Juegos de guerra

Jorge Carrasco Araizaga

Al crear el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, el presidente Calderón no advirtió que entrañaba riesgos jurídicos para él. Cuando varias voces se lo advirtieron –algunas provenientes de las Fuerzas Armadas–, el aparente remedio fue otro decreto para modificar el anterior. No obstante, en el desfile del 16 de septiembre Calderón apareció rodeado de efectivos y de símbolos militares.

nte las reservas que manifiestan algunos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional por la posibilidad de incrementar aún más su participación en actividades de seguridad pública, el presidente Felipe Calderón se vio obligado a modificar el decreto con el que creó el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, unidad especial del Ejército de la que echará mano contra el narcotráfico y la guerrilla, pero también para “restaurar el orden público”.

A la Presidencia de la República le llevó meses corregir lo que un equipo de abogados, consultado por su Consejería Jurídica, y la propia embajada de Estados Unidos en México advirtieron: que Calderón asumía riesgos políticos y de futuras demandas si se empeñaba en asumir el mando directo de ese cuerpo militar, creado por decreto el 9 de mayo de este año pero conocido hasta el desfile militar del 16 de septiembre pasado.

Al día siguiente del 197 aniversario de la Independencia, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la reforma del decreto de creación de ese cuerpo especial del Ejército y la Fuerza Aérea.

El cambio se hizo con el propósito de que Calderón delegara las decisiones sobre la intervención de ese nuevo cuerpo militar en su gabinete de Seguridad e involucrar así a las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública en las acciones de los 3 mil 500 elementos del Ejército que integran las Fuerzas de Apoyo Federal.

La medida se tomó también para que la intervención de militares en situaciones delicadas de seguridad pública no quedara sólo en manos del presidente o del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con las consecuencias políticas y judiciales que ello implicaba.

Uno de los promotores de la modificación –aseguraron a Proceso fuentes cercanas a la reforma del decreto– fue el oficial mayor de la Sedena, el general de división Humberto Eduardo Antimo Miranda, cercano al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña. Ambos coincidieron en Jalisco cuando el secretario era gobernador del estado y el militar comandante de la V Región Militar, con sede en Guadalajara.

El cambio en el decreto se dio a conocer en medio de una nueva polémica por la reiterada inclinación de Calderón hacia lo castrense, pues en el desfile militar vistió de militares a sus dos hijos varones, a los que les colocaron insignias que los identificaban con los grados de mayor y teniente coronel.

Más que una “mala anécdota” o un “mero exceso” de Calderón, la utilización de los uniformes y los grados por parte de los hijos del presidente puede ser uno de los temas en la próxima comparecencia del titular de la Sedena, el general de división Guillermo Galván Galván, ante la Cámara de Diputados. El secretario será cuestionado también sobre la nueva fuerza del Ejército, incluidos sus decretos de creación y de modificación.

Uno de los abogados a los que recurrió la Consultoría Jurídica de la Presidencia en relación con el decreto que creó el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal aseguró a este semanario que Calderón se vio obligado a buscar esa salida ante el fracaso de su iniciativa para trasladar a 10 mil elementos del Ejército y la Armada de México a la Policía Federal Preventiva (PFP), a cargo del secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, quien enfrenta serias dificultades para crear su muy promocionada Policía Federal (Proceso 1609).

Riesgos jurídicos

El 13 de diciembre de 2006, en su segunda semana como presidente de la República, Calderón anunció que 7 mil 500 soldados y 2 mil 500 marineros pasarían a la PFP. Sin embargo, además de las condiciones impuestas por la Sedena y la Secretaría de Marina para el traslado de sus hombres (Proceso 1606), muy pocos fueron los militares que aceptaron integrarse a la corporación policial, que por casi ocho años ha operado con efectivos castrenses comisionados.

“No fue atendida la promoción que hicieron el Ejército y la Marina para que miles de sus elementos se fueran a la PFP. Por eso se decidió crear un nuevo cuerpo especial dentro del Ejército para encargarse de los temas que le interesan a la Presidencia: delincuencia organizada, guerrilla y seguridad pública”, dice el consultor.

Añade que ante las críticas provocadas por el decreto (Proceso 1593), la Consejería Jurídica de la Presidencia, a cargo del exprocurador general de la República Daniel Cabeza de Vaca, convocó a una decena de abogados para que le hicieran observaciones al decreto del Ejecutivo. La reunión tuvo lugar en Los Pinos a mediados de julio pasado.

