Prohibición expresa para contratar publicidad en medios electrónicos de comunicación
En la reforma constitucional en materia electoral, las tres principales fuerzas políticas del país no sólo acordaron la remoción de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), sino también la de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Sumado a ello, establecieron la prohibición expresa para que los partidos políticos y sus candidatos contraten publicidad en los medios electrónicos de comunicación, de tal manera que, en adelante, su propaganda será difundida únicamente en los tiempos oficiales de forma gratuita.
La remoción de los siete magistrados del TEPJF, que apenas hace un año fueron elegidos, se dará tras el escándalo de corrupción que minó su credibilidad.
El PAN y el gobierno llevaron a la mesa de negociación la petición para que se renueve el tribunal, aprovechando que saldrán los consejeros, y para que “de una vez se haga el cambio completo de las instituciones electorales”, confiaron representantes de ese partido.
El planteamiento de los panistas obedece más bien a su inconformidad por la manera como han trabajado los magistrados. Cabe recordar que en la reunión privada de los senadores con el presidente Felipe Calderón, en Nuevo Vallarta –hace tres semanas–, éste manifestó su molestia por la resolución que emitieron sobre Baja California en favor del priísta Jorge Hank Rhon, según versiones panistas.
Al continuar las conversaciones para elaborar el dictamen de la reforma constitucional en materia electoral, PRI, PAN y PRD finalmente acordaron incluir dos artículos transitorios para dar por concluido el cargo para el que fueron elegidos los actuales consejeros y magistrados. En otro párrafo establecieron que su renovación ocurrirá de manera escalonada.
Por lo que toca a las campañas publicitarias, se prohibirá de manera específica la transmisión de publicidad política en los programas y en los noticieros, ya sea bajo la forma de entrevistas o la presentación de encuestas pagadas en favor de algún candidato o partido.
Las medidas en materia de medios de comunicación serán enunciadas en el dictamen que se discutirá este lunes y que probablemente se aprobará ese mismo día en el pleno del Senado en la sesión vespertina. Una vez saldado este requisito, tendrán que hacerse puntualizaciones en la ley reglamentaria, informaron las fuentes consultadas, quienes recordaron que en el proceso electoral de 2006 los partidos gastaron, en radio y televisión, alrededor de 2 mil millones de pesos. Dichos recursos provinieron de los contribuyentes, razón por la que es necesario reducirlos, subrayaron.
En apoyo a sus decisiones, explicaron que “los tiempos oficiales actuales son suficientes para dar cobertura a todos los partidos y candidatos”, por lo que no es necesario recuperar el 12.5 por ciento que Vicente Fox regaló a los empresarios de los medios. Según PRI, PAN y PRD será el IFE quien distribuya los espacios.
El priísta Manlio Fabio Beltrones dijo que es urgente armonizar con un nuevo esquema las relaciones entre política y medios de comunicación.
Al mediodía, durante la presentación de la iniciativa ante el pleno de la Comisión Permanente, el coordinador de los senadores del PRI consideró que esta es una propuesta de enorme trascendencia que busca corregir lo que no funcionó, y construir soluciones que hacen más amplio el camino de la democracia.
Destacó que uno de sus principales objetivos es el de disminuir de manera significativa el gasto de campañas electorales, mediante la reducción del financiamiento público destinado a tal propósito, en 70 por ciento en los comicios intermedios y en 50 por ciento en los que se renuevan los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Con una nueva fórmula para calcular el monto de las prerrogativas que se destinarán a los institutos políticos, agregó que los partidos tendrán un costo para cada ciudadano inscrito en el padrón de 35.40 pesos al año. Sumado a ello, se reduce en más de 85 por ciento el monto absoluto que cada instituto podría recibir en aportaciones privadas.
Con ello, la iniciativa avanza en un aspecto que preocupa a la sociedad y a los propios partidos: el riesgo de que intereses ilegales o ilegítimos, mediante el dinero, puedan influir en la vida de los partidos y en el curso de las campañas electorales. Junto a la disminución de los recursos añadió que se reducirán los tiempos de campaña.
El segundo objetivo de la iniciativa, explicó Beltrones, es el de fortalecer las atribuciones y facultades de las autoridades electorales federales, a fin de superar las limitaciones que han enfrentado en su actuación.
De esta manera el IFE vería fortalecida su capacidad para desempeñar el papel de árbitro en la contienda, mientras que el tribunal electoral perfeccionará su facultad para decidir la no aplicación de leyes electorales contrarias a la Constitución. En ese contexto, expuso que se propone la renovación escalonada de consejeros y magistrados electorales.
El tercer objetivo que resaltó el presidente de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (Cenca) es el de impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas y en sus resultados mediante los medios de comunicación, así como elevar a rango constitucional las regulaciones a que debe sujetarse la propaganda gubernamental de todos tipo, tanto durante las campañas, como en periodos no electorales.
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