Un informe “desclasificado” del Archivo General de la Nación (AGN), elaborado por la Dirección Federal de Seguridad (DFS), fechado el 30 de enero de 1974 (clave interna H-235), firmado por el capitán Luis de la Barreda Moreno, su entonces director, señala cómo, en las actividades antiguerrilla, la Policía Judicial Federal detuvo en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a dos importantes miembros de la extinta Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S): Salvador Corral García y José Ignacio Olivares Torres.
Se menciona que les decomisaron dos pistolas calibre 9 milímetros al ser detenidos y que fueron trasladados a la ciudad de México para ser interrogados. En las instalaciones de la DFS, Salvador Corral declaró tener 27 años, ser originario de Los Corrales, municipio de Tepehuanes, Durango; dijo tener estudios de hasta primer año de medicina en la UNAM y también afirmó que, desde 1967, tenía contacto con núcleos guerrilleros, y que, al momento de su detención, era miembro de la dirección nacional de la organización clandestina mencionada.
Por su parte, Olivares Torres, “El Sebas”, dijo tener 29 años, ser originario de Torreón, Coahuila, licenciado en economía y no contar con ocupación ni domicilio fijo. Afirmó ser miembro del buró político de la dirección de la coordinadora nacional de la LC23S y dijo ser responsable de dicha coordinadora en Jalisco desde su fundación.
En su declaración, Corral García reconoce haber participado en diferentes comandos guerrilleros para asaltar bancos y oficinas empresariales; que durante 1972 y parte de 1973 vivió en las ciudades de Monterrey, Nuevo León, Chihuahua y Durango, “reclutando y politizando a nuevos miembros para la organización”.
En la información se destaca el hecho de que el 10 de octubre de 1973 un comando de la Liga secuestró en Guadalajara al cónsul honorario británico, Anthony Duncan Willians, y al empresario Fernando Aranguren Castillo. Entonces el gobierno mexicano rechazó negociar con la Liga y ésta liberó al diplomático inglés pero decidió ejecutar a Castillo.
En otro oficio de la DFS, con número 00032, fechado el 22 de octubre de 1973, se indica que Salvador era buscado para su detención por estar relacionado con la tentativa de secuestro y homicidio del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada y sus dos acompañantes, el 17 de septiembre de ese mismo año en la ciudad de Monterrey.
El expediente 80-57-73 del Fondo Documental (DFS del AGN) proporciona la media filiación de Salvador Corral: 26 años, 1 metro 67 centímetros de altura, pelo castaño semi-quebrado y abundante, mentón agudo, medio jorobado o de espaldas cargadas. Camina de forma peculiar porque tiene los pies planos y mueve mucho los brazos al caminar.
El día 7 de febrero de 1974, los periódicos La Prensa, Tribuna de Monterrey y El Porvenir, daban cuenta en sus ocho columnas que el hombre muerto, hallado en las calles Ribera del río Santa Catarina y Valeria de la colonia Fuentes del Valle (cerca de la casa de la familia Garza Sada), el pasado día 4, podría ser Salvador Corral García.
La hipótesis de la policía se basó en la identificación de fotografías que fueron mostradas a Monico Rentería Medina, Gustavo Hirales Morán y Elías Orozco Salazar, correligionarios del occiso y presos en el penal de Topo Chico, en Monterrey. El l4 de febrero del mismo año fue encontrado el cuerpo de Olivares Torres, en Guadalajara, Jalisco, cerca de la casa de la familia del empresario Aranguren Castillo.
El informe histórico de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), en su versión de 2006, apunta que Salvador y José Ignacio fueron “brutalmente torturados en el Campo Militar número 1: les introducen clavos al rojo vivo en las rodillas y los atormentan hasta arrebatarles la vida”.
Solo por parentesco
Otro reporte de la DFS, fechado el 10 de marzo de 1976 y firmado por el capitán Luis de la Barreda Moreno, precisa que dos días antes había sido detenido en la ciudad de Puebla “un individuo que, acompañado de una mujer y de otro sujeto, se encontraba en actitud sospechosa frente a la sucursal del Banco Nacional de México, los cuales al huir dispararon en contra de la policía, lográndose la captura de uno de ellos quien fue trasladado a la ciudad de México y puesto a disposición de la Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal e interrogado por agentes de la DFS”.
El documento subraya que “el individuo resulto ser José de Jesús Corral García, miembro de la LC23S, hermano de Salvador y Luis Miguel, ambos dirigentes de ese grupo subversivo, muertos en 1974 y 1977 respectivamente”.
Sobre esta persona cabe destacar que la recién desintegrada Femospp había solicitado dos veces en 2005 orden de aprehensión en contra del capitán Luis de la Barreda, como presunto responsable de la desaparición forzada de José de Jesús Corral García, en 1976, en Puebla.
La solicitud del Ministerio Público Federal, procedió en el juzgado 12 de distrito, a cargo de Juan José Olvera López, y se precisaba que en este hecho está involucrado el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla.
