Las gangas foxistas

Jesusa Cervantes y Juan Pablo Proal La tercera comisión legislativa que investiga a las dependencias que pudieron beneficiar a los hijos de Marta Sahagún en el sexenio de Fox acaba de recibir documentos reveladores. Se trata ahora de todos los detalles sobre la subasta de un fideicomiso que el IPAB decidió a favor de la multicitada firma Construcciones Prácticas. Otra vez, el dueño de esta empresa, Miguel Khoury Siman, socio de Manuel Bribiesca Sahagún en varios negocios, consiguió beneficios excepcionales, pues sólo tuvo que desembolsar 1.5 millones de pesos para obtener una ganancia superior a los 200 millones…

Los millonarios beneficios que presuntamente obtuvieron los hijos de Marta Sahagún durante el sexenio de Vicente Fox parecen no tener fin. Nuevos documentos revelan que en la última subasta del IPAB a favor de Construcciones Prácticas, Miguel Khoury Siman –propietario formal de esta empresa, así como amigo y socio de Manuel Bribiesca Sahagún en otros negocios– obtuvo una ganancia de por lo menos 200 millones de pesos con un mínimo desembolso de 1 millón 560 mil pesos.

Previamente, al propietario original del bien subastado, Alfredo Miguel Afif –también amigo de Manuel Bribiesca Sahagún y a quien éste ha defendido en diversas ocasiones–, se le habían cancelado adeudos de poco más de 600 millones de pesos que fueron absorbidos por el Fobaproa.

Pero la historia completa está cobrando forma gracias a documentos que, de manera anónima, llegaron a la tercera comisión especial creada para investigar a las dependencias federales que pudieron haber beneficiado directa o indirectamente a los hijos de Marta Sahagún de Fox.

Elías Cárdenas Márquez, diputado por Convergencia y presidente de la nueva comisión especial, tiene en su poder el documento del fideicomiso que la familia de apellidos Miguel Afif firmó con Bancrecer el 16 de diciembre de 1998 y que fue a parar a la panza del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) cuando Bancrecer fue intervenido.

El caso es que más tarde, en febrero de 2001, el banco dividió sus activos en “malos” y “buenos”. Los “malos” quedaron en manos del heredero del Fobaproa, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), e incluyeron los bienes muebles e inmuebles y las carteras litigiosas, es decir, los créditos que las personas adeudaban a Bancrecer y que no pudieron pagar.

Y ya para el 15 de junio de 2004, el IPAB –que justamente ocupa en la Zona Rosa del Distrito Federal un lujoso edificio que formaba parte de los créditos “malos” de Bancrecer– subastó, bajo el título de paquete “H”, el fideicomiso conformado entre el banco y los Miguel Afif.

Aunque la segunda comisión –creada por los legisladores para investigar los escandalosos negocios de los hermanos Bribiesca Sahagún– nunca supo cuál era exactamente el contenido del paquete “H” subastado, la tercera comisión no sólo tiene por fin en su poder el documento del fideicomiso mencionado, sino también el contrato de “cesión onerosa de derechos” a favor de Construcciones Prácticas.

En la escasa información que el IPAB aceptó entregar a la segunda comisión se había asentado que el paquete “H” tenía un valor en libros de 114 millones 696 mil 980 pesos, aunque no detallaba cuáles fueron las acciones del fideicomiso que se tomaron en cuenta para dar como resultado ese valor.

Sin embargo, la tercera comisión ya tiene en su poder, además del contrato de cesión de derechos, el “acta de entrega-recepción con el contenido del paquete” y “el acta de entrega-recepción de expedientes de crédito y jurídico e información adicional”.

Ahí, en el punto II, se establece claramente que el 23 de junio de 2004 Bancrecer –para esa fecha denominado ya también “Banorte”en los documentos por las fusiones realizadas– celebró con Construcciones Prácticas el contrato de cesión onerosa de créditos y derechos litigiosos, y se precisa que la operación “comprendió diversos créditos”.

Ahora bien, un análisis pormenorizado del fideicomiso, base de la subasta del IPAB, revela que existían 13 tipos de acciones que conformaban el Grupo Infomin, propiedad de la familia Miguel Afif, e inclusive en un anexo se estipulan los valores de “los inmuebles fideicomitidos” y el valor de cada uno de los grupos de acciones.

Los bienes fideicomitidos eran las empresas Textiles Miguel, ubicada en Puebla, y Texsanta, localizada en el Estado de México, incluyendo los terrenos donde se asientan, y una serie de acciones que varios miembros de la familia Miguel Afif tenían a su nombre.

Así mismo, el fideicomiso incluía un paquete de acciones (1 millón 506 mil) que eran propiedad de Bancrecer y que el propio banco había cedido para que formara parte de todo el paquete. Cada acción tenía, en 1998, un valor de 10 pesos.

