, según Velasco, también es propiedad de Prida.

El empresario impugnó esa adición ante la Dirección General de Inconformidades de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam, ahora SFP). En noviembre de 2001, la dependencia decretó por primera vez la nulidad de la primera de las licitaciones y le ordenó a la Conaliteg que repusiera el procedimiento.

En las cinco licitaciones restantes, la Conaliteg eliminó ese requisito, pero desechó las ofertas de Encuadernaciones de Oriente por considerar que esta empresa se encontraba en suspensión de pagos.

Debido a esa decisión, Prida se inconformó ante la Secodam, que en todos los casos determinó la nulidad de los recursos utilizados por Conaliteg para impedir que Encuadernaciones de Oriente participara en las licitaciones y ordenó que éstas fueran repuestas.

Pero en 2002, la Conaliteg respondió que eso era imposible porque algunas partidas licitadas se adjudicaron a terceros; otras fueron declaradas desiertas y algunas más se retiraron para que los trabajos se hicieran en los talleres de la propia comisión.

Para defenderse, el organismo dirigido por Velasco interpuso juicios de nulidad contra esas resoluciones ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Sin embargo, distintas salas de ese cuerpo colegiado fallaron en su contra por considerar que carecía de legitimación e interés jurídico para utilizar dicho recurso, toda vez que era autoridad y no parte demandante.

La Conaliteg se inconformó con el fallo y acudió a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa para ampararse contra cada una de las resoluciones. Perdió los recursos, con lo que se mantuvieron los dictámenes en su contra determinados por la Secodam.

Complicaciones

Los problemas de Velasco se agravaron cuando en agosto de 2002 Enrique Estévez Sandoval, quien había sido director de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Conaliteg, presentó una denuncia de hechos ante la Secodam, donde lo acusa de haberle dado instrucciones para excluir a las empresas de Prida, no sólo a Encuadernaciones de Oriente, sino a Representación de Impresores Nacionales, que había comprado las bases de otro de los concursos luego de los primeros rechazos.

En su acusación también involucró a Salvador Pasalagua, entonces titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, y a David Villanueva Escabi, en ese momento director técnico de la comisión.

Según el Ministerio Público federal, el abuso de autoridad se cometió no sólo en las tres primeras licitaciones con la inclusión de requisitos no previstos, sino cuando la Conaliteg manifestó a la Secodam la imposibilidad de reponer las licitaciones.

De acuerdo con la consignación, la Conaliteg actuó de manera ilegal “con la complacencia” de su Órgano Interno de Control (OIC), cuando el organismo decidió promover los juicios de nulidad y de amparo, “a los que perfectamente sabía que no tenía derecho, incurriendo con ello en una demora indebida de la prestación de los servicios públicos”.

Respecto del supuesto segundo delito, el pliego de consignación señala que los inculpados se habrían coaligado para actuar en contra de la Ley de Adquisiciones. Su conducta ilícita consistió en “impedir la ejecución de la norma y, por ende, de la Administración Pública, pues nunca tuvieron la intención de reponer los procedimientos de licitación”.

Presume que “desde antes de que se publicaran las bases de licitación (…) y durante su desarrollo, los servidores públicos celebraron diversas coaliciones para impedir la aplicación y/o ejecución de la ley mediante acuerdo e instrucción directa del director general de la Conaliteg”.

Además de los funcionarios de la Conaliteg señalados como principales responsables, en el caso de la SFP la consignación también menciona a Roberto Niebla Cuevas, titular del OIC cuando ocurrieron los presuntos actos ilegales.

Los otros dos juicios que se siguen son administrativos. Uno es contra Velasco por daños y perjuicios, y el otro impugna una resolución administrativa de la SFP mediante la cual se deslindan responsabilidades de los exfuncionarios.

Defensa

El documento a favor de Velasco y coacusados tiene fecha del 30 de noviembre de 2006, justo el día en que acabó el gobierno de Fox y está firmado por Norma Angélica Torres Jiménez, titular del área de Quejas del Órgano Interno de Control en la Conaliteg, quien aún sigue al frente de esa oficina.

Ese acuerdo pretende aminorar los alcances de lo resuelto por la Secodam entre noviembre de 2001 y junio de 2002, acerca de las licitaciones en pugna. Primero, establece que la resolución de las impugnaciones por parte de esa dependencia “es insuficiente” para la determinación de las presuntas ilegalidades. Además, asegura que desde 1995 tanto Encuadernaciones de Oriente como Litografía Magnograf estaban en suspensión de pagos –aunque ésta superó esa situación en marzo de 2003–, por lo que fueron justificadas las acciones de Conaliteg para impedir que las empresas de Prida participaran en las licitaciones.

También destaca que ni Prida ni ninguna otra empresa impugnaron las bases de la licitación al momento de adquirirlas. En el caso del empresario, sólo se inconformó una vez que fue descalificado.

En su acuerdo, la titular del Órgano de Control Interno de Conaliteg niega que de manera dolosa y arbitraria se haya excluido de los concursos a Encuadernaciones de Oriente, puesto que no hay evidencia “categórica o fehaciente” de que Velasco “hubiese intervenido directamente” o “instruido para que se obstaculizara la participación de la empresa denunciante”.

Las imputaciones de Estévez, añade el documento, “sólo son manifestaciones subjetivas que no aportan datos o indicios”, además de que no establecen “de manera clara y precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se desarrollaron los hechos que narra”. Más aún, asegura que su actitud fue una “revancha” por haber salido de la Conaliteg.

Desacredita la carta de denuncia (sic) –así lo destaca– de Estévez publicada en el libro Corrupción de Estado, de José Martínez, que, de acuerdo con Velasco, fue auspiciado por el propio Prida: “Hay que preguntar quién le imprime gratis los libros. Supongo que es Encuadernaciones de Oriente”.

En su defensa de Velasco, Torres Jiménez refuta el señalamiento de que la Conaliteg no repuso los procedimientos. Manifiesta que el objeto de las licitaciones era la adquisición y la maquila de libros de texto, por lo que “no era posible anteponer el interés particular sobre el interés general”.

Respalda su consideración en que la propia Ley de Adquisiciones prevé la suspensión de un proceso cuando no se cause perjuicio al interés social. Ante los recursos tramitados por la Conaliteg, sostiene que los exfuncionarios estaban obligados a defender los intereses del organismo.

Y concluye: “No existen elementos necesarios y suficientes para remitir al área de responsabilidades de este Órgano Interno de Control a efecto de iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidades a algún servidor y/o exservidor público de la Conaliteg”.

En entrevista, Velasco confirma que ya cuenta con un amparo contra una eventual orden de detención y asegura que las acusaciones de Prida son “una revancha porque a su empresa se le quitó la mina de oro”.

En 2001, sus empresas tenían más de 30% de la producción editorial de la Conaliteg. “Había otras que se beneficiaban, pero las de él eran las que tenían el mayor beneficio, a pesar de que el decreto de creación del organismo establece que la producción de libros gratuitos no puede servir de lucro para nadie”.

Explica que el negocio era la elevación de los costos de impresión, sin que se desglosaran el costo del papel y el de la cartulina. A la comisión le cobraban 30 centavos la impresión del pliego, cuando debían ser entre 9 y 10. Eso incrementaba en seis o siete pesos la producción de cada uno de los 160 millones de ejemplares que producía la Conaliteg.

Además, “se decidió que los impresores sólo maquilaran y que la comisión se encargara de comprar el papel y la cartulina”. Dice que ante los elevados costos, la Junta de Gobierno de la Comisión –integrada por varias secretarías de Estado– decidió revisar las bases de la licitación. “Le pedí al comité de bases que las estudiaran, porque había algo totalmente irregular”.

Aclara: “yo no formaba parte de ese comité ni del de adquisiciones, por lo que no podía dar instrucciones sobre el resultado de las licitaciones”. En lo que se refiere a las acusaciones de Estévez, asegura que este funcionario salió de la comisión por irregularidades administrativas.

“Al impedir que entre 2001 y 2006 se lucrara con los libros de texto gratuitos, economizamos mil 600 millones de pesos, además de que produjimos 12 libros por estudiante, cuando el promedio eran seis. De 163 millones de libros y materiales educativos pasamos a 491 millones”, enfatiza.

