Extradiciones inútiles

Comentario: La situación es critica. Sabemos quelos Narcotraficantes deberían crecer las penas más duras por envenenar a nuestra sociedad. Sin embargo cuando las medidas se vuelven para satisfacer los egos de dirigentes dementes como Bush, y a parte como medidas para tomar vuelo ante la aun falsa presidencia del pelele, esto se convierte en una violación de los derechos humanos y una busqueda estupida de solucionar el grave problema del narcotráfico.

De Proceso

Sandra Bibiana Flórez

La experiencia de Colombia indica que las extradiciones de narcotraficantes –alrededor de 600– no han logrado abatir el negocio de la droga en ese país. Pulverizadas y multiplicadas, las mafias colombianas recurren ahora, para llevar los estupefacientes al hemisferio norte, a los cárteles mexicanos. Con todo, los colombianos afirman que su experiencia puede servirle a México. De hecho, los mexicanos Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, procurador y secretario de Seguridad Pública, respectivamente, viajaron a Bogotá para recibir “asesoría” en materia de lucha contra el narcotráfico.



BOGOTÁ.- A pesar de que Colombia ha extraditado a cerca de 600 personas durante los últimos 27 años –en su mayoría a Estados Unidos– por delitos de narcotráfico y lavado de activos, el negocio de las drogas sigue boyante y mantiene su dinámica.

Aunque las autoridades lograron desarticular los grandes cárteles de Medellín y Cali, surgieron cientos de pequeños y sofisticados cárteles, ya que, de acuerdo con expertos consultados por Proceso, este instrumento jurídico de cooperación internacional no ha funcionado como se esperaba.

Pese a ello, Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, procurador general de la República y secretario de Seguridad Pública de México, respectivamente, viajaron la semana pasada a Colombia para “aprender” de la experiencia de ese país en la lucha antinarcóticos. Ambos sostuvieron una reunion con el presidente colombiano Álvaro Uribe. En dicho encuentro se enfatizó la necesidad de “intercambiar experiencias” para “aprender reciprocamente de problemas que son comunes”, como los del narcotráfico, declaró Medina Mora.

El funcionario mexicano consideró de “una enorme riqueza la experiencia colombiana” en la lucha de los cárteles de la droga y señaló que ambos gobiernos acordaron incrementar la cooperación de esta materia.



Los “baby cartels”



El Ministerio del Interior y de Justicia suministró a Proceso información en el sentido de que el gobierno de Uribe ha hecho efectivas 458 extradiciones y aprobado 521 de las 827 solicitudes.

Uribe Vélez es el mandatario que mayor uso ha dado a esta figura en Colombia, e inclusive capos como Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela (antiguos jefes del cártel de Cali), así como los líderes guerrilleros de las FARC Ricardo Palmera (alias Simón Trinidad, acusado del secuestro de tres personas en 2003) y Omaira Rojas (Sonia) tuvieron que subirse al avión de la DEA para rendir cuentas ante las autoridades estadunidenses.

Según el Reporte mundial de drogas 2006 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), los precios de la cocaína en las calles de Estados Unidos y Europa son estables, y además el alcaloide es superior en términos de pureza. Un kilo cuesta 35 mil dólares en Estados Unidos, y 50 mil euros en Europa. Colombia tiene el mayor porcentaje de cultivos de coca en el mundo (54%), y le siguen Perú, con 30%, y Bolivia, con 16%.

Carlos Medina, subdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes, aseguró a esta corresponsal en junio pasado –cuando hizo público su último estudio– que en Colombia las casi 86 mil hectáreas cultivadas de coca produjeron el año pasado 776 toneladas métricas de cocaína tipo exportación, 279 más de las que estimaba la policía y 231 más que las previstas por Estados Unidos.

A su vez, el director de la fundación Seguridad y Democracia, Alfredo Rangel, aseguró en entrevista: “La extradición ha sido muy eficaz para combatir a los cárteles de la droga, pero no al narcotráfico. Ha ayudado a desmantelar a los principales cárteles que operaron en Colombia. No obstante, su impacto en el volumen total de producción de droga ha sido prácticamente nulo. No hay una correlación entre el incremento de las extradiciones y la disminución de la droga exportada. Parecería ser que entre más colombianos se extraditan, mayor es la producción de droga en Colombia”.

Agregó que “hoy en Colombia hay mucha más producción de cocaína que antes de que se implementara la extradición como un mecanismo punitivo. En un comienzo, se creyó que el fin de los grandes cárteles de Medellín y de Cali era el fin del narcotráfico. Ese fue un gran error, porque han sido sustituidos por pequeños cárteles que manejan un perfil social, político y económico mucho más bajo y que, en consecuencia, representan para las autoridades mayores dificultades para ubicarlos y combatirlos”.