Ahí se llamó la atención sobre el exceso cometido por los dos firmantes del decreto, el presidente y el general Galván: “Algunos hicieron ver que era una barbaridad establecer que el nuevo cuerpo especial estuviera bajo las órdenes de Calderón e interviniera por instrucciones de él, pues ya es el comandante de las Fuerzas Armadas.

“No sólo dijeron que esas disposiciones eran innecesarias, sino que advirtieron sobre el riesgo latente de que el presidente fuera sometido a juicio en caso de que algún detenido quisiera mandar llamar al presidente a declarar, puesto que él aparecía como el principal responsable de nuevo cuerpo militar.”

La conclusión del encuentro, añade el abogado, fue muy clara: el decreto podría entrampar al presidente de la República en una serie de juicios que alcanzarían a Calderón aun cuando ya hubiera terminado su gestión. “¿De veras eso puede pasar?”, preguntó uno de los colaboradores de Cabeza de Vaca, refiere el abogado.

No fue la primera advertencia al equipo de Calderón, quien es abogado de profesión. Según dice un testigo, el 4 de julio pasado, en la celebración de la independencia de su país, el embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza, le dijo a García Luna: “Tengan cuidado con el cuerpo especial. Hay atribuciones directas para el presidente que pueden ser peligrosas”.

El diputado del PRD José Alfonso Suárez del Real, integrante de la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, estima que hubo “cierta presión de algunos mandos” para que se modificara el decreto, pues la reforma no sólo obligó a establecer que el nuevo cuerpo militar no estará bajo el mando directo del Ejecutivo, sino a precisar el papel de la Sedena: el Ejército puede ser coadyuvante, pero no uno de los principales responsables de la seguridad pública del país, como sugería la decisión inicial de Calderón, añade el diputado.

Publicado el 9 de mayo, el decreto establecía que la nueva fuerza iba a estar bajo las órdenes del presidente de la República e intervendría por instrucciones del titular del Ejecutivo Federal a solicitud de las autoridades civiles de cualquier nivel de gobierno. Eso significaba que estaría a disposición de Calderón como parte de la estructura del Ejército.

La modificación, publicada el pasado lunes 17 de septiembre, saca a Calderón de la toma de decisiones sobre la intervención de la nueva fuerza militar, involucra a las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública y precisa la actuación de la Sedena.

Dice el nuevo decreto, firmado por Calderón y por los titulares de esas secretarías (Ramírez Acuña, García Luna y Galván Galván, respectivamente): La solicitud de las autoridades civiles para que intervenga el nuevo cuerpo del Ejército “deberá presentarse ante el secretario de Gobernación quien, conjuntamente con los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, evaluará la situación a enfrentar, el estado de la misma, las posibles alternativas a instrumentar y, en su caso, hará la propuesta de intervención y coordinación entre las autoridades involucradas”.

Antes de la intervención de la nueva fuerza, las autoridades civiles que la requieran deberán precisar “las circunstancias excepcionales que la motivan, las acciones ejecutadas hasta ese momento, el área geográfica afectada, así como el período mínimo… en que se requeriría la intervención”.

Suárez del Real asegura que con la modificación “se ve un intento de preservar el principio básico de que el Ejército es coadyuvante a petición de una autoridad política, e infiero que algunos mandos pidieron que se precisara esa coadyuvancia para que no se entendiera que el Ejército es el responsable de la tarea de seguridad pública. No hay ningún mando que quiera encabezar esta tarea”.

El diputado asegura que “el sentir” en las Fuerzas Armadas es que las labores de seguridad pública les exigen apartar elementos y equipo de su responsabilidad principal, que es preservar la seguridad nacional. “No hay mucho entusiasmo de los militares para participar en seguridad pública. Más bien lo asumen como una orden porque son disciplinados”.

Ellos, agrega el legislador, quieren estar más concentrados en acciones como las explosiones en instalaciones de Pemex en Veracruz, Tlaxcala o Guanajuato, y dejar las labores de seguridad pública a la PFP y a la Agencia Federal de Investigación (AFI).

En el nuevo decreto del cuerpo especial del Ejército se excluye por completo la participación del presidente de la República. Las decisiones que se tomen al respecto recaen en su gabinete de seguridad.

Reticencia militar

El profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa y profesor del Colegio de la Defensa Nacional de la Sedena, Guillermo Garduño, considera que la modificación del decreto demuestra que “el Ejército ha aprendido” de experiencias como la guerra sucia de los años sesenta y setenta, en la que hubo excesos militares, o de la represión de 1968, cuando “hubo falta de coordinación de los mandos”.

