Comentario: Este es el trabajo de la derecha, conseguir que los bienes de la nación pasen a nombre de unos pocos. Beneficio claro para algunos. Así que las cosas pasan por una coyontura para las masas: No hemos cumplido nuestro papel de organización. Seguimos jusgando a personas que no piensan igual que nosotros, censurando comentarios porque no cumplen nuestros parametros con el movimiento PRo AMLO. No compañeros no podemos salir con ese tipo de argumentos y volvernos en lo que criticamos: sectarios e intolerantes.
El siguiente texto nos hace referencia a algo que ya sabemos desde hace mucho que va a pasar. Tendremos los suficientes para dejar de lado nuestras posiciones egocentricas y trabajar por lo que no es afín. El triunfo de este movimiento no esta en que la derecha se organice o realice acciones o deje de hacer; esta en que nosotros como movimientos de "Izquierda" nos entendamos y logremos conjuntar esfuerzos.
Algunas circunstancias nos obligan a pensar que somos un movimiento inmaduro y por supuesto inconciente, insencible. El paso a la Revolución de conciencias pasa por sobre nosotros. Sobre AMLO. Porque la lucha de clases no nació en México, no nacio con ningún lider.
Diego Cevallos
Rebelión
El derecho a la salud, vivienda, educación y un salario digno son mandatos de la Constitución de México, que este lunes cumplió 90 años. Pero la realidad lo desmiente y otra vez aparecen ofertas políticas para remozar su texto, caduco en muchos tramos según expertos.
Entre los cambios que se proponen figuran pasar del sistema democrático presidencialista a uno con mayor incidencia del parlamento, abrir a la participación privada el sector energético hoy en manos exclusivas del Estado, introducir la figura del plebiscito, reformar el Poder Judicial y el sistema electoral y reducir la cantidad de diputados y senadores, que hoy suman 628.
En el aniversario de la entrada en vigor de la añeja ley fundamental, que coronó el proceso revolucionario de principios del siglo XX, el presidente Felipe Calderón exhortó a los actores políticos a "renovar el derecho desde el derecho, a renovar la Constitución desde la Constitución para adecuar los órganos del Estado y la relación de éstos con los ciudadanos".
"Las nuevas circunstancias que enfrenta el país en el mundo del siglo XXI nos exigen ir adelante, nos exigen construir los acuerdos necesarios a fin de modernizar nuestro andamiaje constitucional y legal", dijo el mandatario ante gobernadores y representantes de los poderes del Estado, reunidos en una sesión solemne.
Los legisladores tienen listo un proyecto de ley, que en caso de ser aprobado --lo cual prometen para antes de que termine el primer semestre en curso-- guiará las negociaciones y marcará los temas en lo que se pretende introducir reformas a las Constitución.
Según los líderes de los diversos partidos políticos, los cambios deberán estar listos en febrero de 2008.
Sin embargo, la tarea se dibuja "cuesta arriba por los disensos y los malos antecedentes", dijo a IPS el abogado constitucionalista Diego Pedroza, luego de recordar que los gobiernos y dirigentes políticos vienen prometiendo desde 1998 concretar una profunda reforma a la Constitución.
La necesidad de cambiar la ley suprema es un objetivo compartido por los tres principales partidos: el gobernante Acción Nacional (PAN) y los opositores Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el tradicional Revolucionario Institucional (PRI).
Pero cada una de esas agrupaciones tiene ideas distintas al respecto. El PAN, de corte conservador, busca impulsar la presencia del sector privado en la vida productiva, el izquierdista PRD tiene la intención de darle mayores poderes al Estado y ampliar el capítulo de las garantías individuales, mientras el PRI, colectivo en el que confluyen diversas tendencias, no hay definiciones claras.
Pedroza, quien trabaja para un despacho privado de abogados, cree que en las propuestas de revisar el sistema presidencialista, mejorar las reglas electorales y acotar el número de legisladores hay consenso. No obstante, en los detalles surgirán divergencias, que podrían extenderse a otros fundamentales como la rectoría del Estado sobre el petróleo, vaticinó.
Además, en el proceso surgirán demandas desde la sociedad civil, que tiene todo el derecho a participar en la definición de las reformas, y que los legisladores deberán considerarlas, añadió.
En la reñida campaña electoral del año pasado, en la que Calderón se impuso al izquierdista Andrés López Obrador, del PRD, por apenas medio punto porcentual de votos, las promesas de alcanzar reformas constitucionales fueron una constante.
Tanto el PAN como el PRD sostienen, en diversos tono, que a México le convendría pasar a un sistema semipresidencialista, donde haya un presidente elegido en las urnas y un jefe de gobierno que debe surgir de la fuerza política que tenga mayoría en el Poder Legislativo, que puede incluso pertenecer a una fuerza opuesta a la del mandatario.
Los defensores de tal sistema aducen que su principal virtud es alentar el consenso político entre partidos, lo cual no sucede con el modelo presidencialista cuando éste no tiene mayoría en el parlamento.