Según informó a Proceso el general Óscar Naranjo, titular de la Dirección de Policía Judicial e Investigación (Dijin), son alrededor de 380 las organizaciones de este tipo que hoy funcionan en Colombia. Los baby cartels, como los denomina el alto oficial, encontraron en las mafias mexicanas aliadas estratégicas para distribuir la droga a varios países del hemisferio. Éstas, a su vez, aprovecharon la desarticulación de los grandes cárteles colombianos para penetrar en el negocio en Colombia.

Los cárteles colombianos emergentes no cuentan con la estructura necesaria para asumir los riesgos del transporte de droga a través de la frontera con Estados Unidos, mientras que los narcos mexicanos tienen la capacidad operativa y los contactos requeridos para fungir como intermediarios. Por eso, explicó Naranjo, México ha cobrado mayor injerencia en el narcotráfico, e inclusive en varios operativos se ha descubierto que muchas de las organizaciones colombianas obedecen ya instrucciones de mafias mexicanas.

El excanciller colombiano Augusto Ramírez Ocampo manifestó, por su parte, que “aunque los narcotraficantes algo le temen a la extradición y ésta ha sido una de las herramientas más útiles para que los gobiernos levanten verdaderas barreras judiciales a ese tipo de crímenes, esa medida no ha logrado disminuir las acciones de los extraditables, porque Colombia sigue siendo el más importante productor de coca y exportador de cocaína”.

Para Ramírez Ocampo, “no se tuvo en cuenta la capacidad de reproducción del crimen. Eso que estaba manejado por grandes capos, se convirtió en lo que hoy en Colombia se llama los traquetos: una gran cantidad de pequeños traficantes que no obedecen a un solo mando pero que, sumados, son capaces de exportar las mismas cantidades... Han logrado establecer una capilaridad muy grande e inventar nuevas rutas que están dando resultados. De uno o 10 capos, hemos pasado a 200 o hasta mil capos que exportan de manera directa”.

Ramírez concluyó que la extradición en Colombia ha sido un factor disuasivo, pero no tiene el poder suficiente para abatir el negocio. “Es un instrumento amenazante, pero tiene que estar acompañado por muchas otras medidas”.



Extradición politizada



La extradición en vez de ser un instrumento estrictamente jurídico o penal, se ha convertido en un recurso político. Y así lo señala Alfredo Rangel. “La extradición –manifiesta– ha operado como una espada de Damocles, que el Estado colombiano ha suspendido sobre las cabezas de los líderes de los grupos armados en Colombia y en ese sentido se ha utilizado políticamente”.

Recuerda que los guerrilleros Simón Trinidad y Sonia fueron extraditados en 2004 y 2005, respectivamente, luego de que las FARC se negaron a liberar a 63 secuestrados, como lo solicitó el presidente Uribe.

Con la extradición como amenaza, por ser una facultad discrecional del presidente de la república, continúa, los paramilitares optaron por los diálogos. Y ahora varios de sus líderes, como Santander Lozada, alias Salvatore Mancuso; Diego Fernando Murillo, Don Berna, y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, son requeridos por Estados Unidos bajo la acusación de tráfico de drogas.

El hecho es que, luego de las negociaciones con el gobierno –que comenzaron en 2002–, alrededor de 15 mil hombres dejaron las armas a finales de 2005 y hoy se encuentran en espera de que se les solucione su situación jurídica.

Álvaro Uribe Vélez suspendió la extradición de los jefes de las AUC que decidieron acogerse a la Ley de Justicia y Paz y esta determinación se mantendrá mientras los desmovilizados cumplan con los compromisos que adquirieron ante el gobierno, aunque no ha sido del agrado de la administración estadunidense, que ha invertido aproximadamente 4 mil millones de dólares en la lucha contra las drogas en Colombia.

Pero tal circunstancia se ha convertido, así mismo, en una oportunidad para capos que no pertenecían a los grupos paramilitares y vieron la posibilidad de evadir la extradición haciéndose pasar como tales, por lo que varios narcos compraron la franquicia a las AUC y lograron entrar en las negociaciones con el gobierno.

Para Alfredo Rangel, el uso político de la extradición “es muy útil porque puede allanar el camino para la paz, sobre todo para el cumplimiento de los acuerdos de paz por parte de personas que durante muchos años han estado vinculados al negocio de las drogas. Como la amenaza de la extradición no se cancela, sino que se suspende en el tiempo, funciona como una amenaza permanente”.



Guerra sangrienta



La historia de la extradición en Colombia ha estado plagada de hechos sangrientos.

