Aprueban diputados del PRD su plan fiscal

LaJornada

Roberto Garduño, enviado, y Ernesto Martínez, corresponsal

Entre sus propuestas se encuentran el rechazo al impuesto contra la informalidad, reducir el gasto público en 5% y destinar 3 mil 500 millones de pesos a 500 municipios con alta marginación.

Morelia, Mich. Los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) determinaron impulsar cambios fiscales relativos al rechazo del impuesto contra la informalidad (ICI), reducir el gasto público en cinco por ciento del monto general del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), atender con una bolsa de 3 mil 500 millones de pesos a 500 municipios con alta marginación, abatir el centralismo con objeto de avanzar en cambios sustanciales en materia educativa y desarrollar procesos de transparencia en el gasto de la administración federal.

Al concluir la reunión plenaria de legisladores del partido del sol azteca, éstos asumieron que la Contribución Empresarial de Tasa Única (CETU) no será aprobada en lo general.

En el caso del régimen de exenciones, el PRD sólo procedería a respaldar los siguientes casos: “que no sean instituciones de lucro, que en sus estados financieros (de las empresas o instituciones sociales) no se contemplen regalías y ganancias y que se cumpla con el registro de calidad".

“Encontramos receptividad con el PRI, y los estamos amarrando en una redacción, para que no sólo las ventas totales de una empresa, sino también las parciales que se hacen de una manera protegida sean objeto de impuestos, de modo que la enajenación de acciones que impliquen un cambio o transferencia del control de las empresas no goce de la exención prevista en la Ley del Impuesto Sobre la Renta”, argumentó Juan Guerra Ochoa, encargado de la negociación hacendaria y fiscal con el gobierno federal.

También proponen que se recorte cinco por ciento de los gastos de administración y operación del gobierno federal, y manifestaron su tajante rechazo al impuesto a la gasolina promovido por el gobierno de Felipe Calderón.

Por lo que hace al Impuesto Contra la Informalidad, la posición perredista pretende determinar si la base de los depósitos en efectivo y acumulables se eleva de 25 mil a 30 mil pesos para no afectar a las clases más desprotegidas y al sector medio de la sociedad.

La fracción perredista manifestó en su resolutivo la urgencia de cambiar la redacción del Código Fiscal de la Federación, con objeto de atender la inseguridad jurídica.

En este caso propone la suspensión de los plazos y generación de intereses para que cuando ocurra una solicitud de devolución de impuestos, la autoridad fiscal tenga facultades para iniciar un proceso de revisión de la citada solicitud; establecer la responsabilidad solidaria a los prestadores de servicios y profesionales independientes con las multas aplicables al contribuyente derivadas de asesorías en materia fiscal y contable y que se rechace la intención de conceder a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los procesos penales, ya que el acusado tendría que enfrentar al Ministerio Público y a la misma dependencia, concediendo con esto facultades discrecionales a la citada dependencia.