Las boletas: sentencia anunciada

Jorge Carrasco Araizaga Después de medio año de mantener el asunto en la congeladora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está por resolver si ejerce la facultad de atracción del amparo tramitado por Proceso para evitar la destrucción de las boletas de la elección del 2 de julio de 2006, en la que Felipe Calderón fue declarado ganador.

El proyecto de resolución, a cargo del ministro y expresidente de la corte, Mariano Azuela Güitrón, propone que se rechace la atracción. Es previsible que la mayoría de los 11 ministros se sume a esta postura, aun cuando algunos de ellos consideran que en el caso está en juego el derecho constitucional de acceso a la información.

En una próxima sesión pública, el pleno de la corte tiene previsto desahogar la petición registrada en el expediente 43/2006-PL y que ingresó a la SCJN desde febrero pasado. El 15 de marzo, el documento fue turnado a Azuela, quien desde un principio pretendió desecharlo. La próxima semana el ministro se ausentará del pleno, porque participará en una reunión internacional de presidentes de tribunales constitucionales.

La solicitud para que la SCJN ejerza su facultad de atracción fue promovida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. A este tribunal llegó el recurso interpuesto por el director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, para impugnar la decisión del Juzgado Cuarto de Distrito del Distrito Federal de negar a la revista la protección de la justicia en contra del artículo 254 del Cofipe. Según este artículo, una vez concluido el proceso electoral deben destruirse los paquetes electorales.

Debido a las dudas por los resultados de la elección presidencial, desde agosto de 2006 Proceso solicitó el acceso a dichos paquetes para hacer un recuento ciudadano de las boletas. En diciembre, la petición fue rechazada por el Comité de Información del Instituto Federal Electoral (IFE) y en mayo pasado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Ante esta negativa del IFE, Proceso se amparó; sin embargo, el Juzgado Cuarto de Distrito del Distrito Federal consideró que por tratarse de cuestiones electorales el asunto no era de su competencia. Éste, identificado en ese juzgado con el juicio de garantías 909/2006, pasó entonces al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, el cual determinó que se turnara a la SCJN.

En distintas resoluciones, ministros como José Ramón Cossío Díaz y Genaro Góngora Pimentel han insistido en que debe prevalecer la garantía individual prevista en el artículo sexto de la Constitución respecto del derecho a la información.

El 20 de febrero, aun antes de que el TEPJF resolviera en definitiva el rechazo para acceder a los paquetes electorales, la Segunda Sala de la Corte conoció el asunto por parte del Tribunal Colegiado. El caso quedó en manos de Azuela, quien desde esa instancia de la SCJN pretendió rechazar la facultad de atracción.

Pero el expediente pasó al pleno a sugerencia del ministro Góngora Pimentel, quien consideró que el asunto debe ser resuelto por todos los ministros porque está en juego una garantía constitucional fundamental para la democracia.

En abril, el caso se incluyó en las listas de asuntos del pleno, pero después fue retirado. El pasado 3 de agosto, se remitió de nuevo a la máxima instancia de la SCJN.

En mayo y agosto, el abogado de Proceso, Luis Miguel Cano López, presentó a la corte argumentos sobre la procedencia de la facultad de atracción. Aun cuando el máximo tribunal se niegue a ejercer esa atribución, se mantendrá el reclamo de la revista. Incluso ha promovido la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que el Estado mexicano tome medidas precautorias en contra de la destrucción de las boletas de la elección presidencial.

En el Consejo General del IFE se ha señalado que una vez tomada la decisión de la corte, es procedente la destrucción de las boletas.

La papelería electoral está resguardada por elementos del Ejército en los 300 distritos electorales del país, lo que ha generado gastos extraordinarios tanto al IFE como a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, que tienen destacados entre ocho y 12 elementos en cada distrito electoral.

De acuerdo con las estimaciones del IFE, la conservación de esos paquetes cuesta medio millón de pesos al mes por el pago de servicios de luz, teléfono y renta de bodegas, sin contar con los gastos que ocasiona la manutención de los soldados y marinos, que está a cargo de las Fuerzas Armadas. l