C. IRENE KHAN, SECRETARIA GENERAL DE AMNISTÍA INTERNACIONAL
Agradeciendo el favor de su atención ante Usted expongo: Para quienes hemos vivido el infierno de la desaparición forzada, la guerra sucia, la persecución, el hostigamiento; el miedo a que el estado cumpla sus amenazas de volvernos a desaparecer no ha terminado.
En 1996, el gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano y Ernesto Zedillo Ponce de León, gobernador y presidente de la República respectivamente, iniciaron en la región zapoteca de los Loxichas una guerra de exterminio contra la etnia zapoteca por sus presuntos vínculos con el Ejército Popular Revolucionario. Acusaciones que no aceptamos; jurídicamente hemos demostrado nuestra inocencia y el grupo guerrillero ni ha realizado acciones en dicha Región ni reconoce como sus militantes a nadie de los que fuimos desaparecidos, encarcelados o fueron asesinados.
Así como hoy el estado no reconoce la existencia de cárceles clandestinas, la desaparición forzada de personas o la existencia de presos políticos, estas son una realidad en un país en que los militares enfrentan el triste papel de policías y lo que es peor, de paramilitares que desde hace décadas reprimen a los movimientos sociales.
Pedimos de la manera más atenta se intervenga de manera enérgica contra ésta prácticas de lesa humanidad pues conocemos el cinismo de quienes tanto en el ámbito federal como estatal han sido los operadores de esta barbarie y permanecen en cargos públicos como garantía de impunidad.
Adjunto:
Copias de un expediente personal de mi desaparición forzada y posterior encarcelamiento en 1998 donde se podrá observar la mecánica de negación del estado y sus contradicciones en la práctica.
Copias de Dictamen Médico/psicológico Especializado para casos de posible tortura y o maltrato realizado por la Procuraduría General de la República y donde se observa la existencia de secuelas psicológicas de la tortura en 25 días de desaparición forzada.
Copia del expediente penal 74/2006 donde se observa, como en todos los casos de la Región Loxicha y en el presente movimiento social, la mecánica de criminalización de la protesta social con la fabricación de expedientes.
Notas periodísticas que dan cuenta de la insistencia del estado en acusarnos de tener vínculos con el Ejército Popular Revolucionario.
Respetuosamente, Juan Sosa Maldonado
Oaxaca de Juárez, Oaxaca; martes 31 de julio de 2007
Agradeciendo el favor de su atención ante Usted expongo: Para quienes hemos vivido el infierno de la desaparición forzada, la guerra sucia, la persecución, el hostigamiento; el miedo a que el estado cumpla sus amenazas de volvernos a desaparecer no ha terminado.
En 1996, el gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano y Ernesto Zedillo Ponce de León, gobernador y presidente de la República respectivamente, iniciaron en la región zapoteca de los Loxichas una guerra de exterminio contra la etnia zapoteca por sus presuntos vínculos con el Ejército Popular Revolucionario. Acusaciones que no aceptamos; jurídicamente hemos demostrado nuestra inocencia y el grupo guerrillero ni ha realizado acciones en dicha Región ni reconoce como sus militantes a nadie de los que fuimos desaparecidos, encarcelados o fueron asesinados.
Así como hoy el estado no reconoce la existencia de cárceles clandestinas, la desaparición forzada de personas o la existencia de presos políticos, estas son una realidad en un país en que los militares enfrentan el triste papel de policías y lo que es peor, de paramilitares que desde hace décadas reprimen a los movimientos sociales.
Pedimos de la manera más atenta se intervenga de manera enérgica contra ésta prácticas de lesa humanidad pues conocemos el cinismo de quienes tanto en el ámbito federal como estatal han sido los operadores de esta barbarie y permanecen en cargos públicos como garantía de impunidad.
Adjunto:
Copias de un expediente personal de mi desaparición forzada y posterior encarcelamiento en 1998 donde se podrá observar la mecánica de negación del estado y sus contradicciones en la práctica.
Copias de Dictamen Médico/psicológico Especializado para casos de posible tortura y o maltrato realizado por la Procuraduría General de la República y donde se observa la existencia de secuelas psicológicas de la tortura en 25 días de desaparición forzada.
Copia del expediente penal 74/2006 donde se observa, como en todos los casos de la Región Loxicha y en el presente movimiento social, la mecánica de criminalización de la protesta social con la fabricación de expedientes.
Notas periodísticas que dan cuenta de la insistencia del estado en acusarnos de tener vínculos con el Ejército Popular Revolucionario.
Respetuosamente, Juan Sosa Maldonado
Oaxaca de Juárez, Oaxaca; martes 31 de julio de 2007
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