NOTICIAS DE LA RESISTENCIA SOCIAL EN GUERRERO DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2007- PRENSA CECOP

LA ONU EN LA ZONA DE RESISTENCIA.






¡LA PRESA SE HA CANCELADO, VIVA EL CECOP, NI UN PASO ATRAS, RESUELTOS A VENCER!



SUMARIO.



- LA ONU

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* Visitan Stavenhagen y Khotari, de la ONU, la zona de conflicto

Proponen relatores comité internacional para presa La Parota

* La comisión no será del gobierno ni de organismos civiles, indican los enviados
* Estudiaría aspectos técnicos, jurídicos, sociales y de derechos humanos, informan
* Estaría integrada por especialistas en los diferentes temas que afectará la presa
* Opositores les piden que intervengan ante Torreblanca Galindo y Felipe Calderón
* Anuncian reunión con el gobernador y 19 pueblos que están a favor del proyecto

PORTADA

Los relatores de la Organización de las Naciones Unidas, Miloon Khotari, de Vivienda Adecuada, y Rodolfo Stavenhagen, de Derechos Humanos, en la reunión en la comunidad de Dos Arroyos con campesinos opositores a la hidroeléctrica. FOTO: GONZALO PEREZ /jornada guerrero

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Participarían especialistas en todas las áreas, sugieren Khotari y Stavenhagen
Relatores proponen una comisión internacional para La Parota

Podría ser un arma de doble filo porque no se confía en autoridades, dicen campesinos

Piden a los enviados de la ONU que hablen por ellos con el presidente y el gobernador

ROBERTO RAMIREZ BRAVO/jornada guerrero
Los relatores de la ONU Miloon Khotari y Rodolfo Stavenhagen escuchan al vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, durante la reunión en la comunidad de Dos Arroyos, en el municipio de Acapulco

Los relatores de la ONU Miloon Khotari y Rodolfo Stavenhagen escuchan al vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, durante la reunión en la comunidad de Dos Arroyos, en el municipio de Acapulco Foto: GONZALO PEREZ

Los relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Miloon Khotari, sobre Vivienda Adecuada, y Rodolfo Stavenhagen, sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, propusieron a los opositores a la hidroeléctrica La Parota crear una comisión internacional independiente para estudiar este conflicto en sus aspectos técnico, legal, social y de derechos humanos.

La propuesta establece que esta comisión podría estar integrada por personalidades y especialistas en las diferentes materias, ser independiente del gobierno, de organizaciones no gubernamentales e incluso de la propia ONU, y que trabaje durante seis meses o un año.

En una reunión celebrada en el plantón opositor, los campesinos de los bienes comunales de Cacahuatepec y de los ejidos de Dos Arroyos, La Palma y Los Huajes, que serían afectados por el proyecto, solicitaron que intervengan ante el presidente Felipe Calderón Hinojosa y el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo para que no intenten “revivir un muerto”, pues este proyecto fue rechazado en una asamblea el 12 de agosto pasado en la comunidad de Aguacaliente.

Al concluir, Stavenhagen propuso crear la comisión en presencia de los dos voceros del Consejo de Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui y Felipe Flores Hernández, y un grupo de campesinos que los acompañaba en un recorrido que incluyó al ejido de Los Huajes. “Se trataría de incluir todo lo que ustedes han planteado, incluyendo cuánta gente sería afectada a corto, mediano y largo plazos, y desde luego, con un mandato específico, o que la ONU mandara una comisión de evaluación”, explicó el relator de los derechos indígenas, en la vivienda del campesino Hugo Castillo, en la comunidad de Dos Arroyos.

Suástegui Muñoz respondió que los campesinos no tienen confianza en las autoridades, pues todo el tiempo han tratado de engañarlos, y esta comisión podría ser “un arma de doble filo” y deberían, en todo caso, decidir las comunidades. Flores Hernández dijo a su vez que tendría que revisarse esta propuesta, pues todos los expertos independientes que han analizado el proyecto lo han considerado inviable.

Khotari y Stavenhagen llegaron al plantón que los campesinos mantienen a la entrada del poblado de Dos Arroyos, donde los opositores les plantearon su decisión de defender las tierras incluso a costa de su propia vida. “Tenemos el derecho de crecer, pero sobre todo de morir aquí”, les dijo Suástegui Muñoz, y agregó que “es muy grave” la versión de que el gobernador se reuniría hoy con ellos en La Concepción, pues “lo vamos a ver como una provocación y no lo vamos a permitir”.

