OTRA DE SUS INSTITUCIONES

Con el aval del presidente
Gloria Reza M

El exbanquero Roberto Hernández se vale de su amistad con el presidente Vicente Fox para despojar a los campesinos del ejido Emiliano Zapata de más de 900 hectáreas, donde se encuentra El Tamarindo, club de Hernández que está en litigio desde la década de los sesenta, asegura el abogado de los inconformes, Rodolfo Ruiz Ocampo. A pesar de que un juez ordenó a la Secretaría de la Reforma Agraria elaborar los planos que acreditarían la propiedad del predio a favor de los campesinos, añade, la dependencia se niega a cumplir con el mandato.

Para proteger los intereses de Roberto Hernández, exdueño de Banamex y propietario del club privado El Tamarindo, ubicado en La Manzanilla, Jalisco, el presidente Vicente Fox y la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) desacataron, por tercera vez consecutiva, la ejecutoria de amparo resuelta por el juez primero de Distrito en Materia Administrativa a favor del ejido Emiliano Zapata, señala Rodolfo Ruiz Ocampo, abogado de los ejidatarios.

El juez –añade el litigante– ordenó a la SRA que elaborara un plano mediante el cual se demostraría que dicho ejido es el único propietario de un predio de casi 7 mil 500 hectáreas. En éste se encuentra el exclusivo complejo turístico cuyas instalaciones abarcan 900 hectáreas.

El Tamarindo se ubica a unos 70 kilómetros de Manzanillo, a un costado de la carretera a Puerto Vallarta; fue una reserva selvática que da al mar y está rodeada de playas y acantilados. Ahí tiene una suntuosa residencia Roberto Hernández, amigo del presidente Fox. El exbanquero “se ha valido de esta relación para despojar a los ejidatarios de sus tierras”, sostiene Ruiz Ocampo.

En 1998 y luego de un litigio que se remonta a la década de los sesenta, el ejido presentó un recurso de revisión contra la actuación de la Reforma Agraria. En 2000, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito dio la razón a los campesinos y ordenó al Tribunal Superior Agrario (amparo 837/200) que requiriera a la SRA para que demostrara que elaboró el plano definitivo y que, de no ser así, procediera a realizarlo (Proceso Jalisco 12, 13 y 27).

La SRA aceptó realizar el plano a partir de otro elaborado en 1963 que ubicaba los terrenos del ejido fuera de sus verdaderas colindancias, principalmente con el mar. Sin embargo, la dependencia no contaba con que los campesinos tenían las escrituras originales, las cuales demostraban que todas las hectáreas colindan con el mar, incluido El Tamarindo. Al enterarse de ello, las autoridades agrarias desacataron la orden judicial.

Este club, uno de los mejores en toda la costa del Pacífico, fue desarrollado inicialmente por el grupo Sidek-Situr, propiedad de Jorge y José Martínez Güitrón, quienes compraron el terreno a Ramón Becerra.

En 1958 Becerra había adquirido el predio, que pertenecía a Wolf Heriberto Shirmer desde 1953, cuando se lo vendió Miguel Martínez, quien lo heredó de su padre, Alfredo Martínez, comerciante de Cihuatlán.

Las 7 mil 500 hectáreas formaron parte de la extensa exhacienda de Melaque, ubicada entre los municipios de La Huerta y Cihuatlán. Esta propiedad ya había sido afectada por el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, pero para evitar el reparto de esas tierras a los campesinos, sus dueños la dividieron en 26 grandes superficies que luego fueron vendidas a Amalia Fernández y a las familias Morán, Lugo y Gargollo. Fue en esta época cuando Alfredo Martínez se hizo del 20% de la exhacienda.

Años después, Miguel Martínez manifestó ante las autoridades agrarias poseer 640 hectáreas de excedencias o que supuestamente estaban abandonadas; dentro de estas tierras se encontraban las playas Majahua, Dorada y El Tamarindo, que finalmente fueron adquiridas por los hermanos Martínez Güitrón para construir el club.

Como el grupo Sidek-Situr se endeudó con Banamex, los hermanos Martínez Güitrón cedieron a este banco la propiedad del terreno. Pero cuando esa institución bancaria fue vendida en 12 mil 500 millones de dólares a Citibank, Roberto Hernández se quedó con el club.