El resto de los accionistas disponía de paquetes de acciones que, según la empresa textilera de que se tratara, valían cinco o 10 pesos. Sumado el valor de las acciones de la familia más los inmuebles (terrenos donde se ubican las dos empresas), así como las acciones Infomin que Bancrecer había cedido al fideicomiso, dan un total de 343 millones 391 mil 975 pesos.

Pese a todo, al firmar el fideicomiso con la familia Miguel Afif, Bancrecer asignó un valor de 3.88 por acción, lo que redujo notablemente el valor del fideicomiso a 218 millones 463 mil 592 pesos.

Si se toma este valor como el último, entonces Construcciones Prácticas adquirió un derecho litigioso de dichas acciones de poco más de 200 millones de pesos ¡a sólo 1 millón 560 mil pesos!



Los enredos del IPAB



La secrecía con que el IPAB manejó la información, y el hecho de que no entregó todos los documentos a la segunda comisión, arroja más dudas aún sobre qué fue lo que tomó en cuenta para subastar el paquete “H”.

Y es que, según los escasos documentos presentados a la segunda comisión, el valor en libros del paquete en el año 2004 era de 114 millones 696 mil 980 pesos.

Lo que llama la atención es que, en la documentación que le llegó a la tercera comisión se establece que únicamente se valuaron las acciones Infomin que Bancrecer había cedido al fideicomiso firmado en 1998. Es decir, se tomaron en cuenta 1 millón 506 mil acciones dándoles ese mismo valor, de 114 millones 696 mil 980 pesos, la cifra con la que se puso en subasta.

La pregunta es: ¿Por qué no se tomaron en cuenta los valores del resto de las acciones repartidas entre la familia Miguel Afif? De haberlo hecho el IPAB, el valor de la subasta se hubiera duplicado.

Peor aún, y como prueba de que el fideicomiso superaba con mucho la cifra en que se puso en subasta, en la página 28 del documento, donde se da el derecho primero de opción de compra o recuperación a la familia Miguel Afif, se fija un precio: 16 millones 542 mil 435.03 dólares, que a un tipo de cambio de 10 pesos representarían poco más de 160 millones de pesos. En consecuencia, la tercera comisión se pregunta por qué el IPAB valuó a un precio mucho menor.

Por otra parte, dentro del fideicomiso se halla la empresa textilera Texanta, S.A. de C.V. La subasta por parte del IPAB se realizó el 15 de junio de 2004, pero todavía en el primer trimestre de 2003 Texanta aparece como proveedora de la Secretaría de la Defensa, con tres contratos, y según notas periodísticas dicha empresa entró en huelga desde octubre de 2002.

En un boletín de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje fechado el 15 de julio de 2005, y en otro del 23 de noviembre del mismo año, esa firma aparece con una demanda laboral que en su contra interpuso el Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil de la Confección, Similares y Conexos de la República Mexicana, bajo los expedientes CF.111-2542 y 111-793 de los años 2003 y 2004, respectivamente.

Los 180 trabajadores de Texanta demandaban el pago de 15 millones de pesos, ya que los dueños se habían negado a pagar salarios y prestaciones pretendiendo declararse en quiebra.

En igual situación se encuentran hoy los poco más de 200 empleados de Textiles Miguel, ubicada en Puebla, quienes reclaman el pago de por lo menos 40 millones de pesos. En ambos casos, Construcciones Prácticas, la empresa que adquirió el fideicomiso, no se ha querido hacer responsable de los adeudos a los trabajadores, a pesar de que en el contrato de cesión de derechos que firmó con el IPAB, al resultar ganador de la subasta, se comprometió a liquidar los adeudos de cada una de las empresas.



Beneficio a los Miguel



La tercera comisión calculó que, si el IPAB asignó al paquete “H” un valor en libros de 114 millones 696 mil 980 pesos, y Construcciones Prácticas pagó por él sólo 1 millón 560 mil pesos, entonces únicamente se recuperó 1.36% del valor formal.

Sin embargo, varios miembros de la tercera comisión, como la diputada Claudia Cruz (PRD), advierten que si el valor real (tomando en cuenta el análisis del fideicomiso) era de 218.4 millones de pesos, entonces sólo se recuperó 0.71%.

De acuerdo con la legisladora, el pago que hizo Construcciones Prácticas significa un abuso. Además, se sospecha que todo fue una operación para que el Grupo Miguel pudiera recuperar sus bienes por una pequeñísima cantidad o para beneficiar a Manuel Bribiesca Sahagún, amigo de la familia Miguel Afif.

Al respecto, la diputada perredista, quien en las dos pasadas comisiones fungió como asesora, recuerda que el periodista Miguel Badillo reveló en una entrevista la estrecha relación que tiene Manuel Bribiesca con el Grupo Miguel.

