Unidos contra la derecha

De PROCESO

Rosalía Vergara La imagen de México como un país que goza “de una democracia estable y con vitalidad” que el presidente Felipe Calderón presentó en Londres el pasado 29 de enero, en el marco de su gira por Europa, no corresponde a la realidad que vive gran parte de la ciudadanía.

Y ese contraste quedó en evidencia el miércoles 1, cuando los periódicos de circulación nacional informaron acerca de la primera mega marcha que concentró en el Zócalo de la Ciudad de México a decenas de miles de ciudadanos que salieron a las calles a protestar contra las primeras medidas implantadas por la administración calderonista.

Las movilizaciones contra la política económica del gobierno federal se realizaron simultáneamente en el Distrito Federal y en nueve estados más: Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla y Tlaxcala.

Así, mientras el mandatario pregonaba en el extranjero que México “es un seguro contra populismos” y prometía a los inversionistas convertirlo “en uno de los mejores destinos del mundo”, sindicatos independientes, integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP), así como organizaciones civiles y ciudadanos, protestaron contra el alza en el precio del maíz que detonó una escalada de aumentos a productos básicos.

El jueves 1, a sólo dos meses de que Calderón arribara a Los Pinos, los diarios de la Ciudad de México informaron acerca de la primera mega marcha del sexenio y desplegaron fotografías panorámicas del Zócalo capitalino en sus primeras planas, en las que se observaba a representantes del FAP, conformado por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, así como a diputados y senadores; al “presidente legítimo” Andrés Manuel López Obrador y a su gabinete, a líderes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), del Comité Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp) y de la Coalición Ciudadana Nacional. Todos ellos protestaron por las medidas de la administración calderonista.



Por un nuevo pacto social



La indignación social creció a raíz de que el gobierno federal anunció un incremento en el precio de la tortilla, lo que llevó al gobierno de Calderón a firmar con los representantes de la industria harinera y nixtamalera, el 8 de enero, el pacto para estabilizar el precio de ese producto. Sin embargo, los acaparadores del maíz siguieron especulando con el precio del grano. Después siguieron los aumentos en 34 productos básicos, entre ellos el del huevo, el del frijol, así como el del gas y el de la gasolina.

En este contexto, el FAP, los sindicatos y las organizaciones campesinas y civiles unificaron sus demandas y programaron la marcha del 31 de enero para enfrentar, decían, a la derecha en el poder y luchar “contra la desigualdad económica y social que ha cancelado el futuro de millones de mexicanos”.

Ese día, dieron a conocer la Declaración del Zócalo, así como la propuesta de incremento salarial de emergencia y de que se fijen precios de garantía a los productos del campo, ésta última patrocinada por el “gobierno legítimo” de López Obrador.

Firmada por el FAP, la UNT, la Conorp, el Frente Sindical Mexicano (FSM), la Coalición Ciudadana Nacional (CCN) y el Congreso Agrario Permanente (CAP), la Declaración del Zócalo fijó cinco líneas para crear un Nuevo Pacto Social y redefinir el rumbo económico, político y laboral del país:

“Hacer del campo la prioridad, actualizando el Acuerdo Nacional para el Campo; renegociar el capítulo agropecuario del TLC (Tratado de Libre Comercio); frenar el aumento de los productos básicos; generar empleos formales con salarios dignos para reactivar el mercado interno; crear espacios institucionales para que los sectores sociales participen en políticas públicas y el gobierno deberá comprometerse a detener la represión contra movimientos sociales y a respetar los derechos humanos.”

El objetivo, según los organismos firmantes, es modificar la política económica del país, garantizar la inclusión social, la equidad, la competitividad internacional, el empleo y la alimentación, así como controlar y administrar la nación de manera eficiente sobre sus bienes básicos y estratégicos.

“La nueva política social deberá apoyar las capacidades productivas y organizativas de los diversos sectores sociales; pondrá en el centro a la educación laica, gratuita y de calidad, así como la seguridad social. Este nuevo pacto incluye cambios en el ámbito electoral y en el régimen político para dar seguridad a la ciudadanía sobre el resultado de su voto, para promover la democracia, democratizar el mundo del trabajo evitando la injerencia gubernamental en su vida interna.”

La noche del 31 de enero, López Obrador adelantó las cinco acciones inmediatas para apuntalar la economía nacional y popular: aumento salarial de emergencia, un programa de apoyo a los productores de alimentos básicos, impedir que en 2008 entre en vigor la cláusula del TLC que permite la libre importación de maíz y frijol, el subsidio al precio de la tortilla y que se apruebe la iniciativa de Ley sobre Precios Competitivos que presentaron en el Senado de la República.

