México SA
Carlos Fernández-Vega
La espera perpetua
PND: sexta reimpresión
Desarrollo, asignatura pendiente
SCJN: gancho al hígado
Foto: Trabajos de construcción de las Torres de la Libertad, en Nueva York, donde estuvo el World Trade Center. Especialistas opinan que mientras la crisis inmobiliaria en Estados Unidos no sea controlada, no se podrá esperar un crecimiento económico importante
Lupa
Trabajos de construcción de las Torres de la Libertad, en Nueva York, donde estuvo el World Trade Center. Especialistas opinan que mientras la crisis inmobiliaria en Estados Unidos no sea controlada, no se podrá esperar un crecimiento económico importante Foto: Ap
Por sexto sexenio consecutivo los mexicanos han sido enterados de las promesas, vía Plan Nacional de Desarrollo, del inquilino de Los Pinos en turno (2006-2012, con ilusión de que sea a 2030) en materia de bienestar social, desarrollo económico, estabilidad política, justicia y otras menudencias.
Antes de este "nuevo" plan presentado ayer por Felipe Calderón, cinco mandatarios habían hecho lo propio: un compendio, igual que el sexto de la temporada, de "buenas intenciones" (la gran mayoría de ellas irrealizables) para supuestamente enderezar el barco, siempre enfáticos en el discurso, ondeando idénticos objetivos políticos, económicos y sociales. Pero en esos cinco sexenios la realidad impuso su rigurosa jerarquía, y los resultados fueron más que raquíticos e, incluso, contrarios a los originalmente comprometidos.
El acceso al desarrollo se ha convertido en una ilusión para los mexicanos, y en una asignatura pendiente para los cinco gobiernos que en los últimos 30 años pasaron por Los Pinos. Y el de Calderón pinta para ser el sexto al hilo, con los mismos resultados.
De lo anterior da cuenta la tajante diferencia entre lo prometido y lo alcanzado: José López Portillo (le llamó Plan Global de Desarrollo 1980-1982, y en las administraciones posteriores se renombró como PND, que abarca el sexenio) se comprometió a lograr un tasa de crecimiento del producto interno bruto de 8 por ciento entre 1980 y 1982, pero sólo alcanzó 5.75; Miguel de la Madrid "garantizó" un incremento anual del PIB de 5.5 por ciento, aunque en la práctica se sufrió un brutal desplome, para concretar un espeluznante 0.34; Carlos Salinas de Gortari presumió un 6 por ciento anual, pero concretó 3.9; Ernesto Zedillo aseguró que cuando menos llegaría a 5 por ciento anual, pero no pasó de 3.5, Vicente Fox juró y perjuró que sería 7 por ciento para, en los hechos, reportar 2.3, el peor resultado de las últimas cinco administraciones.
Continúa en: La Jornada
Luis Javier Garrido
La ilegalidad
El rechazo del gobierno a acatar el llamado que le hiciera el Congreso para dejar de utilizar de manera anticonstitucional al Ejército (24 de mayo), y el aval a todas estas políticas por los gobernadores de la Conago (29 de mayo), no hace más que llevar al país a una situación de ilegalidad.
1. La decisión no sorprende en absoluto puesto que resulta absurdo suponer que un gobierno de facto, surgido de un fraude electoral que quebrantó el orden constitucional, como lo demuestra el abogado Julio Scherer Ibarra en La guerra sucia de 2006, el libro que publicará junto con el periodista Jenaro Villamil (Grijalbo, 2007), y que pretende además tener como objetivo central desmantelar precisamente a esa Constitución, iba a buscar respetar el orden que pretende destruir, pero no puede, sin embargo ignorarse la gravedad de la situación a la que se ha llevado a México.
2. Las políticas neoliberales aspiran a sustentarse en la lógica del capital que busca la desregulación de los órdenes jurídicos nacionales y preconizan, por lo mismo, los acuerdos en vez del respeto a la ley, y esto en México ha llevado a una situación crítica, pues cuando se quiebra el "acuerdo en lo fundamental" que sustenta un orden constitucional no hay ya Estado y se vive en la barbarie.
Continúa en: La Jornada
Astillero
Julio Hernández López
Corte chavista
Legítimo, no renovar concesiones
Flan Nacional de Puro Rollo
Los tigres rayados del IFE
Un lamentablemente decisorio número de chavistas, disfrazado de ministros de la Suprema Corte Bolivariana de Justicia, aprobó ayer un grave atentado contra la libertad de expresión, al reivindicar la propiedad del Estado sobre su espectro radioeléctrico y, por tanto, su facultad soberana de renovar o no las concesiones a empresas de televisión. Infectados de feos virus autoritarios y dictatoriales, los izquierdistas disfrazados de jurisperitos infiltraron en el sacro recinto de la Corte conceptos anticuados y populistas como "rectoría del Estado" y "propiedad del Estado sobre los bienes públicos", e incluso se atrevieron a postular que los concesionarios en materia de televisión "no son intocables" ni tienen derechos irreversibles sobre bienes públicos (¡ya las pagarán esos ministros desobedientes cuando sustituyan a Bartlett y Corral en la programación de escarnios en pantalla!).
La comunistoide medida (que significa estatuir que un presidente patriota -es decir, no en los próximos cinco años y medio- pueda usar la posibilidad jurídica de no renovar concesiones a las nativas versiones golpistas de Radio Caracas Televisión) echó abajo el agandalle del año pasado con el que Televisa y Tv Azteca se habían proveído de una amable renovación en automático de sus concesiones e incluso de una magna expansión gratuita. Ahora, cuando menos, deberá haber una licitación pública con preferencia para los actuales titulares de concesiones, pero el Estado mantendrá su absoluto derecho a renovar o no los tales permisos.
