El interes en el sistema de satelites esta presente. El país aún tiene mucho que ofrecer ante las carteras del capital. Poco a poco se deja morir el control estatal en comunicaciones y el mismo es ofrecido en bandeja de plata a los inversionistas internacionales. México busca competitividad y no la encontraá si deja de lado aquellos sectores sencibles donde el estado debe tener presencia y uno de ellos son los satelites.
Jenaro Villamil En medio de sobresaltos legislativos, similares al ocurrido con la Ley Televisa, tras una compleja reestructuración de 15 meses que disminuyó su deuda de 653 a 378 millones de dólares –de la cual más de 90% está comprometida con fondos de inversión extranjeros– y con el permanente riesgo de que México pierda soberanía en telecomunicaciones, la venta de Satélites Mexicanos (Satmex) se convertirá a partir de abril en la transacción más importante del sector.
A 10 años de su fallida privatización, por lo menos 20 grandes consorcios nacionales y foráneos están interesados en la subasta pública internacional de esta empresa, cuyo valor aproximado es de 500 millones de dólares y controla, en términos reales, “2 satélites y medio” (Sol II, Satmex 5 y Satmex 6).
Los grupos que obtengan el control accionario de Satmex dominarán los futuros servicios de banda ancha en internet, televisión restringida y telefonía satelital en el país, así como la renta de los servicios para educación, seguridad nacional y servicios financieros.
En entrevista con este semanario, el responsable del proceso de quiebra y reestructuración de Satmex, Tomás Heather, dice que el gobierno federal se quedará con 20% del control accionario de la empresa y con 55% de acciones con derecho a voto, en tanto que los anteriores dueños, Principia, de Sergio Autrey, y Loral, sólo mantendrán 2% del control.
Añade que el 78% restante de las acciones se pondrá a la venta en la subasta pública internacional, a cargo de la corredora neoyorquina Morgan Stanley, con posibilidad de participación hasta de 80% de inversión extranjera neutra.
En la puja por Satmex participarán grupos conformados por un fondo de inversión internacional, un inversionista local y una empresa satelital. Por ello, han manifestado su interés en la subasta las tres grandes compañías mundiales de satélites: Eutelsat, SES Golbal e Intelsat Panamsat, y empresas regionales como Hispasat y la canadiense Telesalt, recientemente adquirida por Loral, el consorcio que se asoció originalmente con Autrey.
La crisis de Satmex, señala Heather, se debió a que Autrey y Loral pagaron 651 millones de dólares, 40% por encima del valor real de la empresa, y para financiarse se endeudaron con tenedores de bonos internacionales y con el mercado secundario de fondos de inversión, “agresivos por naturaleza” y “reyes de los procesos de quiebra” de las empresas.
Datos preliminares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) revelan que los grandes grupos interesados en la subasta se asociarían con alguno de los magnates mexicanos de las telecomunicaciones: Clemente Serna, de Grupo Medcom, el primero en realizar una oferta en mayo de 2006 por 360 millones de dólares; Alejandro Burillo, de Grupo Pegaso, en sociedad con SC Globo; Carlos Slim, de Grupo Carso, eventualmente asociado con GE Capital, fondo de inversión de General Electric, y Starborn de Brasil.
Otros postores son el exgobernador veracruzano y exaccionista de Televisa Miguel Alemán Velasco, y Olegario Vázquez Raña, cabeza del Grupo Ángeles, en posible sociedad con SES; el banquero Roberto Hernández, dueño de Avantel y segundo accionista en Televisa, en alianza con Intelsalt, y el consorcio europeo Eutelsalt, asociado con el fondo de inversión Abertis.
También se han mencionado como oferentes a los tres principales concesionarios de televisión: Ricardo Salinas Pliego, de TV Azteca; Emilio Azcárraga Jean, de Televisa, y Joaquín Vargas, de Multivisión. Los compradores originales, Sergio Autrey, y Loral, dirigido por Eric Zahler, también buscan recuperar el control de la empresa.
Sobresaltos legislativos
La subasta de Satmex ha generado una batalla soterrada de intereses que se reflejan en intentos legislativos por bloquear la participación de otros competidores, para “defender la soberanía nacional”.
