TU HABLANDO DE LEYES, ULISES RUIN....
LaJornada
La sección 22 sólo se deslindó de los hechos violentos, precisa su secretario de Organización
Oaxaca, Oax., 17 de julio. El consejo estatal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se declaró en sesión permanente y demandó a la Secretaría de Gobernación (SG) la reinstalación de la mesa de diálogo para detener la ''nueva campaña de represión'' y solucionar el conflicto político-social en la entidad.
''Nuestro movimiento es pacífico; siempre hemos tenido la voluntad de diálogo'', afirmó Florentino López Martínez, uno de los voceros de la agrupación.
Mientras, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz declaró estar abierto al diálogo con la APPO, ''y con los dirigentes de organizaciones que quieran'', a fin de llegar a acuerdos. No obstante, aseguró que su administración va a ''aplicar todo el peso de la ley'' a los detenidos y, sobre todo, garantizar la celebración de la Guelaguetza, ''por la seguridad de los oaxaqueños y del turismo nacional e internacional''.
Por la noche, seis menores de edad que junto con otras 36 personas fueron arrestados durante el enfrentamiento del pasado lunes entre miembros y simpatizantes de la APPO y policías locales, en las inmediaciones del cerro del Fortín, fueron dejados en libertad por la procuraduría del estado.
El consejo estatal de la Asamblea Popular acordó también realizar la tarde de este miércoles una ''marcha de luto'' para denunciar la represión y exigir la libertad de los detenidos. Determinaron reforzar el plantón representativo en el zócalo, mientras se instala uno masivo los próximos días 21, 22 y 23, y 28, 29 y 30 de julio, para boicotear la Guelaguetza organizada por el gobierno estatal.
''No nos hacen caso''
Florentino López, vocero de la APPO, dijo que ésta presentó formalmente ante la SG, desde los primeros días de junio, una solicitud formal para reiniciar el diálogo, ''pero ha hecho caso omiso, a pesar de no estar resuelto el problema''.
Expuso que la dependencia federal en vez de atender la solicitud ha ordenado la participación del Ejército, la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigación, ''para ayudar a la policía del tirano (el gobernador Ruiz Ortiz) a reprimir al pueblo oaxaqueño''.
En tanto, el secretario de Organización de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Ezequiel Rosales Carreño, aclaró que no se deslindó de la APPO, sino de los hechos violentos ocurridos el pasado lunes, porque ese gremio ''es columna vertebral'' del movimiento popular. Puntualizó que el magisterio oaxaqueño ''está firme'' en la decisión de boicotear la Guelaguetza, para lo cual el próximo sábado la asamblea estatal definirá las acciones a seguir.
A su vez, el Espacio Civil de Organizaciones de Oaxaca reportó que Raymundo Torres Velasco y Emeterio Cruz Vásquez, quienes fueron golpeados por policías durante la refriega, se encuentran ''muy graves'' por estallamiento de vísceras y fracturas múltiples de cráneo.
La presidenta de la filial Oaxaca de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Yésica Sánchez, acusó que 13 de los detenidos aún no han sido puestos a disposición del Ministerio Público, por lo que exigió que sean presentados. Dio a conocer que un grupo de organismos civiles de derechos humanos interpuso juicios de amparo por incomunicación y para evitar el traslado de los detenidos a cárceles de mediana y máxima seguridad en otras entidades.
Denunció que Jesús Alfredo López García y César Grijalva, miembros del Comité de Liberación 25 de Noviembre, integrado por el pintor Francisco Toledo para lograr la excarcelación de los ''presos políticos y de conciencia'', fueron golpeados y detenidos por elementos policiacos.
Por separado, el secretario de Protección Ciudadana estatal, Sergio Segreste, ofreció que la dependencia a su cargo investigará el uso excesivo de la fuerza de la policía en contra de simpatizantes de la APPO, ''aunque no estábamos tratando con blancas palomitas''.
Finalmente, diputados locales de PRI, PAN, PRD, PVEM, PT y el Partido Unidad Popular -de registro estatal- aprobaron un punto de acuerdo para repudiar los ''actos de vandalismo y provocación'', y exhortaron a los actores políticos y sociales a dirimir diferencias mediante el diálogo.
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