jesús esquivel Washington, 31 de julio
Bajo el pretexto de un operativo enfocado a contrarrestar al narco y el crimen organizado, el gobierno de George Bush y el de Felipe Calderón operan de manera conjunta --y sin la autorización de una Corte-- una red computarizada para el espionaje telefónico a mexicanos. “Con México tenemos una larga y justamente extensa cooperación en materia de la aplicación de la ley, y es de preocupación particular para nosotros, así como para el gobierno de Calderón, el tratar de lidiar con la amenaza y reto que representa el crimen organizado; particularmente el tráfico de narcóticos y otros elementos criminales”, dijo Tom Casey, portavoz del Departamento de Estado. El espionaje telefónico a los mexicanos, que en colaboración practican la Casa Blanca y Los Pinos, es una herramienta que supuestamente se viene usando desde hace dos años para el combate al crimen organizado, pero también aplica para detectar cualquier actividad relacionada con el terrorismo. Esto último por insistencia de Washington. Incluso hace dos años el Departamento de Estado autorizó la compra de equipo de inteligencia y computarizado para la interceptación de las llamadas telefónicas que se realizan dentro del territorio mexicano. Y los centros de este espionaje telefónico, que son dos, se ubican en la embajada de Estados Unidos en México, y el otro en las oficinas centrales de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Reveló que a través del Buró de Narcóticos Internacionales y la Aplicación de la Ley, del Departamento de Estado, el gobierno estadunidense proporciona asistencia al gobierno mexicano, al permitir, incluso --como lo subrayó Casey--, “comprar algún equipo y programas sofisticados de nuestros anaqueles que les faciliten el darse cuenta qué están haciendo los hombres malos”. El portavoz del Departamento de Estado apuntó que con el apoyo que dan al gobierno de Calderón para espiar telefónicamente a los mexicanos, a las autoridades mexicanas “se le da la oportunidad de seguir algunos de los procedimientos que realiza el FBI y otras agencias (estadunidenses) para abordar ese tipo de elementos criminales”. Privacidad, ya no Incluso a principios de este año el gobierno de Calderón compró en Estados Unidos más equipo para espiar las llamadas telefónicas de los mexicanos, cuyo costo --según reveló Arturo Sarukhán, embajador mexicano en Washington—alcanzó los 300 mil dólares. Sin embargo, para la intervención de cualquier línea de teléfono de un ciudadano mexicano, las autoridades requieren de la autorización de una Corte. El espionaje telefónico, que desde hace décadas practica Estados Unidos, se acentuó con el gobierno de Bush, sobre todo a raíz de los ataques del 11 de septiembre de 2001. No obstante, también en Estados Unidos cualquier intervención telefónica de un ciudadano requiere de la orden de una Corte. Por eso hace dos años –en que la prensa reveló que el gobierno de Bush, en violación a la ley y a los derechos civiles y de privacidad de los estadunidenses, intervenía las conversaciones privadas en la Unión Americana-- la Casa Blanca se vio involucrada en un escándalo y problema político con el Congreso federal, que obligó a la administración federal a suspender parcialmente el espionaje telefónico. El Departamento de Estado apuntó que el gobierno mexicano tiene varios proyectos sobre el uso del equipo para el espionaje telefónico, pero indicó que este es un punto que le corresponde explicar al gobierno de Calderón. No obstante la ambigüedad de las declaraciones de Casey, el Departamento de Estado dejó en claro que tiene mucho interés en que se realice el espionaje telefónico en México, pretextando el combate internacional al terrorismo, al crimen organizado y al narcotráfico. Cuestionado sobre cuáles son los beneficios para Estados Unidos al proporcionarle apoyo al gobierno de Calderón para el espionaje telefónico, Casey reincidió en destacar que los dos países mantienen una sólida relación y buena cooperación en la lucha antidrogas. “Espero que haya una continua cooperación entre Estados Unidos y México, particularmente en tratar de trabajar juntos para afrontar los muy serios retos representados por algunos de estos criminales, pandilleros y narcotraficantes, entre otros lugares en la región de la frontera (común)”, acotó Casey.