Informes de Amnistía Internacional indican que el 8 de marzo de 1976 Corral García, fisicomatemático y profesor de la Universidad de Sonora, fue secuestrado en Puebla por la policía judicial estatal bajo acusaciones de planear el atraco a un banco y desarrollar actividades “ideológicas subversivas”.
Según los informes oficiales, Jesús Corral recibió cuidados médicos en el Hospital del Sagrado Corazón de Jesús, en Puebla, por heridas que indicaban que había sufrido torturas antes de ser conducido a la jefatura de la policía judicial estatal.
El 9 de marzo de 1976 fue trasladado a la ciudad de México y presentado ante la prensa. El día 10 habría sido llevado al Campo Militar número 1, sin que hasta la fecha se sepa de su paradero.
El Piojo Blanco
El expediente de la DFS, registro H-235, con fecha del 24 de junio de 1977, señala que, “el día de hoy, a las 17 horas, en la esquina que forman las calles de Eugenia y Doctor Vértiz, colonia Narvarte, agentes de la Federal de Seguridad y de la Brigada Especial, sostuvieron un enfrentamiento con miembros de la LC23S, donde resultaron muertos dos de los principales dirigentes del Comité Nacional del mismo, Luis Miguel Corral García, alias “Joel, el Maestroca o Piojo Blanco” y otro sujeto que se conoce con los seudónimos de “el Güero Militaroso, Mario o Roque”, quien después se ubicó como Manuel Amarillas Palafox.
Sin embargo, los informes de la LC23S indican que Luis Miguel y Manuel fueron detenidos cuando se encontraban en la casa de seguridad donde se refugiaban y en ese lugar intercambiaron disparos contra agentes de la Brigada Blanca.
Documentos de la DFS, describen a Luis Miguel como dirigente nacional del grupo guerrillero mencionado; fue alumno regular del Instituto Tecnológico Regional de Ciudad Juárez, en la carrera de Ingeniero Industrial (matrícula 62763), de 27 años aproximadamente, “pero representa 33, ya que tiene arrugas pronunciadas en la cara, orejas prominentes, usa lentes al parecer por necesidad, bigote tupido, patilla y no se parece en la actualidad a la fotografía que se tiene de él”.
En lo que se refiere a la personalidad de este personaje se describe que fuma con exageración, es excesivamente delgado, de un metro 80 centímetros de altura. También se dice que su aspecto corresponde al de un maestro rural y que muestra un marcado temor en el desarrollo de actos delictuosos y es muy precavido en ellos.
Justicia por el pasado
Durante años se negó de forma oficial que en el pasado reciente de México existió una Guerra Sucia o guerra oculta (1965-1983) contra grupos de oposición; en particular, contra los movimientos armados de izquierda, que sufririeron en su militancia situaciones consideradas de lesa humanidad –desaparición forzada, homicidio y tortura– cometidas por las policías políticas mexicanas.
Hoy, “los documentos desclasificados de esas agrupaciones permiten ubicar con nombre y apellido a los probables responsables”, afirma el ex guerrillero de la LC23S, José Luis Moreno Borbolla. Asimismo, considera que en los dos últimos meses ha vuelto a ser noticia tanto la extinta Femospp como el exfiscal, Ignacio Carrillo Prieto, quien pretende buscar culpables por la falta de resultados en su encomienda para dar con los responsables de los delitos del pasado.
Para José Luis Borbolla y Alberto López Limón, exintegrantes de la Comisión Histórica de la Femospp, Carillo Prieto tiene un “desfase temporal” al hacer la denuncia de los obstáculos que tuvo que enfrentar en su labor como fiscal. La denuncia no fue hecha en el tiempo que Prieto estuvo al frente de la fiscalía, cuando era necesaria para llevar la encomienda de justicia y verdad que han demandado los familiares de las victimas de la Guerra Sucia desde la década de 1960.
En la revista Proceso, Carillo Prieto asegura que al haber llevado al expresidente Luis Echeverría Álvarez a testificar con relación a la masacre del 2 de octubre y la matanza del 10 de junio, justifica la existencia y el actuar de la fiscalía. Pero para José Luís Borbolla y Alberto López Limón, el fiscal “se olvidó mencionar que esa institución gastó 300 millones de pesos del erario nacional para llevar a compadecer a tan ilustre represor. No cabe duda que la justicia es bastante cara en México”.
López Limón y Borbolla Moreno coinciden en que si tomamos en cuenta que a lo largo de los cinco años de existencia de la fiscalía se llevaron a cabo 20 averiguaciones previas sin resultados de ningún tipo, los resultados de esa fiscalía son insignificantes. Concluyen que la Femospp, no aportó ningún resultado tangible a las demandas de los familiares de desaparecidos políticos y, si sirvió de algo, como en Guerrero, fue como un elemento de desunión y conflicto entre las organizaciones de los familiares y victimas de la Guerra Sucia.
Fecha de publicación: Agosto 1a quincena de 2007 | Año 5 | No. 84
