Zarpazo panista al TEPJF

Jorge Carrasco Araizaga Los recientes escándalos protagonizados por integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no sólo anulan la confianza que requiere la máxima instancia jurisdiccional del país en esa materia, sino que evidencian cómo, con su insana trama de vínculos familiares y partidistas, el Poder Judicial se volvió un coto político en disputa, como cualquier otro.

Una vasta red que involucra a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a la Presidencia de la República, que alcanza a un magistrado del Consejo de la Judicatura Federal, y la disputa por el control del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), llevó a María del Carmen Alanís Figueroa a la presidencia del máximo organismo jurisdiccional en la materia.

Arropada desde Los Pinos por Margarita Zavala, la esposa del presidente Felipe Calderón, Alanís se quedó con el máximo cargo del TEPJF en una disputa interna que, por el momento, no sólo relegó y desacreditó al magistrado Flavio Galván Rivera, sino que puso en evidencia que cargos clave del Poder Judicial de México se concentran en unas cuantas manos.

Por lo menos cuatro ministros de la SCJN (Fernando Franco González Salas, Sergio Valls Hernández, Juan Silva Meza y Margarita Luna Ramos) tienen presencia directa o indirecta en la estructura administrativa o jurisdiccional del TEPJF. Es el mismo caso del magistrado Luis María Aguilar Morales, miembro del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el organismo que se encarga de vigilar la actuación de los jueces federales y magistrados del país.

Fragmentado por los enfrentamientos entre sus magistrados y los diferentes intereses políticos de su entorno en el que predomina el PAN, el TEPJF enfrenta la peor crisis desde su creación en 1996, cuando sustituyó al Tribunal Federal Electoral (Trife). Entre octubre de 1990 y octubre de 1996, el presidente del Trife fue el ahora ministro Franco, quien desde entonces apoyó la carrera de María del Carmen Alanís, hija de Agustín Alanís Fuentes, procurador de justicia del Distrito Federal en el gobierno de José López Portillo.

Con el gobierno federal aún en manos del PRI, Franco y Alanís iniciaron su carrera judicial y administrativa en el viejo régimen, pero ambos se adaptaron a los nuevos tiempos políticos. Franco llegó a la SCJN de la mano del expresidente Vicente Fox después de haber sido su subsecretario del Trabajo, y Alanís representa la presencia de Calderón y el PAN en el TEPJF; desde que se convirtió en magistrada es una asidua visitante de Los Pinos.

Por el control del tribunal se desató un duro enfrentamiento entre los siete magistrados que integran la Sala Superior del TEPJF, seis de los cuales asumieron su cargo apenas en noviembre pasado.

Propuestos por la Suprema Corte y negociados sus nombramientos en el Senado para ocupar esos cargos durante 10 años, Flavio Galván, Alanís, Salvador Olimpo Nava Gomar, Constancio Carrasco Daza, Manuel González Oropeza y Pedro Esteban Penagos, a partir de noviembre del año pasado sustituyeron por mandato constitucional a los magistrados que casi tres meses antes emitieron el polémico dictamen para validar la elección de Felipe Calderón.

Por acuerdo mayoritario de los nuevos magistrados, Galván Rivera fue designado presidente del TEPJF en consideración a sus casi dos décadas de trabajo en los órganos jurisdiccionales electorales, y tomando en cuenta que en la anterior integración de la Sala Superior ocupó la Secretaría General de Acuerdos, instancia de la presidencia del tribunal que se encarga del funcionamiento de la propia sala.

Pero esa designación dejó inconformes a algunos. Uno de ellos fue Alejandro Luna Ramos, hermano de la ministra de la corte. Él también dio su aval al triunfo de Calderón y apenas por un voto en el Senado se salvó de ser relevado en el tribunal durante la designación de los nuevos magistrados. Quería ser presidente del TEPJF con el argumento de que era el magistrado con más antigüedad.

Con la salida de los magistrados anteriores, se había convertido en el decano, pues en abril de 2005, con el apoyo de su hermana desde la corte, llegó al TEPJF para reemplazar al fallecido magistrado José Luis de la Peza.

Lo que sí logró, pese a la oposición de los nuevos integrantes del tribunal, fue quedarse con las mejores oficinas, que incluyen una sala de descanso. Esas instalaciones se las dejó el magistrado Eloy Fuentes, quien fue presidente del TEPJF entre 2004 y septiembre de 2005, cuando dejó el cargo en condiciones nunca aclaradas.

Luna Ramos tiene otra herencia de Fuentes. Uno de sus secretarios de estudio y cuenta –quienes se encargan de elaborar los proyectos de resolución- de los juicios– es Iván Ernesto Fuentes Garrido, hijo del exmagistrado.

Trabazón familiar y política



El hermano de Margarita Luna no es el único con privilegios. En sus escasos nueves meses como presidente del TEPJF, Flavio Galván apoyó las exigencias de sus colegas para que les cambiaran mobiliario o les dieran teléfonos celular y siete camionetas Suburban para reemplazar a las Windstar que tenían. Esa renovación no incluyó los vehículos blindados que pretendía Alanís, ahora presidenta del tribunal.

