Mano Dura' para las y los adolescentes

Uno de los 'slogans' de campaña de Felipe Calderón fue precisamente: Mano dura. Ha sido congruente: a partir de las primeras semanas de vivir en Los Pinos observamos con preocupación cómo fue integrando al Ejército en acciones policíacas contra el narcotráfico como respuesta a una franca desventaja, ineficacia e ineficiencia de las policías estatales y federales, éstas últimas militarizadas por cierto, con respecto de las mafias organizadas de todo tipo.

La utilización de las fuerzas armadas en acciones que corresponden al ámbito civil, además de que pervierten el precepto constitucional, van al fracaso porque pretenden tapar un hoyo creando otros. El trasfondo de estas decisiones denotan un concepto propio del autoritarismo que pervierte el Estado de Derecho confundiéndolo con toda alevosía con la aplicación de medidas policíacas de persecución con un gran prejuicio: todos son 'malos' hasta que no se demuestre lo contrario.

Y esa interpretación es la que distingue el programa Escuela Segura a aplicarse en una primera etapa en las 2000 secundarias del país. Esta política de revisar mochilas violenta los derechos humanos de las y los jovencitos, deriva que todas y todos son trasgresores de la ley, denota un gran prejuicio y no resolverá el problema de drogadicción.

Fracasarán porque simplemente no toman en consideración en primer lugar que es poco probable que un adolescente meta cualquier tipo de droga a su mochila sabiendo que se la van a revisar.

Lo correcto hubiera sido preguntarles a las y los adolescentes qué piensan de la drogadicción, por qué algunos de sus compañeros incursionan en estas aguas pantanosas; preguntarles cuáles pueden ser las medidas para prevenir y entonces si creen que la revisión de su mochila sea una medida eficiente para evitar que se consuma droga por algunos de sus condiscípulos. La opinión de estos chicos será sabia y en base al conocimiento de su realidad.

Un niño o adolescente cuando usa droga o alcohol comienza el camino de la deserción escolar. Se sabe, y los maestros en primerísimo lugar, que cuando una persona se droga simplemente se le nota, no puede estar en clases ni en el plantel, por lo tanto el primer indicio es que el chico que se droga empieza a faltar a clases. Entonces habrá que preguntarle a la SEP cómo asegurar que las y los maestros informen debidamente cuando un adolescente se empieza a ver 'raro' o igual cuando manifiesta otro tipo de situaciones como ser víctima de la violencia.

Un adolescente sobrevive circunstancias que no siempre están bajo su control, a veces ni siquiera encuentra la respuesta de cómo se siente: ya no es un niño pero tampoco es un adulto. Su cuerpo vive una gran revolución, la más impactante de su desarrollo como ser humano.

Es una etapa de gran conflicto consigo mismo, no se siente atendido ni comprendido, sufre estrés porque empieza a adquirir responsabilidades, ya no goza la misma situación de su infancia, tiene que aprender entre otras cosas, a respetar las normas. Es conocido por los profesionales en la materia que en esta etapa sufren una alta depresión.

Quienes se dedican al narcomenudeo saben de esta situación de alta vulnerabilidad de sus futuras presas, captan a sus víctimas cuando salen de la escuela, en las reuniones públicas; los niños y niñas se enganchan siguiendo a otros amigos o parientes.

Uno de los elementos que distingue la integración a ciertos grupos propicios para experimentar con la droga es la empatía. Se sienten tomados en cuenta, a gusto entre otros jóvenes que son como ellos: inquietos, curiosos, pero también desorientados. Muchos de estos adolescentes tienen problema de comunicación con sus padres o provienen de familias disfuncionales. Las redes de la educación no favorecen la permanencia de éstos en la escuela.

Son doblemente victimados

También están quienes ya no pueden seguir estudiando y son excluidos socialmente. Este grave problema estructural debiese ser atendido con la misma dinámica con que presentan el programa escuela segura, digo, para que estos chicos no sean cooptados por expresiones antisociales como los 'maras'.

En conclusión: un análisis profesional más somero convendría para conocer las causas que provocan la deserción escolar y el enganchamiento a las drogas o a otro tipo de riesgos. En datos de la propia SEP, son dos millones de niñas, niños y adolescentes quienes no están incluidos en la educación básica de este país. ¿Dónde están? ¿Quién los atiende? ¿Por qué no están en la escuela? ¿Qué hacen?

Nunca nos cansaremos de decir que la educación es fundamental para el desarrollo del país a partir de que asegura, entre otras cosas, el libre desarrollo de la personalidad de niñas y niños que se sustenta en el goce holístico de cada uno de sus derechos.

Profundizar en muchas de las causas que provocan que miles de jóvenes sean cooptados por la delincuencia organizada nos reflejará, entre otras cosas, la necesaria y urgente reforma estructural y profunda del sistema educativo y que las políticas gubernamentales aseguren las condiciones de bienestar y desarrollo para niñas y niños sobretodo los más pobres.

