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Carlos Fazio
Veracruz: ¿nueva base FOL del Pentágono?
Bajo el disfraz de contratos civiles realizados por el gobierno de Estados Unidos, empresas privadas dedicadas al "arte de la guerra" se aprestan a operar en México. La denuncia, formulada el viernes pasado por el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, señala que la firma Sycoleman Corporation, con sede en Arlington, Virginia, está contratando mercenarios de nacionalidad estadunidense para operar un centro de espionaje aéreo en Veracruz. El proyecto, auspiciado por el Pentágono, se inscribiría dentro del plan que en materia de seguridad vienen negociando en secreto Estados Unidos y México y contaría con el aval de Felipe Calderón.
La convocatoria, denominada Centro de Operaciones del staff de vigilancia aérea Veracruz, México, establece, entre otros requisitos para los aspirantes, contar con antecedentes militares mínimos de tres años, específicamente en la operación de vehículos aéreos no tripulados (aviones que cuentan con cámaras de visión nocturna y envío de imágenes en tiempo real) y mantenimiento de helicópteros o "ala fija". De preferencia se pide "experiencia internacional" en aviación y programas de seguridad, acreditada con servicios a "clientes" de Centro y Sudamérica.
De acuerdo con lo revelado por el general Roberto Badillo, diputado del PRI y secretario de la Comisión de la Defensa Nacional en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se trataría de una típica acción de tercerización o mercenarización de la "guerra" a las drogas y el terrorismo en territorio nacional. Siguiendo la tendencia mundial, en años recientes ha sido una práctica habitual del Pentágono "subcontratar" la guerra a mercenarios que se hacen llamar contratistas militares privados. Los contratistas, también conocidos como perros de guerra o soldados free lancer , van adonde el Pentágono prefiere no ser visto. Esos ejércitos privados se dicen legales, pero no rinden cuentas a nadie y son un medio efectivo de extender el alcance militar cuando el Congreso y la opinión pública estadunidenses se niegan a pagar más soldados. En años recientes han ido a Bosnia, Nigeria, Macedonia, Colombia, Ecuador y otros lugares conflictivos del mundo.
El beneficio de esa forma de delegación de la participación en la guerra es obvio: en Estados Unidos significa que, apenas sin hacer olas políticas, se interviene en acciones militares en otros países. En tiempos de paz, los soldados disfrazados de civiles pueden actuar como un ejército secreto fuera del escrutinio público. En tiempos de guerra, mientras desempeñan funciones cruciales para el combate, no son propiamente soldados. No están obligados a cumplir órdenes o a seguir los códigos militares de conducta. Su obligación legal depende solamente de un convenio laboral, no de su país.
Según Adam Isackson, miembro del Centro de Política Internacional de Washington, la contratación por el Pentágono de empresas privadas, como Sycoleman, puede ser una cortina de humo para encubrir operativos contrainsurgentes: "Si ellos cruzan la línea entre la guerra a las drogas y la contrainsurgencia, la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos sería menos directa, pues es una empresa privada. Y si alguno llega a morir, habrá menos presión para la Casa Blanca que si se trata de un soldado estadunidense".
De acuerdo con los antecedentes del Plan Colombia, incluida la instalación de un Centro de Operaciones Avanzadas (FOL, por sus siglas en inglés) en la base aeronaval de Manta, sobre el Pacífico ecuatoriano –al que se suman los de Comalapa, en El Salvador, y los de Aruba y Curazao, todos bajo control del Pentágono–, el programado centro de espionaje aéreo de Veracruz sería un eslabón más, ahora en territorio mexicano, del nuevo andamiaje de seguridad estadunidense post Panamá en el hemisferio americano.
Elegidos en función de un esquema de "infraestructura de apoyo en ruta" a la Fuerza Aérea Expedicionaria de combate estadunidense, las bases FOL cubren una área geográfica mayor que la que abarcaba la antigua base aérea Howard en la zona del Canal de Panamá y permiten el aterrizaje de aviones de grandes dimensiones para el transporte de armamento y tropa, así como la instalación de sofisticados equipos para la recolección de datos de inteligencia, radares y antenas satelitales que garantizan movilidad aeroespacial estratégica al Pentágono y la posibilidad de conducir varias misiones de manera casi simultánea.