Se muestra prudente al hablar del Ministerio Público que solicitó las órdenes de aprehensión y considera que se trata de una institución de buena fe, pero que se debe considerar que la comisión “terminó el sexenio sin ninguna observación, ni de la Auditoría Superior de la Federación ni del OIC ni de ninguna auditoría externa”.

“Cualquiera –acota– estaría preocupado con enemigos de esa naturaleza; con gente que se está valiendo de diferentes instancias para su revancha”. Niega que su hermano esté detrás de su defensa: “Es un ilustre magistrado que tiene mucho respeto por su jubilación, por lo que no me puede asesorar. Tiene mucho respeto por la ley”.

La "guerra" contra Proceso

La "guerra" contra Proceso
Daniel Lizárraga Desde sus primeros meses en el poder, Felipe Calderón –como dice la expresión popular– se muerde la lengua cada vez que se pronuncia por el respeto a la libertad de expresión, a la crítica y al trabajo periodístico. En abierto desacuerdo con la labor de Proceso, aunque sin elementos para contradecir la información que publicamos, su Coordinación de Comunicación Social obstaculiza a los reporteros de este semanario la cobertura de las actividades presidenciales y aplica así su verdadera política de información.

Desde hace 10 meses, la Presidencia de la República excluyó a Proceso del grupo de medios de comunicación acreditados para cubrir las giras internacionales y nacionales de Felipe Calderón, aun cuando al menos en cinco discursos el mandatario dijo estar comprometido con el libre acceso a la información.

Durante su primer año de gobierno, ante empresarios y frente a las élites políticas, Calderón subrayó la importancia de la crítica en un régimen democrático. No obstante, la realidad es distinta. La última vez que se invitó a Proceso a una gira presidencial fue el 7 de marzo de 2007, cuando Calderón viajó a Nuevo León para poner en marcha la construcción de la autopista Saltillo-Monterrey.

No se ha explicado oficialmente el motivo por el que este medio sólo puede acudir a los actos dentro de Los Pinos, en el Distrito Federal y en ocasiones en los estados vecinos, no así en el resto del país y en el extranjero.

Desde hace cuatro meses esta revista solicitó a la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia, encabezada por Maximiliano Cortázar, que explicara los motivos de la exclusión, pero hasta ahora no hay respuesta.

El 15 de marzo de 2007, afuera de Palacio Nacional, mientras los reporteros de la fuente esperábamos el autobús que nos llevaría de regreso a Los Pinos tras cubrir el balance oficial de los primeros 100 días de gobierno, Max Cortázar –como lo llaman en Los Pinos– estalló contra la línea editorial de este semanario:

–¿De qué se va a tratar? Es un golpe tras otro. Duro, duro, cada semana. No puede ser –reclamó manoteando y sin dejar de mover la cabeza.

–Aclaren lo que no esté fundamentado. ¿Qué texto se ha escrito con información que no esté documentada? –le respondió este reportero.

–El problema es que no hay semana sin golpe. Uno tras otro. Dale y dale. Además, hay portadas que no van, como esa del general Galván (Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional), en la que lo sacaron de cerca, abarcando casi todo. ¿Qué es eso? –se obstinó Cortázar.

El encargado de la comunicación en Los Pinos se refería a la edición 1580 de Proceso, del 11 de febrero, en la cual el reportero Jorge Carrasco publicó un reportaje con información que puso en duda la eficacia de los operativos contra el narcotráfico.

En el texto se citó el discurso pronunciado por el general Galván en el aniversario número 94 de la Marcha de la Lealtad, con opiniones de especialistas en seguridad nacional y un minucioso análisis del experto Roderic Ai Camp sobre la militarización de la seguridad pública por Calderón.

Indignado, Cortázar también reclamó por la edición correspondiente a esa semana (1584, del 11 de marzo). La cabeza de portada: Cien días de miedo. Los golpeadores de Calderón, se tituló la crónica sobre la actuación del Estado Mayor Presidencial (EMP) durante el inicio del nuevo gobierno.

En ese trabajo se describieron pasajes de las giras nacionales de Calderón efectuadas entre diciembre de 2006 y marzo de 2007. También se compararon partes del reglamento del EMP con la actitud de sus efectivos, así como cifras del dinero destinado a la seguridad del mandatario.

Cortázar no hizo aclaración alguna sobre el contenido de las dos ediciones mencionadas, se limitó al reclamo. No objetó en nada la crónica sobre la golpiza que elementos del EMP propinaron a una persona afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni sobre la tunda que le dieron a Luis Castillo, fotógrafo de Reforma. La respuesta del gobierno llegó por otra vía.

Al día siguiente del encuentro con Cortázar, el viernes 16 de marzo, Calderón visitó Tijuana para presentar el “Modelo de una ciudad sustentable”. Este semanario ya no fue invitado a esa gira.

El 26 de marzo siguiente, Calderón acudió al aniversario del periódico Excélsior. Desde el hotel Camino Real, dijo que su gobierno rendirá cuentas y tomará en cuenta la crítica:

“Por ello, aquí frente a ustedes, en este significativo aniversario, ratifico mi compromiso personal con la libre manifestación de las ideas y con el libre acceso a la información”, enfatizó.

Su compromiso sólo resistió cinco portadas de Proceso.

Exclusión

Al inicio del gobierno calderonista, la Coordinación de Comunicación Social incluyó a este semanario en la primera gira presidencial por Europa. Entre el 24 y el 31 de enero de 2007 Calderón visitó Alemania, Suiza, el Reino Unido y España con el fin de atraer inversión a México.

El mandatario acudió también al foro económico de Davos para ofrecer su Plan Maestro de Infraestructura, que prevé la inversión extranjera en la construcción de aeropuertos, carreteras, vías férreas y puertos.

El país, al mejor postor, fue el encabezado de la crónica de Proceso 1579, que empezó a circular el 4 de febrero de 2007. El texto –al que remitía el llamado de portada México en Barata– retomó partes de la conferencia dictada por Calderón ante inversionistas en Londres.

Ahí, el presidente destacó que el país cuenta con una creciente fuerza laboral juvenil, con 11 mil kilómetros de litorales y 142 millones de hectáreas forestales.

Cuando Calderón asistió a la XIX Cumbre de Río, en su segundo viaje internacional oficial, Proceso ya no fue convocado. Calderón se reuniría con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, luego del debate que sostuvieron en Davos, Suiza. Causaba interés saber cómo trataría el presidente venezolano, Hugo Chávez, al nuevo mandatario mexicano, después de sus pleitos con Vicente Fox.

La víspera de su salida, el sábado 3 de marzo de 2007, el equipo de logística de la Presidencia difundió que no habría muchos lugares para los reporteros en el avión presidencial.

Al lunes siguiente, una de las primeras imágenes que aparecieron en el noticiario estelar de Televisa fue la llegada de Calderón a Guyana, a bordo del Boeing TP-01 con capacidad para 66 pasajeros, según consta en datos proporcionados por el EMP. De acuerdo con reporteros que acudieron a esta gira, los asientos destinados a periodistas no se ocuparon en su totalidad.

La Presidencia no dio ninguna explicación acerca de los criterios utilizados para seleccionar a los medios que fueron invitados.

Dos semanas antes, en su edición 1581, Proceso publicó el reportaje No me voy, no me voy, no me voy, donde se citó al actual presidente y a su antecesor:

“No voy a emitir juicios sobre el gobierno anterior del cual, además, orgullosamente formé parte”, sentenció Felipe Calderón el 26 de enero pasado en Davos, Suiza, durante su primera gira por Europa.

“Días después, Vicente Fox, el exgobernante al que así había protegido, se adjudicó en público la victoria del PAN en 2006 y confirmó que su intervencionismo en el proceso electoral obedeció a un desquite contra su acérrimo enemigo político, Andrés Manuel López Obrador.”

Durante los dos meses y medio que el semanario pudo informar de cerca sobre las actividades de Felipe Calderón, se reportaron las peripecias que pasó en Nicaragua, al acudir a la toma de posesión del presidente Daniel Ortega, que lo trató de manera desdeñosa, a diferencia del trato de “hermano” que le dio a Hugo Chávez.

