El pelele y Ulises Ruiz fueron inhabilitados moralmente por un tribunal popular, ya que las instituciones judiciales oficiales son cómplices de estos asesinos.
Existen hechos suficientes para procesar a Felipe Calderón y a Ulises Ruiz por haber cometido violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, sentenció el tribunal popular nacional, conformado por intelectuales, artistas, activistas y líderes sociales "ante la inutilidad y parcialidad" de los órganos de procuración e impartición de justicia mexicanos.
Luego de dos días de sesión en el Zócalo de la ciudad de México, los integrantes de dicho órgano popular determinaron que los funcionarios referidos serán "inhabilitados moralmente para realizar cualquier acto o declaración en nombre de México", y les exigieron permanecer en el
país "en calidad de arraigados", a fin de que respondan a las acusaciones por delitos que diversos sectores ciudadanos han formulado ante la instancia popular.
Integrantes de la APPO; escritores, como Carlos Fazio; las actrices Ofelia Medina y Jesusa Rodríguez; representantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y líderes de organismos defensores de derechos humanos, entre otros actores, conformaron el tribunal, la procuraduría y el jurado popular para analizar elementos, pruebas y testimonios presentados por víctimas de violaciones a las garantías fundamentales en distintos lugares, como Atenco, Oaxaca y Pasta de Conchos, y emitir una sentencia al respecto.
Peña Nieto, Mario Marín y Creel, entre los señalados
Tras analizar las pruebas y con base en la máxima de que "todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste", y en apego al artículo 39 de la Constitución, los ciudadanos concluyeron que existen elementos suficientes para señalar como presuntos responsables "de delitos lesa humanidad", en agravio de la sociedad mexicana, no sólo a Calderón y al mandatario oaxaqueño, sino también a los gobernadores del estado de México, Enrique Peña Nieto, y de
Puebla, Mario Marín; a los legisladores Santiago Creel y Diódoro Carrasco; al ex procurador de Justicia Rafael Macedo de la Concha; a los secretarios de Defensa, Guillermo Galván Galván; de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña; al ex presidente Vicente Fox, al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y a otros funcionarios.
Asimismo, señalaron como responsables de agravios contra los derechos
humanos de los habitantes de Oaxaca, del estado de México y de otras entidades del país a elementos de la Policía Federal Preventiva y del Ejército, así como a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes mediante jurisprudencia permitieron el uso de las fuerzas armadas en labores policiacas, lo que vulnera diversos acuerdos internacionales que "México está obligado a cumplir".
El tribunal de justicia popular subrayó que el Estado mexicano "se ha olvidado de que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, y ha generado una política de
criminalización de las luchas sociales, persecución, hostigamiento, represión brutal, hasta la tortura, el asesinato político y la desaparición forzada, con lo que violenta las garantías individuales del pueblo".
Ante ello, continúa el manifiesto, se ha permitido el abandono, la incapacidad y la complicidad para que estos agravios permanezcan en la impunidad, situación de la que culparon a los tres poderes de la Unión.
Entre los delitos que la ciudadanía atribuye a los funcionarios mencionados destacan ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, aplicación de la tortura -en particular en Atenco y Oaxaca, "donde se infligieron dolor y sufrimiento físico y sicológico grave, tratos crueles, inhumanos y degradantes a detenidos y ciudadanos, con objeto de que dejen de participar en la movilización social"-, lesiones, violación sexual, ejercicio indebido de la función
pública y los que resulten.
Al concluir su primera sesión pública, realizada el pasado viernes y ayer, el jurado popular estableció que debido a que los acusados no comparecieron y con objeto de no dejarlos en estado de indefensión, se les designará un defensor para que a su nombre alegue y ofrezca pruebas de descargo.
Los trabajos de este órgano popular continuarán para determinar si los acusados son responsables de los delitos de que se les acusa, por lo que la próxima sesión se realizará en San Salvador Atenco, mientras que la procuraduría de justicia popular continuará recabando elementos probatorios de todas las comunidades o personas a quienes les hayan sido vulneradas sus garantías fundamentales, por lo que invitaron a quien desee realizar una denuncia a enviarla a la dirección electrónica
juiciopopularnacional@gmail.com.
(De la Jornada)