A mediados de febrero de este año, Tomás Heather y la propia SCT sufrieron un sobresalto: En la Cámara de Diputados y con la venia de su coordinador, Emilio Gamboa Patrón, la diputada federal del PRI Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez presentó una iniciativa, redactada en octubre de 2006, para reformar varios artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Esa iniciativa no toca los puntos sensibles y críticos del paquete de reformas que dieron origen a la Ley Televisa, avalada ampliamente por Gamboa. Sus intenciones son otras: limitar hasta 49% la inversión extranjera “neutra” en aquellas empresas que hayan pasado por un proceso o juicio de concurso mercantil o de quiebra (como es el caso de Satmex); restarle atribuciones a la SCT y entregarlas a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, con un alto grado de discrecionalidad para definir el proceso de subasta, y prohibir a bancos y fondos de inversión internacionales participar en la adquisición de acciones.
La SCT impugnó la iniciativa. Un documento interno enviado a la Comisión de Comunicaciones, del cual Proceso obtuvo copia, enumera sus efectos negativos:
–Reducirá considerablemente el precio de venta de Satmex, que pasaría de 500 a 350 millones de dólares.
–Genera “barreras de entrada a la inversión y a la administración de la empresa”, contraviniendo la Ley de Inversión Extranjera. De los 20 grupos postores originales, el espectro se reduciría a 3 o 5.
–Crea “un alto grado de discrecionalidad y sobrerregulación, contraviniendo los principios de la propia iniciativa”.
–“La iniciativa es contraria a la tendencia mundial en cuanto a la apertura de las comunicaciones vía satélite, y pone en desventaja a México en el mercado mundial en la materia”. Además, se pone en riesgo la posición orbital 109.2 Oeste que se puede perder antes del 6 de marzo de 2008. En las condiciones de Satmex, argumenta la SCT, “sólo empresas extranjeras pueden facilitar el satélite requerido. La iniciativa podría comprometer la capacidad del gobierno mexicano de ocupar esta posición orbital”.
–“No fortalece la rectoría del Estado mexicano en la industria satelital”.
En un artículo publicado en Excélsior, el exsubsecretario de Comunicaciones Jorge Alvarez Hoth se refiere a esta iniciativa:
“¿Por qué si la reestructura (de Satmex) ha sido exitosa, si está en línea con la corriente internacional, si cumple con la transparencia, si permite al gobierno federal recuperar entre 40 y 50 millones de dólares de su menoscabo, si demuestra que la nueva Ley de Concursos Mercantiles en México funciona y si lo único que falta es seguir las instrucciones en manos de un Consejo de Administración independiente y reconocido, existe quien piensa que se debe cambiar la ley y con ello afectar el precio de venta de Satmex, con los consecuentes resultados para el sector y el gobierno?”
Consultado sobre el tema, Tomás Heather explica que al conocer la iniciativa sostuvo varios encuentros con los legisladores. Se reunió con los priistas Raúl Cervantes y Mariano González Zarur, con Gustavo Cárdenas, así como con el perredista Alfonso Suárez del Real.
Les explicó todo el proceso de quiebra y reestructuración de Satmex. Argumentó que si se ponen trabas a la subasta de la empresa, “nos quedamos sin reserva del Estado” y se afectarán servicios educativos dependientes de los satélites.
También les dijo que cada satélite cuesta 300 millones de dólares y el Estado mexicano no cuenta con recursos suficientes para sustituir al satélite Sol II, cuya vida útil se acaba en 2008.
Alfonso Suárez del Real, diputado del PRD responsable de analizar la iniciativa, señala que los cambios “parecían tener dedicatoria, ya que se restringía muchísimo el número de posibles participantes”.
Reconoce que “en Nueva York hay inquietud y debate porque se está moviendo la subasta. Se está buscando una excusa para bajarle el precio a Satmex”. Originalmente se pensaba que la iniciativa provenía del PRD, “cuestión absolutamente falsa”.
“Me queda muy claro que la soberanía nacional en esta materia se reduce a 7% de operación de nuestros satélites, y que se debe defender la reserva del Estado en la materia. Nosotros entraremos a discutir después y de manera integral sobre el tema de la soberanía y los servicios culturales que proporcionan los medios”, afirma Suárez del Real.
