Excelente trabajo en la verdad sea dicha con el tema de Gil. La pregunta a este tipo de situaciones es: ¿Quién es el cumplable de las crisis en México? Con la imagen del alcance de la corrupción en México nos encontramos ante un enorme cloaca (fecalera para acabarla) de actos en contra del pueblo de México. Pero seguiremos viendo en los penales a personas que comenten robos por menos de diez mil pesos (según fuentes federales). Así que si te robas de millones pa arriba la impunidad aumenta. Vaya esto se llama profesionalizando el robo.
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Carlos Acosta Córdova Fiel a la tradición de impunidad en México, que se afianza y perfecciona con los gobiernos del PAN; amparado en una inmensa trama de complicidades con representantes del Ejecutivo anterior y del actual, y también con empresarios, políticos y funcionarios del Poder Judicial, el exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz acumula una cauda interminable de hechos fuera de la ley que, lejos de llevarlo ante la justicia, lo convierten en uno de los grandes intocables del país.
El vuelo 822 de United Airlines, que partió rumbo a Washington el miércoles 31 de enero a las 10 de la mañana, contaba entre sus pasajeros de primera clase a un personaje singular, que con mucha frecuencia entra y sale del país a la vista de todos, en virtud de que es un hombre público muy conocido. Pero esta vez lo hizo en sigilo, con pasaporte diplomático y acompañado, presuntamente, de Luis Mancera de Arrigunaga, el exprocurador fiscal de la Federación, abogado, amigo y exsubordinado suyo.
Se trata de Francisco Gil Díaz, el exsecretario de Hacienda, quien desde hace tiempo se halla bajo el escrutinio público no sólo por su reciente incorporación como “consejero independiente” al gigante financiero inglés HSBC Holdings apenas un mes después de haber dejado el cargo –lo que está prohibido por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos–, sino por una larga lista de pendientes –con la justicia, la sociedad, la ética, la transparencia– derivados de una actuación pública marcada por la impunidad y la sospecha.
Proceso intentó varias veces establecer comunicación con la oficina de Gil Díaz en México, a través de la dirección electrónica desde la cual el exfuncionario responde públicamente cada vez que se le hacen señalamientos en la prensa, con el fin de conocer los propósitos de su viaje a Washington y darle la oportunidad de expresar en estas páginas su versión acerca de lo mucho que se le imputa.
La única respuesta fue el silencio.
Una larga cola...
La salida de Gil Díaz del país y las condiciones en que la hizo –en sigilo, con pasaporte diplomático y acompañado de un abogado– coincide casualmente con una demanda de arraigo interpuesta ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la exservidora pública Lilia Cortés García –directora jurídica de la Subsecretaría de Egresos hasta noviembre de 2002–, derivada de la averiguación previa 131/UEIDCSPCAJ/2006, integrada por la dependencia contra Gil Díaz por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y desacato.
De hecho, el exsecretario está citado para comparecer esta semana ante el Ministerio Público, en la Mesa 8 de la Delegación Metropolitana de la PGR, para responder a las imputaciones de esos delitos.
Sobre Gil pesa, además, la denuncia por abuso de autoridad y omisión de hechos sustanciales en un juicio de amparo, presentada el 9 de noviembre pasado contra la Secretaría de Hacienda por Julio Scherer Ibarra, tras casi seis años de una persecución sistemática que incluyó, además del acoso público, 14 denuncias penales, todas sin sustento, por lo que la PGR exoneró totalmente, en mayo pasado, a Scherer Ibarra.