“En estas circunstancias, aunque estemos inmersos en una profunda crisis económica y de bienestar social, considero urgente defender el salario, rescatar el campo del abandono y apuntalar la economía popular”, señaló López Obrador.

Al día siguiente, Mario Di Costanzo, Luis Linares y Bertha Luján, secretarios de Hacienda Pública, Desarrollo Económico y Ecología y del Trabajo del gabinete del “gobierno legítimo” de López Obrador, respectivamente, dieron a conocer esta propuesta de manera formal. Aseguraron que está basada en la no privatización de la energía eléctrica y en la necesidad de impulsar una reforma fiscal que obligue a los grandes contribuyentes a pagar impuestos.

El documento denominado El cuidado de la economía nacional y la defensa de la economía popular frente a la carestía señala que se debe luchar por el manejo de la economía nacional y la defensa de la economía familiar. Del primer rubro se debe evitar, según el texto, la privatización de Petróleos Mexicanos, así como que se bursatilicen sus ingresos, pues dicha paraestatal aporta el 40% de los ingresos del gobierno federal, además de que proporciona excedentes económicos que se pueden invertir.

Así mismo, expone que se debe impedir que los monopolios abusen e impongan los precios de los productos básicos, sobre todo ahora que se estudia una iniciativa de Ley de Precios Competitivos mediante la cual se pretende un ahorro familiar de entre el 10 y el 18%. Además, el documento insiste en que se deben cobrar los impuestos correspondientes a los grandes contribuyentes, eliminando los regímenes que permiten a las grandes empresas evadir el pago de sus contribuciones.

Así mismo, el documento El cuidado de la economía nacional… considera prioritario defender la economía popular y la de la clase media. Destaca, por ejemplo, que durante enero el poder adquisitivo se redujo en 26% debido al incremento en los precios de 42 productos básicos. La propuesta: un aumento salarial de emergencia de “cuando menos 26%” para resarcir las pérdidas; solucionar el problema del maíz reordenando el mercado del grano y subsidiar el precio de la tortilla por medio de vales.

En su propuesta, López Obrador reitera que el gobierno federal debe respetar los compromisos adquiridos en el Acuerdo Nacional para el Campo y retirar el maíz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. “Por ello –se lee en el documento– se propone un decreto legislativo que ordene al Ejecutivo cumplir este compromiso, basado en el artículo 131 constitucional, fracción II, que permite la restricción de importaciones y la imposición de aranceles por causas de emergencia nacional y seguridad”.

Y matiza que “la clase media y la trabajadora no deben pagar con su ingreso la ineficiencia del gobierno para hacerse de recursos fiscales suficientes ni su abulia para solucionar problemas”.

A su vez, el Consejo Consultivo del FAP propuso el jueves 1 nutrir la reforma del Estado, propiciar una política económica que genere crecimiento, pugnar por la aprobación de la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de Planeación, Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Otras de sus propuestas son: contrarrestar el impacto negativo de las importaciones de granos básicos a Estados Unidos, crear un gabinete de energía, dar autonomía a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, crear una contraloría ciudadana, impulsar una reforma laboral integral, reconstruir la política exterior y buscar un pacto nacional para impulsar el desarrollo científico.



Transformar a la izquierda



El planteamiento central del Consejo Consultivo del FAP, presidido por el expriista Agustín Basave, es lograr la modernización de la izquierda mexicana, privilegiando la legislación con la movilización y conjugando la protesta social con una propuesta sólida.

El esfuerzo primordial es que dicho consejo, en el que participan, entre otros, Julio Boltvinik, René Drucker Colín, Raúl Carrancá y Rivas y Enrique Semo, entre otros, presente proyectos al Congreso para que los impulsen los legisladores de los partidos que integran el FAP. Además, el Consejo es un órgano abierto al debate, asegura Basave. Su propósito, insiste, “es contribuir a la creación de una socialdemocracia”.

Jesús Ortega, coordinador general del FAP, explica que “las ideas de las fuerzas políticas que conforman ese frente son muy similares”. Y explica a esta reportera que “la izquierda debe renovarse. Lo que nos une –puntualiza– es enfrentar a la derecha que está en el poder. Además de agresiva, intenta hegemonizar la vida social y pública, reprimir…Sólo uniendo fuerzas se le podrá combatir con eficacia, combinando la protesta (social) con propuestas sólidas y avanzando en el proceso de reestructuración de la izquierda mexicana”. ?