La legisladora se refirió a la columna política Oficio de Papel, donde el periodista Miguel Badillo se refirió, el 19 de mayo de 2005, a la estrecha relación que existe entre el hijo mayor de Marta Sahagún y los Miguel Afif, propietarios originales del paquete “H” que subastó el IPAB.

En aquella ocasión, Badillo preguntó a Manuel Bribiesca:

–¿Qué relación tienes con ese Grupo (Miguel)?

–Son mis amigos solamente.

–Se dice que eres socio del Grupo Miguel y que hasta tienes el 50% de las acciones.

–No, sólo son amigos, pero el gobierno ha cometido abuso de poder y les ha fabricado delitos para quitarles sus propiedades y desaparecer sus empresas.

La entrevista la realizó Badillo a propósito de la defensa que ante diversas autoridades federales hizo Manuel Bribiesca para que no le quitaran a Miguel Afif la operación del aeropuerto de Toluca. En esa ocasión, el hijo de Marta Sahagún reconoció que ha intercedido a favor del Grupo Miguel.



Un grupo privilegiado



Pero esa no había sido la primera vez que un grupo del poder intercedía por los Miguel Afif, pues lo mismo ocurrió durante el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando el Fobaproa rescató a Grupo Infomin en más de una ocasión.

Como prueba de lo anterior está el acta de la sesión número 20 del Subcomité de Recuperación del Fobaproa fechado el 9 de diciembre de 1997, donde se detalla cómo Grupo Infomin ya había sido rescatado y cómo los Miguel Afif esperaban un nuevo apoyo.

Eduardo Fernández, en ese tiempo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), expuso que “esta empresa (Grupo Infomin) ya había sido beneficiada de una reestructura y que no es explicable, por tanto, que actualmente no esté cumpliendo con sus compromisos y solicitando una nueva reestructura”.

Otro miembro de la CNBV le respondió que desde que se firmó la primera reestructura con Infomin, “se sabía que habría nuevos problemas”.

En ese entonces se propuso que Infomin entregara las empresas textileras y otras dedicadas al plástico. También, que los Miguel Afif vendieran sus negocios y entregaran el efectivo de dichas operaciones para saldar sus deudas. Al final se acordó que Grupo Infomin pagara con acciones de otras empresas, como Macimex y SACSA (también de su propiedad), sin tocar a las textileras.

Esa decisión del Fobaproa se produjo en diciembre de 1997, pero para diciembre de 1998 Grupo Infomin tuvo que establecer el citado fideicomiso, ya que los adeudos de las textileras alcanzaban los 687 millones de pesos.

Dicha deuda fue cancelada por los bancos acreedores para poder incluir en el fideicomiso las acciones de Infomin, los inmuebles y las empresas textileras.

De esta manera, a los Miguel Afif se les perdonaron deudas millonarias y se les dio la oportunidad de recuperar sus bienes con un pago de 16 millones de dólares en un plazo de dos años, aunque finalmente esto no fue así y el fideicomiso fue finalmente subastado por el IPAB en 1 millón 560 mil pesos.

En la tercera comisión se preguntan si todo esto no fue una maniobra para que la familia Miguel Afif recuperara a un bajísimo costo sus bienes, si Manuel Bribiesca es socio de ellos y si éste pudo también beneficiarse de la subasta del IPAB a favor de Construcciones Prácticas, cuyo propietario, Miguel Khoury Siman, es amigo y socio del hijo mayor de Marta Sahagún en diversas empresas.

Por eso la tercera comisión demandará al IPAB el resto de la información sobre el paquete “H” que en su momento fue negada.

Elías Cárdenas, el presidente de esta comisión que apenas fue autorizada el pasado 5 de marzo, asegura que, a diferencia de los obstáculos que tuvieron Martha Lucía Micher Camarena, del PRD, y Jesús González Schmal, de Convergencia, presidentes de las comisiones anteriores, ahora sí podrán llegar al fondo del asunto porque los actores “son otros”.

Y como muestra de ello, Elías Cárdenas dio a conocer la carta que el pasado 25 de abril le envió el secretario de la Función Pública, Germán Martínez, donde le ofrece “la garantía política” de que esta dependencia ayudará en las investigaciones, e incluso le expresa su disposición a “compartir información” y “experiencias técnicas y fuerza auditora” para esclarecer el caso.

Sólo como dato: El anterior encargado de la Secretaría de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, exoneró a los hijos de Marta Sahagún o a cualquier dependencia que los pudiera haber beneficiado de manera directa o indirecta. Ello, a pesar de que la primera y segunda comisiones ofrecieron suficientes elementos de prueba sobre las anomalías e irregularidades cometidas. ?