Esa cobertura también permitió que los lectores de esta revista conocieran el contexto en que Calderón apareció portando unas prendas militares de modo irregular –y junto al secretario de la Defensa Nacional– en Michoacán, durante los operativos contra el narcotráfico.

Hasta ahora, además de bloquear el trabajo informativo, la Coordinación de Comunicación Social le ha negado a Proceso, de manera tajante, cualquier entrevista o datos oficiales. Maximiliano Cortázar no responde a las llamadas telefónicas ni a los mensajes por correo electrónico.

Esta cerrazón ha llegado al punto de que la Presidencia se niega a proporcionar documentos y materiales informativos sobre temas de interés público, como las irregularidades y posibles actos de corrupción en la contratación de empresas fantasma, violaciones al marco legal por despilfarro de dinero público y una contratación de “edecanes” para supuestos actos oficiales.

Ninguna aclaración tuvo lugar después de que este medio (en su edición 1596, del 3 de junio) publicó el contenido de un contrato firmado durante el período de transición del gobierno federal para que la empresa De la Riva Información Estratégica elaborara una auditoría de imagen para la esposa de Calderón, Margarita Zavala, y sus tres hijos.

Como se muestra en el texto, dicho contrato violó la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que estipula un pago de 848 mil pesos por un servicio al presidente electo, cuando el estudio de imagen fue para su familia.

El pasado 8 de julio, en Proceso (1601) se relató paso a paso cómo Felipe Calderón y sus colaboradores dilapidaron al menos 25 millones de pesos en banquetes, comidas en las zonas más costosas de México, transporte en camionetas blindadas y contratos a modelos para engalanar actos públicos y privados.

Corruptelas

El 7 y el 20 de septiembre de 2006, Hugo Salvador Martínez, actual director de Operación y Servicios Generales de la Presidencia, pagó los servicios de cuatro modelos –dos de ellas extranjeras– presuntamente para que asistieran a reuniones oficiales y a un festejo por la entrega de constancia de mayoría al presidente. No obstante, todas las actividades de Calderón en esos días fueron de carácter privado.

La Coordinación de Comunicación Social de Presidencia optó por no emitir opiniones al respecto, aun cuando este medio le solicitó una versión oficial antes de publicar los reportajes.

Sólo cuando se ve obligada a defenderse en juicios promovidos ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la dependencia deja entrever sus resquemores.

Por ejemplo, en el expediente 538/07 la Presidencia trató de argumentar su negativa a que este reportero tuviera acceso a las encuestas que evalúan el impacto de las políticas públicas, el manejo de la imagen presidencial y otras decisiones importantes:

“El divulgar el contenido de los cuestionarios y sus resultados podría traer consigo un peligro latente a la seguridad pública. El daño presente derivado del contexto sociopolítico del país es probable en virtud de que el mal uso del contenido de dichos estudios y la información que de ellos se desprende al ser descontextualizada provocaría conflictos en el corto y mediano plazos que por su magnitud podrían traer consigo actos por parte de algunos grupos políticos y sociales que podrían vulnerar la seguridad pública.”

Y remata: “De manera específica se podría traer consigo (sic) disturbios sociales que desembocarían en el bloqueo de vías de comunicación o en manifestaciones violentas, las cuales ya se han suscitado con anterioridad y a todas luces transgredirían los derechos de terceras personas”.

Este criterio de la Presidencia fue rechazado por el IFAI. Los comisionados de este organismo determinaron por unanimidad que no se comprobó cómo la respuesta a una solicitud de acceso a la información provocaría disturbios. No obstante, las encuestas quedaron clasificadas por tres años (la Presidencia pedía seis) porque se utilizarán para tomar decisiones de gobierno, no porque el trabajo periodístico pueda provocar un conflicto social.

Cuando era presidente electo, Felipe Calderón dijo en el festejo por el 90 aniversario del diario El Universal: “Se otorgarán garantías en mi gobierno al límite de sus posibilidades para que se pueda proteger y ejercer el periodismo”.

Además, el pasado 22 de noviembre, durante la firma del Acuerdo Nacional para una Comunicación de Calidad en el Salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, Calderón reiteró que tiene el firme compromiso de respetar la libertad de pensamiento:

“Como lo he expresado en diversas reuniones con la industria de los medios de comunicación, también estoy convencido de que los mexicanos debemos lograr un equilibrio entre la libertad de expresión y la responsabilidad en la expresión.”

En el mismo sentido, Calderón afirmó durante una reunión con empresarios el 23 de noviembre: “Dígase lo que se diga, la mexicana es una sociedad libre, donde precisamente la libertad de expresión y de acción de cada uno está garantizada, incluso con los abusos que llegan a observarse”...

Al no contar con una explicación oficial sobre su repentina exclusión de las giras, este semanario presentó dos solicitudes de acceso a la información para conocer los criterios oficiales con que se decide a cuáles medios facilitar la cobertura de las actividades presidenciales, así como las listas de reporteros invitados durante el primer año de gobierno.

Ninguna de las dos peticiones fue satisfecha. La Presidencia arguyó que las listas de reporteros convocados a giras son “utilitarias” y por eso las destruyen una vez que aterrizan.

En cuanto a los criterios oficiales para asignar lugares en las aeronaves presidenciales, la oficina reconoció que “no se ha elaborado hasta el momento ningún documento que consigne información relativa a ello”.

Normalmente, para los viajes en el país la comitiva de Calderón, los invitados especiales y los reporteros no pagan boleto, toda vez que se utilizan recursos públicos para su transporte. En 2007, el EMP contó con 353 mil 160 pesos para este rubro.

En el caso de las giras por el extranjero, cada medio paga su lugar en el avión, así como el hospedaje y el transporte terrestre que necesite. No obstante, la Coordinación de Comunicación Social realiza previamente una convocatoria que distribuye en forma discrecional.

La cerrazón se vuelve casi risible cuando quienes la ejercen la manifiestan incluso en detalles triviales: a diferencia de 2006, Proceso no fue convocado en diciembre pasado al brindis navideño de la Presidencia.

No obstante, Calderón se atiene a su discurso. En la celebración del 84 aniversario de la Unión de Voceadores dijo: “Por convicción me opongo a la censura y a cualquier tipo de control informativo. Reitero mi compromiso personal con la libre manifestación de las ideas y con la libertad para escribir, para hablar, para publicar y para opinar”. l

Sobreprotección presidencial

Daniel Lizárraga

Con un celo poco usual, el Estado Mayor Presidencial está protegiendo al presidente Felipe Calderón. Desde el año pasado se instalaron cámaras de circuito cerrado en Los Pinos y otros nueve edificios públicos para vigilar todos los movimientos de personal. Lo peculiar de esta medida es que se contrataron los servicios de una empresa privada. Pero también se instaló en el conmutador de Los Pinos un aditamento para escuchar todas las conversaciones telefónicas, sin que los interlocutores se den cuenta de ello.

En Los Pinos las llamadas telefónicas pueden intervenirse en cualquier momento –incluidas las que se hacen desde la sala de prensa–, y todo movimiento es registrado por 70 cámaras ocultas colocadas estratégicamente.

En el segundo año del gobierno calderonista la prioridad es impedir fugas de información y controlar los datos oficiales, sobre todo si se trata de la estrategia contra el narcotráfico.

El responsable de controlar este blindaje es el jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP), Jesús Castillo García, un general de brigada Diplomado de Estado Mayor. Tal es su esmero que incluso tomó ya medidas poco comunes, entre éstas alejar de los ventanales del salón Adolfo López Mateos que dan hacia los jardines de Los Pinos el estrado que se utiliza durante las ceremonias oficiales. La mayor parte de los actos se organiza en ese sitio.

Así mismo, el general Castillo aceptó la contratación de la empresa Seguridad Privada Hospitalaria y Empresarial para que 40 policías privados custodien 10 edificios públicos, incluido el Palacio Nacional. Serán ellos quienes se encarguen de vigilar todos los movimientos: quiénes entran o salen, así como revisar los bultos, portafolios y paquetes que les parezcan sospechosos.