Bajo el pretexto de un operativo enfocado a contrarrestar al narco y el crimen organizado, el gobierno de George Bush y el de Felipe Calderón operan de manera conjunta --y sin la autorización de una Corte-- una red computarizada para el espionaje telefónico a mexicanos. “Con México tenemos una larga y justamente extensa cooperación en materia de la aplicación de la ley, y es de preocupación particular para nosotros, así como para el gobierno de Calderón, el tratar de lidiar con la amenaza y reto que representa el crimen organizado; particularmente el tráfico de narcóticos y otros elementos criminales”, dijo Tom Casey, portavoz del Departamento de Estado. El espionaje telefónico a los mexicanos, que en colaboración practican la Casa Blanca y Los Pinos, es una herramienta que supuestamente se viene usando desde hace dos años para el combate al crimen organizado, pero también aplica para detectar cualquier actividad relacionada con el terrorismo. Esto último por insistencia de Washington. Incluso hace dos años el Departamento de Estado autorizó la compra de equipo de inteligencia y computarizado para la interceptación de las llamadas telefónicas que se realizan dentro del territorio mexicano. Y los centros de este espionaje telefónico, que son dos, se ubican en la embajada de Estados Unidos en México, y el otro en las oficinas centrales de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Reveló que a través del Buró de Narcóticos Internacionales y la Aplicación de la Ley, del Departamento de Estado, el gobierno estadunidense proporciona asistencia al gobierno mexicano, al permitir, incluso --como lo subrayó Casey--, “comprar algún equipo y programas sofisticados de nuestros anaqueles que les faciliten el darse cuenta qué están haciendo los hombres malos”. El portavoz del Departamento de Estado apuntó que con el apoyo que dan al gobierno de Calderón para espiar telefónicamente a los mexicanos, a las autoridades mexicanas “se le da la oportunidad de seguir algunos de los procedimientos que realiza el FBI y otras agencias (estadunidenses) para abordar ese tipo de elementos criminales”. Privacidad, ya no Incluso a principios de este año el gobierno de Calderón compró en Estados Unidos más equipo para espiar las llamadas telefónicas de los mexicanos, cuyo costo --según reveló Arturo Sarukhán, embajador mexicano en Washington—alcanzó los 300 mil dólares. Sin embargo, para la intervención de cualquier línea de teléfono de un ciudadano mexicano, las autoridades requieren de la autorización de una Corte. El espionaje telefónico, que desde hace décadas practica Estados Unidos, se acentuó con el gobierno de Bush, sobre todo a raíz de los ataques del 11 de septiembre de 2001. No obstante, también en Estados Unidos cualquier intervención telefónica de un ciudadano requiere de la orden de una Corte. Por eso hace dos años –en que la prensa reveló que el gobierno de Bush, en violación a la ley y a los derechos civiles y de privacidad de los estadunidenses, intervenía las conversaciones privadas en la Unión Americana-- la Casa Blanca se vio involucrada en un escándalo y problema político con el Congreso federal, que obligó a la administración federal a suspender parcialmente el espionaje telefónico. El Departamento de Estado apuntó que el gobierno mexicano tiene varios proyectos sobre el uso del equipo para el espionaje telefónico, pero indicó que este es un punto que le corresponde explicar al gobierno de Calderón. No obstante la ambigüedad de las declaraciones de Casey, el Departamento de Estado dejó en claro que tiene mucho interés en que se realice el espionaje telefónico en México, pretextando el combate internacional al terrorismo, al crimen organizado y al narcotráfico. Cuestionado sobre cuáles son los beneficios para Estados Unidos al proporcionarle apoyo al gobierno de Calderón para el espionaje telefónico, Casey reincidió en destacar que los dos países mantienen una sólida relación y buena cooperación en la lucha antidrogas. “Espero que haya una continua cooperación entre Estados Unidos y México, particularmente en tratar de trabajar juntos para afrontar los muy serios retos representados por algunos de estos criminales, pandilleros y narcotraficantes, entre otros lugares en la región de la frontera (común)”, acotó Casey.
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