Situados en una línea borrosa que no distingue entre lo militar y lo civil, pero dedicados ciento por ciento a actividades castrenses que deben ser atendidas por las Fuerzas Armadas de México, los mercenarios, paramilitares o "técnicos" civiles estadunidenses que están siendo contratados por la Sycoleman Corporation para operar un centro de espionaje aéreo en Veracruz bajo control del Pentágono entrañan un grave riesgo para la soberanía nacional.
Todo indica que, al igual que en Colombia, la fuente de financiamiento será el gobierno estadunidense en el contexto de la "asistencia" militar contemplada en el Plan México. Sólo que hablar de "ayuda" militar es una falacia, porque de ahí saldrán los recursos para pagar los helicópteros y aviones producidos por Estados Unidos, la contratación de las compañías privadas, las asesorías y los entrenamientos. En el caso del Plan Colombia, el presupuesto no fue ninguna donación directa de Washington al gobierno colombiano; Estados Unidos mantiene la autonomía en el manejo de esos recursos.
De consumarse el plan, México habrá entrado de lleno en una fase de "colombianización". Ante tal perspectiva Felipe Calderón deberá explicar a quién le rendirán cuentas estos Rambos sin dios y sin ley: ¿al gobierno de Estados Unidos o a sus contratos? Y en México, ¿quién asumirá la responsabilidad?
Plan Colombia para méxico
por Nydia Egremy
Ante el incremento de los índices de pobreza y marginación, ocasionado por el declive económico, el gobierno federal responde aumentando la influencia de organismos de seguridad propios y extranjeros.
Se pretende ampliar el control político-militar de la creciente inconformidad social en México, conforme al esquema previsto hace décadas para el país y América Latina por analistas de seguridad estadounidense que, además, admitían que el combate contra el narcotráfico podría utilizarse contra la insurgencia.
El actual modelo económico profundiza el despojo, no sólo del salario y del bienestar de millones de mexicanos, sino de los recursos naturales y del espacio. En ese marco se insertan la represión en Acteal, Chiapas, y la APPO en Oaxaca, así como las recientes reformas al artículo 139 del Código Penal Federal para combatir al terrorismo, el intento de derogar la Ley de Neutralidad y la creación por decreto del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal.
De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) este cuerpo especial, bajo mando del Ejecutivo, "coadyuvará en el combate a la delincuencia organizada y aquellos actos que atenten contra la seguridad nacional; además, apoyará la restauración del orden". Sus unidades estarán adiestradas en manejo de "situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública, cuya finalidad será el restablecimiento del orden y del Estado de derecho".
Tal como ha ocurrido en Colombia, bajo la cobertura de combate al narcotráfico se monta una estrategia de lucha contra la población y las guerrillas. El Plan Colombia, articulado por Estados Unidos, fue un fracaso que se reeditará como el Plan México contra la delincuencia organizada. Mucha asistencia militar a cambio del control de la disidencia.
En el fondo de esta situación está un sistema económico que se resquebraja. La política que hizo crisis en el gobierno de Ernesto Zedillo es la misma que cruje en 2007.
John Saxe Fernández, académico y coordinador del programa México en el siglo XXI de la UNAM, dice que el esquema económico actual "agrede brutalmente, con los programas de ajuste estructural, a la clase campesina, sobre todo a los indígenas, a los pequeños productores y a la pequeña y mediana industria".
El investigador hace una similitud entre Zedillo y Calderón, y la forma en que ambos enfrentan los problemas financieros y económicos recurriendo al Ejército.
"Apenas llegó Zedillo a la Presidencia, su primera medida fue montar una gran ofensiva militar. Llegó muy debilitado al poder, pues era producto del manejo electoral que hizo un usurpador como Carlos Salinas".
Para Estados Unidos siempre ha sido importante tener en México a un presidente débil, "porque Calderón, como Salinas, también es producto de una usurpación militar", describe Saxe.
Con Zedillo se hizo el primer reclutamiento de los cuerpos paramilitares en el norte de Chiapas y luego hubo grandes operativos de vigilancia e interdicción de droga. Fue entonces cuando surgieron los Grupos Aerotransportados de Fuerzas Especiales (Gafes) y al mismo tiempo se incrementaron las transferencias de equipo y servicios militares de Estados Unidos a México.