Desde antes de que Calderón llegara a Los Pinos, el general Castillo conoció la estrategia para enfrentar al narcotráfico. Incluso ordenó, en noviembre de 2006, la compra de dos camionetas blindadas, tipo Suburban, las cuales fueron importadas de Estados Unidos por la empresa Centigon. Su costo: 1 millón 714 mil 127 pesos por unidad, según consta en copias de las facturas obtenidas por Proceso.

Cuando el EMP se mueve para cubrir las espaldas de Calderón renta salones o sitios equipados con computadoras, faxes, teléfonos fijos y satelitales, proyectores e internet. Los gastos son onerosos. En el período que va del 1 de diciembre de 2006 al 30 de junio de 2007, por ejemplo, se gastaron 28 millones 959 mil 190 pesos, incluyendo el pago de hoteles, la alimentación, así como los transportes aéreos y terrestres para las tropas sólo en territorio nacional.

En las giras internacionales, el desembolso llegó a 1 millón 153 mil 815 dólares en el mismo período. A estos datos, obtenidos por Proceso mediante la Ley Federal de Transparencia, habrá que sumar los últimos seis meses de 2007 y los primeros días de 2008.

El EMP no escatima esfuerzos ni recursos públicos tratándose del mandatario. Mantiene intacto el blindaje sobre los datos oficiales y el control de la información para enfrentar al narcotráfico, sobre todo a Los Zetas, el brazo armado del cártel del Golfo, a quienes el Ejército y la PGR le decomisó lanzacohetes HE 60 milímetros, cuyo alcance es de entre 400 y 600 metros. La potencia de estos artefactos es tal que incluso pueden derribar aeronaves, según un informe publicado por El Universal.

Durante su gestión, Calderón ha recibido tres amenazas de muerte por parte del narcotráfico. La PGR sostiene que no abrieron investigaciones y el asunto está en manos de inteligencia militar. Incluso la semana pasada, Presidencia declaró a la reportera Lilia Saúl que esa información era reservada.

El Hermano Mayor

Las empresas Avantel y Axtel instalaron 2 mil 94 aparatos telefónicos en Los Pinos, así como en los edificios administrativos ubicados sobre avenida Constituyentes, Palacio Nacional y en el Hangar Presidencial. Ambas empresas también entregaron celulares a los mandos medios, que éstos comenzaron a utilizar a partir del 1 de enero. Lo singular de estas líneas es que todas pueden ser intervenidas en cualquier momento, incluso las que están colocadas en la sala de prensa de Los Pinos, donde diariamente acuden los reporteros asignados a la fuente presidencial.

El control de las llamadas se hace desde el nuevo conmutador de Los Pinos, sin que el usuario pueda percatarse. El contar con este tipo de servicio, técnicamente conocido como barge in / barge out, fue uno de los requisitos que tuvieron que cubrir las empresas participantes en el concurso: Maxcom, Telmex, Alestra y Sixsigma Networks de México, además de Avantel y Axtel.

Todas supieron que deberían ofrecer este tipo de intervención, manejada por computadora y de manera discreta. La orden para colgarse de una línea debe darse desde el EMP o bien desde la Oficina de la Presidencia encabezada por Juan Camilo Mouriño. Estos datos están en el contrato, las bases de licitación y en una versión estenográfica de la junta de aclaraciones hecha antes de designar a las compañías ganadoras, las cuales fueron obtenidas mediante un paquete de solicitudes de acceso a la información mediante la Ley de Transparencia.

El 10 de julio de 2007, en la sala de licitaciones, ubicada en uno de los edificios administrativos de la Presidencia sobre avenida Constituyentes, se efectuó la junta. De botepronto, el representante de Telmex, Roberto Villeda, preguntó:

“Sobre la intervención de llamadas barge in / barge out, solicitamos a la Presidencia nos aclare a qué se refiere con esta facilidad.”

Y la respuesta fue: “El representante de la Dirección General de Tecnologías de la Información manifiesta que se refiere a la intervención de llamadas sin ser detectada por el usuario”.

El resto de las empresas no repararon en este punto, registrado en la página 38 de las 81 de que consta la versión. Los representantes continuaron lanzado preguntas sobre cuestiones técnicas.

En el manual de operación de los nuevos teléfonos fijos entregado a los reporteros se explica, por ejemplo, que se cuentan las llamadas en espera, así como las transferencias, conferencias, buzón de voz, registro de números y “sígueme”, servicio mediante el cual pueden enlazar su número de la sala de prensa a los celulares personales o cualquier otra línea fija fuera de Los Pinos.

Ejecutivos de otras empresas especializadas en esta materia que no participaron en la licitación explicaron a Proceso que sobre el barge in / barge out existen dos posibilidades: Una es que el usuario escuche un zumbido al momento de estar hablando, lo que indica que la línea será intervenida; la otra es que se grabe la conversación sin que los interlocutores se enteren. La Presidencia optó por la segunda.

La experiencia sobre este tema dentro del EMP tiene un sabor amargo, ya que durante el sexenio de Fox tuvieron que enterarse por la agencia antidrogas estadunidense, la DEA, que el excoordinador de giras Nahúm Acosta Lugo presuntamente estaba filtrando información confidencial sobre los movimientos del mandatario a miembros del cártel de Sinaloa, concretamente a los capos Héctor Alfredo y Marco Arturo Beltrán Leyva.

En el libro Narcotráfico, el gran desafío de Calderón, escrito por el reportero de Proceso Alejandro Gutiérrez, se describe que dos testigos protegidos por la DEA fueron quienes alertaron a la Presidencia sobre la filtración de información al cártel de Sinaloa desde la misma residencia de Los Pinos.

Al momento de ser detenido, lo primero que Nahúm Acosta entregó al procurador Rafael Macedo y al entonces jefe de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, fue su teléfono celular.

“Seis meses antes, en septiembre de 2004, la DEA prendió su foco de alerta al descubrir que del teléfono que tenía intervenido, propiedad de Héctor Beltrán Leyva, salían llamadas a la casa número uno de México. La agencia estadunidense tenía al menos una llamada de Héctor Beltrán Leyva a Nahúm Acosta”, asegura Gutiérrez en el libro citado.

Y agrega: “Los dos testigos protegidos de esta investigación fueron José Martínez Pérez –exaliado del capo Armando Valencia, cuyo seudónimo es José Rodríguez– y Marcelo Peña García, alias Julio, cuñado de El Chapo Guzmán”.

El contrato firmado por Avantel y Axtel fue por tres años y tendrá un costo para el erario de 92 millones 747 mil 919 pesos.

Ojos indiscretos

Sea en la hondonada de Los Pinos –donde recientemente Calderón rompió piñatas con niños de casas hogar–, o en la escalinata de la casa Miguel Alemán –sitio en el cual recibió el viernes 11 al equipo de futbol Atlante–, las 70 cámaras de televisión controladas por el EMP son difíciles de detectar a simple vista.

Lo mismo sucede dentro del salón Adolfo López Mateos y el camino que va de la puerta uno a la pluma donde entran los autos, pues los indiscretos artefactos están colocados en las copas de los árboles. Tampoco pueden observarse dentro de la sala de prensa. Pero ahí están, colocados para registrar cualquier movimiento, según consta en el contrato firmado con la empresa Security Network Systems por 20 millones 690 mil 931 pesos.

El 22 de marzo de 2007, Proceso solicitó a la Presidencia una copia del acuerdo con esa compañía, cuyo domicilio está en Monterrey, Nuevo León, tras detectar en el portal de compras oficial, Compranet, que existía ese contrato. El EMP se negó, argumentando que se trataba de un asunto de seguridad. No obstante, los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) determinaron que la solicitud era válida puesto que no se pedía la ubicación de las cámaras ni que se revelaran las estrategias para cuidar al presidente.

Al estar de por medio el uso de recursos públicos, el contrato tuvo que abrirse. Sin embargo, el litigio se prolongó hasta el 9 de agosto de 2007. Las cámaras –de dos modelos diferentes, con micrófonos incluidos– están funcionando desde la última semana de diciembre de 2006, poco después de que arrancaran los operativos especiales contra el narcotráfico en Michoacán, Tijuana y Guerrero.

