Y romper también con los medios masivos de comunicación vendidos y solapadores, que son su principal sustento...

Carlos Fazio
Romper el miedo

Desde las postrimerías del foxismo y en el breve lapso transcurrido desde la toma de posesión del sucesor impuesto Felipe Calderón, se ha venido construyendo en México un nuevo sistema de miedo con eje en la represión. El laboratorio del nuevo régimen autoritario es Oaxaca. La definición de autoritarismo de la Enciclopedia Británica dice: "Principio de obediencia ciega a la autoridad como opuesto a la libertad individual de pensamientos y acción. En el gobierno es un sistema político que concentra el poder en manos de un líder o de una pequeña elite no constitucionalmente responsable ante la ciudadanía, por lo tanto opuesto a la democracia". No hay duda de que en Oaxaca existe un régimen autoritario, antidemocrático, encarnado por el gobernador Ulises Ruiz, que ha practicado el terrorismo de Estado y la guerra sucia contra sus adversarios políticos y la ciudadanía en general, combinándolos con medidas propias de un estado de excepción.

También es evidente que Ulises Ruiz permanece en el poder por una decisión política adoptada en el periodo de transición por Felipe Calderón, quien logró consensuar con Vicente Fox el envío de la Marina de guerra, elementos de inteligencia militar y tropas de la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Agencia Federal de Investigación (AFI) para evitar su caída.

La acción represiva del Estado a través de sus órganos coercitivos local y federal ha tenido como objetivo golpear a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). La intención es desarticular o destruir al movimiento de resistencia civil pacífica que se opone al gobernador Ruiz, mediante el encarcelamiento selectivo de algunos de sus dirigentes, detenciones arbitrarias, desapariciones, la incomunicación de los detenidos, el uso sistemático de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidas agresiones sexuales a hombres y mujeres y un largo etcétera.

El intento de desactivación y desmantelamiento de la APPO se lleva a cabo desde una óptica eminentemente militar. La perspectiva castrense supone la eliminación del "enemigo" por cualquier medio. Pero para la eliminación del "enemigo interno" (o "antipatriota", como sinónimo de "vándalo", "extremista" o "subversivo") es necesario fabricar un consenso. A ello estuvo encaminada la propaganda maniquea (amigo-enemigo) del nuevo régimen calderonista, en alianza con el sátrapa Ruiz y la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Mediante una campaña de saturación a través de los medios de comunicación masivos, en particular los electrónicos, se logró construir parcialmente una visión confabulatoria de la realidad: la imagen de que el movimiento popular impulsado por la APPO era culpable del "caos" que imperaba en la entidad.

En nuestros días, desde el gabinete de Seguridad Nacional, el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña y el actual titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora ­quien como anterior jefe de la PFP contribuyó a instrumentar el operativo de escarmiento contrainsurgente del 25 de noviembre contra la APPO­, se han venido encargando de legitimar e institucionalizar el sistema de producción y difusión de miedo en curso. Se trata de desarticular a la APPO, sí. Pero además, la intención del nuevo régimen de mano dura es generar un miedo paralizante en toda la población. Un miedo que inhiba la acción sociopolítica de los mexicanos en general. La dinámica de la inhibición intenta generar un comportamiento silencioso de las mayorías; una conducta política inexpresiva, autocensurada, insensible al sufrimiento de las víctimas de la represión y que fomenta al mismo tiempo un escepticismo evasivo ante el avanzado grado de deshumanización del régimen, todo lo cual persigue una despolitización de la sociedad.

Eso explica la reaparición de la tortura como fenómeno político en México. La práctica de la tortura no representa un hecho de azar ni un accidente. La tortura es un acto político que no cabe atribuir al descontrol o a la perturbación de algunos sujetos aislados. Corresponde a una práctica deliberada, utilizada de manera planificada, sistemática, con el objetivo aparente de obtener información o confesiones mediante la generación de dolor agudo físico y síquico a una persona.

Pero también se trata de la destrucción del individuo en tanto opositor a un régimen político determinado. Se trata de "quebrarlo". De minar su voluntad, sus vínculos afectivos, lealtades, creencias. Con una tercera intencionalidad clave: la tortura persigue intimidar a terceros. Busca instaurar el terror en la población. Se trata, en definitiva, de generar la impotencia y el conformismo de las mayorías.

Por eso los regímenes autoritarios, como el que se está reconfigurando ahora en el México de Calderón, echan mano de la represión y la tortura para controlar y destruir a sus oponentes, en cuanto sujetos y organizaciones, y para neutralizar al resto de la población. Para inhibir la rebeldía potencial de la gente y de todos aquellos que puedan sentirse identificados con algún aspecto de las víctimas de la represión y expresar solidaridad. De allí el comportamiento prepotente y soberbio de quienes están impulsando el nuevo modelo represivo. Quieren dejar claro quién manda, quién da o quita, quién decide y define. Frente a eso se impone romper el miedo y seguir luchando. No hacerlo será dejarle el campo abierto al nuevo modelo de dominación violento que ya asoma.