http://www.proceso.com.mx/noticia.html?nid=45293&cat=2
Papa caliente, el caso del Instituto Colimense de las Mujeres
pedro zamora
Mientras funcionarios e integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo manejan el asunto como una papa caliente y ofrecen explicaciones que se contraponen entre sí, la fracción parlamentaria del PAN solicitó hoy al secretario general de Gobierno, Juan José Sevilla Solórzano, una copia del expediente del caso.
Durante la comparecencia de Sevilla, en el marco de la glosa del tercer informe de gobierno, el legislador Jorge Octavio Iñiguez Larios, entregó al funcionario un documento, en el que le solicitó la documentación con base en los artículos 22, fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y fracción 11 del reglamento de esa ley, luego de que servidores públicos responsables de la fiscalización se han deslindado de los hechos.
El asunto se desencadenó cuando, a raíz de su destitución del cargo —demanda que habían sostenido desde meses antes organizaciones de mujeres y una parte de las integrantes del Consejo Directivo del organismo--, Catalina del Toro acusó al gobernador Silverio Cavazos de haber violado el estado de derecho por supuestas anomalías en el procedimiento de su remoción.
En clara respuesta a la reacción de la exfuncionaria, el pasado 18 de octubre, la directora general de Gobierno reviró, en conferencia de prensa, que quien se apartó de la ley fue la propia Catalina del Toro al pretender sustituir al consejo directivo del ICM sin el procedimiento legal, y dio a conocer presuntos malos manejos económicos —la mayor parte por gastos no comprobados o no sustentados conforme a los requerimientos de ley— por alrededor de 2.5 millones de pesos, en los ejercicios 2004, 2005 y 2006.
El destape de esta situación propició declaraciones de diputados del PRI y PAN, en el sentido de que, si se comprueban las anomalías, también resultaría implicado el contador mayor de Hacienda del Congreso, quien tendría que ser investigado por no reportar en sus auditorías las anomalías descubiertas.
En tanto crecían las dimensiones del caso, Silverio Cavazos bajó el tono al declarar, el viernes pasado, que no es objetivo de su gobierno dejarle “una mancha” a Catalina del Toro.
Indicó que lo que se informó “fueron situaciones que se mostraron en una contraloría que tenemos a nivel interno, del Poder Ejecutivo, precisamente para detectar posibles irregularidades. No estamos diciendo que hay una comisión de un delito o que hay una ilegalidad en la disposición indebida de los recursos”.
Posteriormente, el lunes pasado, el contador mayor de Hacienda del Congreso del estado, Arturo Flores García, se lavó las manos, al señalar, en conferencia de prensa, que de la cantidad señalada más de dos millones de pesos corresponden a recursos federales, y en los de origen estatal aseguró no haber detectado anomalías cuando fueron realizadas las auditorías.
Indicó que, a través de documentos originales, la Secretaría de Finanzas justificó la erogación de los recursos del ICM. “El gobierno del estado justificó plenamente su erogación, al mostrarnos el recibo que le gira a cada una de las instituciones”.
En su comparecencia realizada ayer ante el Congreso, la contralora general del gobierno del estado, Laura Elena Salazar Aviña, insistió que existen observaciones que no han sido aclaradas en relación con el manejo del presupuesto del ICM
“Están en proceso de investigación y una vez que se otorguen los elementos correspondientes, podremos deslindar las responsabilidades que correspondan”, señaló la funcionaria ante los diputados locales.
En este contexto, cuando el secretario general de Gobierno, Juan José Sevilla, recibió hoy la solicitud de la bancada panista del expediente del caso del ICM, respondió que en su momento dará la respuesta que proceda.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario