La nueva guerra de la tortilla: para entender las causas reales del aumento al precio (así, o más marrano el asunto?)...

Luis Hernández Navarro
La nueva guerra de la tortilla

Durante su primer baño de pueblo desde que tomó posesión, Felipe Calderón resultó empapado. "¡Que bajen el precio de las tortillas y la leche, si no luego ya no vamos a tener que comer!", le gritó una mujer en el municipio de Chalco, en un acto con el mandatario. Otras más siguieron con los reclamos.

¿Por qué se ha incrementado el precio de la tortilla? Por tres razones básicas. Primera y más importante, por el acaparamiento y la especulación del maíz blanco por parte de los grandes monopolios agroindustriales. Segunda, por el incremento en insumos básicos para la producción, traslado e industrialización del grano: diesel, electricidad y gasolina. Tercera, por la subida del precio del maíz en el mercado mundial, como resultado de su uso en la producción de etanol.

México es el cuarto productor mundial de este cereal. El año pasado cosechó 22 millones de toneladas, principal aunque no exclusivamente de grano blanco. Se trata de un volumen muy lejano al producido por Estados Unidos: 280 millones de toneladas durante 2005, en lo esencial de maíz amarillo. Este país controla más de 70 por ciento del mercado mundial de esta semilla.

A diferencia de la mayoría de los países productores que utilizan sus cosechas como forraje, en México, así como en parte importante de América Latina, el destino del grano es el consumo humano. Somos una cultura nacida del maíz.

Durante décadas la Conasupo desempeñó un papel fundamental en la regulación de los mercados del país, acopiando, importando y distribuyendo el grano. Como resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) eso se terminó. Entre 1994 y 1998 funcionó como comprador de última instancia. En 1998, Ernesto Zedillo le dijo a las grandes comercializadoras (Maseca, ligada con ADM; Minsa, asociada con Corn Products Internacional y Arancia, y Cargill, fusionada a Continental) que debían encargarse del mercado nacional. Así, las funciones de un monopolio estatal que, a pesar de la corrupción funcionaba razonablemente bien, fueron trasladadas a monopolios privados que tienen como objetivo la ganancia rápida.

El desmantelamiento de la Conasupo fue un paso central en la privatización del mercado maíz-tortilla. Otras medidas gubernamentales en esa dirección fueron la liberación del precio de la tortilla a comienzos de 1999, y la desaparición de Fidelist, un programa de subsidio a la adquisición de este alimento que atendió 1.2 millones de familias en zonas urbanas marginadas.

Un gran cambio adicional fue el que se produjo con las modificaciones en la forma de procesar el grano. Durante muchos años la tortilla se elaboró mediante un proceso de nixtamalización, en la que molineros y tortillerías desempeñaban un papel clave. Esto comenzó a cambiar desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), en el que se impulsó la elaboración de este alimento a partir de la harina industrializada en lugar de la masa de nixtamal.

El cambio en este proceso productivo provocó un fuerte conflicto entre los actores económicos ligados a ellos, que, en su momento, se conoció como la guerra de la tortilla. El pleito redujo drásticamente la importancia de los dueños de molinos y tortillerías. En 2003, 49 por ciento de la producción de este alimento estaba en manos de los grandes industrializadores, y Gruma sola tenía el control de 70 por ciento de esa franja del mercado. En los cinco años recientes, en alianza con las grandes cadenas de venta al menudeo, esa porción ha crecido significativamente.

Estos industrializadores son, simultáneamente, acaparadores del grano local e importadores. Ellos controlan importantes inventarios y pueden administrar oferta y demanda para hacer subir o bajar los precios según convenga a sus intereses. Adquirieron parte significativa de la cosecha primavera-verano de Sinaloa (con mucho, el principal estado productor de la República, con casi 10 millones de toneladas durante el pasado ciclo primavera-verano) a un precio de mil 350 pesos la tonelada. Se calcula que fácilmente tienen en sus manos alrededor de un millón de toneladas de maíz. Y con sus existencias han jugado a la especulación, encareciendo artificialmente el precio del producto. Esa misma tonelada del grano de Sinaloa, colocada en la ciudad de México, tiene hoy un costo de 3 mil 500 pesos, es decir, 2 mil 150 pesos más del que se pagó por ella.

Es cierto que el precio del maíz en el mercado mundial ha aumentado en los meses recientes como resultado de la utilización del grano para elaborar etanol. Pero ese incremento no tiene relación con el precio que tiene dentro del país. En la Bolsa de Chicago se cotiza en alrededor de 144 dólares la tonelada, esto es, menos de la mitad de la cantidad a la que se vende en la ciudad de México.

El costo del diesel, la gasolina y la electricidad, todos ellos insumos necesarios para el transporte y el procesamiento del grano, subieron durante los últimos meses de la administración de Vicente Fox, impactando el precio de la tortilla. Pero esos insumos constituyen, tan sólo, 30 por ciento de los costos de producción.

El monto del aumento en el precio de la tortilla es absolutamente injustificado. Ni el incremento en los insumos ni la revaloración del maíz en el mercado internacional justifican las cantidades a las que se vende a los consumidores. El problema central es la especulación de los grandes acaparadores.

Esta especulación ha sido favorecida por el modelo de mercado que se creó a raíz de la entrada en vigor del TLCAN, del desmantelamiento de las agencias y empresas estatales de desarrollo y de la privatización salvaje. Se trata de un mercado claramente ineficiente, casi monopólico y especulativo. Un mercado en el que, gracias a políticos como Luis Téllez y Santiago Levy, el gobierno mexicano se cortó los brazos que le permitían intervenir para poner orden.

Hoy vivimos una nueva guerra de la tortilla que, a diferencia de la vivida en los años 90 entre distintos empresarios, enfrenta a los grandes agroindustriales y la población pobre. Se trata de una guerra en la que el gobierno de Felipe Calderón ha tomado claramente partido en favor de los monopolios que lo apoyaron para que llegara a la Presidencia de la República.