En nombre del amor y la compasión, los adultos cometen las peores atrocidades contra las niñas y los niños, y la lucha contra el narcomenudeo de ninguna manera justifica la violación de sus derechos que están debidamente señalados en la Convención Sobre los Derechos del Niño y refrendados en la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Este es el Estado de Derecho que hay que respetar.

Los soldados violan mujeres como parte de la guerra de baja intensidad





Los abusos y violaciones sexuales cometidos por elementos del Ejército Mexicano en contra de mujeres de las poblaciones de Castaños, Coahuila; Zongolica, Veracruz; Nocupétaro, Michoacán y San Salvador Atenco, Estado de México, responde a una guerra de baja intensidad y tiene como denominador común el abuso de poder, violaciones sexuales, impunidad y violación a los derechos humanos, afirmó el general José Francisco Gallardo Rodríguez.

El General detalló que en el caso de la violación a la señora indígena de 73 años de edad, Ernestina Ascencio Rosario, en el que participó personal de 26 Batallón de Infantería, respondió a que se detectó la presencia del Ejército Popular Revolucionario (EPR), en la Sierra de Zongolica, Veracruz, que ocasionó la concentración de tropas, por ende la agresión contra la señora.

Las tropas, abundó, saben lo que están haciendo y por qué lo hacen, toda vez que sus acciones responden a la estructura de su formación, entrenamiento y adoctrinamiento que se les da a la tropa, a través de los manuales de adiestramiento, en el que también reciben mensajes subliminales para romper el tejido social de una comunidad o población.

Desde la óptica del general Gallardo Rodríguez, para evitar el escándalo y la confrontación entre los diferentes poderes, el Alto Mando Militar debió haber puesto a disposición de la autoridad civil y del Ministerio Público a los presuntos responsables de la agresión a la indígena Ernestina Ascencio.

En entrevista con Cimacnoticias, el catedrático universitario señaló que en las agresiones sexuales contra las activistas en San Salvador Atenco, Estado de México, predominó la misma actitud que los elementos del Ejército realizan en las comunidades indígenas: atacar a sus mujeres para romper la estructura social, pero más aún –en este caso- el instituto castrense quiso dar una lección de venganza contra la población que se levantó.

En Atenco, subrayó, también prevaleció la intervención del Ejército, el abuso de poder, la violación a los derechos humanos, impunidad e improperio, así como violaciones sexuales contra mujeres. “Se violaron tratados internacionales, el pacto constitucional y leyes humanitarias de derechos humanos”, enfatizó el general.

Gallardo Rodríguez comentó que en Michoacán, donde fueron secuestradas, narcotizadas y violadas cuatro menores de edad, en el municipio de Nocupétaro, tiene que ver con la intervención de parte del Ejército para someter a los grupos de 'narcotráfico' y del crimen organizado que estaban ahí asentados.

Precisó que el personal militar que participó en Michoacán no era el personal acantonado ahí, sino personal de apoyo. 'Si el Ejército ubica a un grupo de personas que delinquen en un pueblo, todos sus pobladores son sospechosos, por ende son agredidos'; ya que para las fuerzas castrenses detrás de cada indígena hay un guerrillero en potencia y todo mundo es sospechoso.

El General, quien propuso sin éxito la figura de Ombudsman militar, sostuvo que con base en la preparación castrense, el personal de infantería sabe que las poblaciones indígenas basan su autonomía en la comunidad social, por lo que cuando llegan a un lugar donde se presume que hay delincuencia, lo hacen para romper el tejido social, decapitando y atacando a sus mujeres, para sembrar el terror y desestabilizar a sus pobladores.

José Francisco Gallardo dijo que en Coahuila, en el caso de las 14 mujeres de Castaños, fue otro el motivo: el denominador común es que hubo violación a los derechos humanos, abuso sexual contra mujeres e impunidad.

Aquí -apuntó- la tropa se salió de control del mando, puesto que los militares agresores saben perfectamente bien que hagan lo que hagan no les van hacer nada, por lo que siguen cometiendo tales atrocidades.

El doctor en Administración Pública se pronunció por una reforma profunda a los preceptos constitucionales ilegales internos del Ejército Mexicano, a fin de evitar que cuando se cometan ilícitos, como los anteriormente señalados, se encausen las diligencias a la justicia civil, para que no queden impunes los militares que violan y abusas sexualmente de las mujeres.

Asimismo, se manifestó porque se aplique el Artículo 13 constitucional, en el que se establece que cuando hay un evento en el que participa personal militar y civil, este debe ser turnado a las autoridades civiles, no a las militares. Sin embargo, en el caso de Zongolica, por una práctica que no tiene que ver con la ley, el alto mando militar escudado en el fuero militar siempre deja impune los delitos que cometen los militares.

Cuando interviene la Justicia Militar entorpece toda la investigación e incluso llega a las amenazas en contra de las víctimas, testigos, familiares y en contra de quienes las apoyan, como es el caso del obispo de Coahuila, Raúl Vera, de las mujeres de Castaños y sus familiares, concluyó el general José Francisco Gallardo Rodríguez.