Pese a que desde el 14 de septiembre de 1979 Colombia firmó un tratado de extradición con Estados Unidos, la fórmula no empezó a ponerse en práctica sino hasta 1984, cuando el presidente Belisario Betancur decidió adoptarla luego de que el narcotráfico asesinó al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla.

En ese año comenzó la década del “narcoterrorismo”, período en que los “extraditables”, liderados por los miembros del cártel de Medellín, Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, El Mexicano, impusieron el terror en el país. “Prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”, fue la frase con la cual Escobar abrió su guerra contra la extradición.

La mafia asesinó a 40 jueces y 550 policías. Se calcula que unos 5 mil colombianos fueron víctimas del terrorismo del narcotráfico en esa época. Los carros-bomba lograron destruir estructuras fortificadas como el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Entre 1988 y 1989, los crímenes adjudicados al narcotráfico crecieron 77%, y solamente en ese año la mafia perpetró 131 asesinatos.

Y no fue sino hasta noviembre pasado cuando se supo que detrás de la toma del Palacio de Justicia, que en 1985 realizó el grupo guerrillero M19, estuvo Pablo Escobar. Una Comisión de la Verdad delegada por la Corte Suprema de Justicia pudo establecer que el capo pagó 2 millones de dólares a la organización subversiva para que ingresara por la fuerza a la más importante sede de la administración de justicia y quemara los expedientes de los “extraditables”. En el dramático operativo murieron 100 personas, entre ellas 12 magistrados.

A raíz de la decisión presidencial de extraditar a los capos, los magistrados de la Corte Suprema comenzaron a recibir amenazas en el sentido de que serían asesinados si no declaraban la inconstitucionalidad de la Ley de Extradición. Y por órdenes de Escobar fueron abatidos personajes que, de una u otra forma, habían expresado su apoyo a la extradición, como el candidato a la presidencia Luis Carlos Galán, el exministro de Justicia Enrique Low Murtra, el procurador general Carlos Mauro Hoyos, los líderes de izquierda Bernardo Jaramillo y Jaime Pardo Leal, y periodistas de amplio reconocimiento nacional, como el director del diario El Espectador, Guillermo Cano.

En medio de un ambiente enrarecido, en 1991, durante la presidencia de César Gaviria, la Asamblea Nacional Constituyente prohibió la extradición de nacionales, y ello facilitó el sometimiento de Pablo Escobar a la justicia el mismo año, aunque en 1992 escapó de la famosa Catedral –una cárcel llena de lujos y comodidades– y un año después fue muerto por las autoridades cuando intentaba huir por el tejado de la casa donde se escondía.

No obstante que en 1997 el Congreso aprobó nuevamente la figura jurídica de la extradición, la avalancha de extradiciones no empezó sino hasta 2002, con la toma de posesión de Álvaro Uribe.



Negociaciones con los capos



Estados Unidos ve en Colombia un aliado en la medida en que cumple con el tratado de extradición, especialmente cuando tiene en sus manos a mafiosos “puros” (no miembros de la guerrilla o paramilitares) o lavadores de dinero, y mantiene las fumigaciones de cultivos ilícitos.

Sin embargo, las autoridades estadunidenses llegan a negociar la extradición y la libertad de algunos capos a cambio de que éstos les proporcionen información útil para desarticular redes o capturar a otros narcos, así como elevadas sumas de dinero a manera de indemnización para el país, al punto de que muchos de estos capos pueden vivir tranquilamente en diferentes ciudades de Estados Unidos con sus familias.

Tal como lo revelaron los periodistas colombianos Jorge Lesmes y Édgar Téllez en su libro Pacto en la sombra, aunque las autoridades estadunidenses siempre lo negaron, cientos de narcos colombianos han negociado su situación jurídica con dinero e información en las cortes federales de Estados Unidos mediante el Programa de Resocialización de Narcotraficantes, puesto en marcha en 1996 por la entonces fiscal Janet Reno.

Baruch Vega, el hombre clave en los acuerdos realizados entre narcotraficantes colombianos y Estados Unidos, aseguró a Proceso en diciembre pasado que lo mismo sucede con miembros de las mafias de México.

Como aseguró la periodista colombiana María Ximena Duzán en su columna de opinión publicada en el diario El Universal el pasado 23 de enero, “los extraditables de hoy en día prefieren negociar con la justicia estadunidense y conseguir, a cambio de una buena suma de dinero, de delatar a uno que otro compinche y de revelar alguna ruta, su codiciada libertad... Ninguno cambiaría ese paraíso por someterse a la lentitud de la justicia colombiana en una miserable cárcel colombiana atestada de gente que lo puede matar en cualquier momento”.