Desde 1997, cuando el PRI, que era gobierno, perdió su mayoría absoluta en el parlamento, los enfrentamientos entre poderes han sido constantes, aunque sin llegar a una crisis de envergadura.
Los roces políticos subieron de tono a partir de 2000, cuando el PRI, que gobernó sin interrupciones desde 1929, cedió la presidencia a Vicente Fox, del PAN, que dio paso el 1 de diciembre a su correligionario Calderón, quien tampoco cuenta con mayoría propia en el parlamento.
Gracias a las mayorías absolutas que tuvo el PRI hasta mediados de los años 90 en el Poder Legislativo, la Constitución de 1917 fue reformada para introducirle cerca de 400 cambios.
"No soy muy optimista de que en este gobierno se produzca la gran reforma constitucional. Pero ojala me equivoque, pues la necesidad de hacer un cambio macro salta a la vista", dijo el abogado Pedroza.
Para reformar las Constitución se requiere el acuerdo de las dos terceras partes de los legisladores y la posterior aprobación de la mayoría de los 32 parlamentos de cada estado en que está divido el país.
Los expertos sostienen que la Constitución tiene mucha carga emotiva debido a su origen revolucionario y postulados sociales, lo cual se conjugó con reformas que permitieron la agresiva apertura comercial de México iniciada en los años 80, las privatizaciones de varias áreas del Estado y la apertura a la libre competencia y mercado.
Aunque en el texto constitucional mexicano de 135 artículos se establecen el derecho a la salud, la vivienda, la educación, el empleo y a un salario digno, en los hechos cerca de la mitad de los 103 millones de mexicanos son pobres y millones no tienen acceso a varios de esos derechos.
Miguel Carbonell, coordinador del área de derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México, afirma que la ley fundamental de su país es la más vieja de América Latina. Indicó, además, que antes lo fue la de Argentina de 1853, pero recuerda que ese cuerpo sufrió una reforma integral en 1994.
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=40046
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Comentario: El caso más reciente el fraude y su validación por el tribunal es otra violación a nuestra Carta Magna. Gran parte de la situación en donde la derecha puede disponer de todo esto se debe a la apatía del pueblo, de ese pueblo que un le pasan por la espalda, lo pisan lo someten y aun así el da las gracias. El pueblo al poder y no dependamos de nadie. Porque el poder nace del pueblo.
La Constitución se interpreta y aplica al servicio del poder
Pedro Echeverría V.
Rebelión
1. Se conmemoró el 90 aniversario de la Constitución mexicana. El presidente de los empresarios, Felipe Calderón, desde un Palacio Nacional cercado con vallas metálicas en la plancha de la Plaza de la Constitución y en diversas calles del Centro Histórico, declaró que ''Nunca más una dictadura fundada en la fuerza o atributos individuales del dictador, que desafía el orden constitucional invocando falsamente al pueblo y a su voluntad''. Los líderes panistas, entre ellos Calderón, han mantenido mucho aprecio por el dictador Porfirio Díaz –derrocado por la Revolución en 1911- porque sirvió siempre a los empresarios, a la Iglesia y a los hacendados. Pero seguramente al hablar de “atributos personales” no pensaba en Díaz sino en Hugo Chávez. ¿Sabían que la esposa de Calderón tiene grandes celos porque su marido sólo piensa y sueña con Chávez?
2. Sin embargo, como se ha dicho, el presidente neoliberal cuando ataca a Chávez es porque no deja de pensar y soñar en López Obrador. Por eso le ha ordenado a su centenar de asesores y a los redactores de sus discursos que el eje de sus trabajos siempre deben confluir en la defensa del mercado y la privatización frente al nacionalismo y el populismo y que cualquier investigación o documento deberá tener ese objetivo porque es la línea de gobierno. Así que la llamada “defensa de la Constitución” y del “Estado de derecho” no es otra cosa que la defensa de los derechos de los grandes inversionistas nacionales y extranjeros quienes –junto a los gobiernos del PAN y del PRI- mantienen una fuerte dictadura en México. ¿Qué libertades defiende el presidente de los medios de información, sino la de los grandes propietarios de capital?
3. La Constitución mexicana, sea de 1824, 1857 o 1917 es, en términos generales, un conjunto de leyes que rigen la vida del país, que lo impulsan a la consolidación de sus estructuras como nación. Sin embargo, debe reconocerse que siempre ha estado al servicio de quien más poder económico y político ha tenido. ¿Acaso no se redactaron y proclamaron esas leyes por quienes en aquellos momentos ocupaban el gobierno? En el caso de la Constitución de 1917, la Convocatoria al Constituyente hecha por Carranza en 1916 vetó a zapatistas y villistas porque mantuvieron una abierta oposición al carrancismo. Sólo llegaron al constituyente diputados carrancistas, entre éstos un ala “radical” obregonista encabezada por Mújica, Colunga, Recio, Monzón, Jara y Baca que a duras penas pudo imponer la aprobación de algunos artículos sociales.