Security Network Systems fue obligada por el EMP a firmar un acuerdo de confidencialidad sobre la información clasificada y de seguridad nacional a la que tendrían acceso sus técnicos al instalar los equipos.

A regañadientes, los altos mandos del EMP entregaron la información solicitada por este semanario, pero mantuvieron firme su postura en el sentido de que este sistema de vigilancia no fue utilizado para registrar actividades relacionadas con la seguridad de Calderón o el robo de información confidencial.

La Presidencia rechazó, por ejemplo, haber grabado el último encuentro en Los Pinos entre Calderón y el expresidente Fox, efectuado el 12 de marzo de 2007. De igual forma, arguyó que no cuenta con una lista de los actos potencialmente registrados, según consta en las respuestas entregadas a este reportero.

El EMP destacó que las cámaras sólo están ahí para labores de vigilancia.

Seguridad al extremo

La empresa Seguridad Privada y Hospitalaria, registrada en la Ciudad de México desde 1997, propiedad de Leticia Angélica Foullan Gómez y Mónica Zamora Castillo, según el Registro Público de la Propiedad, fue la ganadora de una inédita licitación lanzada el 2 de marzo de 2007 para resguardar los 10 edificios de la Presidencia, incluido el Palacio Nacional.

En las bases del concurso y en el contrato –conseguido también con base en la Ley de Transparencia– consta que 40 policías privados vigilan las 24 horas del día las instalaciones presidenciales y utilizan equipo y tecnología moderna, amén de contar con vehículos equipados con aparatos de radiocomunicación.

El 11 de marzo de 2007, Proceso publicó que, desde las bases de la licitación quedó establecido que la empresa ganadora tendría que probar su capacidad para impedir el robo de información, expedientes y archivos. En el anexo 1 de la licitación se detalló:

“Sin excepción se revisarán portafolios, mochilas, maletas, paquetes, bultos y bolsas, con el objeto de que no salgan materiales de la Presidencia o entren artefactos peligrosos.”

Antes de que concluyera el primer semestre de ese año, Seguridad Privada y Hospitalaria ganó el concurso al ofrecer una cobertura en los términos exigidos por la Presidencia por un costo de 5 millones 151 mil 705 pesos.

Esta empresa contaba ya con una serie de contratos con el gobierno del Estado de México, así como en delegaciones del ISSSTE, en la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco), en el Instituto Mexicano del Transporte y en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Aun con esta experiencia a cuestas, la empresa tuvo que garantizar que sus policías contaban con la capacidad para supervisar al personal de la Presidencia en caso de detectar algo extraño en los movimientos de los empleados de esa dependencia.

Las labores de esta compañía consisten en un despliegue de 40 elementos en turnos de 24 horas entrenados para enfrentar cualquier emergencia sin utilizar armas de fuego.

Entre las oficinas custodiadas se encuentran los inmuebles de avenida constituyentes 161, colonia San Miguel Chapultepec, donde estuvieron las oficinas de Marta Sahagún; el de avenida Constituyentes 750, en la Tercera Sección de Chapultepec, edificio que aloja también las oficinas de Hacienda, así como los ubicados en el primer cuadro de la Ciudad de México.

La lista de los 10 edificios con vigilancia privada coincide con los sitios en los cuales se colocaron los teléfonos fijos que pueden ser intervenidos por el Estado Mayor Presidencial.

La responsable de esta licitación fue Patricia Flores Elizondo, coordinadora general de administración, quien trabajó como secretaria general de la Cámara de Diputados cuando Calderón era coordinador de la bancada del PAN, durante el primer trienio foxista.

El jefe inmediato de Patricia Flores es Juan Camilo Mouriño, titular de la Oficina de la Presidencia, quien en los hechos se desempeña como vicepresidente.

La intercepción de llamadas, las cámaras de televisión, la vigilancia privada y del derroche de recursos públicos forman parte del blindaje en Los Pinos, que se ha transformado en una fortaleza para impedir fugas de información.

El jefe del EMP, el general Jesús Castillo, sabe de las amenazas de muerte contra Calderón, como la encontrada en las instalaciones policiacas de Acapulco, Guerrero, tras un ataque perpetrado por Los Zetas. l

El panismo avala la reconquista

Carlos Acosta Córdova

La invasión es avasallante: Centenares de empresas españolas ganan terreno en México debido a las enormes facilidades que los gobiernos panistas les han brindado en todos los sectores de la economía nacional. Esta “reconquista española” o “nueva colonización”, como la califican sectores académicos y la prensa, muestra ya sus primeros signos: conculcación de derechos laborales de trabajadores mexicanos, destrucción de áreas naturales, ganancias de usura en servicios bancarios… Todo con el aval, hoy, del gobierno de Felipe Calderón.

Sus nombres pueden no decirle gran cosa a la mayoría de los mexicanos. El caso es que Iberdrola, Mapfre, Telefónica, Repsol YPF, CAF, Isoluxcorsan, Proactiva, Aena, Eulen, Enersis, Dragados, Unión Fenosa, Gas Natural, Endesa, Prisa, Seat, BBVA, Santander, Sol Meliá, Iberostar, NH, Barceló y Zara, entre otras, son emporios españoles con una fuerte presencia en México.

Esta lista es sólo una pequeña parte de las casi mil empresas ibéricas que operan en el país. Está formada por trasnacionales que, en los últimos años, han invadido casi todos los sectores económicos de México y América Latina. Y su presencia aquí es tal que prácticamente no hay espacio en la vida cotidiana de los mexicanos en el que no estén presentes.

Pobres, ricos o de clase media, la mayor parte de los habitantes del país entran a diario en contacto con alguno de los productos o servicios que ofrecen esas empresas.

Por ejemplo, casi 4 millones de personas que se transportan diariamente en Metro en la capital del país lo hacen en vagones fabricados por Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), compañía española que desde 1992 es la mayor proveedora de trenes para el Metro. Es la misma empresa que a finales de 2005, en una segunda ronda obligada, ganó la licitación para construir el Ferrocarril Suburbano que irá de Buenavista a Cuautitlán –la obra ya está avanzada– y que transportará a 100 millones de pasajeros al año.

Y si de transporte se trata, mexicanos con otro nivel de ingreso han podido hacerse de un auto Ibiza, Córdoba, León, Toledo, Altea o Alhambra, que produce la firma Seat (“de Barcelona para el mundo”, reza su publicidad), automotriz que con rapidez multiplica distribuidoras y oficinas en México.

También en el ámbito del transporte, unos 15 millones de mexicanos que utilizan los servicios aeroportuarios entran en contacto, cada año, con empresas de España. Aena, la operadora de aeropuertos y navegación aérea más grande del mundo, y Dragados Concesiones, filial del poderoso grupo español de la construcción ACS (Actividades de Construcción y Servicios, tienen cada una 33.3% del capital del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que opera 12 de los 47 aeropuertos internacionales del país.

Unos ocho aeropuertos, incluyendo el de la Ciudad de México, pero también unas 50 grandes firmas de todos los ramos productivos y de servicios, tienen contratos con la española Eulen Seguridad, filial del Grupo Eulen, especializado en seguridad, limpieza, outsourcing, mantenimiento, telemarketing y medio ambiente.

La colocación de miles de cámaras y dispositivos de seguridad en el aeropuerto capitalino y en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad, ha sido encomendada a Eulen.

Millones de mexicanos, también, hacen uso de los servicios financieros (banca, casa de bolsa, seguros, afore, hipotecas, nómina) de los bancos españoles Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y Santander Central Hispano, que en el país son Bancomer y Santander, las instituciones número uno y tres, respectivamente, del sistema bancario nacional.

Bancomer por sí solo tiene 14 millones de clientes y activos por cerca de 50 mil millones de dólares. Los dos bancos controlan casi 40% del total de activos de la banca nacional; 41% del total de la cartera crediticia y 40% de las utilidades netas del sistema bancario del país.

Aunque BBVA Bancomer y Santander ofrecen el servicio de seguros, es Mapfre, que en México compró Seguros Tepeyac, una de las empresas líderes en el sector asegurador. Por lo menos es la número uno en España y en América Latina, con presencia en 40 países y más de 12 millones de clientes.

