Seis mil asesinatos de mujeres en los gobiernos del cambio
Esta investigación, realizada en las 32 entidades federativas, señala que mil 205 niñas y mujeres fueron asesinadas a lo largo y ancho del país en 2004: cada día, 4 niñas y mujeres fueron asesinadas y más de 6 mil niñas y mujeres fueron asesinadas de 1999 a 2005.
La investigación de la Comisión Especial enlistó los estados de la República, de acuerdo con el número de casos de violencia feminicida que registraron durante 2004.
Del primero al último lugar son: Nayarit, Oaxaca, Estado de México, Guerrero, Quintana Roo, Baja California y Chihuahua, Distrito Federal, Michoacán, Tlaxcala, Durango, Coahuila y Puebla, Morelos. Sinaloa. Sonora, Baja California Sur, Tamaulipas y Colima. Jalisco, Tabasco, Querétaro y Nuevo León. Zacatecas y Chiapas. Campeche y Veracruz. San Luis Potosí. Hidalgo. Aguascalientes y Guanajuato. Yucatán.
ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
La violencia feminicida es una forma extrema de violencia contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos en el ámbito público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, que puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
Como el feminicidio se ha extendido hacia todos los estados de la República, además de los identificados en el diagnóstico de la Comisión, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial el 1º de febrero, plantea el establecimiento de una alerta de violencia de género.
Esta alerta se refiere al conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ejercida por un individuo o una comunidad.
Busca "garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y la eliminación de las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos".
Su declaratoria se emitirá cuando los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres perturben la paz social en un territorio determinado. Implica elaborar reportes especiales sobre la zona e indicadores de violencia contra las mujeres y una partida presupuestaria para enfrentar la contingencia.
La Secretaría de Gobernación será responsable de emitirla y "deberá notificar la declaratoria" al poder ejecutivo de la entidad federativa en donde se presente la alerta.
Inmujeres, a través de su titular, fungirá como Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y deberá trabajar en la reglamentación de la Ley.
El reglamento está ya en elaboración, dice su titular, Rocío García Gaytán, pero no hay fecha para concluirlo.
PENDIENTES
Este 8 de marzo, la feminista y ex diputada federal Marcela Lagarde llamó a impulsar la concreción de los contenidos que establece el capítulo de transitorios de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Lagarde, su principal promotora, señaló como prioridad la elaboración de leyes estatales y del Distrito Federal de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia que "deberán, por ley, ser aprobadas a partir del 2 de febrero".
De ahí saldrán reformas a los Códigos Penales para incluir delitos y sanciones, y de los Códigos Civiles y sus respectivos Códigos de Procedimientos.
A partir de su publicación, el Ejecutivo deberá vigilar y publicar el reglamento, en un plazo de 90 días, también instalar el Consejo para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (60 días) y publicar el reglamento del Consejo (90 días).
También son prioridades la planeación y ejecución presupuestaria para el cumplimiento de la Ley, el Diagnóstico de la Violencia, la creación de un Banco Nacional de Datos y la información de casos de violencia (plazo de 365 días).
INMUJERES
Pero, reconoció Rocío García Gaytán, las mexicanas tendrán que esperar por lo menos un año para que sean protegidas a través de la nueva Ley, lo cual contradice su capítulo de transitorios, donde se indica que debe estar en un plazo de 90 días.
- La Secretaría de Gobernación será responsable de emitirla y "deberá notificar la declaratoria" al Poder Ejecutivo de la entidad federativa
Esta investigación, realizada en las 32 entidades federativas, señala que mil 205 niñas y mujeres fueron asesinadas a lo largo y ancho del país en 2004: cada día, 4 niñas y mujeres fueron asesinadas y más de 6 mil niñas y mujeres fueron asesinadas de 1999 a 2005.
La investigación de la Comisión Especial enlistó los estados de la República, de acuerdo con el número de casos de violencia feminicida que registraron durante 2004.
Del primero al último lugar son: Nayarit, Oaxaca, Estado de México, Guerrero, Quintana Roo, Baja California y Chihuahua, Distrito Federal, Michoacán, Tlaxcala, Durango, Coahuila y Puebla, Morelos. Sinaloa. Sonora, Baja California Sur, Tamaulipas y Colima. Jalisco, Tabasco, Querétaro y Nuevo León. Zacatecas y Chiapas. Campeche y Veracruz. San Luis Potosí. Hidalgo. Aguascalientes y Guanajuato. Yucatán.
ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
La violencia feminicida es una forma extrema de violencia contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos en el ámbito público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, que puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
Como el feminicidio se ha extendido hacia todos los estados de la República, además de los identificados en el diagnóstico de la Comisión, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial el 1º de febrero, plantea el establecimiento de una alerta de violencia de género.
Esta alerta se refiere al conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ejercida por un individuo o una comunidad.
Busca "garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y la eliminación de las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos".
Su declaratoria se emitirá cuando los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres perturben la paz social en un territorio determinado. Implica elaborar reportes especiales sobre la zona e indicadores de violencia contra las mujeres y una partida presupuestaria para enfrentar la contingencia.
La Secretaría de Gobernación será responsable de emitirla y "deberá notificar la declaratoria" al poder ejecutivo de la entidad federativa en donde se presente la alerta.
Inmujeres, a través de su titular, fungirá como Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y deberá trabajar en la reglamentación de la Ley.
El reglamento está ya en elaboración, dice su titular, Rocío García Gaytán, pero no hay fecha para concluirlo.
PENDIENTES
Este 8 de marzo, la feminista y ex diputada federal Marcela Lagarde llamó a impulsar la concreción de los contenidos que establece el capítulo de transitorios de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Lagarde, su principal promotora, señaló como prioridad la elaboración de leyes estatales y del Distrito Federal de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia que "deberán, por ley, ser aprobadas a partir del 2 de febrero".
De ahí saldrán reformas a los Códigos Penales para incluir delitos y sanciones, y de los Códigos Civiles y sus respectivos Códigos de Procedimientos.
A partir de su publicación, el Ejecutivo deberá vigilar y publicar el reglamento, en un plazo de 90 días, también instalar el Consejo para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (60 días) y publicar el reglamento del Consejo (90 días).
También son prioridades la planeación y ejecución presupuestaria para el cumplimiento de la Ley, el Diagnóstico de la Violencia, la creación de un Banco Nacional de Datos y la información de casos de violencia (plazo de 365 días).
INMUJERES
Pero, reconoció Rocío García Gaytán, las mexicanas tendrán que esperar por lo menos un año para que sean protegidas a través de la nueva Ley, lo cual contradice su capítulo de transitorios, donde se indica que debe estar en un plazo de 90 días.
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