Presenta López Obrador proyecto de Ley sobre Precios Competitivos

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Miren nada más que bellezas manda el Presidente Legítimo Obrador, desde cuando el espurio fue nombrado "el eleigido, el eleito" y no más ni él ni sus chambelanes proponen algo, por si fuera poco se nos están aumentando precios y nos la quieren dejar ir. Pero ¡oh santos recorcholis yunque! el pueblo es mucha pieza y van a valer madre con todo y fraude... ¡Se acabó!


México, Distrito Federal
Miércoles 22 de noviembre de 2006

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* * Habría mayor capacidad para competir contra los productores de otros países, mayor empleo, el salario alcanzaría para comprar más y la inflación bajaría

* La propuesta ayudaría a las familias a ahorrar parte de su gasto, a los jóvenes, a la industria y el comercio, a las amas de casa y a los profesionistas

La economía nacional está agobiada por dos graves problemas: los monopolios y el cobro insuficiente de impuestos. Los dos proyectos de ley que presentamos contribuyen a comprender ambos problemas y ofrecen propuestas viables a un Congreso comprometido con el bienestar nacional.


1.- LEY DE PRECIOS COMPETITIVOS

Proponemos una ley que regule los excesos de precios o los precios exagerados, según los describe el artículo 28 de la Constitución. Los monopolios están prohibidos por la Constitución. Sin embargo, en la práctica muchas empresas se comportan como monopolios, debido al gran poder económico que tienen y sobre todo al poder que ejercen en determinados mercados de bienes y de servicios. En esos mercados lo que encontramos es que los precios son mucho mayores que en casi cualquier otro país del mundo. En todos los casos son mucho mayores que los precios en Estados Unidos, a pesar de que el salario promedio de ese país es casi diez veces mayor que el salario en México. Así, por ejemplo, el salario mínimo en Estados Unidos es de $445 pesos por día cuando en México es de $47.21. Aun así, la familia mexicana paga más de 2 veces por el cemento que compra con respecto a lo que paga la familia de Estados Unidos. Paga casi tres veces por una línea de Internet de banda ancha. Paga más de tres veces por cada minuto en una llamada de teléfono celular. Paga más del doble por la electricidad. Y paga casi tres veces por la tasa de interés de las tarjetas de crédito. Esto último, a pesar de que se trata de los mismos bancos otorgantes del crédito en México y en Estados Unidos.

Esta situación injusta para las familias mexicanas golpea a todos, pero sobre todo a la clase popular y a la clase media, que constantemente se están esforzando por hacer que el dinero alcance y a pesar de ello no lo logran. Pero también golpea a las familias de mayores ingresos. Para todos el exceso de precios es una reducción directa al poder de compra del salario.

Una política pública que constantemente castiga a la mayoría de la población debe corregirse sin mayor argumento. Más aun, cuando el daño a estos sectores de la población por otra parte es un beneficio para unos cuantos monopolistas.

En México es difícil explicar que estos abusos de precios existan año tras año, pero sobre todo desde que se privatizaron las empresas del estado, se eliminaron los apoyos a la población de menores recursos; y más tarde se rescataron a los bancos para venderlos a la banca extranjera, pues entre otras justificaciones quienes promovían estas medidas argumentaban que iban a hacernos más eficientes y lograrían bajar los precios. La única explicación de que estos productos y servicios se hayan encarecido es que ni el gobierno ni sus organismos reguladores han sido libres para actuar a nombre de la mayoría.

Hoy estamos en una nueva situación que ya no permite estos abusos. En lo económico, México es una economía totalmente expuesta a la competencia del exterior y por lo mismo si no tiene precios competitivos no va a sobrevivir en la globalización. En lo político, la gente se da cuenta de lo que hace el gobierno y sabe que los abusos de los monopolios sólo existen porque el gobierno lo permite.

Los analistas de las casas de bolsa conocen perfectamente los dos lados de la moneda: la carestía para la mayoría y el beneficio para unas cuantas empresas. Por eso señalan que las empresas mexicanas tienen grandes utilidades, mucho mayores que las que tienen cuando invierten en otros países. América Móvil (Telcel) tiene en México un margen de utilidad de 50%, pero en sus ventas en Brasil apenas logra 25% y en Argentina 9 por ciento. Cemex tiene ganancias en México de 40%, pero en Estados Unidos son de 31 por ciento. Banamex tiene ganancias de 33%, cuando su matriz, Citigroup, tiene ganancias de 24% en Estados Unidos. Kimberly Clark tiene ganancias de 30% cuando a escala mundial sus ganancias son 20 por ciento.

La propuesta de ley que hacemos, de ser aprobada por el Congreso, también traerá beneficios para la economía. Habrá mayor capacidad para competir contra los productores de otros países. Habrá mayor empleo. El salario alcanzará para comprar más. La inflación bajará.

Pero más importante que todo ello es que el país será más justo. Valen algunas precisiones sobre esta propuesta de ley.

La ley busca ser complementar la actual legislación en materia de competencia, pero enfocarse directamente en los precios, pues esta legislación y la Comisión Federal de Competencia se enfocan sobre las conductas de las empresas; así lo han estado haciendo desde 1993 cuando se crearon la ley y la Comisión. La ley y la Comisión de Precios Competitivos que proponemos deben tener un ámbito de acción independiente del ámbito de la actual CFC, aunque complementario. Esto es conveniente para evitar el conflicto de intereses. En particular, porque el tratamiento de asuntos relacionados con conductas monopólicas es menos directo y menos contundente que el tratamiento que aquí proponemos para identificar y para corregir los precios exagerados.