Los conflictos legales que enfrenta Gil Díaz se suman a la interminable lista de irregularidades que ha protagonizado a lo largo de su desempeño en el sector público: El desvío de recursos públicos a través de ISOSA, cercano a los 10 mil millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación, que no fueron enterados al erario. La simulación que permitió que la venta de Banamex a Citigroup se hiciera en la Bolsa de Valores y Roberto Hernández, su exjefe, no pagara impuestos por más de 3 mil millones de dólares. La manipulación entre ministros de la Suprema Corte para evitar que bancos beneficiados ilegalmente por Fobaproa no asumieran cartera chatarra. La “generosidad” para con parientes suyos a quienes favoreció otorgándoles concesiones para operar agencias aduanales. Los oscuros contratos entre ISOSA e Hildebrando, la polémica empresa del cuñado del presidente Felipe Calderón, mediante la cual ésta tuvo acceso a información confidencial de cientos de miles de contribuyentes.
En esa lista también destaca la falta de transparencia en el programa Boletazo, y en otros de fiscalización a través de la banca, en los cuales se han gastado más de 3 mil millones de pesos del erario para promover el uso de tarjetas de crédito, cuyo único saldo es hasta ahora un beneficio pecuniario y fiscal para los bancos y las televisoras –que “regalan”, con recursos de la hacienda pública, autos y enseres domésticos–, pero también un peligroso sobreendeudamiento de las familias mexicanas a través del plástico: la cartera vencida de los bancos en tarjetas de crédito pasó de 2 mil 100 millones de pesos en el año 2000 a más de 12 mil millones de pesos en 2006.
Finalmente –aunque no se agota la lista–, lo más reciente: la incorporación de Gil Díaz al Hong Kong Shangai Bank Holdings PLC., con sede en Londres a cuya subsidiaria HSBC México le correspondió supervisar y vigilar como secretario de Hacienda, hecho contrario al espíritu de la ley, y que de paso dejó al descubierto que Gil, aun siendo funcionario público de relevancia –como titular de la SHCP presidía la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)–, era miembro del Consejo Consultivo de la empresa estadunidense JE Roberts Cos. Inc, la principal accionista de Fénix Administración de Activos, la compañía que le ha hecho compras multimillonarias de activos y cartera crediticia al IPAB. Fénix fue la que le vendió cientos de casas, a precio de regalo, a los hijos de Marta Sahagún.
Desacatos
Gil Díaz es un hombre indiciado. La averiguación previa 131/UEIDCSPCAJ/2006, iniciada por la PGR el 15 de agosto de 2006, da cuenta de que, hasta el final de ese año, se negó en tres ocasiones a cumplir un mandato del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, acordado en sesión plenaria de los magistrados, de reinstalar en su cargo a Lilia Cortés García, quien injustamente fue separada en 2002 de su cargo como directora de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, cuando Gil era titular.
En principio, el delito consumado fue abuso de autoridad, pero la reiterada negativa llevó a Gil a incurrir en el de desacato por la obstinada decisión de no acatar tres laudos favorables a Cortés García establecidos por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, lo que indujo a la demandante a solicitar a la PGR que instruya a las autoridades judiciales para prohibir a Gil Díaz que abandone la Ciudad de México.
El proceso estuvo plagado de irregularidades, siempre en perjuicio de la demandante, al grado de que ésta tuvo que interponer, en mayo del año pasado, una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra de los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Laboral Héctor Arturo Mercado López, Alicia Rodríguez Cruz y Tarsicio Aguilera Troncoso, quienes, en una actitud deliberadamente en favor de Gil Díaz, nunca valoraron las pruebas testimoniales y documentales ofrecidas por Cortés García.
Inclusive, la exfuncionaria presentó una querella por presunto soborno contra Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, oficial mayor de la PGR y quien ocupaba el cargo de directora general de Programación y Presupuesto “A”, adscrita a la Subsecretaría de Egresos en la SHCP cuando despidió a Lilia Cortés por negarse ésta a quitar candados presupuestales que le darían total discrecionalidad a aquella en el manejo del gasto público.
De acuerdo con la denunciante, Barra y Gómez Ortigoza entregó el 9 de febrero de 2006, según consta en el voluminoso expediente, 50 millones de pesos a los citados magistrados a cambio de que ampararan a Hacienda y procuraran darle carpetazo rápido –incluida la no reinstalación laboral– al litigio de Cortés García, que llevaba ya cuatro años siendo un dolor de cabeza para el entonces titular de la dependencia.