Proceso buscó a la diputada Bertha Yolanda Ramírez, autora de la iniciativa, pero no obtuvo respuesta. Y en la comisión dictaminadora, la iniciativa entró por el momento a la “congeladora”.
Jenaro Villamil En medio de sobresaltos legislativos, similares al ocurrido con la Ley Televisa, tras una compleja reestructuración de 15 meses que disminuyó su deuda de 653 a 378 millones de dólares –de la cual más de 90% está comprometida con fondos de inversión extranjeros– y con el permanente riesgo de que México pierda soberanía en telecomunicaciones, la venta de Satélites Mexicanos (Satmex) se convertirá a partir de abril en la transacción más importante del sector.
A 10 años de su fallida privatización, por lo menos 20 grandes consorcios nacionales y foráneos están interesados en la subasta pública internacional de esta empresa, cuyo valor aproximado es de 500 millones de dólares y controla, en términos reales, “2 satélites y medio” (Sol II, Satmex 5 y Satmex 6).
Los grupos que obtengan el control accionario de Satmex dominarán los futuros servicios de banda ancha en internet, televisión restringida y telefonía satelital en el país, así como la renta de los servicios para educación, seguridad nacional y servicios financieros.
En entrevista con este semanario, el responsable del proceso de quiebra y reestructuración de Satmex, Tomás Heather, dice que el gobierno federal se quedará con 20% del control accionario de la empresa y con 55% de acciones con derecho a voto, en tanto que los anteriores dueños, Principia, de Sergio Autrey, y Loral, sólo mantendrán 2% del control.
Añade que el 78% restante de las acciones se pondrá a la venta en la subasta pública internacional, a cargo de la corredora neoyorquina Morgan Stanley, con posibilidad de participación hasta de 80% de inversión extranjera neutra.
En la puja por Satmex participarán grupos conformados por un fondo de inversión internacional, un inversionista local y una empresa satelital. Por ello, han manifestado su interés en la subasta las tres grandes compañías mundiales de satélites: Eutelsat, SES Golbal e Intelsat Panamsat, y empresas regionales como Hispasat y la canadiense Telesalt, recientemente adquirida por Loral, el consorcio que se asoció originalmente con Autrey.
La crisis de Satmex, señala Heather, se debió a que Autrey y Loral pagaron 651 millones de dólares, 40% por encima del valor real de la empresa, y para financiarse se endeudaron con tenedores de bonos internacionales y con el mercado secundario de fondos de inversión, “agresivos por naturaleza” y “reyes de los procesos de quiebra” de las empresas.
Datos preliminares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) revelan que los grandes grupos interesados en la subasta se asociarían con alguno de los magnates mexicanos de las telecomunicaciones: Clemente Serna, de Grupo Medcom, el primero en realizar una oferta en mayo de 2006 por 360 millones de dólares; Alejandro Burillo, de Grupo Pegaso, en sociedad con SC Globo; Carlos Slim, de Grupo Carso, eventualmente asociado con GE Capital, fondo de inversión de General Electric, y Starborn de Brasil.
Otros postores son el exgobernador veracruzano y exaccionista de Televisa Miguel Alemán Velasco, y Olegario Vázquez Raña, cabeza del Grupo Ángeles, en posible sociedad con SES; el banquero Roberto Hernández, dueño de Avantel y segundo accionista en Televisa, en alianza con Intelsalt, y el consorcio europeo Eutelsalt, asociado con el fondo de inversión Abertis.
También se han mencionado como oferentes a los tres principales concesionarios de televisión: Ricardo Salinas Pliego, de TV Azteca; Emilio Azcárraga Jean, de Televisa, y Joaquín Vargas, de Multivisión. Los compradores originales, Sergio Autrey, y Loral, dirigido por Eric Zahler, también buscan recuperar el control de la empresa.
Sobresaltos legislativos
La subasta de Satmex ha generado una batalla soterrada de intereses que se reflejan en intentos legislativos por bloquear la participación de otros competidores, para “defender la soberanía nacional”.