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Carlos Fernández-Vega
La espera perpetua
PND: sexta reimpresión
Desarrollo, asignatura pendiente
SCJN: gancho al hígado
Foto: Trabajos de construcción de las Torres de la Libertad, en Nueva York, donde estuvo el World Trade Center. Especialistas opinan que mientras la crisis inmobiliaria en Estados Unidos no sea controlada, no se podrá esperar un crecimiento económico importante
Lupa
Trabajos de construcción de las Torres de la Libertad, en Nueva York, donde estuvo el World Trade Center. Especialistas opinan que mientras la crisis inmobiliaria en Estados Unidos no sea controlada, no se podrá esperar un crecimiento económico importante Foto: Ap
Por sexto sexenio consecutivo los mexicanos han sido enterados de las promesas, vía Plan Nacional de Desarrollo, del inquilino de Los Pinos en turno (2006-2012, con ilusión de que sea a 2030) en materia de bienestar social, desarrollo económico, estabilidad política, justicia y otras menudencias.
Antes de este "nuevo" plan presentado ayer por Felipe Calderón, cinco mandatarios habían hecho lo propio: un compendio, igual que el sexto de la temporada, de "buenas intenciones" (la gran mayoría de ellas irrealizables) para supuestamente enderezar el barco, siempre enfáticos en el discurso, ondeando idénticos objetivos políticos, económicos y sociales. Pero en esos cinco sexenios la realidad impuso su rigurosa jerarquía, y los resultados fueron más que raquíticos e, incluso, contrarios a los originalmente comprometidos.
El acceso al desarrollo se ha convertido en una ilusión para los mexicanos, y en una asignatura pendiente para los cinco gobiernos que en los últimos 30 años pasaron por Los Pinos. Y el de Calderón pinta para ser el sexto al hilo, con los mismos resultados.
De lo anterior da cuenta la tajante diferencia entre lo prometido y lo alcanzado: José López Portillo (le llamó Plan Global de Desarrollo 1980-1982, y en las administraciones posteriores se renombró como PND, que abarca el sexenio) se comprometió a lograr un tasa de crecimiento del producto interno bruto de 8 por ciento entre 1980 y 1982, pero sólo alcanzó 5.75; Miguel de la Madrid "garantizó" un incremento anual del PIB de 5.5 por ciento, aunque en la práctica se sufrió un brutal desplome, para concretar un espeluznante 0.34; Carlos Salinas de Gortari presumió un 6 por ciento anual, pero concretó 3.9; Ernesto Zedillo aseguró que cuando menos llegaría a 5 por ciento anual, pero no pasó de 3.5, Vicente Fox juró y perjuró que sería 7 por ciento para, en los hechos, reportar 2.3, el peor resultado de las últimas cinco administraciones.
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Luis Javier Garrido
La ilegalidad
El rechazo del gobierno a acatar el llamado que le hiciera el Congreso para dejar de utilizar de manera anticonstitucional al Ejército (24 de mayo), y el aval a todas estas políticas por los gobernadores de la Conago (29 de mayo), no hace más que llevar al país a una situación de ilegalidad.
1. La decisión no sorprende en absoluto puesto que resulta absurdo suponer que un gobierno de facto, surgido de un fraude electoral que quebrantó el orden constitucional, como lo demuestra el abogado Julio Scherer Ibarra en La guerra sucia de 2006, el libro que publicará junto con el periodista Jenaro Villamil (Grijalbo, 2007), y que pretende además tener como objetivo central desmantelar precisamente a esa Constitución, iba a buscar respetar el orden que pretende destruir, pero no puede, sin embargo ignorarse la gravedad de la situación a la que se ha llevado a México.
2. Las políticas neoliberales aspiran a sustentarse en la lógica del capital que busca la desregulación de los órdenes jurídicos nacionales y preconizan, por lo mismo, los acuerdos en vez del respeto a la ley, y esto en México ha llevado a una situación crítica, pues cuando se quiebra el "acuerdo en lo fundamental" que sustenta un orden constitucional no hay ya Estado y se vive en la barbarie.
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Astillero
Julio Hernández López
Corte chavista
Legítimo, no renovar concesiones
Flan Nacional de Puro Rollo
Los tigres rayados del IFE
Un lamentablemente decisorio número de chavistas, disfrazado de ministros de la Suprema Corte Bolivariana de Justicia, aprobó ayer un grave atentado contra la libertad de expresión, al reivindicar la propiedad del Estado sobre su espectro radioeléctrico y, por tanto, su facultad soberana de renovar o no las concesiones a empresas de televisión. Infectados de feos virus autoritarios y dictatoriales, los izquierdistas disfrazados de jurisperitos infiltraron en el sacro recinto de la Corte conceptos anticuados y populistas como "rectoría del Estado" y "propiedad del Estado sobre los bienes públicos", e incluso se atrevieron a postular que los concesionarios en materia de televisión "no son intocables" ni tienen derechos irreversibles sobre bienes públicos (¡ya las pagarán esos ministros desobedientes cuando sustituyan a Bartlett y Corral en la programación de escarnios en pantalla!).
La comunistoide medida (que significa estatuir que un presidente patriota -es decir, no en los próximos cinco años y medio- pueda usar la posibilidad jurídica de no renovar concesiones a las nativas versiones golpistas de Radio Caracas Televisión) echó abajo el agandalle del año pasado con el que Televisa y Tv Azteca se habían proveído de una amable renovación en automático de sus concesiones e incluso de una magna expansión gratuita. Ahora, cuando menos, deberá haber una licitación pública con preferencia para los actuales titulares de concesiones, pero el Estado mantendrá su absoluto derecho a renovar o no los tales permisos.
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