El propio Consejo de la Judicatura sugirió a la exfuncionaria que presentara una denuncia de hechos ante la PGR por la presunta comisión de delitos derivada del soborno. La procuraduría integró la averiguación previa DGII/153/DF/2006 para investigar el caso. Como consecuencia, Lilia Cortés demandó a Gil Díaz el 15 de agosto de 2006 por abuso de autoridad. La PGR inició entonces la averiguación previa 131/UEIDCSPCAJ/2006. Para noviembre, desatendido el tercer laudo del Tribunal que ordenaba la inmediata reinstalación de Cortés García, ésta denunció al secretario de Hacienda (entonces Gil Díaz, pero la responsabilidad recae ahora en Agustín Carstens) por desacato a una orden de un tribunal legalmente constituido, como lo es el TFCA.
El 9 de ese mes, Lilia Cortés solicitó a la PGR efectuar la formal y oficial petición a las autoridades judiciales para que se prohíba a Gil Díaz abandonar el país, en virtud de que tiene abierta una averiguación previa por abuso de autoridad y porque está denunciado por desacato.
Pero nada ha pasado. Hacienda desa-tendió los tres laudos favorables a Cortés García, determinados en sesión plenaria de los magistrados del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para que se le reinstalara con todo y sus derechos laborales. Y la PGR no hace gran cosa con la denuncia por el presunto soborno, ni se aplica con la correspondiente al desacato y la solicitud de arraigo.
Por la impunidad y la indolencia con que se han conducido Hacienda y la PGR, el litigio de Lilia Cortés llegó ya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con el expediente 01922/2006-00 se estudia allí la revisión de una sentencia de amparo en la que, de manera insólita, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, presionado por los abogados de Gil Díaz, obliga al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a desdecirse de sus laudos favorables a Cortés García, a no reinstalarla bajo ninguna circunstancia y quitándole toda jurisdicción al TFCA en el caso.
La denunciante, abogada al fin –y que ha replicado jurídicamente todas las actuaciones de Hacienda en su contra a lo largo de más de cuatro años–, interpuso el 6 de febrero pasado un incidente legal ante el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito –parte del juicio de garantías con expediente número DT443/2007– a efecto de que se declare el impedimento de los magistrados Héctor Arturo Mercado, Alicia Rodríguez y Tarcisio Aguilera para llevar su caso, toda vez que los tres, afirma, tienen un interés personal en el juicio debido a su estrecha amistad con Cecilia Barra y Gómez Ortigoza.
Ella, insiste Cortés García, los ha instigado e incluso sobornado en beneficio del exsecretario de Hacienda y en perjuicio de la denunciante. La Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles prohíben expresamente a los magistrados atender un asunto en los que no puedan conducirse con imparcialidad e independencia.
Por lo pronto, Gil Díaz deberá comparecer ante el Ministerio Público esta semana, en la Delegación Metropolitana de la PGR.
Cinismo
La misma piel dura ha mostrado Gil Díaz en todos los casos en que ha sido cuestionado públicamente. Oídos sordos antepuso a la Auditoría Superior de la Federación en los casos de la Integradora de Servicios Operativos, S.A. de C.V. (ISOSA) y los bancos rescatados que se negaron, con su anuencia, a asumir créditos que legalmente no debieron ir al Fobaproa. Ignoró al Banco de México cuando la institución se opuso a que la venta de Banamex al Citigroup se hiciera en la Bolsa de Valores para no pagar impuestos. Se burló de los diputados que le exigieron rindiera cuentas sobre las turbias operaciones de los hijos de Marta Sahagún con el IPAB. Y pasó por alto la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que le prohibía expresamente trabajar, antes de un año, en una empresa relacionada con sus funciones como empleado del gobierno.
