Negociazo en peligro

La forma en que la Corte resuelva la impugnación a la constitucionalidad de la Ley Televisa tendrá un impacto decisivo sobre el enorme negocio –de aproximadamente mil 500 millones de dólares– que ya saboreaban, sobre todo, las dos mayores televisoras del país. Los concesionarios estaban felices: habían conseguido ventajas únicas en el mundo para explotar el espectro radioeléctrico...

De entre mil 200 y mil 600 millones de dólares es el valor del negocio –calculado en forma conservadora por especialistas– que se les puede venir abajo a los concesionarios de televisión.

Ese es el riesgo que enfrentan si esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara inconstitucionales los ordenamientos de la Ley Televisa que les permiten quedarse con el espectro sobrante de la transición del modelo analógico al digital.

El estudio Efectos de la Ley Televisa, elaborado por Fernando Buttler Silva, presidente del Colegio Nacional de Economistas, establece que gracias al refrendo de sus concesiones hasta 2021 que obtuvieron Televisa y TV Azteca desde agosto de 2004, en el gobierno de Vicente Fox, ambas empresas tendrán un total de 874 canales de televisión, reservados o en operación.

Esa acumulación de canales se debe a que, por cada una de las 437 concesiones que detentan actualmente (257 de Televisa y 180 de TV Azteca), obtuvieron un “canal espejo” que les permitirá transitar del modelo analógico al digital.

La garantía para la explotación de ese millonario negocio está prevista en el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, uno de los principales temas de la impugnación ante la SCJN.

Según Fernando Buttler, si ese artículo queda sin modificarse representaría “una transferencia implícita de varios cientos de millones de dólares del Estado mexicano a los concesionarios de radio y televisión actuales”.

La decisión que tomen los nueve ministros que actualmente integran el pleno de la Suprema Corte será crucial para ese negocio, luego de que durante la primera semana del juicio de inconstitucionalidad contra las reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión

–conocidas como la Ley Televisa– contuvieron en parte los ambiciosos propósitos de los actuales concesionarios.

El más sobresaliente de aquellos fue el de impedir el refrendo de las concesiones prácticamente a perpetuidad y sin concurso de licitación, previsto en el artículo 16 de la Ley de Radio y Televisión. También de importancia fue la declaración de inconstitucionalidad de la discriminación de los permisionarios de radiodifusión (radio y televisión comunitaria y cultural) que esa misma ley establece respecto a los concesionarios de las estaciones comerciales.

Otro revés de la también conocida como Ley de Medios fue que los ministros consideraron contraria a la Constitución la decisión del Congreso de excluir a los anteriores integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) de la nueva conformación del organismo, así como los nombramientos transexenales de los comisionados hechos por Fox, aspectos estipulados en las reformas a la Ley de Telecomunicaciones.

Aunque la Corte aún está por definir el alcance y los efectos de sus resoluciones, hasta ahora sólo parte de una de las impugnaciones que se siguen en el juicio –la referente al refrendo de las concesiones sin necesidad de someterse a una licitación– ha sido invalidada del paquete de reformas.

Lo decidido hasta ahora por la Suprema Corte es producto de votaciones preliminares, pero en ese tema alcanzó ya la mayoría de ocho votos requeridos por la Constitución para anular una norma, con lo que se propinó un revés parcial a uno de los aspectos centrales de la Ley Televisa.

Otro de sus ejes es el nuevo artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, cuyo futuro será decidido esta semana.