Dos notas sobre el imperio de los casinos... o de como la suprema corte de la injusticia avala y legaliza el robo y la desintegración social...

Proceso

Apuestas, el poder del dinero
jenaro villamil

México, D.F., 23 de enero (apro).- Después de dos años de dilaciones, la Suprema Corte de Justicia resolvió en favor de los grandes y poderosos consorcios que detentan el negocio de los centros de apuestas. En retruécanos jurídicos francamente lamentables, los ministros determinaron que el reglamento expedido por el Poder Ejecutivo en septiembre de 2004 no viola la Constitución y, por tanto, la proliferación de los bingos, yaks, play city, caliente, mío, e-motion, es preferible a que los mexicanos realicen apuestas por internet “sin ningún control de la autoridad”.

La impresión más negativa es que los ministros se doblegaron ante el poder del dinero que representa esta industria. Y, por si fuera poco, con esta resolución dejan entrever que el litigio por la anticonstitucionalidad de la “Ley Televisa” será favorable para el consorcio mediático que no ha perdido una sola batalla en territorio nacional.

La suma de prebendas y concesiones para Televisa es impresionante: el gobierno de Fox le condonó una deuda fiscal millonaria en 2001; eliminó el impuesto del 12.5 por ciento; les refrendó sus concesiones hasta el 2021; le entregó permisos para abrir 130 centros de apuestas remotas y salas de números; concentró el 70 por ciento de los gastos en comunicación social del gobierno y de los partidos en el 2006 y, como cereza del pastel, se abre la posibilidad de que se quede con el espectro sobrante en el proceso de transición digital que representará un regalo no menor a los mil millones de dólares.

Por si fuera poco, ha logrado frenar la posibilidad de crear una tercera cadena televisiva que compita con Televisa y TV Azteca.

En el caso de los juegos y sorteos, Televisa no está sola. Junto con el consorcio mediático están los intereses de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), de Alejandro Soberón; los de la familia Hank Rhon; los de la familia de Ramón Aguirre; los de Carlos Abraham Mafud, poderoso empresario del sureste; de Olegario Vázquez Raña; de Raúl Quintana Fernández, expresidente del Club América; y, por si fuera poco, de decenas de políticos y camarillas del PRI y del PAN que ahora se pelearán no sólo por los votos y los cargos, sino por el naipe, los gallos, los galgódromos y las máquinas tragamonedas.

De acuerdo con la correduría Merrill Lynch el negocio de las apuestas puede alcanzar un valor equivalente al 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto y tan sólo en el caso de Televisa en 2007 el valor de sus 130 centros de apuestas, de las cuales planean abrir 10, puede ubicarse en los 2 mil 300 millones de dólares.

“Esperamos que Televisa abra siete salones de bingo en 2007 (con un promedio de 200 máquinas por establecimiento) y al usar su poder en el mercado publicitario alcance 25 por ciento del mercado de lotería en el primer año de operación”, explicó la correduría.

Esto es tan sólo una muestra del valor que representan los centros de apuestas. El olor del dinero, como todo lo relacionado al juego, impregna la resolución de los ministros de la Suprema Corte. Y como en todos los casinos y bingos, la casa nunca pierde.

En toda la argumentación, la que estuvo al margen fue la propia sociedad. ¿En algún momento se preguntaron los ministros si las consecuencias del juego intensivo beneficiarán en algo a la sociedad mexicana?


La Jornada

La Corte abrió el camino del negocio redondo a un puñado de empresarios: Daniel Olivares
Centros de apuestas entregan al fisco sólo 4% de sus ganancias; en otros países, 60%
Favoreció a Televisa, que ahora está en posibilidad de convertir cada hogar en un casino, afirma

FABIOLA MARTINEZ , ELIZABETH VELASCO
En México los dueños de establecimientos de juegos y sorteos (bingos y books) entregan al fisco un porcentaje mínimo de sus ingresos (entre 2 y 4 por ciento), mientras que en la mayoría de las naciones en donde operan centros de apuestas el pago a la hacienda pública oscila entre 30 y 60 por ciento del total de ingresos.