Flores Hernández explicó que en este proyecto –el proyecto de la muerte, como le conocen aquí– “no hay desarrollo, lo que quieren es quitarnos la tierra”, y advirtió que es un gran negocio con el que Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, pretende llenarse más los bolsillos con dólares. Mario Quiñones, de Dos Arroyos, dijo que la presa ha dejado divisiones al extremo de que “hoy somos contrarios. En las fiestas ya no nos saludamos y en los velorios no vamos a acompañar, porque unos apoyan la presa y otros no”.

Tras escuchar diversos testimonios, Stavenhagen expresó que este lunes se reunirán con el gobernador Zeferino Torreblanca y 19 comisarios que simpatizan con el proyecto, para escuchar todas las posiciones. “No se preocupen demasiado –les dijo– no nos vamos a dejar engañar por nadie”.

Ambos hicieron un reconocimiento a la lucha de los campesinos por defender su tierra y expresaron su preocupación porque México respete los compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos humanos. La Parota, aseguró Stavenhagen, es una preocupación “que ha llegado a la ONU”, pero advirtió que “no podemos resolver este problema, no somos jueces”.

A su vez, Khotari explicó que en los dos días que estuvo en Guerrero “ya detectamos varias irregularidades y vamos a hacer preguntas muy difíciles y fuertes a las autoridades y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en relación con las garantías y derechos de las personas afectadas”. Después, ya en una reunión más corta, los relatores confiaron a los comuneros que el gobierno les informó que pretende continuar con el proyecto y crear una reserva protegida en las partes altas, así como un desarrollo turístico y “de paso” generar agua para Acapulco.

A punto de morir

Los dos relatores llegaron a las 10:30 horas al plantón, y en una mesa colocada a un lado de la carretera se instaló el diálogo. Suástegui fue el primero en hablar y relató una breve historia del movimiento, en la que explicó que los opositores “hemos estado a punto de morir en la lucha a manos de los policías” y advirtió que “nuestra gente se está matando entre sí, el gobierno ha dividido a la gente porque eso le ha funcionado para construir cualquier cosa que ellos llaman desarrollo”. Recordó que en abril de 2005 intentaron dialogar con el gobernador Zeferino Torreblanca y lo único que recibieron como respuesta fue el asesinato del comunero Tomás Cruz; y en Dos Arroyos, la policía golpeó mujeres embarazadas y niños y entró a las casas en noviembre de 2005 para obligar a la gente a votar por el proyecto.

Afirmó que no hay dos grupos, pues el que llaman de simpatizantes no es un movimiento que defienda esa posición, sino que acuden a las asambleas a votar por el “sí” a cambio de dinero, pero si no hay pago no van. El gobierno, insistió, utiliza el método de “venir, prometer, engañar y desalojar a la gente de sus casas, (sin embargo) tenemos el derecho de vivir, de crecer, pero sobre todo de morir aquí”.

Pidió a los comisionados de la ONU “que le marquen un alto al gobierno mexicano diciéndole que respete la decisión de los pueblos” expresada en la asamblea del 12 de agosto. A Torreblanca Galindo, con quien los relatores se reunirán hoy, dijo, “le reprochamos su traición al pueblo y le decimos que no es dueño de Guerrero, (aunque) él se siente dueño de nuestras tierras”.

Reiteró que los campesinos no quieren casa y “no necesitamos ir a las grandes ciudades a morir como perros. Sí somos indios, pero tenemos dignidad y esa no la van a comprar”.

Pidió acabar con la violencia por este conflicto pues “nos duele mucho cargar nuestros muertos y ver cómo el gobierno nos golpea”. Acusó a éste de criminalizar la lucha y tildarlos de terroristas, de militar en grupos armados, de ser rijosos, e incluso al Ejército, de intentar ingresar a la zona del conflicto, pero reiteró: “estamos dispuestos a morir por nuestras tierras”.

Después, Felipe Flores explicó que el gobierno “dice que los indios guarachudos se oponen al desarrollo. Usted lo sabe, en su país han desplazado a millones de personas por las presas, y sabe que en estos proyectos no hay desarrollo”, le dijo a Khotari, de origen hindú.

Reiteró la petición para Calderón y Torreblanca de que la CFE salga definitivamente del proyecto porque “ya no queremos más violencia, queremos vivir en paz”, e hizo un recuento de las razones por las cuales se oponen a la presa. “Aquí queremos morir; nadie tiene derecho a sacarnos; no queremos el proyecto y vamos a defender la tierra con nuestra vida”, afirmó.

Luego Mario Quiñonez Veloz, de Dos Arroyos, contó que en la presa El Cajón, en Nayarit, los campesinos perdieron lo que producían porque sus tierras quedaron inundadas y ahora no tienen ni dinero ni qué comer, y “no queremos que a nosotros nos suceda lo mismo; nosotros estamos a tiempo, porque no nos han hecho la presa”.