No obstante la conducta reiterada de desprecio a la ley y a la transparencia, no deja de llamar la atención el que Gil Díaz haya ignorado incluso al Senado de la República cuando éste le exigió información sobre el programa Boletazo y otros, mediante los cuales Hacienda le da no sólo recursos públicos a los bancos sino también facilidades fiscales para que promocionen –sobre todo en la televisión– el uso de tarjetas de crédito y de débito, y otros medios de pago electrónicos, con el fin último de fiscalizar más a los contribuyentes, de llevar pues un control más riguroso de las operaciones de empresas y personas físicas.
En octubre, la senadora priista Amira Griselda Gómez Tueme presentó en el pleno un punto de acuerdo para exigirle a Hacienda la información correspondiente. La Comisión de Hacienda del Senado le dio plazo de un mes al entonces secretario Gil Díaz para que respondiera sobre las muchas dudas que había –y hay– en torno de aquellos programas.
Una síntesis: En noviembre de 2004, la dependencia expidió un decreto por el que se otorgan estímulos fiscales a los bancos para promover el uso de medios de pago electrónico. Entró en vigor dos meses después, con la puesta en marcha de un fideicomiso denominado Fondo de Infraestructura de Medios de Pago Electrónicos (FIMPE). Los bancos aportarían mil 600 millones de pesos, deducibles de impuestos, para inversión en infraestructura, sobre todo la instalación de unas 300 mil terminales punto de venta (las máquinas en los negocios por cuya ranura se desliza el plástico) en pequeñas y medianas empresas.
Por su parte, el gobierno aportaría 3 mil 100 millones de pesos entre 2005 y 2007 –ha erogado ya 2 mil 600 millones; dejó el compromiso al nuevo gobierno de destinar otros 500 millones– para que los bancos puedan hacer, como lo han hecho, grandes campañas de publicidad de impacto masivo para promover el uso del plástico; financiar el programa Boletazo en Televisa y otros programas en TV Azteca con aquel mismo fin; patrocinar sorteos para incentivar el uso de medios de pago electrónico y realizar toda una estrategia para generar la demanda por terminales punto de venta.
En suma, los cientos de autos, enseres domésticos y premios en efectivo que “regalan” los bancos por los consumos con tarjeta, salen de recursos públicos, es decir, de los impuestos que todos pagamos. No se sabe de licitación alguna para la compra de los autos. En las consideraciones del Senado para exigir información a Hacienda están las siguientes: el beneficio para las televisoras, las cadenas de radio y los periódicos es claro: abultados ingresos por publicidad; para los bancos, no se diga: el número de tarjetahabientes, así como sus ingresos por intereses y comisiones por el uso de tarjeta han aumentado exponencialmente.
Pero nada claro es el beneficio para el gobierno: ni los bancos ni el FIMPE informan al Servicio de Administración Tributaria (SAT) ni a oficina alguna de Hacienda sobre los resultados del programa. Y así lo ha reconocido el propio jefe del SAT, José María Zubiría Maqueo, quien recordó que aquellos están obligados a rendir un informe de resultados cada tres meses.
De cuánto se ha incrementado la “bancarización” (cantidad de clientes por sucursal; sucursales por determinado número de habitantes), no hay un solo dato. Mucho menos de algún aumento en la recaudación o en la formalización de empresas y personas físicas.
Otra cosa que también quiere el Senado que se le explique es el sospechoso paso de Porfirio Sánchez, uno de los principales asesores de Gil Díaz y creador del programa, a las filas de Televisa, donde ocupa un cargo con rango de vicepresidente.
En noviembre pasado concluyó el plazo de un mes que le dio la Comisión de Hacienda del Senado para que informara sobre esos programas, y Gil Díaz simplemente lo ignoró, aunque tampoco la nueva administración ha hecho caso alguno a la demanda de información de los senadores.
Fiel, pues, a su costumbre.
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