Incumplimiento

La SRA –afirma el abogado de los ejidatarios– continúa protegiéndose con argumentos jurídicos endebles para no acatar la resolución del juez. Uno de sus alegatos consiste en que aún están por solucionarse juicios relacionados con el litigio agrario.

El director general adjunto en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRA, Alberto Pérez Gasca, dijo que “se encuentra imposibilitado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo toda vez que la Secretaría no fue señalada como autoridad responsable en el juicio de amparo, y solicita que sea el Tribual Unitario Agrario Distrito 38 el que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo”.

El pasado 18 de agosto, el encargado del despacho del Juzgado Primero de Distrito, César Alfonso López Rosas, puntualizó que “aunque no esté señalada como autoridad responsable, la Secretaría de la Reforma Agraria debe mandar brigadas y topógrafos para que, con apoyo en los documentos recabados, localice las tierras dotadas al ejido Emiliano Zapata, elabore el plano definitivo y se dé cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en abril de 2002”.

El abogado Ruiz Ocampo considera que esta resolución es tan clara como la emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyó que El Tamarindo pertenece al municipio de La Huerta y no a Cihuatlán, como argumenta Roberto Hernández.

Es curioso, añade, que cada una de las partes se basa en las mismas escrituras originales, pero las interpretan de acuerdo con su conveniencia. Incluso “el mismo Roberto Hernández reconoce las escrituras de origen, puesto que no objetó el asunto y ya hasta fue a platicar con el alcalde de La Huerta, Alberto Santiago Ochoa Vázquez, respecto a sus aportaciones por el impuesto predial, el cual, por cierto, busca que sea mínimo, partiendo de que el valor de las casas es de un millón de pesos, cuando en realidad están por arriba del millón de dólares”.

Las escrituras que posee Roberto Hernández y que lo acreditan como presunto dueño de las 900 hectáreas donde se ubica El Tamarindo no son válidas “porque son simples manifestaciones de excedencias y esto no causa ejecutoria contra las escrituras de origen que demuestran que en realidad son propiedad del ejido desde 1960, cuando fueron dotadas por el entonces presidente de la República”, asegura Ruiz Ocampo.

Daniel Becerra, integrante de la directiva del ejido, recuerda que los ejidatarios también se reunieron con el alcalde de La Huerta, quien les dijo “‘échenle fregadazos a Roberto Hernández’. Yo les ayudé en apoyar el movimiento en contra de El Tamarindo para que se haga justicia”. Sin embargo, hace unas semanas se realizó una reunión entre los ejidatarios y los representantes legales; aunque se le invitó, el alcalde Ochoa Vázquez no asistió.

En relación con la ejecutoria de amparo, el abogado de los campesinos asegura que en dos ocasiones ha enviado telegramas al nuevo titular de la SRA para que cumpla el mandato judicial a favor del ejido Emiliano Zapata; sin embargo, aún no ha recibido ninguna respuesta.

El Juzgado Primero de Distrito advirtió que de continuar la negativa del titular de la SRA, Abelardo Escobar Prieto, de elaborar el plano definitivo del ejido en los términos establecidos por el acuerdo presidencial desde 1960, el funcionario federal sería separado de su cargo y consignado ante el juez de distrito correspondiente.

El mismo aviso se hizo al presidente de la República, “quien en su carácter de superior jerárquico de la citada autoridad, incurre en responsabilidad por incumplimiento de la ejecutoria de amparo, por lo que también se le apercibe de que en caso de no demostrar ante este órgano jurisdiccional que conminó a la autoridad responsable a cumplir el fallo, se hará igualmente acreedor a las sanciones establecidas en el artículo 107 constitucional, consistente en su separación de cargo y su consignación ante autoridad competente”.

Hasta la fecha, el titular de la SRA no ha cumplido la disposición judicial, por lo que el pasado 19 de octubre los representantes del ejido solicitaron al juez primero de Distrito en Materia Administrativa que en vista del “desacato a un mandato legítimo se turne el presente juicio de garantías a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de los artículos 103 y 107 de la Constitución, con el fin de instaurar juicio de procedencia en contra del secretario de la Reforma Agraria procediendo su destitución del cargo y su consignación al juez de distrito correspondiente”.

En lo relativo a la situación jurídica del presidente Vicente Fox, el abogado de los ejidatarios comenta que “desconoce si el mandatario federal ordenó ya a su secretario la elaboración del plano definitivo del ejido, pero si no lo demuestra ante la autoridad, entonces procedería la separación de su cargo y la consignación por desacato”.