Con todo y rebambaramba, la reforma se aprobó en el Senado

Primero fue en comisiones del Senado, y después en el pleno (por 110 votos contra sólo once): la reforma electoral fue aprobada por los tenedores de escaños de los tres partidos más grandes: PAN, PRI y PRD, y el digno Partido del Trabajo (PT). Habrá remoción gradual, pues, del Consejo General del IFE, que este martes 11 cosechó higienizantes despidos para limpiar la apestosa suciedad electoral que ese consejo excretó en el 2006. Lo cual significa que, primero, se van Luis Carlos Ugalde y dos consejeros más, y que los otros seis serán removidos escalonadamente en grupos de tres hasta terminar en el 2010, o sea, un año después de las elecciones intermedias del 2009 y dos antes de las próximas presidenciales del 2012. Con lo cual, si ya no fue posible corregir lo del 2006, puede ser que ya no ocurra lo mismo en el 2012, y presumiblemente tampoco en el 2009.

La decisión del Senado prestigia a este cuerpo colegiado, parte de uno de los tres poderes formales de la República. Ese es el camino, senadoras y senadores, no el de la prosternación indigna ante los poderes fácticos y facciosos del dinero a raudales (para ellos). Los miembros del Senado supieron resistir y actuar positivamente tanto en comisiones como en el pleno, contra la algazara mediática que tuvo su acto cumbre ese mismo martes 11 en la embestida que fueron a armar al propio recinto legislativo las dos empresas del duopolio televisivo y las ocho del oligopolio radiofónico, con sus lebreles -también llamados conductores, locutores y periodistas que desdijeron de su condición profesional- que son sus sirvientes y que pensaron que los legisladores se iban a acobardar ante sus andanadas e improperios.

Si con esa dignidad hubiesen actuado los legisladores en abril del 2006, no hubiesen aprobado la “ley televisa” y el país no tendría que estar remontando -ya ahogado el niño de la democracia en los fraudulentos y tramposos episodios electorales de 2006- la que ha sido una grave crisis, ésta sí, sin duda, del Estado de Derecho, pues subvertía el orden jurídico vigente. Los senadores dieron un magnífico ejemplo de la dignidad que deben siempre tener la representación popular y el voto que los llevó a ese lugar. Y siguieron en el camino de las observaciones de inconstitucionalidad de la “ley televisa” que marcó la Suprema Corte de Justicia. Dos poderes que se pudieron enlazar para dar el resultado del martes 11 y del miércoles 12.

El llamado Ejército del Raiting y el Espot -Julio Hernández López dixit, en La Jornada- sufrió una gran derrota, que fue reafirmada en el pleno del Senado el miércoles 12. Pero es una derrota que no los destruye ni aniquila, sino que los pone en orden, nada más. Los pone en el camino de entender que el orden constitucional es una realidad insoslayable, a la cual no puede sobreponerse, bajo ningún criterio, pretexto o interés, el poder mediático faccioso del dinero. Ni aunque los haya apoyado el anterior titular del Poder Ejecutivo, el paradojal enano Fox, que ya no cuenta ni debe contar. Lo cual se refuerza en el hecho de que Felipe Calderón se haya mantenido convenientemente ausente del país por andar de viaje en Asia, con lo que se ha demostrado que esa política -de sumisión del Estado hacia la tele y radio-cracia- no tiene futuro, ni siquiera porque él fue el principal beneficiario de la acción facciosa del raiting y el espot. Por andar de viaje Calderón, los magnates de la mediocracia, pese a las vocinglerías destempladas de sus sirvientes, ya no pudieron pasarle de nuevo la factura del apoyo otorgado un año antes.

Las reformas aprobadas por los senadores primero pasaron al pleno senatorial, donde los tres partidos grandes más el Partido del Trabajo las aprobaron, para que después se envíen a la colegisladora, los diputados, y más tarde, una vez aprobadas por la Cámara de Diputados -si lo son, lo cual es de esperarse- las ocho reformas constitucionales que implican deberán ser sometidas a los congresos de los estados, que en dos terceras partes deberán a su vez aprobarlas para que queden constitucionalmente firmes y sean vigentes. Lo esencial de las reformas de los senadores se concreta en tres puntos:

1) La remoción escalonada, ya dicha, de los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral.

2) La prohibición total de que partidos o particulares compren espacios o tiempos, bajo cualquier modalidad, en la TV y la radio, con objeto de no atentar contra la libertad de expresión, y sólo se usen los llamados “tiempos oficiales” (48 minutos diarios por cada una de las estaciones televisivas o radiofónicas del país en épocas electorales), que sólo administrará el nuevo IFE resultante de las remociones ahora aprobadas, se supone que con rigor, para que no aparezcan un año después más de 300 mil espots no contabilizados que según el IFE actual nadie sabe quién pagó. El apartado A del artículo 41 constitucional queda en los siguientes términos, sobre la exclusividad del IFE para administrar la propaganda electoral: “Ninguna otra persona pública o privada, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar la difusión de mensajes en radio y televisión dirigidos a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o candidatos a cargos de elección”. Tajante.

Pero la reforma igualmente prevé (apartado B) que sólo para sus propios fines como IFE, este instituto podrá determinar que se cubra el tiempo faltante, cuando a su juicio fuese insuficiente el tiempo total previsto.

3) Se prohíben absolutamente, también, las campañas sucias y denigrantes a través de las pantallas televisivas y las estaciones de radio. Todo mundo sabe que de no haber habido rabiosas “campañas negras” en los medios contra López Obrador y el PRD, Calderón no hubiese ni aspirado a acercarse en la votación al primero, para que después el IFE y el TRIFE pudieran hacer el vergonzoso papel de escamotear los resultados reales en un tramposo conteo final.

Las protestas del martes 11 contra el afán reformista senatorial, de parte de los magnates y sus lebreles de los medios electrónicos, oscilaron de la rabia al ridículo. Principalmente porque se les cayeron pingües ingresos de más de 4 mil millones de pesos. Se tendrán que acostumbrar. No hay de otra. Pese a la rebambaramba o mitote de los empresarios de medios, las reformas fueron aprobadas en esa primera y crucial etapa, así como ratificadas absolutamente en el Pleno del Senado.