Cuatro golpes a las pensiones

Asa Cristina Laurell
salud@gobiernolegitimo.org.mx
Cuatro golpes a las pensiones
La devastación del sistema de pensiones a causa de la crisis era previsible y ha ocurrido tal como se había predicho con base en el conocimiento actuarial y económico al aprobarse las Leyes de Seguro Social y del SAR en 1995 y del ISSSTE en 2007. Desde el inicio del derrumbe del mercado financiero los fondos de pensiones de los trabajadores han perdido 64 mil millones, mientras que, en el mismo lapso, las Afore han tenido ingresos de 12 mil millones. Y la crisis apenas está empezando.

Aparte de la caída del valor de los fondos, la debacle económica golpeará las pensiones a causa del desempleo que conllevará la disminución del número de cotizaciones, de las semanas cotizadas y del monto depositado.

La “densidad de cotización” corresponde al tiempo con contribuciones a la seguridad social durante una vida laboral. Los actuarios han advertido que es necesario tomar en cuenta este factor, porque es determinante para el monto de la futura pensión en el actual sistema de capitalización individual.

Un estudio del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas de 2006 demuestra que la densidad de cotización de los contribuyentes al IMSS es en promedio 56 por ciento, o sea, si trabaja 40 años sólo cotiza 22.4 debido a la inestabilidad en el empleo. Esto conlleva que, en promedio, la futura pensión apenas será de entre 24 y 32 por ciento del último salario, según la Afore que administró el fondo de ahorro del trabajador. Esto a su vez significa que los fondos de la mayoría de los asegurados, particularmente las mujeres, no son suficientes ni siquiera para una pensión de un salario mínimo. Así, el Estado tendrá que proporcionar dinero fiscal para el pago de la pensión asegurada legal de esta cantidad. Estos datos se basan en cálculos anteriores a la crisis financiera y serán todavía más graves con ella.

La disminución de la densidad de cotización por el desempleo en la crisis también incrementa el riesgo de que el trabajador no alcance las mil 250 semanas de contribución necesarias para tener derecho a una pensión. Con la densidad de cotización precrisis, una vida laboral de 40 años correspondía a mil 165 semanas, por lo que se requeriría de otro año y medio de trabajo para alcanzar el mínimo de semanas cotizadas. Con la crisis financiera y la recesión será todavía más difícil cumplir las contribuciones obligatorias para gozar de este derecho y muchos tendrán que seguir trabajando a pesar de haber cumplido 65 años.

La recesión económica y el aumento del desempleo afectarán el monto de los fondos acumulados por la falta de contribuciones. Las Afore además siguen cobrando su comisión sobre el saldo de la cuenta a pesar de que no haya depósitos. Habría que recordar que el año pasado los diputados del PAN y del PRI, con la oposición del FAP, aprobaron cambios en la ley para que las Afore sólo cobren sobre el saldo de las cuentas de los trabajadores y no sobre los depósitos, lo que originó el incremento muy importante en el monto de las comisiones correspondiente a entre 1.17 y 3 por ciento sobre el total. La ley también creó nuevos Siefore (portafolios de inversión) de mayor riesgo financiero, sin que el trabajador pueda elegir a qué Siefore pertenecer, ya que la adscripción se hace según la edad. Ambos cambios entraron en vigor en marzo de 2008 poco antes de que empezara la actual catástrofe financiera.

La perspicacia de los asegurados del ISSSTE, que en su mayoría primero se ampararon contra la nueva ley y luego se negaron a elegir el nuevo sistema, los ha salvado de ser víctimas del afán neoliberal de poner sus fondos de pensión en manos de los grupos financieros. Es revelador que los únicos a los cuales el gobierno no ha impuesto un sistema de capitalización individual son las fuerzas armadas. La reforma de su ley de seguridad social, aprobada hace unas semanas, mantiene y fortalece el sistema solidario de reparto con aportaciones importantes del Estado.

Las evidencias inobjetables de la ineficacia del sistema pensionario de capitalización individual con administración privada se ahondan con la actual crisis económica. Ésta exige tomar medidas inmediatas de protección de los fondos de pensiones, cambiando el cobro de comisiones sobre saldo al cobre sobre los rendimientos de los fondos. Simultáneamente habría que diseñar un nuevo sistema incluyente y solidario de capitalización colectiva, en el que todos los adultos mayores, hayan cotizado o no, tengan una pensión mínima garantizada.

Pero si los pencionados no importan

Sale a relucir que el sistema de penciones es un fiasgo, con el tiempo los trabajadores se darán cuenta de la miseria que recibirán como pención y que a su vez será menor que la que entregaba el anterior sistema de penciones. Esto es un insulto ahora salen con que los trabajadores del estado estaran en las mismas condiciones. Claro volvemos a tener en la mira que el pueblo no importa en este sistema. Las penciones a la baja, pero las comisiones bancarias van a la alza. Millones padeceran el sistema de penciones actual ahora que tenemos bien presente que la población en México esta siendo más vieja y al mismo tiempo tendremos ancianos pobres o en la miseria total.