A mediados de febrero de este año, Tomás Heather y la propia SCT sufrieron un sobresalto: En la Cámara de Diputados y con la venia de su coordinador, Emilio Gamboa Patrón, la diputada federal del PRI Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez presentó una iniciativa, redactada en octubre de 2006, para reformar varios artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Esa iniciativa no toca los puntos sensibles y críticos del paquete de reformas que dieron origen a la Ley Televisa, avalada ampliamente por Gamboa. Sus intenciones son otras: limitar hasta 49% la inversión extranjera “neutra” en aquellas empresas que hayan pasado por un proceso o juicio de concurso mercantil o de quiebra (como es el caso de Satmex); restarle atribuciones a la SCT y entregarlas a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, con un alto grado de discrecionalidad para definir el proceso de subasta, y prohibir a bancos y fondos de inversión internacionales participar en la adquisición de acciones.
La SCT impugnó la iniciativa. Un documento interno enviado a la Comisión de Comunicaciones, del cual Proceso obtuvo copia, enumera sus efectos negativos:
–Reducirá considerablemente el precio de venta de Satmex, que pasaría de 500 a 350 millones de dólares.
–Genera “barreras de entrada a la inversión y a la administración de la empresa”, contraviniendo la Ley de Inversión Extranjera. De los 20 grupos postores originales, el espectro se reduciría a 3 o 5.
–Crea “un alto grado de discrecionalidad y sobrerregulación, contraviniendo los principios de la propia iniciativa”.
–“La iniciativa es contraria a la tendencia mundial en cuanto a la apertura de las comunicaciones vía satélite, y pone en desventaja a México en el mercado mundial en la materia”. Además, se pone en riesgo la posición orbital 109.2 Oeste que se puede perder antes del 6 de marzo de 2008. En las condiciones de Satmex, argumenta la SCT, “sólo empresas extranjeras pueden facilitar el satélite requerido. La iniciativa podría comprometer la capacidad del gobierno mexicano de ocupar esta posición orbital”.
–“No fortalece la rectoría del Estado mexicano en la industria satelital”.
En un artículo publicado en Excélsior, el exsubsecretario de Comunicaciones Jorge Alvarez Hoth se refiere a esta iniciativa:
“¿Por qué si la reestructura (de Satmex) ha sido exitosa, si está en línea con la corriente internacional, si cumple con la transparencia, si permite al gobierno federal recuperar entre 40 y 50 millones de dólares de su menoscabo, si demuestra que la nueva Ley de Concursos Mercantiles en México funciona y si lo único que falta es seguir las instrucciones en manos de un Consejo de Administración independiente y reconocido, existe quien piensa que se debe cambiar la ley y con ello afectar el precio de venta de Satmex, con los consecuentes resultados para el sector y el gobierno?”
Consultado sobre el tema, Tomás Heather explica que al conocer la iniciativa sostuvo varios encuentros con los legisladores. Se reunió con los priistas Raúl Cervantes y Mariano González Zarur, con Gustavo Cárdenas, así como con el perredista Alfonso Suárez del Real.
Les explicó todo el proceso de quiebra y reestructuración de Satmex. Argumentó que si se ponen trabas a la subasta de la empresa, “nos quedamos sin reserva del Estado” y se afectarán servicios educativos dependientes de los satélites.
También les dijo que cada satélite cuesta 300 millones de dólares y el Estado mexicano no cuenta con recursos suficientes para sustituir al satélite Sol II, cuya vida útil se acaba en 2008.
Alfonso Suárez del Real, diputado del PRD responsable de analizar la iniciativa, señala que los cambios “parecían tener dedicatoria, ya que se restringía muchísimo el número de posibles participantes”.
Reconoce que “en Nueva York hay inquietud y debate porque se está moviendo la subasta. Se está buscando una excusa para bajarle el precio a Satmex”. Originalmente se pensaba que la iniciativa provenía del PRD, “cuestión absolutamente falsa”.
“Me queda muy claro que la soberanía nacional en esta materia se reduce a 7% de operación de nuestros satélites, y que se debe defender la reserva del Estado en la materia. Nosotros entraremos a discutir después y de manera integral sobre el tema de la soberanía y los servicios culturales que proporcionan los medios”, afirma Suárez del Real.
Proceso buscó a la diputada Bertha Yolanda Ramírez, autora de la iniciativa, pero no obtuvo respuesta. Y en la comisión dictaminadora, la iniciativa entró por el momento a la “congeladora”.
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