Julián Blanco Cisneros, de Los Huajes, denunció que los 19 comisarios que se reunirían hoy con los relatores “son gente pagada, le van a decir que ellos le tiran al desarrollo, al dinero; y nosotros no, nosotros queremos nuestra tierra”.

En tanto, José Nava, del ejido La Palma, expresó que a ellos no los han perseguido como a los de Cacahuatepec, porque se encuentran en la parte más alta y los mismos funcionarios de la CFE les han dicho que una vez doblegados los primeros, y ya que esté la cortina de la presa, los de La Palma y Los Huajes tendrán que salir solitos al ver que se empiezan a inundar. Pero recordó que en su ejido está la presa de La Venta, y ahí a los damnificados no les han terminado de pagar, a pesar de que ya pasaron 48 años.

Los representantes de los pueblos informaron que en La Palma hay ocho mil habitantes; en Los Huajes, cinco mil; en Dos Arroyos, cuatro mil 200; en Cacahuatepec, 43 mil; pero la CFE sólo reconoce tres mil 39 afectados. Rodolfo Chávez explicó que el padrón agrario no prevé derechos para las mujeres, para los avecindados ni para los posesionarios.

Alfonso García Vázquez, el comisariado “legítimo” de Cacahuatepec, insistió en que “le jalen la rienda” a los gobiernos de Felipe Calderón y de Zeferino Torreblanca, porque si se impone la presa “posiblemente haya demasiada sangre y demasiados muertos”. Pidió “que este conflicto ya se vaya acabando” pues “aquí hay violencia de todo tipo”.

Las mujeres primero

Luego habló la comunera Elvira Gallegos Alvarez, quien expresó que “nosotros aquí nos vamos a quedar. Si la CFE nos va a matar, primero las mujeres y después pasarán los hombres, (pero) vamos a resistir en el plantón mientras Dios nos preste la vida”.

Isidra Manríquez Manzanárez, tía de Enrique Maya, opositor asesinado, pidió a los relatores: “si nos van a ayudar, díganle a Zeferino que él está sentado porque nosotros le dimos el voto, ¿por qué nos paga así?”. Si la presa se impone “va a haber mucho muerto... de tristeza, si no nos toca que nos maten. Aquí somos felices, aunque seamos pobres”.

Por los pueblos cortina abajo, Facundo Hernández Angel informó que éstos van a quedar sin agua y sus tierras se van a salinizar, y a los relatores les dijo que “ustedes son los portavoces que pueden llegar con Felipe Calderón y Zeferino Torreblanca; díganles que no sigan imponiendo este proyecto que según deja beneficio (y) que nos den a saber el mal que nos va a ocasionar”.

María Suástegui, en nombre de los bienes comunales de Cacahuatepec, lamentó que “nadie dice a dónde van a echar a los guarachudos” y calificó a la CFE como la cizaña que ha dividido a los pueblos. “Pongo la fe en Dios y en ustedes, que nos ayuden, yo creo que para la sociedad ya no valemos, porque todos dicen que se haga la presa, que se haga, ¿y nosotros qué?”, clamó a los enviados de la ONU.

José Venus Hernández Nicanor, por el Cecop, pidió a los relatores que comprometan al gobierno de México a cumplir los convenios internacionales firmados, en particular el 169 de la OIT, pues sus tierras producen para el autoconsumo y nunca le han pedido nada al gobierno.

Karla Manrique Nava, en representación de los jóvenes, dijo no estar de acuerdo con el proyecto porque “tenemos nuestras costumbres, este modelo de vida que nos tocó, y somos felices. Nos ha golpeado la policía. No es justo, porque nosotros sólo defendemos lo nuestro y no le pedimos nada a nadie”.

Otros más hablaron: René Mendoza relató la incursión de los militares en mayo pasado, y el abogado Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, hizo una relatoría del aspecto legal de la lucha, tema sobre el cual los relatores quisieron más precisión en torno a las consecuencias jurídicas del convenio del 12 de agosto, y la razón por la cual no se levantó un acta de asamblea, y qué significado tiene que el comisariado no haya ratificado el convenio conciliatorio. En su respuesta, Rosales Sierra explicó que la asamblea se hizo en el esquema de usos y costumbres, según el convenio 169 de la OIT, y por eso no se levantó un acta, pero que fue resultado de un proceso de diálogo de tres meses con el comisariado, y el que éste no ratificara el acuerdo del 12 sólo hizo que el juicio que estaba pendiente en el tribunal se llevara hasta su fin en lugar de concluir por la vía conciliatoria. Dijo que la asamblea no ha sido impugnada y ahora quienes piden plebiscito –figura no prevista en la Ley Agraria– son la gente de Evencio Romero, “líder de la CNC y operador político del gobernador”.