En casos como Montreal y Montecarlo, los ingresos de este tipo de negocios, propiedad del Estado, se destinan a la asistencia pública.

Sin embargo, en nuestro país el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ­para avalar la constitucionalidad del Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos­ abre el camino del "negocio redondo" a un puñado de empresarios.

Con su decisión, el máximo tribunal del país generó también las condiciones para "una pandemia de ludopatía", y la proliferación de actividades relacionadas con la delincuencia, como lavado de dinero, prostitución y alcoholismo, advirtió Daniel Olivares, de la organización social Di no a los Casinos.

Cabe recordar que en mayo de 2005 el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, otorgó decenas de permisos para la operación de bingos, es decir, centros cuyo eje de utilidades son las apuestas y los sorteos de números.

Los beneficiarios
Los polémicos permisos (cerca de 200) beneficiaron especialmente a empresas en poder de diversos medios de comunicación, desde donde se pueden promocionar sus productos y generar otras redes de apuestas a distancia: Apuestas Internacionales, filial de Televisa, con 130 autorizaciones; el resto de los permisos otorgados por Creel correspondió a las empresas Mio Games, de Jorge Alberto Fernández; Eventos Festivos de México, con aportaciones de Olegario Vázquez Raña; Promociones e Inversiones de Guerrero, de Carlos y Joaquín Riva Palacio; Promojuegos de México, de Raúl Quintana Fernández y Pablo Cortina de la Fuente (a ésta, Gobernación le autorizó, además, apuestas por Internet), y Juega y Juega, de Juan Eduardo Mounetou Pérez y Carlos Enrique Abraham Mafud.

De acuerdo con Daniel Olivares, con el fallo de la SCJN se abre la puerta para la operación de hasta medio millar de establecimientos de este tipo.

"El reglamento validado por la Suprema Corte está diseñado a la medida de los mercaderes de la adicción, en especial porque en el citado reglamento no hay ningún artículo pensando en la sociedad, en el grave riesgo de fomentar estas adicciones (ludopatía). Es un hecho que hoy estarán de plácemes todos los casineros", señaló en entrevista Olivares.

Di no a los Casinos ha recabado información diversa en torno a los efectos negativos de los bingos, documentos que, aseveró, entregó desde el año pasado a la oficina del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, casa de estudios que supuestamente realiza ­por encargo de la Secretaría de Gobernación­ un estudio del "impacto social" de los bingos.
Tras el decreto del reglamento en cuestión, en 2004, la Cámara de Diputados presentó una controversia constitucional ante la SCJN.

Y es que el artículo segundo de la Ley de Juegos y Sorteos (expedida en 1947) prohíbe los juegos con apuestas en territorio nacional, aspecto que ha sido derogado tras el fallo del máximo tribunal del país.

Comedia de votaciones
Antes, en un comunicado de prensa, Olivares manifestó que la determinación de los ministros de la SCJN es una "aberración jurídica increíble" y una "comedia" de votaciones.

El también director corporativo del Centro de Convenciones de la Ciudad de México sostuvo que con esa decisión la Corte "premia a los que, violando la ley, han instalado de facto casinos con juegos incesantes, y premia también a los funcionarios corruptos que han otorgado permisos ilegalmente, sin considerar los terribles efectos nocivos que las salas de apuesta generan en la sociedad".

Con ello, dijo, los ministros "han favorecido a Televisa, pues ahora la televisora está en posibilidad de convertir cada hogar en un casino".

El empresario del ramo turístico afirmó que la decisión de la mayoría de los ministros de dar marcha atrás a lo que previamente ya habían votado (habían declarado inconstitucionales los juegos de naipes y el cobro discrecional de impuestos por parte de la Secretaría de Gobernación) refleja las "incongruencias e inconsistencias" del pleno de la Corte.

Sobre el resolutivo de la SCJN, el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Armando Salinas, señaló que "todos estamos en la obligación de acatar ese dictamen. Yo no tenía dudas; a quien las tenga, hay que preguntarle si ya las disipó".