Impunidad, la herencia de Fox

El gobierno "del cambio y de la alternancia" fue incapaz de garantizar la seguridad de muchos de los periodistas de este país, en particular de 22 de ellos, que en distintos momentos de este sexenio cayeron víctimas del narcotráfico o del crimen organizado, en su gran mayoría.
A dos meses de que concluya esta administración, ninguno de esos homicidios ha sido resuelto, a pesar de las promesas, los organismos dedicados al fomento de las libertades, e incluso de la creación –en febrero pasado-, de una Fiscalía para indagar homicidios y agravios contra este gremio.
De aquella cifra, en 17 casos, los crímenes están directamente relacionados con temas o información que los comunicadores publicaron. Mientras que en cinco homicidios, el origen fue ajeno al ejercicio periodístico. Aunque es la autoridad, la que deberá indagar los motivos.
En los 22 asesinatos registrados, las investigaciones no han tenido resultados positivos, y siguen impunes. Aunque han sido detenidos varios posibles involucrados, hasta el momento y no obstante el paso del tiempo (el primer homicidio en este sexenio se cometió el 9 de febrero de 2001), en ninguno caso se ha logrado una sentencia.
El "gobierno del cambio" no fue distinto a otros sexenios en materia de libertad de expresión, ya que en la administración de Ernesto Zedillo se cometieron 24 asesinatos, y con Carlos Salinas 46.
En el periodo que se menciona, Tamaulipas es el Estado con mayor índice de asesinatos 7; le sigue Chihuahua (3); luego Veracruz (3), mientras que en Guerrero (2). Michoacán, Chiapas, Coahuila, Jalisco, Sinaloa, Baja California, Durango, registraron un caso por entidad.
No fueron pocos los llamados de periodistas para que el gobierno rectificara el rumbo. Jesús Blancornelas, director del semanario Zeta, recuerda en su libro En estado de alerta. Los periodistas y el gobierno frente al narcotráfico, la promesa incumplida del presidente para federalizar los delitos cometidos contra periodistas. En septiembre de 2002, comenta Blancornelas, nos dijo: "Esta es una iniciativa que mi gobierno va a considerar con el mayor interés, porque comparto con ustedes que la libertad de expresión y el derecho a la información son principios inalienables del ser humano."
Para Blancornelas, quien fuera blanco de un atentado del cártel de los Arellano Félix, la federalización es necesaria porque "trata de disipar cualquier influencia, política o particular, que pueda haber en las investigaciones de los crímenes".
Al respecto, la ex diputada Beatriz Mojica Morga, entonces presidente del Grupo de Trabajo para el Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, de la Cámara de Diputados, confirmó en su informe final, denominado La agenda pendiente, que la federalización de los delitos contra informadores es uno de los grandes pendientes que deja este sexenio, "porque hay muchas dudas respecto a lo que corresponde al ámbito local".
Ese Grupo de Trabajo fue creado en octubre de 2005, a partir de una iniciativa de la propia Mojica Morga para "atender todas las proposiciones que en materia de fortalecimiento de la libertad de expresión, así como las que relacionadas con las garantías del ejercicio periodístico, se presenten ante esta Soberanía" (LIX legislatura).
En entrevista, la ex diputada del PRD denunció las restricciones a las que se enfrentó este organismo: "Nos planteamos tres objetivos básicos. Uno: impulsar la legislación en torno a fortalecer la libertad de expresión. Es una iniciativa que se ha promovido en el Senado y que fue aprobada en el pleno de la Cámara de Diputados (18/04/06), respecto al secreto profesional. Dos: la despenalización de los delitos de prensa. Tres: la federalización de los delitos; que se quedó pendiente. Las dos primeras fueron aprobadas en la Cámara de Diputados, por eso yo puedo decir que el desempeño en el ámbito legislativo fue como estaba previsto. Dos de tres me parece un resultado bastante favorable, que pocas veces se logra en las comisiones."


Artículo completo en el Periódico Zócalo.