La ley no es para controlar los precios; por el contrario, es una ley que permitiría de manera mucho más libre el sano equilibrio de la oferta y la demanda del mercado, buscando la oferta del exterior cuando la oferta interna resulte excesivamente costosa. Esa es la filosofía de la apertura económica y de la globalización. Aunque en el pasado México se daba el lujo de mantener sectores protegidos los cuales podían vender a precios mayores a los internacionales. La mayor parte de esa protección fue eliminada a partir de los 80s; sin embargo, se mantuvo para sectores privilegiados. Esos sectores hoy son muy importantes para toda la economía.

Lo que esta ley propone es quitarles la protección del estado consistente en privilegios de exclusividad o protección de hecho en contra de importaciones sustitutas, en caso de que se demuestre que sus productos o servicios se venden a precios significativamente más altos que los precios de nuestra zona internacional de referencia, es decir Norteamérica y Centroamérica. En ningún momento la ley que proponemos utiliza el control de precios como mecanismo para reducirlos.

En cuanto al sector energético de propiedad estatal, lo que proponemos es que no abuse de su condición de monopolio y venda a precios competitivos. En este caso, el sector energético produce con costos menores a los precios internacionales y sería capaz de producir aun con menores precios si llega a eliminar su ineficiencia, mala contabilidad de costos y corrupción en contratos públicos. Lo que proponemos es que por encima de su costo el sector energético tenga un margen de utilidad razonable y que en razón de ello los precios a los cuales ofrezca insumos sean competitivos con los del exterior.

Lo anterior no es un capricho de nosotros para reducir las rentas ni del sector energético ni del sector empresarial. En primer lugar es de elemental justicia para las familias mexicanas y especialmente para las más modestas. En segundo lugar es necesario para la competitividad de la economía: con insumos energéticos u oros demasiado caros, las industrias no podrán competir y no habrá empleos. En tercer lugar, es consistente con el funcionamiento del resto de la economía. Si el resto de la economía está expuesto a la competencia de la globalización, no hay ninguna justificación para que esas pocas empresas y sectores son lo estén.


Cómo ayuda la ley a las familias más modestas

Nuestra propuesta ayudaría a las familias a ahorrar parte de su gasto, entre el 10% para las familias más pobres, al lograrse la corrección de precios exagerados comparados con los precios internacionales en una amplia gama de productos y servicios. La reducción sería de 6% del gasto actual para familias con ingresos alrededor de 10 mil pesos mensuales. Y sería de 4% para familias con ingresos de 20 mil pesos mensuales. El ahorro de las familias se origina en menores precios de la electricidad, el gas, la gasolina, la telefonía, el transporte, los materiales de construcción de sus viviendas y los créditos para sus casas.

Debemos aclarar que estas reducciones no son subsidios, como generalmente se maneja en el gobierno. Se trata de alinearse a los precios internacionales en aquellos casos en que los precios actuales son exageradamente altos. Los actuales subsidios se calculan así porque el gobierno ha difundido la creencia de que el consumidor debe pagar precios que permitan al sector de electricidad recuperar sus costos. Sin embargo, esos costos están calculados de manera también exagerada y por otra parte contienen muchas ineficiencias que los productores pueden y deben eliminar.


Cómo ayuda a los jóvenes

Esta ley también ayudaría a los jóvenes, porque les abarataría el costo del Internet y de las llamadas telefónicas por línea fija o por celular, así como el costo de transporte a sus escuelas y centros de trabajo. Además, al reducirse el costo de la electricidad a precios comparables con los de Estados Unidos, contribuiría a la reducción en el costo de educación y esparcimiento.


Cómo ayuda a la industria y al comercio

Nuestro proyecto ayudaría a todos los industriales y comerciantes que sufren la competencia del exterior, en especial a la industria mediana y pequeña que está agobiada por costos muy altos en casi cada renglón de sus operaciones, desde impuestos hasta regulación. Abarataría sus insumos básicos, como la energía, el cemento, las comunicaciones y el crédito bancario. Reduciría el costo de la cobranza y de los pagos electrónicos, al propiciarse una oferta más barata y competitiva de servicios bancarios y de pagos. Estas industrias y comercios que han sufrido mucho por la pérdida de competitividad y pérdida de mercados a proveedores de Asia y de Sudamérica, recibirían un impulso nuevo.


Cómo ayudaría al empleo

Nuestro proyecto ayudaría a los desempleados y subempleados que hoy están impedidos de contratarse con la industria y el comercio ante la pérdida de mercado por exceso del costo de sus insumos.


Cómo ayudaría a las amas de casa

Ayudaría a las amas de casa al aumentar el poder de compra del ingreso familiar, permitiéndoles mayor holgura en la asignación del gasto familiar.


Cómo ayudaría a los profesionales

A los profesionales les ayudaría porque esta ley eliminaría precios que hoy son prohibitivos para modernizar sus oficinas o sus talleres, utilizar la banda ancha, los sistemas de cable y telefonía y los sistemas de pagos electrónicos. Eso les permitiría ser más innovadores, desarrollar nuevas capacidades, mejorar nivel de vida y su productividad y capacidad de emprender negocios.