En valores de deuda externa y bonos, la mayor parte de recursos de las Siefore

JUAN ANTONIO ZUÑIGA

Al término de febrero de este año, 182 mil 500 millones de pesos de los recursos para la pensión de los trabajadores se encontraban colocados en valores de deuda externa, títulos de empresas del exterior, bonos bancarios y acciones de compañías privadas domiciliadas en el país, monto 69 por ciento mayor al observado en el mismo mes de 2006, indica el más reciente informe del Banco de México sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

El informe señala que el monto total de los recursos de pensión de los trabajadores, en las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefore), ascendía a 733 mil 400 millones de pesos al finalizar el segundo mes de este año, y registraba una elevación de 113 mil 700 millones respecto del nivel que tuvo en febrero de 2006.

De ese incremento anual, precisa, 56 por ciento fue utilizado en la compra de valores emitidos por empresas del exterior, así como en bonos de deuda externa, por un monto de 64 mil 200 millones de pesos. Estas inversiones aumentaron en 196 por ciento el saldo de los recursos de pensión colocados en títulos de esta naturaleza, el cual pasó de 32 mil 700 millones de pesos, en febrero del año pasado, a 96 mil 900 millones en el segundo mes de 2007.

Un 46 por ciento del aumento en la inversión total de las Siefore correspondió a títulos del gobierno federal y a la modalidad de papeles de deuda, identificados como certificados bursátiles emitidos por empresas paraestatales como Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, así como por los gobiernos estatales y algunos municipales.

Cae la rentabilidad

Continua La Jornada

Pensiones en riesgo

Uno de los aspectos que despierta más dudas y suspicacias en la nueva Ley del ISSSTE –que, como reveló Miguel Ángel Yunes el viernes 16 en el noticiario de Carmen Aristegui, se empezó a gestar desde noviembre– es el organismo llamado Pensionissste, que concentrará las cuotas individuales para la jubilación que aportan trabajadores y gobierno a fin de invertirlas en documentos o títulos de crédito. Para decidir en qué se invertirán dichos recursos se creará una “comisión ejecutiva”.

En la exposición de motivos de la citada iniciativa se establece erróneamente que las cuotas o afores de los trabajadores no irán a parar a manos privadas: “los recursos para el retiro de los trabajadores serán administrados por un organismo público denominado Pensionissste, y no por una administradora privada”.

Lo que se omite en ese apartado es que ese organismo durará sólo tres años, y que después los millonarios recursos pasarán a manos de Afores privadas, es decir, de bancos, como sucede actualmente con los fondos de retiro de quienes cotizan en el IMSS.

Según el artículo 104 de la ley propuesta, la obligación del Pensionissste será “administrar” e “invertir los recursos de las cuentas individuales en sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro”.Pero el problema no para ahí, detalla Di Costanzo: según el artículo 109, el mencionado organismo administrador deberá establecer un “régimen de inversión” que tendrá como principal objetivo asegurar “la mayor seguridad y rentabilidad” de los recursos de los trabajadores. Para ello, “las inversiones se canalizarán preferentemente a través de colocación de valores para fomentar: actividad productiva nacional, construcción de vivienda, generación de energía, producción de gas y petroquímicos y construcción de carreteras”.

Lo que llama la atención de Di Costanzo es una posible maniobra del gobierno federal: “La primera fue concesionar carreteras y la segunda esta ley, pero en ésta se incluye que se puedan comprar títulos en generación de energía y producción de gas. Eso no está permitido por la ley, por lo cual ya se vislumbra la tercera acción: reformas del sector energético. Por lo pronto, esta ley prevé algo que aún no está permitido”.

La decisión de invertir en estos títulos o bonos no será opcional para este organismo, ya que en el mismo artículo se establece como obligatoria. En el último párrafo se indica: “el Pensionissste deberá invertir en valores, documentos, efectivo y los demás instrumentos que se establezcan en el régimen de inversión determinado por su comisión ejecutiva…”.

Justamente la forma en que se integrará esa “comisión ejecutiva” es otra fuente de preocupación, ya que Elba Esther Gordillo tendrá la mayor oportunidad de manejarla, considera Di Costanzo.

Y es que, según el artículo 110, dicha comisión estará conformada por 15 miembros, de los cuales siete serán “vocales nombrados por las organizaciones de trabajadores”, y en la exposición de motivos únicamente se reconoce como representantes de los trabajadores a Joel Ayala, dirigente de la FSTSE, y a Elba Esther Gordillo, cabeza del SNTE. De hecho, se dice claramente que fue con ellos con quien se elaboró la citada ley del ISSSTE por ser “los liderazgos gremiales más significados e importantes”, aunque también hace referencia a “otras importantes representaciones sindicales” que omite nombrar.

En consecuencia, considera Di Costanzo, Gordillo podría designar a cuatro vocales y Joel Ayala a los otros tres.

Otros dos integrantes son el director general del ISSSTE, es decir el operador de Gordillo, Miguel Ángel Yunes –quien tendrá “voto decisivo”– y un vocal ejecutivo propuesto por el propio Yunes, “mejor dicho, por Elba Eshter Gordillo”, aclara Di Costanzo: “Ahí la maestra ya tiene seis de los 15 lugares”.

Los restantes miembros de la comisión serán designados por el gobierno: tres representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, uno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, otro de la Secretaría de la Función Pública y un representante del Banco de México.

En forma por demás irónica, en el apartado de justificación de la iniciativa para crear el Pensionissste se dice que “al canalizar el ahorro (de los trabajadores) a sectores prioritarios para el desarrollo nacional”, se convertirán “prácticamente en socios accionistas de los grandes programas de inversión en los sectores estratégicos del país”.