El propio Galván ordenó cambiar los muebles y accesorios de los baños de mármol pulido de la presidencia del TEPJF. También mantuvo los privilegios del quinto piso del edificio principal del tribunal, donde está el comedor para los ministros y sus invitados, un salón para juegos de mesa, una sala de juntas para la Comisión de Administración –en la que participan tres consejeros del CJF– y dos salas más para juntas de los ministros. Para su servicio de comedor, los magistrados cuentan con dos chefs y se les provee de vinos importados.

El ejecutor de esos y otros gastos como responsable de los recursos fue Daniel Tapia Izquierdo, secretario administrativo del tribunal hasta el pasado 29 de junio, fecha en que salió de la institución en medio de las disputas de los magistrados. Cuatro días antes de la renuncia de Galván, Tapia tuvo que comparecer ante la contraloría interna para explicar las erogaciones y la adquisición de un inmueble para la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción, que desató el escándalo.

El secretario administrativo del tribunal es el cargo de más importancia después de los magistrados de la Sala Superior y de las cinco salas regionales. Ahora el cargo es ocupado por Diego Gutiérrez Morales, yerno del ministro de la corte Juan Silva Meza. El ministro asegura que su familiar tiene una larga carrera en el Poder Judicial y que él no ha tenido que ver en los cargos que ha ocupado, incluido su reciente nombramiento.

Gutiérrez Morales no es el único funcionario con fuertes lazos en la corte. También es el caso de Mario Rodríguez Santos, el contralor interno del tribunal, cargo al que llegó de la mano de Sergio Valls Hernández. Este ministro lo promovió desde el Consejo de la Judicatura Federal, del que formó parte antes de llegar a la SCJN. Valls niega que él haya influido y aduce que sólo formó parte del consejo que lo designó contralor.

Rodríguez Santos, quien en los últimos años se ha encargado de vigilar el gasto del tribunal, es ahora personaje clave en las investigaciones sobre la gestión de Galván. De sus indagatorias depende que el caso pase a la Comisión de Administración del TEPJF, instancia encargada del ejercicio del presupuesto del tribunal –que para este año es de casi mil 129 millones de pesos– y de imponer las sanciones a los funcionarios por irregularidades o faltas.

El CJF tiene injerencia directa en la Comisión de Administración, que es presidida por Alanís en su calidad de presidenta del tribunal. También participa en ella el magistrado Constancio Carrasco Daza, primo de Diódoro Carrasco Altamirano, actual diputado del PAN, exsecretario de Gobernación y exgobernador de Oaxaca, donde Carrasco Daza fue procurador. El secretario técnico de la comisión es Diego Gutiérrez Morales.

En la Comisión de Administración también participan tres magistrados consejeros del CJF, María Teresa Herrera Tello, designada en el órgano de vigilancia de los jueces federales y magistrados por Vicente Fox; Elvia Díaz de León, nombrada por el Poder Judicial, y Miguel Ángel Quirós, quien fue propuesto por el Senado.

La presencia del CJF en el tribunal va más allá de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El magistrado Luis María Aguilar, presidente de las comisiones de Administración y de Disciplina del CJF, tiene un hermano en el tribunal: José Alfredo Aguilar Morales, jefe de la unidad de Control de Obras y Conservación, que depende de Gutiérrez Morales.

Dentro del TEPJF hay otro funcionario importante para el futuro de Galván y sus colaboradores: Rodolfo Terrazas Salgado, director del Centro de Capacitación Judicial Electoral y representante de la Sala Superior en la Comisión Sustanciadora del propio tribunal, encargada de conducir los casos relativos a la imposición de sanciones de los servidores del tribunal por irregularidades o faltas administrativas.

Magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) entre 1999 y 2006, Terrazas fue designado en esos cargos en una sesión privada de la Sala Superior que se llevó a cabo el 14 de mayo de 2007. Al igual que Alanís, Terrazas trabajó en el Trife con el ministro Franco, pero éste dice que el trato de mucho tiempo que tiene con ambos no significa que haya sido su impulsor. Asegura que nunca he hablado con ningún magistrado para recomendar a nadie.

Propuesto por Vicente Fox para llegar a la corte, Franco fue subsecretario del Trabajo, Seguridad y Previsión Social entre diciembre de 2000 y enero de 2006, cuando el secretario del Trabajo era Carlos Abascal Carranza. Ya en su cargo actual de secretario general adjunto del PAN, Abascal estuvo presente en la sesión solemne del 14 de diciembre pasado, cuando Franco asumió como ministro de la SCJN.

Terrazas Salgado está identificado con los intereses del PAN. Incluso, como magistrado electoral de la capital del país fue acusado formalmente por el entonces representante de Convergencia por la Democracia, el actual diputado federal Elías Cárdenas Márquez, de haber asesorado a Acción Nacional antes de que los asuntos se trataran en el pleno del tribunal local.