También en telefonía, cada día crece el número de habitantes en el país que hace uso de los servicios de una trasnacional española, Telefónica, mejor conocida en México por sus celulares Movistar, que compite con Carlos Slim (Telmex, Telcel) por el mercado mexicano y lo supera en el de Sudamérica. Telefónica tiene 206 millones de clientes en el mundo, opera en 24 países y, aunque apenas llegó a México hace cuatro años, en 2003, ya tiene más de 10 millones de clientes aquí.

En el mundo editorial la presencia de los españoles también es contundente, a tal grado que dominan el mercado del libro en México. Cualquier aficionado a la lectura ha tenido en sus manos títulos, por ejemplo, de Planeta, Tusquets, Anagrama, Grijalbo, Seix Barral o Santillana. Ésta última, del Grupo PRISA, es propietaria de los sellos Alfaguara, Aguilar, Taurus, Richmond, Crisol y Altea.

Pero no sólo mediante Santillana se hace presente en México dicho grupo. Además de su publicación insignia, el diario El País –de tiraje menor en México, pero con más lectores cada vez–, es copropietaria con Televisa –al 50% cada una– del sistema Radiópolis.

Hasta en la cocina

La hotelería y el turismo conforman uno de los sectores más atractivos para las empresas ibéricas en México. No hay destino turístico de sol y playa que no tenga presencia española. La Riviera Maya es prácticamente su coto. Sol Meliá, Iberostar, Riu, Barceló y NH son los principales grupos. Con todo y su permiso para depredar.

En su visita a México del año pasado, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, dimensionó esa presencia: “En 2001 las empresas españolas operaban un total de 15 mil habitaciones; en este momento (julio de 2007) operan cerca de 35 mil en más de 100 hoteles, y para los dos próximos ejercicios tienen proyectado operar otras 12 mil habitaciones en 27 nuevos hoteles en México”.

Todas esas firmas son algunas de las que ofrecen servicios o productos “tangibles”. Pero muchas otras, poderosas también en el mundo, aunque no se ven están así mismo presentes en la vida diaria de los mexicanos. Es el caso de Isoluxcorsan, uno de los más grandes consorcios españoles en el sector de ingeniería y construcción, que ha hecho la interconexión entre las dos redes eléctricas más grandes de México. También es la que desarrolla para la Comisión Federal de Electricidad la red de fibra óptica que cubre la totalidad del territorio nacional, y trabaja con las principales compañías de telefonía, a las que proporciona tecnología de punta. Además, actualmente construye la autopista Monterrey-Saltillo, que será concesionada por el gobierno federal.

También poderosas, Unión Fenosa, Iberdrola y Endesa, con presencia en todo el mundo, se especializan en el ramo de la energía, sobre todo en la generación de electricidad. Grandes consorcios mexicanos consumen electricidad producida por ellas. Iberdrola construye, repara y da mantenimiento a infraestructura de Pemex y la CFE; anda a la caza de oportunidades para proyectos de energías alternativas: ha ganado licitaciones para proyectos de energía eólica y nuclear. Entre las tres, producen casi 13% de la electricidad que se consume en el país.

Junto con ellas, en el mismo ámbito de los energéticos, se ubican la petrolera española-argentina Repsol YPF y Gas Natural. La primera –entre las 10 petroleras privadas más grandes del mundo, con fuerte presencia en la parte estadunidense del Golfo de México, en trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos– ha ganado licitaciones para construir plantas regasificadoras en el país.

Por impedimentos constitucionales, sin embargo, Repsol YPF sólo ha podido dedicarse a la distribución y comercialización de gas natural, aunque también, por la vía de los Contratos de Servicios Múltiples, incursionó en la producción y desarrollo de campos de gas. Repsol YPF participa a través de la empresa Gas Natural en la distribución de gas; tiene más de 1 millón 100 mil clientes y está presente en la Ciudad de México, Monterrey, Saltillo, Nuevo Laredo, Toluca y varias ciudades del Bajío.

Eso no es todo. Los consorcios españoles están metidos hasta en la cocina de los hogares mexicanos. La trasnacional hispana Gas Natural es la principal distribuidora de gas en México, con presencia en 7 de las 14 zonas de distribución del país; cuenta con 1 millón 120 mil clientes y una red de más de 15 mil kilómetros. En el Distrito Federal, Gas Natural, a través de Gas Natural México, distribuye el energético en 14 de las 16 delegaciones del gobierno capitalino.

Entreguismo

El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo en su visita a México, en julio pasado: “Es muy difícil, recorriendo el mundo, encontrar un país donde los españoles seamos mejor recibidos que en México; donde haya más amabilidad por parte de la ciudadanía, de la población, de las autoridades, que en México. Y eso nos produce un elemento de profunda satisfacción”.

Y vaya que si son bien recibidos los españoles. Hace 10 años el comercio entre México y España no pintaba gran cosa: apenas llegaba a los mil 500 millones de dólares –nada frente a los más de 100 mil millones de dólares del comercio bilateral con Estados Unidos–, y siempre con saldo positivo para México. Hoy España es la segunda fuente de Inversión Extranjera Directa para México, después de Estados Unidos. El comercio bilateral supera los 6 mil millones de dólares, aunque ahora con saldo deficitario para México.

Son muchas las razones de ello. Ha influido una abierta decisión del gobierno mexicano, desde el inicio de la administración de Vicente Fox, de abrirle las puertas a las compañías españolas. Bancos, libros, la telefónica, las empresas de energía, las hoteleras y las de servicios aeroportuarios –las inversiones más fuertes– han acudido al llamado y a las facilidades oficiales.

Pero los propios españoles tienen su propio estilo para empujar sus negocios. Algunos ejemplos: Telefónica tiene como presidente de su filial en México a Francisco Gil Díaz, el polémico exsecretario de Hacienda, hombre con todos los secretos de las finanzas en México, de los impuestos y las aduanas; todas las relaciones empresariales… y toda la proclividad a conducirse con poca transparencia en el mundo de los negocios.

Otro ejemplo: PRISA tiene como representante en México a un hombre hiperactivo, con habilidades notorias para colarse en oficinas gubernamentales federales y estatales. Es Antonio Navalón, al que puede vérsele ya sea en Los Pinos o en las oficinas del gobierno capitalino. También en PRISA, al mando de la gerencia de algo llamado El País Global, trabaja Juan Ignacio Zavala, hermano de la esposa del presidente Calderón.

Otro caso es el de Zara México, la cadena de tiendas de moda española, filial del grupo textil Inditex –que comanda Amancio Ortega, el hombre más rico de España, tercero en Europa y octavo en el mundo, con 24 mil millones de dólares, según la revista Forbes–, que desde octubre de 2004 incorporó en su Consejo de Administración, en calidad de “consejeros independientes”, a los mexicanos Pedro Aspe Armella, Valentín Díez Morodo y a Olegario Vázquez Aldir.

Vaya que si estos personajes son útiles a Zara, que cuenta en México con el mayor número de tiendas, sólo después de España y Portugal. Tan fácil le ha sido a Amancio Ortega hacer negocios en México que, gustoso, aceptó la invitación del Grupo Danhos para asociarse con él y construir –Ortega es también dueño de la inmobiliaria española Pontegadea– el que iba a ser el edificio más grande de América Latina, la finalmente abortada Torre del Bicentenario, que tanto impulsó Marcelo Ebrard, jefe del gobierno capitalino.

En la prensa y la academia de España se ha calificado la reciente y abrumadora presencia de las firmas hispanas en México y América Latina como la “reconquista española” o la “nueva colonización”, ahora emprendida por los grandes capitales de ese país. Organizaciones no gubernamentales internacionales, como Intermox Oxfam y el Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL), que tienen bajo la lupa ese fenómeno, afirman que la expansión de las trasnacionales españolas en la región se ha hecho en forma rapaz, vulnerando derechos humanos o generando conflictos en las zonas donde se han asentado.

Proceso, en su edición 1625, publicó un documentado reportaje sobre cómo los hoteleros españoles acumulan impunemente, sin que autoridad alguna reaccione, denuncias por devastar manglares, acabar con las dunas costeras y arrasar selvas en Quintana Roo, para sacar adelante sus proyectos.