Entre 1994 y 1995 aumentó la asesoría militar de kaibiles guatemaltecos y miembros de la ex dictadura argentina al Ejército Mexicano para combatir la rebelión zapatista. En este sentido, Saxe destaca que esas armas y entrenamiento son perfectamente funcionales a las tareas de contrainsurgencia.
"Insisto en la importancia de comprender que el narcotráfico es una cubierta para operativos de contrainsurgencia".
Pobreza, problema militar
Hoy como hace 20 años, cuando estalló la crisis de la deuda externa en el país, y como hace una década cuando el zapatismo fustigó la firma del Tratado de Libre Comercio, resurgen las fuerzas especiales con la misión de controlar la protesta social.
"Ellos están conscientes de que la política económica genera problemas de seguridad y se convierte en un problema militar", apunta Saxe, experto también en el impacto de la globalización.
Para Gian Carlo Delgado, doctor en Economía Ecológica por la Universidad de Barcelona, "bajo la cubierta de que se combate al narcotráfico, se permite a la nueva legislación categorizar a cualquier disidencia como 'terrorista'. Como en Colombia, donde los equipos que entrenaron a las fuerzas armadas también formaron a los paramilitares, ahora centran su mirada en el Plan D-N II, el plan de seguridad interior para México". Sólo una vez el gobierno recurrió a ese plan, en 1994, para combatir al EZLN.
Para ambos analistas la militarización contiene las protestas sociales. Así también lo previó en 1995 el coronel Warren D. Hall III, miembro del equipo del general Warren Mc Caffrey, ex jefe del Comando Sur estadounidense y más tarde responsable de la oficina antidroga en la administración Clinton, en una misiva a su superior:
"Es poco realista esperar que los militares limiten el uso del equipo y operaciones contra los narcotraficantes, a la luz de las habilidades que les transmiten las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos en su adiestramiento, para misiones de contrainsurgencia".
Saxe considera que el escenario actual constituye un "estado de excepción de facto que ahora quieren hacer de jure por medio de esta transformación penal, en donde la lucha contra el narcotráfico sirve al objetivo de criminalizar la disidencia política".
En ese contexto se explica la premura para aprobar las reformas al Código Penal en el Senado de la República el 27 de abril pasado. El objetivo ulterior era rendir cuentas a los legisladores estadounidenses de esas modificaciones, que para grupos defensores de los derechos humanos equiparan la protesta social y política con actividades terroristas.
El 2 de mayo pasado, reunidos en Washington, los líderes parlamentarios del PAN, Santiago Creel; del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y del PRD, Carlos Navarrete Ruiz, llevaron a sus homólogos de Estados Unidos el aval de que México cumplió esa reforma legal para consagrarla en la agenda bilateral que se celebrará el 8 y 9 de junio próximo en Austin, Texas.
Los temas prioritarios para Estados Unidos en esa reunión interparlamentaria son: l ucha común contra el terrorismo, combate a la delincuencia organizada y migración. Exactamente los asuntos sobre los que ya funciona el estado de excepción en México.
Guerra global de clases
El vínculo entre el flujo de inversiones y la seguridad, también es un aspecto fundamental para los gobiernos, como lo demuestra la ASPAN. En una dinámica "perversa", el gobierno maneja la variable de "garantizar la seguridad en la frontera" estadounidense y, de manera similar, "garantizar las inversiones extranjeras".
Así lo afirma la propuesta que lanzó el Instituto Mexicano para la Competitividad, destinada a avalar a las multinacionales que sus inversiones en el país serán respaldadas por el gobierno.
Delgado Ramos recuerda que cuando Calderón firmó el memorándum de compromiso con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para recibir los fondos de infraestructura, afirmó: "La fortaleza del país se refleja en que sí tenemos capacidad para recibir esos préstamos".
Es decir, sintetiza Delgado, "ellos están pensando: protejamos la inversión extranjera y de los grandes capitales nacionales (Slim, Azcárraga, Salinas Pliego) y protejamos la seguridad de Estados Unidos. ¿Y la del pueblo? Para eso están las medidas que se vienen aplicando desde 1984".