Más aún, el nombre de Terrazas ha sido señalado en una auditoría realizada por la adquisición, en 2005, del actual edificio que ocupa el TEDF en Río Magdalena 21, colonia Del Valle. En el TEDF, el secretario de Acuerdos es Gregorio Galván Rivera (el hermano de Flavio Galván) y como tal se encarga de la operación jurisdiccional del tribunal local.



Confianza vulnerada



Además de la disputa por el control del máximo órgano electoral, la salida de Galván de la presidencia del TEPJF el pasado 6 de agosto fue determinada por sus decisiones en torno a la administración de los recursos del tribunal. La adquisición de un edificio para la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción del TEPJF, con cabecera en el Distrito Federal, detonó su salida.

El miércoles 8, el periódico Reforma publicó una nota sin firma según la cual la adquisición del inmueble estaba a cargo de Norma Inés Aguilar León, entonces coordinadora de asesores del presidente del tribunal y quien, de acuerdo con esa versión, le solicitó a una inmobiliaria 5 millones de pesos a cambio del contrato de compraventa del inmueble.

Aguilar León fue una muy cercana colaboradora de Galván por más de una década en el TEPJF, al que llegó como estudiante para hacer su servicio social. Pronto pasó a trabajar al lado de Galván y empezó a ocupar importantes espacios de poder. No sólo se convirtió en la coordinadora de asesores del secretario general de Acuerdos, sino que fue nombrada representante del tribunal ante los organismos electorales.

La influencia de Aguilar León en las decisiones administrativas de la Secretaría General le causaron problemas a Galván, quien se debilitó en el tribunal cuando cuestionó públicamente a sus predecesores por el millonario fideicomiso que integraron para su retiro. No sólo acordó con el resto del pleno de la Sala Superior la disolución de ese fideicomiso, sino que despidió a parte del personal de los anteriores magistrados.

Su coordinadora de asesores se convirtió en el punto más vulnerable de Galván. De acuerdo con la versión de prensa, durante la búsqueda del nuevo edificio para el tribunal, Aguilar intentó corromper a una empresa de bienes raíces en la que participa Olga Gomar, tía de Salvador Olimpo Nava Gomar. Documentación en poder de Proceso señala que desde mayo pasado el propio Nava mostró un reiterado interés en torno al “uso” que tendría el nuevo edificio.

Desatado el escándalo y luego de la elección de Alanís, Nava Gomar desapareció de escena. Cuando se le requirió información, en su oficina se dijo que estará de vacaciones hasta los últimos días de agosto.

Nava Gomar fue un activo promotor de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental antes de ser magistrado, y junto con el ministro Penagos fue uno de los principales opositores a conceder el acceso a las boletas de la elección presidencial solicitado por este semanario; incluso comparó la petición con la intención de contar los billetes del Banco de México. Penagos se refirió a las boletas como “papeles inservibles” (Proceso 1591).

En cambio, Nava logró la creación de la Comisión de Supervisión y Resolución en materia de transparencia y acceso a la información del TEPJF. Como secretario técnico de la misma llevó a Francisco Javier Acuña Llamas, con quien trabajó en el Departamento de Derecho de la Universidad Anáhuac del Sur, fundada por los Legionarios de Cristo.

Hijo de Salvador Nava Castellanos, actual director de Vialidad de la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, Nava Gomar llegó al tribunal, igual que Alanís, con el respaldo de los senadores del PAN. Durante la pasada campaña presidencial, el ahora magistrado mostró su apoyo a Calderón.

En una colaboración periodística en el diario la Crónica de Hoy, en enero de 2006, definió a Calderón como “un tipo congruente, interlocutor válido incluso para sus opositores y hombre de una sola trayectoria”.

Al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador lo describió como representante de la más tradicional de las izquierdas, y del PRI dijo que no todos los militantes de ese partido deben ser considerados pillos como su entonces candidato, Roberto Madrazo.

Más evidente aún es la cercanía de Alanís con Calderón y Los Pinos. En los días más intensos de la elección presidencial, tuvo una intensa comunicación, de cientos de llamadas telefónicas, con el equipo de Calderón, según informó el diario El Centro en su edición del pasado lunes 13 de agosto.

Pragmática, Alanís Figueroa ha tejido una amplia red de alianzas en la que entrecruza al PAN, al PRI y al Partido Alternativa Socialdemócrata. No ha estado exenta del escándalo y llegó a la presidencia del TEPJF con una votación dividida.

En septiembre de 2005 renunció con una carta pública a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral (IFE) y acusó a su presidente, Luis Carlos Ugalde, de falta de apoyo e injerencia en su trabajo. El desencuentro ocurrió luego del divorcio de Ugalde con Pía Limón, con quien Alanís, como Margarita Zavala, mantiene una amistad de casi tres décadas.

Los escándalos en el TEPJF no cesan. El viernes 17, Reforma publicó en otra nota sin firma que el general retirado Valentín Romano López, coordinador de Seguridad y Protección Civil, ha sido investigado por la Procuraduría General de la República debido a presuntos vínculos con el narcotráfico y por la procuraduría de Veracruz en relación con un presunto fraude en la compra de chalecos antibalas para la policía del estado. El general había sido ratificado por la presidenta María del Carmen Alanís.