“Hoy ningún militar obedece sin una orden por escrito, pues una vez activado un despliegue militar ya nada lo detiene. Y si bien hay un total respaldo a la institución presidencial, ahora hay más cautela ante decisiones del Ejecutivo”, explica.

El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, asegura, será una unidad “de alta precisión y bajo impacto social” que irá sobre “objetivos precisos sin caer en la represión desmedida”. Además será de respuesta inmediata, pues está constituida por tropas ligeras que podrán entrar muy rápido en operación por su capacidad para desplazarse por mar, tierra y aire.

El general de división en retiro y exdiputado federal Luis Garfias Magaña explica cómo se modificará la participación del Ejército cuando intervenga en alguna entidad:

Antes, cuando una fuerza local necesitaba a los soldados, el presidente municipal o el gobernador le solicitaban al secretario de Gobernación el apoyo federal. Éste evaluaba la solicitud y, si así lo consideraba, se la turnaba al presidente. Si el jefe del Ejecutivo lo decidía, instruía al secretario de la Defensa y éste ordenaba el desplazamiento de la unidad militar del lugar. Ahora, en vez de utilizar tropas locales, se creó el cuerpo especial que actuará en determinado estado o municipio sin tocar a los elementos de la guarnición.

Con el decreto de Calderón, el Ejército tiene ahora cinco cuerpos especiales, según lo establece la ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea: Cuerpo de Guardias Presidenciales, Cuerpo de Aerotropas, Cuerpo de Policía Militar, Cuerpo de Música Militar y el de Fuerzas de Apoyo Federal.

Garfias, quien también fue agregado militar y rector de la Universidad del Ejército, indica que el nuevo cuerpo cuenta con 3 mil 500 elementos. Se trata de una brigada de tres batallones y cada uno de ellos tiene más de 600 hombres; es decir, la brigada tiene más de mil 800 efectivos. Garfias estima que el nuevo cuerpo cuenta además con cerca de 2 mil elementos de servicio de apoyo: transmisiones, sanidad, intendencia y materiales de guerra, así como una unidad de reconocimiento.

No todos sus elementos, dice, estarán en el Distrito Federal, sino que serán distribuidos en el norte, el sur y el occidente del país y tendrán una gran capacidad de movilización.

Agrega que sus elementos fueron escogidos de diferentes unidades del Ejército. “Fue para hacerlo rápido. Así se hizo con el Batallón Olimpia”, creado para cuidar las instalaciones de los Juegos Olímpicos de 1968 pero que fue utilizado para intervenir en la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre de aquel año.

Requerida por Proceso a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, la Sedena evitó dar cualquier información sobre la integración y funcionamiento del nuevo cuerpo especial del Ejército. En una respuesta entregada el martes 4, clasificó esos datos como reservados por ser parte del despliegue militar estratégico autorizado por Calderón.

La información, asegura, “se encuentra directamente relacionada con la defensa exterior y seguridad interior de la nación, por lo que al hacerse pública se conocerían las capacidades del Estado mexicano para hacer frente a tales eventualidades”.

Estampa marcial

Calderón, en cambio, no ha desaprovechado los foros públicos para hacer manifiesta su cercanía con el Ejército. El más reciente fue el desfile militar del 16 de septiembre, cuando sus hijos Luis Felipe y Juan Pablo, de ocho y cuatro años, respectivamente, lucieron uniformes y grados militares en el balcón presidencial.

En la milicia el gesto fue interpretado como “simpatía” de Calderón por los militares, pero no dejó de ser señalado como un exceso. “El problema es que en estos casos nadie, ni el general Galván o el jefe del Estado Mayor Presidencial, el general de brigada Jesús Castillo Cabrera, se atreve a decirle que no al presidente”, asegura Garfias, quien también opina que la indumentaria militar de los niños fue una expresión de solidaridad y admiración del presidente hacia las Fuerzas Armadas.

“Es una mala anécdota, pero los menores no son imputables. Torpe o no, consultado o no, fue una muestra de que el presidente quiso agradar al Ejército. Me preocupa más cuando el hijo del exsecretario de la Marina, Marco Antonio Peyrot, se saltó al final del sexenio pasado todos los grados y ascendió por encima de más de 300 personas”, señala Garduño.

El PRD, sin embargo, pretende evitar que se siente precedente y cabildea con el PRI para que el Congreso exhorte a Calderón a no hacer mal uso de los uniformes y grados militares en ceremonias cívicas.