4. Esos artículos “avanzadísimos”: el 3, 27, 123 y 130, así como los primeros nueve que hablan de los derechos individuales, se interpretan y aplican de acuerdo a los intereses de las clases dominantes. Los abogados y las instituciones de justicia -siempre encuadrados para servir a los poderosos, sean del gobierno o empresarios- se valen de maniobras sin fin para servir a los clientes que les pagan. Por ese motivo cualquier asunto importante siempre se solucionará en beneficio de quien más fuerza política o económica tiene. Por eso el viejo Silva Herzog escribió alguna vez que siempre perdían los que no tenían un pariente o un compadre en el gobierno o en las llamadas instituciones de justicia. También por eso las cárceles mexicanas están abarrotadas de indígenas, campesinos, analfabetas y desempleados, que no tienen para pagar un abogado o para comprar a un juez.
5. En México está prohibida la esclavitud (artículo 2); la educación será gratuita, laica, obligatoria (3); el varón y la mujer son iguales (4); a ninguna persona podrá impedirse un trabajo (5); es libre la manifestación de ideas (6); es inviolable la libertad escribir y publicar (7); se respetará el ejercicio del derecho de petición (8); se respetará el derecho de reunirse y asociarse (9); la tierras y las aguas pertenecen a la nación, pero con derecho de trasmitirla a los particulares (27); toda persona tiene derecho al trabajo, los salarios mínimos deben ser suficientes; se reconoce el derecho de huelga (123); el culto religioso debe obedecer las leyes. Sólo hay que preguntase: ¿Quién decide qué es esclavitud, gratuidad, igualdad, trabajo legal, que tipo de ideas, qué libertad, etcétera, etcétera? Todo se define por la fuerza, por la interpretación, por el poder.
6. Cuando el Papa reaccionario negoció con los empresarios y el presidente Salinas en 1991, se ordenó la revisión del artículo130 para abrir totalmente las puertas al clero. Desde que se impuso el neoliberalismo y la privatización abierta en 1982 el artículo 123 ha estado siendo trastocado para imponer una reforma a la Ley del Trabajo y desaparecer la contratación colectiva, echar abajo las conquistas sindicales e imponer de manera total el contrato por horas. La liquidación de la propiedad colectiva de la tierra y los ejidos con la contra reforma agraria al artículo 27 en 1992 hizo reaparecer el gran latifundio, y con el recorte de inversión pública en educación el artículo 3 se convirtió en una burla, porque la educación privada creció en beneficio de las clases altas. ¿De qué Constitución se habló el pasado 5 de febrero sino de la de los poderosos?
7. De esa Constitución se han valido, desde siempre, la derecha política y empresarial que –teniendo a su servicio a jueces e instituciones- siempre ha controlado el poder de decisión. Los justos enunciados constitucionales sobre libertad, igualdad y solidaridad, son solo premisas que pueden interpretarse por cualquier jurisconsulto para ponerlas al servicio del poder. ¿Quién determina que una manifestación o un plantón viola o no los derechos de terceros, que un periódico independiente promueve o no ideas disolventes, que el monopolio televisivo cumple con la ley o no, que una huelga es legal o ilegal o que alguna elección es democrática o fraudulenta? Determina indiscutiblemente el poder y no hay de otra. Solo después que el poder da la línea, los abogados y las instituciones se ponen a trabajar para justificar y “fundamentar” la orden dada.
8. Lo cierto es que la Constitución mexicana es una constitución burguesa por los objetivos que buscó y logró instituir. En la revolución participó el pueblo explotado y oprimido pero fue la pequeña burguesía –que más adelante se transformó en gran burguesía- la que se quedó con el control de ella. El respeto a la propiedad privada es la esencia fundamental de la Carta Magna. Esta, según se repite, es inviolable y quien atente contra ella recibirá todo el peso de la ley. Otra cosa hubiera sido la Constitución si los campesinos y las clases populares hubieran derrotado al Porfiriato y a la burguesía, pero otra cosa sería si un pueblo armado y con un alto nivel de conciencia colectiva obligara a los gobernantes a cumplir. Otra cosa es discutir si estaban dadas las condiciones subjetivas nacionales e internacionales para ello.
9. Mientras tanto el presidente Calderón, que está entregando México a los banqueros extranjeros, sigue soñando con Chávez. Muere de coraje porque e l salario mínimo en Venezuela –según Luis Hernández de La Jornada- es de 220 dólares (junto a beneficios como el de tres meses de aguinaldo), cuando hace unos años era de apenas 100. Uno de los más altos en América Latina y superior al que perciben los trabajadores mexicanos: 137 dólares; además escribe que Venezuela ha sido el país sudamericano con mayor crecimiento económico en los últimos tres años, casi el doble del promedio de la región.
Quizá habría que decirle a Calderón que el camino que escogió para consolidar su gobierno se parece más al Plan Colombia que a la Constitución que dice defender. Lo que en México necesitamos es otra Constitución, pero al servicio de los oprimidos.
pedroe@cablered.net.mx
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