Otras organizaciones han denunciado, en particular, los abusos de la banca española en México, que atropella a la clientela mexicana con elevadas tasas de interés y altas comisiones por sus deficientes servicios –muy por encima, ambas, de lo que cobran en España–, y que les reditúan extraordinarios beneficios a la matriz. En efecto, tan sólo Bancomer le genera casi una tercera parte de las utilidades globales de cada año al BBVA.

OMAL considera también que las compañías españolas de energía tienen particular interés en las zonas rurales del Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec, donde buscan controlar la generación de energías eléctrica y eólica, con la venia del gobierno mexicano, “a través de la explotación irracional de los recursos naturales, pasando por alto los derechos de las comunidades de la región”.

De acuerdo con esa organización, el gubernamental Programa de Certificación de Derechos Ejidales y de Solares (Procede) actúa más en beneficio de las firmas españolas que en el de los ejidatarios, ya que enajena la tierra donde está el parque eólico y la convierte en privada. Así, estas tierras han salido del régimen de propiedad social como terrenos ejidales que son. Todo ello les da a dichas empresas un mayor control sobre el terreno, dice.

Pero esas, para el gobierno de Felipe Calderón –como en su momento para el de Fox, que abrió de capa al país para los españoles–, son cosas menores. En diciembre de 2006, días después de su toma de posesión, en un foro con empresarios mexicanos y españoles, Calderón les dio la bienvenida a estos últimos: ustedes y sus capitales, les dijo, “fortalecen en México sectores de alto valor agregado, como el financiero, el automotriz, el energético y el turístico, pero sobre todo, crean empleos para los mexicanos”. (Con información de Alejandro Gutiérrez)

PRISA: Negocios al amparo del poder

PRISA: Negocios al amparo del poder
Carlos Acosta Córdova

El golpe contra Carmen Aristegui por parte de Televisa y el grupo español PRISA puso en la mira de la opinión pública a este último consorcio, fundado por Jesús de Polanco a mediados de los setenta junto con su empresa emblemática, el diario El País. Enquistado en México en áreas de alta rentabilidad económica, entre éstas la editorial y la de medios de comunicación, su estilo de hacer negocios –tanto en España como aquí– consiste en aliarse con el poder político para sacar provecho económico de ello.

Cualquiera que haya sido la razón real del despido de Carmen Aristegui de W Radio, el hecho se inscribe en la estrategia política y comercial que el Grupo PRISA (Promotora de Informaciones, S.A.) ha empleado a lo largo de su existencia para hacer crecer sus negocios en España y en América Latina: servir al poder y servirse de él.

Para los analistas españoles, la aparición de El País –en mayo de 1976, apenas cinco meses después de la muerte del dictador Francisco Franco– marca el inicio del grupo y de su fundador, Jesús de Polanco, fallecido en julio de 2007, en su vocación por la cercanía interesada al poder político. Para aquellos es un hecho que PRISA y Polanco fueron el principal soporte publicitario y mediático del gobierno de Felipe González, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el primero electo democráticamente luego del período de transición que siguió a la muerte de Franco.

Pero desde mucho antes, Polanco había dado muestras de un estilo que perduraría durante su gestión al frente del grupo y que aun ahora, después de su muerte, sigue no sólo en España sino en México y en otros países de América Latina: integrar a su nómina a personas que ocuparon puestos públicos, con el propósito de allegarse información privilegiada, útil para apuntalar sus negocios.

En un texto en ocasión del deceso de Polanco, el diario El Mundo reprodujo palabras del periodista José Luis Martín Prieto, miembro de la primera redacción de El País, diario del que salió en los años ochenta: Polanco ha sido “un profesional del ventajismo, muy mal acostumbrado a tener ministros en su nómina”. Y relata cómo empezó su fortuna, que, luego de iniciarse vendiendo enciclopedias de casa en casa, trabajar en pequeñas editoriales para ayudar al ingreso familiar, tuvo la habilidad para conocer anticipadamente decisiones trascendentes en materia educativa del gobierno español.

Resulta que Polanco trabajaba para la Editorial Escelier, muy modesta y en un principio especializada en textos jurídicos, cuando personeros del gobierno le filtraron que el ministro de Educación, entonces José Luis Villar, emprendería todo un programa de modernización de la enseñanza española, incluida una nueva Ley General de Educación, aprobada en julio de 1970.

Cuenta El Mundo: “Aquí empezó la fortuna de Polanco. Su pequeña editorial había obtenido antes que nadie detalles esenciales del nuevo, radicalmente nuevo, plan de estudios, y fue la única capaz de tener miles de libros de texto listos para el inicio de los cursos del período lectivo 1970-71”. Algunos periodistas atribuyeron al subsecretario de Educación, Ricardo Díez Hochleitner, aquella filtración. Éste los desmintió y, aún más, los demandó. Ganó el juicio, pero en 1981 ya aparecía en el grupo de Jesús de Polanco como vicepresidente de editorial Santillana, en cuya fundación participó Polanco en 1958. Esta empresa inició como una compañía tan modesta que sólo tenía un empleado, según el diario español.

En su nota, publicada el 23 de julio de 2007, agrega El Mundo: “La contratación de personas que habían mantenido estrechas relaciones con su grupo mientras fueron altos cargos de la Administración fue una constante a lo largo de la vida empresarial de Polanco. Miguel Gil, secretario general de la Oficina del Portavoz del Gobierno de Felipe González, fue nombrado director de Desarrollo y Estrategia del Grupo PRISA tres meses después de la derrota electoral de (Felipe) González en 1996. Con Gil en el cargo, el gobierno socialista había favorecido a Polanco bendiciendo la alianza de su Canal Plus con Telefónica para crear un monopolio de la televisión por cable, y aprobando la concentración de su Cadena Ser con Antena 3 de Radio.

“Poco después de aquella derrota socialista se incorporaba igualmente al grupo Enrique Balmaseda, exdirector general del Instituto de Cinematografía, quien había mantenido excelentes relaciones con Sogetel, empresa de Polanco dedicada a la producción cinematográfica. Antes, a lo largo de la etapa González, Polanco había incorporado a directivos como Miguel Satrústegui, exsubsecretario de Cultura, mientras que Juan Arenas pasó de la presidencia de la empresa pública Focoex, de fomento de la exportación, a Eductrade, compañía de Polanco dedicada a la exportación de material escolar. Las actividades de Eductrade y Focoex han dado lugar a polémicas y a investigaciones públicas en países como Chile y Uruguay”.

Ese estilo –hacer negocios al amparo del poder– le permitió a Polanco no sólo ocupar el lugar 287 en la lista de Forbes de 2007 de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna superior a los 2 mil 200 millones de euros, sino constituir el Grupo PRISA como el conglomerado de medios de comunicación más poderoso, influyente y rico de España, y con una sólida presencia en América Latina.

El consorcio se halla en 22 países de Europa y América Latina, factura anualmente alrededor de 1 mil 500 millones de euros, sus ganancias netas se acercaron en 2006 a los 230 millones de euros (50% más que el año anterior) y tiene cerca de 10 mil empleados.

En materia de prensa escrita, PRISA es la empresa líder en diarios, con El País como periódico emblemático, que tira cerca de medio millón de ejemplares al día y cerca de 900 mil los fines de semana. También son de ese grupo el diario especializado en negocios Cinco Días, el deportivo AS, y las revistas Cinemanía, Claves, Rolling Stone, Gentleman y La revista 40. Fuera de España, PRISA es propietaria del 15.5% del francés Le Monde, y en Portugal es fuerte accionista del grupo Media Capital, que edita una decena de revistas y un diario gratuito.

En cuanto a radio, no sólo posee la emisora Cadena SER, líder en España –con 6 millones de oyentes diarios y seis emisoras musicales, las cuales le aportan otros 4 millones de radioescuchas al día–, sino que tiene invadida a casi toda América Latina. A través de su Grupo Latino de Radio es accionista, en algunos casos mayoritario, de emisoras líderes en sus países: Radio Caracol (Colombia, al 100%), W Radio (Radiópolis, México, al 50% con Televisa); Radio Continental y Radio Estéreo (Argentina), y lo mismo en Chile, Venezuela, Costa Rica y Panamá. Pero también tiene participación accionaria en empresas radiofónicas de Estados Unidos, Francia y Portugal.

