Sobre la calle 61, frente a la sede del Ejecutivo estatal, se exhibe la brutal represión de las autoridades contra los jóvenes estudiantes.- (Fotos de Carlos Quintal N.)
Aun cuando varios profesores de la Universidad Autónoma de Yucatán acudieron a testificar ayer a favor de los jóvenes detenidos ilegalmente tras las violentas protestas contra George Walker Bush y Felipe Calderón Hinojosa el 13 de marzo, y de que no hay pruebas contundentes que los incriminen, ninguno de los acusados pudo dejar ayer el penal meridano.
Al vencer la ampliación del término constitucional solicitado por la defensa de los inculpados, la juez séptimo de Defensa Social, Ruby González Alpuche, tendrá que resolver la situación jurídica hasta mañana miércoles por la madrugada, para determinar si los deja en libertad o les dicta auto de formal prisión.
Cabe destacar que hay otras personas detenidas, dos en el Juzgado Primero y otros dos en el Juzgado Segundo, donde los titulares de los mismos, licenciados Luis Felipe Santana Sandoval e Ileana Georgina Domínguez Zapata, deberán resolver al respecto en el mismo plazo.
El ex director de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, Delfín Quezada Domínguez, acudió ayer a testificar a favor de uno de los muchachos y al salir dijo que era evidente que "la parte acusadora no tiene pruebas".
Sin embargo, denunció la parcialidad con la que se está llevando el caso y el hecho de que una de las jueces que tiene a su cargo a varios de los acusados actúe con dolo al tratar de ayudar a los policías que los denuncian y no a los jóvenes.
"Es terrible lo que está pasando con la justicia porque a pesar de que es evidente que no hay pruebas, insisten en querer dejarlos formalmente presos", dijo Quezada Domínguez.
Otros profesores y profesoras, así como compañeros y familiares de varios de los detenidos acudieron ayer a los juzgados desde las ocho de la mañana y hasta las 14:30 horas, en espera de que alguno de los jóvenes presos arbitrariamente pudiera salir, pero con la misma se retiraron.
Se presentaron suficientes testigos a favor de los jóvenes presos y se insistió en que se muestren las pruebas con las que tratan de incriminarlos. "No las pueden mostrar porque no tienen pruebas", indicaron los jóvenes.
Asimismo, según averiguamos, la Universidad Autónoma de Yucatán contrató los servicios del abogado Pablo Hernández para la defensa de los cinco jóvenes estudiantes incriminados dolosamente en estos hechos. El abogado busca la manera de dejarlos en libertad por falta de pruebas.
Por la noche un grupo de personas y de amigos de los jóvenes presos ilegalmente se plantó frente al Palacio de Gobierno para exigir que dejen en libertad a quienes consideran presidiarios políticos de Patricio Patrón Laviada,
Los jóvenes fueron detenidos arbitrariamente por elementos de la Secretaría de Protección y Vialidad al mando del corrupto Daniel "El Puma" Carrillo Espinosa, operador único con el narcotráfico, la noche del martes 13.
Tanto los abogados como los familiares insistieron en que se trata de una persecución al margen de la ley de parte del Poder Ejecutivo contra las personas que no piensan como ellos y que no se ciñen a los dictados de la clase gobernante.
Señalaron las graves inconsistencias pues a nadie se le detuvo en flagrancia y además, están pruebas dichas por funcionarios policiacos que reconocieron ante los medios de comunicación que la orden era "aguantar".
Para ellos es claro que los verdaderos causantes de los destrozos en el Palacio Municipal fueron personas que "sembraron" las autoridades en el movimiento para desactivarlo con los arrestos.
Es claro que el espurio usara esto para iniciar el periodo de represión en los actos que el se presente. Este es el piloto donde lamentablemente nuestros compañeros fueron los afectados. Desde aquí exigimos su liberación inmediata.
Al vencer la ampliación del término constitucional solicitado por la defensa de los inculpados, la juez séptimo de Defensa Social, Ruby González Alpuche, tendrá que resolver la situación jurídica hasta mañana miércoles por la madrugada, para determinar si los deja en libertad o les dicta auto de formal prisión.
Cabe destacar que hay otras personas detenidas, dos en el Juzgado Primero y otros dos en el Juzgado Segundo, donde los titulares de los mismos, licenciados Luis Felipe Santana Sandoval e Ileana Georgina Domínguez Zapata, deberán resolver al respecto en el mismo plazo.
El ex director de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, Delfín Quezada Domínguez, acudió ayer a testificar a favor de uno de los muchachos y al salir dijo que era evidente que "la parte acusadora no tiene pruebas".
Sin embargo, denunció la parcialidad con la que se está llevando el caso y el hecho de que una de las jueces que tiene a su cargo a varios de los acusados actúe con dolo al tratar de ayudar a los policías que los denuncian y no a los jóvenes.
"Es terrible lo que está pasando con la justicia porque a pesar de que es evidente que no hay pruebas, insisten en querer dejarlos formalmente presos", dijo Quezada Domínguez.
Otros profesores y profesoras, así como compañeros y familiares de varios de los detenidos acudieron ayer a los juzgados desde las ocho de la mañana y hasta las 14:30 horas, en espera de que alguno de los jóvenes presos arbitrariamente pudiera salir, pero con la misma se retiraron.
Se presentaron suficientes testigos a favor de los jóvenes presos y se insistió en que se muestren las pruebas con las que tratan de incriminarlos. "No las pueden mostrar porque no tienen pruebas", indicaron los jóvenes.
Asimismo, según averiguamos, la Universidad Autónoma de Yucatán contrató los servicios del abogado Pablo Hernández para la defensa de los cinco jóvenes estudiantes incriminados dolosamente en estos hechos. El abogado busca la manera de dejarlos en libertad por falta de pruebas.
Por la noche un grupo de personas y de amigos de los jóvenes presos ilegalmente se plantó frente al Palacio de Gobierno para exigir que dejen en libertad a quienes consideran presidiarios políticos de Patricio Patrón Laviada,
Los jóvenes fueron detenidos arbitrariamente por elementos de la Secretaría de Protección y Vialidad al mando del corrupto Daniel "El Puma" Carrillo Espinosa, operador único con el narcotráfico, la noche del martes 13.
Tanto los abogados como los familiares insistieron en que se trata de una persecución al margen de la ley de parte del Poder Ejecutivo contra las personas que no piensan como ellos y que no se ciñen a los dictados de la clase gobernante.
Señalaron las graves inconsistencias pues a nadie se le detuvo en flagrancia y además, están pruebas dichas por funcionarios policiacos que reconocieron ante los medios de comunicación que la orden era "aguantar".
Para ellos es claro que los verdaderos causantes de los destrozos en el Palacio Municipal fueron personas que "sembraron" las autoridades en el movimiento para desactivarlo con los arrestos.
Es claro que el espurio usara esto para iniciar el periodo de represión en los actos que el se presente. Este es el piloto donde lamentablemente nuestros compañeros fueron los afectados. Desde aquí exigimos su liberación inmediata.




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