Pensiones al mercado

La nueva Ley del ISSSTE que acaba de aprobar el Congreso por una alianza del PAN y el PRI forma parte de una serie de medidas para obtener recursos fiscales que permitan disminuir, así sea en parte, la dependencia de los ingresos de Pemex. La aplicación de políticas neoliberales ha demostrado ser incapaz de reanudar el crecimiento del PIB y del empleo en una proporción cuando menos igual a la de la etapa del llamado desarrollo estabilizador.

El sistema de pensiones del ISSSTE que protege a los empleados públicos, estimados en más de 3 millones de trabajadores, de los cuales 2.4 millones son cotizantes activos y 600 mil pensionados y jubilados, opera con un déficit creciente que representó 22% de sus ingresos en 1990 y ¡223%! en 2006.
Las cifras disponibles advierten que el gasto en la nómina de los pensionados incluye el de los servicios médicos de todos los empleados activos y jubilados y de sus derechohabientes. Por tanto, el déficit del ISSSTE reportado de 28 mil millones de pesos para 2006, que equivale a 0.3% del PIB y a 2% del gasto programable del sector público, no es atribuible sólo a los pensionados.


Y tampoco se vale acumular los déficit de los años pasados pues no se trata de deuda pública, sino de un pasivo contingente que forma parte del déficit operativo del gobierno sin consecuencias futuras. El hecho crudo es que se trata de servidores del Estado y que éste debe aumentar su cuota en su doble carácter de empleador y de Estado para la seguridad integral de los servidores públicos. Por tanto, no debe haber motivo de alarma por el supuesto "déficit" acumulado, aunque en un enfoque tremendista la suma de 1990 a 2006 representaría 1.8% del PIB de 2006, que es el "petate del muerto" con el que se espanta a la opinión pública y hasta al Ejecutivo. Además, no hay que olvidar que el gasto público total incluye los muy abultados sueldos de la alta burocracia y del Poder Judicial, que ignoramos si son cotizantes del ISSSTE y en qué proporción.


La debilidad de las finanzas públicas es resultado del achicamiento del Estado, pues en 1990 había 2 millones de trabajadores cotizantes y en 2006 2.4 millones, en tanto los jubilados y pensionados pasaron de 200 mil a 585 mil, de donde el número de cotizantes activos por cada pensionado descendió de 10 a cuatro. Haber reducido la necesaria acción del Estado y sus instituciones en actividades de fomento económico, sobre todo en la agricultura y la industria, también se refleja en el crecimiento de la economía informal y en el consecuente desamparo social de los trabajadores.
Tampoco queda clara la naturaleza del Pensionissste; si sólo se trata de una concesión para las dirigencias del sindicalismo corporativo o si operará como organismo de defensa de las diversas prestaciones de los trabajadores, pues es obvio que la incursión de las Afores trae al juego intermediarios financieros de alto costo que operan bajo las leyes del mercado y buscan maximizar sus utilidades con cargo a los ingresos de los cotizantes.


También resulta cuestionable que si los ahorros se van a invertir en el sector energético, en carreteras y en otras obras públicas, su rendimiento contaminado por el mercado de contratistas y obras concesionadas a particulares (como los que ya operan en Pemex y CFE) quedaría sujeto a las pérdidas que cíclicamente afectan a la economía y se terminaría por recurrir al salvamento del gobierno, como ya sucedió con el rescate carretero.


Por tanto, ¿cuál es el verdadero motivo para "privatizar" las pensiones? Resalta la creación de un nuevo organismo público, el Pensionissste, que podría significar un manejo financiero especializado si se hace con profesionales que tengan espíritu solidario de servicio público, pero que en las redes del corporativismo sindical del magisterio y la FSTSE, sólo va a fortalecer el poder de negociación de sus dirigentes y no necesariamente de los asegurados, que dados los cálculos actuariales disponibles obtendrán pensiones más reducidas por igual numero de años de trabajo, o para obtener el equivalente a su salario en la fecha de retiro (por encima del nivel garantizado de dos salarios mínimos) necesitarían trabajar el doble de años, duplicar su expectativa de vida y, además, modificar la ley, lo cual es absurdo.
No se puede perder de vista el riesgo que entraña sustituir, sin consulta y mediante un acuerdo cupular, un régimen solidario de pensiones (que se puede mejorar) por un sistema individualizado que difícilmente puede garantizar una pensión digna, como lo demuestran las modificaciones que se han tenido que hacer al régimen chileno.


Esa ruta de reformas al vapor y sin consenso ya la conocemos y cuesta muy cara; recordemos al Fobaproa. No debe repetirse en materia de protección y seguridad social de los empleados públicos. Cabe apoyar la acción democrática de quienes con razones y argumentos se oponen a la promulgación de una ley deficiente y costosa para el país.