En televisión, igual. Tiene la red televisiva más importante de España, lo mismo en el sistema abierto que en el de paga. Localia, Cuatro y Sogecable son los bastiones televisivos del grupo. En Portugal es copropietario de Media Capital, que concentra al 30% de los televidentes.

Pero en el ámbito editorial es donde ejerce un dominio absoluto. A través de Santillana encabeza la producción de libros en España y en América Latina, sobre todo en el sector de libros de texto. Sus sellos están en toda la región, y más fuertemente en México.

En materia de promoción y producción de eventos musicales también se hace presente el emporio español con la empresa Planet Events. No es la principal en el mundo, pero sí en España, y está entre las 50 más importantes de su tipo, según revistas especializadas. Dice su publicidad: “Planet Events promueve y produce acontecimientos y giras de primer nivel, liderando el mercado de actuaciones tras el éxito obtenido con las giras de artistas latinos. Fijación Oral, la gira de Shakira en 2006, que inició su recorrido europeo en España, fue vista por más de 250 mil personas. También destacaron las llevadas a cabo con artistas como Ricky Martin, Alejandro Fernández y Julieta Venegas”.

El internet también es campo de acción de PRISA. Prisacom, creada en el 2000, es la encargada de la elaboración, desarrollo y explotación de los contenidos del grupo en soporte digital y a través de todo tipo de dispositivos: computadoras, teléfonos celulares, PDA, televisión y discos compactos, entre otros. Todos los productos del consorcio tienen su versión en línea: elpais.es, as.com, los40.com, cincodias.com, cadenaser.com. Además, con Santillana en Red, presenta plataformas educativas en red para maestros, estudiantes, padres de familia, administradores de instituciones educativas y organismos públicos relacionados con la educación.

La alianza con Televisa

El despido de Carmen Aristegui de W Radio hizo volver los ojos del público mexicano al Grupo PRISA, que está metido de lleno en los hogares mexicanos a través de la radio. Es copropietaria con Televisa –al 50% cada una– del sistema Radiópolis, que tiene más de 70 estaciones, cubre 90% del territorio nacional, y con cinco programas abarca casi toda la gama de necesidades radiofónicas de buena parte de la población: Los noticieros de W Radio –ahora de capa caída por la salida de sus locutores estrellas Aristegui y Carlos Loret de Mola–; los 40 Principales, de formato juvenil, con música pop en español e inglés; Bésame Radio, para los aficionados a la música romántica; la Ke Buena, el programa decano en el formato de música popular (tropical, bandas gruperas, corridos), que es ya un símbolo del género, y Estadio W, de información deportiva.

Pero la alianza entre dicho grupo y Televisa realmente es joven. Data de octubre de 2001 –Vicente Fox apadrinó la firma del acuerdo entre Jesús de Polanco y Emilio Azcárraga Jean– y, al parecer, no les ha resultado buen negocio, pues de acuerdo con los informes financieros de Televisa, que reporta a la bolsa de valores, los ingresos netos de la sección Radio del emporio no abandonan el rango de 1% a 1.1% de los ingresos netos totales de Televisa. Eso, con todo y que los noticieros de Aristegui y Loret estaban entre los de mayor audiencia.

Pero antes de llegar a la radio mexicana, PRISA había incursionado casi diez años antes en México a través de la editorial Santillana, cuya presencia ahora en el mercado mexicano de los libros es más que contundente. Es propietaria de los sellos Alfaguara, Aguilar, Taurus, Richmond, Crisol y Altea. Es tal la fuerza de esta empresa que –según cifras propias– en 2005 vendió más libros en México que en la propia España. De 76 millones de ejemplares que produjo ese año, colocó casi 23 millones en México, contra 12.6 millones en España y 17 millones en Brasil.

Por supuesto, lo anterior no significa que en México haya más lectores que en esos países, sino que Santillana es el principal proveedor de libros de texto para la educación pública. Por ejemplo, en los ciclos escolares 1997-1998 a 2006-2007, de los 207.4 millones de libros para secundaria que se les compró al total de las editoriales que operan en el país, casi 26% le fue adquirido a las empresas de Santillana. En el ciclo escolar anterior, de 40 libros para secundaria autorizados por la SEP, 11 fueron de Santillana. De hecho, esta editorial es la principal proveedora de programas gubernamentales, como el de Bibliotecas de Aula y Hacia un País de Lectores.

El hecho, por supuesto, no tiene nada contentos a los libreros mexicanos. Por ejemplo, en julio pasado, cuando la editorial mexicana Siglo XXI cumplía 42 años, su director general, Jaime Labastida, se quejaba de que el gobierno en nada apoyaba a las editoriales mexicanas. “Veo que mientras a otras editoriales, particularmente Santillana –no tengo nada en contra–, se le compra el 40% del presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, a nosotros nos compra uno o dos títulos en el año”.

PRISA tiene como representante en México a un hombre que sus amigos definen como “interesante”, “ilustrado”, “buen conversador” y hasta “encantador”; y sus críticos dicen “sí, encantador… pero de serpientes”, con habilidades notorias para colarse y andar como Juan por su casa en los laberintos del gobierno. Es Antonio Navalón, asiduo visitante de Los Pinos y del Palacio del Antiguo Ayuntamiento, sede del gobierno capitalino. Igual en los gobiernos estatales. No se diga en las secretarías de Estado.

Navalón fue un dolor de cabeza para el secretario de Educación Pública de Vicente Fox, Reyes Tamez Guerra, a quien convencía de las bondades de Santillana para producirle libros de texto, con el consecuente disgusto de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, que siempre manifestó su enojo por el favoritismo hacia Santillana, que no ofrecía –decía– ni mejor precio ni mayor calidad que la Conaliteg.

Todo mundo le reconoce a Navalón habilidades para hacer negocios y piratearse a hombres y figuras públicas que le puedan reportar algún provecho a sí mismo y a PRISA. Él fue quien incorporó al grupo –originalmente en Santillana, sin cargo definido– a Juan Ignacio Zavala, hermano de la esposa del presidente Calderón. Sirvió de enlace para que los principales directivos del grupo se entrevistaran con Andrés Manuel López Obrador, Roberto Madrazo y Felipe Calderón cuando eran candidatos presidenciales.

Él mismo cabildea con “autores” para que en los sellos de Santillana se publiquen libros que, a su juicio, serán éxitos de venta. Así pasó, por ejemplo, con El hijo desobediente, de Felipe Calderón; Sin querer queriendo, de Chespirito; Pemex en la encrucijada, del exdirector de la paraestatal y ahora indiciado Raúl Muñoz Leos, y Asesinato de un cardenal, de Jorge Carpizo.

En Santillana, además de que su director general, Juan Arzoz, es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Canierm), PRISA y Navalón tienen a Mauricio Gómez Morín, a quien “jalaron” del Fondo de Cultura Económica –generoso sueldo mediante–, y quien es hermano de Lorenzo Gómez Morín, el subsecretario de Educación Básica con Reyes Tamez.

Navalón pactó con Gómez Morín la polémica y multimillonaria producción y venta de la edición especial de El Quijote hace tres años. En su momento, se acusó a Lorenzo Gómez Morín de haber autorizado la compra de 1 millón 50 mil libros de El Quijote a la editorial Santillana, a un precio unitario de 54 pesos, pese a que la Conaliteg replicaba que el costo real era de 39 pesos, por lo que el gobierno de Vicente Fox pagó casi 16 millones de pesos más por esos libros.

Lorenzo, artífice de la también polémica reforma a la educación secundaria, dejó la subsecretaría en octubre de 2006 para integrarse como director ejecutivo a la fundación Mexicanos Primero, que encabezan Fernando Landeros (Teletón), Claudio X. González junior (Fundación Televisa). Mexicanos Primero, “creada por empresarios que buscan incidir en las políticas educativas del país”, es financiada con donaciones de grandes empresas.

PRISA entre ellas, por supuesto. l