FELIPE CALDERÓN, ESE POLÍTICO DESPRECIABLE

Por Cuauhtémoc Amezcua Dromundo

Felipe Calderón, quien se ostenta como Presidente de México, en su gira europea ha evidenciado lo que es: un político despreciable. Suena fuerte, pero lo anterior no lo digo con ligereza ni constituye un exceso verbal; responde estrictamente al sentimiento que con su conducta promueve. He aquí ocho razones que sustentan lo dicho:

1. Rogar a los dueños del capital financiero y corporativo internacional, como Calderón lo ha hecho, que vengan a invertir a nuestro país, con la promesa de que tendrán todas las garantías del mundo, merece el repudio de todo mexicano patriota. Porque es un hecho probado por la historia, que las inversiones extranjeras directas no controladas ni condicionadas son, hoy en día, la principal causa de pérdida de la independencia y soberanía de una nación como la nuestra. Son el equivalente a lo que, en siglos pasados, era la ocupación del territorio de un país por soldados extranjeros. Por eso, los llamados de Calderón se pueden equiparar al que hicieran, en otro funesto momento de la historia, aquellos personajes de triste memoria, Juan N. Almonte, José María Gutiérrez de Estrada y José Manuel Hidalgo y Esnaurrízar –también conservadores, por cierto- al gobierno de Napoleón III de Francia, para que enviara sus tropas a invadir a México para implantar un monarca también traído del exterior: Maximiliano de Habsburgo.

2. Al prometer a los capitalistas internacionales que aquí estarán a salvo de las expropiaciones, Calderón pretende negar el derecho de los mexicanos de rescatar para la nación recursos que legítimamente le corresponden, como quedó plasmado en la Constitución, en su artículo 27, que dice: “La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés publico” y que “las expropiaciones... podrán hacerse por causa de utilidad pública”. Su pretensión de cancelar ese derecho fundamental no puede merecer otra cosa que el desprecio del pueblo.

3. Reiteradamente se ha referido de manera despectiva a las expropiaciones, tratando de descalificarlas, con lo que ofende la conciencia patriótica y la memoria histórica de los mexicanos, que nos sentimos profundamente orgullosos de haber recuperado para el patrimonio nacional la Industria Petrolera, en 1938, y la de la Industria Eléctrica, en 1960, entre muchas otras de las riquezas fundamentales de México, y que sentaron las bases para que el país pudiera avanzar hacia un desarrollo con independencia y progreso social. Porque nacionalizar, a fin de cuentas, es un acto patriótico por su esencia que conlleva rescatar a la Patria. Bien lo dijo Lombardo Toledano: “Nacionalizar es descolonizar”. Y por el contrario, privatizar la economía pública y promover las inversiones extranjeras sin condiciones, como lo hace Calderón, equivale a convertir a la nación en una neocolonia del imperialismo.

4. Calderón miente de manera deshonesta cuando vincula al “libre mercado” con el porvenir y a la intervención del Estado en la economía con el pasado. El orden es el inverso, por cuanto a su temporalidad. Nada más viejo que la teoría del libre mercado, que fue acuñada en el siglo XVI, en tiempos de Adam Smith. Fue al haber fracasado históricamente el capitalismo de libre mercado, cuando surgió la necesidad de la intervención del Estado en la economía.

5. Miente otra vez cuando culpa a las expropiaciones y nacionalizaciones, de la pobreza de nuestros pueblos. Está probado ampliamente que ha sido al revés, las privatizaciones y el conjunto de las políticas neoliberales son las que han estrechado el crecimiento económico durante los veinticinco años que llevan de estarse aplicando en México y en general en América Latina, además de haber causado la concentración de la riqueza en pocas manos, las de unos cuantos magnates, a costa de la miseria y la desesperanza de millones de hombres y mujeres. En síntesis: el neoliberalismo canceló el desarrollo de nuestros pueblos. Y Calderón lo promueve...

6. Sin que venga al caso, aprovecha todos los foros para ofender a pueblos y gobiernos hermanos, latinoamericanos, que al rescatar sus riquezas por la vía de las nacionalizaciones, no hacen otra cosa que ejercer su derecho soberano a la autodeterminación. Al actuar así, es evidente que lo hace con el fin de congraciarse con los poderosos, y esto lo lleva a entrometerse en asuntos que sólo competen a esos pueblos, conducta opuesta a la que nuestro pueblo ha propugnado a lo largo de su historia y que se concreta en el apotegma de Juárez: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

7. Sus alusiones a “dictaduras personales”, dirigidas a los mandatarios de pueblos hermanos, constituyen actos de irresponsabilidad, cobardía y falta de ética. Es irresponsable que un gobernante, el que sea, pretenda calificar a otros, de países distintos, como lo hace Calderón, porque de ese modo atropella el derecho internacional y vulnera un principio que es caro a todos los pueblos del mundo y particularmente al mexicano, que una y cien veces derramó su sangre para consagrarlo: el derecho a la no intervención. El hecho de que recurra a un lenguaje ambiguo al hablar de tales “dictaduras”, sin ponerles nombre y apellido, lo demuestra como un individuo cobarde, que tira la piedra y esconde la mano. Y es claro que miente, una vez más, cuando califica como “dictaduras personales” a gobiernos a los que sólo puede envidiar su esencia democrática, de la que Calderón carece.

8. Más allá de las diferencias menores, de estilo, Felipe Calderón actúa, en las cuestiones de fondo, de manera idéntica a como lo hacía Vicente Fox: como siervo del imperialismo. ¿Acaso se puede esperar otra cosa de un militante de la derecha, cuyas raíces están en el nazifascismo de los años treintas del siglo pasado?
En conclusión: un personaje como Calderón, embustero, bravucón, deshonesto y servil, y para colmo, llegado al puesto con malas artes, ¿puede merecer, acaso, consideración y respeto? Es claro que no; se trata de un político despreciable. Nada más y nada menos.

Ciudad de México, a 30 de enero de 2007.