Eliminar toda disidencia, como ocurrió tras la rebelión zapatista en Chiapas. Riordan Roett, encargado de Estudios Latinoamericanos de la Universidad John Hopkins, emitió un memorándum secreto que explicaba la necesidad de "liquidar a los zapatistas, pues sólo así, el gobierno de Ernesto Zedillo podría reflejar al mundo y a la población que estaba en control del país".
Roett no hablaba como académico, sino como asesor del Chase Manhattan Bank y del Foro Económico Mundial. Más tarde, sería consultor del Consejo Nacional de Inteligencia de la CIA.
El escenario que él planteó tiene plena vigencia, cuando el segundo gobierno del partido Acción Nacional pretende combatir al narcotráfico desplegando al Ejército en municipios con mayoría indígena y de alta marginación, justo cuando las cifras oficiales apuntan al incremento en la pobreza de millones de mexicanos.
En 2007 millones de mexicanos padecen la contención salarial, la liberación de precios y la apertura unilateral a los productos extranjeros, el escenario económico agrede a la clase campesina mexicana, y se caracteriza por lo que Saxe Fernández llama "un ataque sistemático al aparato productivo, que no genera empleo, desarrollo ni crecimiento y que el economista estadounidense Jeff Faux percibe como una verdadera guerra global de clases (the global crash)".
Armas contra inconformidad
Al operar el esquema de apertura y desregulación, con Zedillo estalló el esquema económico y el aparato financiero, que ya estaba en situación difícil y no pudo sostenerse más. De ahí el "rescate" de Clinton, sin la aprobación del Congreso estadounidense.
Para Saxe y Delgado, el presidente demócrata vaticinaba que el rescate resultaría en una mayor explosividad social en México y en consecuencia, el desplazamiento de cientos de miles de ciudadanos hacia Estados Unidos.
En consecuencia, se adoptaron mecanismos de militarización sistemática en la frontera, que con George W. Bush se intensificaron, como el llamado "REX 94", destinado a acondicionar bases militares ya sin uso, como gigantescos campos de detención de migrantes mexicanos.
El vínculo entre el creciente malestar social generado por los recientes gobiernos mexicanos y la influencia de la doctrina militar estadounidense en el país, se observa al examinar la evolución en el comportamiento de las adquisiciones mexicanas de equipo, armamento y apoyo militar a aquel país.
Datos de la Federación Americana de Científicos (FAS), que reúne a varios premios Nobel, muestran que entre 1984 y 1993, México adquirió 10 veces más armas que lo que acumulativamente compró entre 1950 y 1983.
Saxe Fernández revela que se trata de equipo ligero. "No para un Ejército cuya misión es la defensa de la soberanía nacional y de los recursos naturales estratégicos y la estabilidad del país. Se trata de un equipo destinado a librar una verdadera guerra de las Fuerzas Armadas dentro de México, de cara al malestar creciente generado por la política económica", sostiene.
Entre 1982 y 1990, la transferencia de equipo militar y de servicios militares del Departamento de Defensa a México, comprendida la adquisición de excedentes y la participación en programas de adiestramiento militar, fue mayor que la registrada en los 30 años previos. Por ejemplo, las ventas de armamento y equipo, entre 1950 y 1978, sumaron casi 30 millones de dólares. En contraste, entre 1982 y 1990, cuando los programas de ajuste estructural erosionaban la economía doméstica, Estados Unidos transfirió a México, "ayuda militar" por 500 millones de dólares. De 94 helicópteros que se tenían al comenzar 1994, al entrar en vigor el TLCAN, se adquirieron nuevos helicópteros Bell y Blackhawk.
Además, Estados Unidos transfirió a México 7 mil blindados Hummer para transporte de tropas y 78 helicópteros más, 74 aviones de ala fija, mil 615 ametralladoras, así como 3 mil 300 lanzadores de llamas "para incinerar a la gente", explica Saxe; 360 mil granadas y 266 pinzones eléctricos "para interrogatorio, es decir para tortura".
Un año después, en 1995, William J. Perry, secretario de Defensa estadounidense, expresó en México la posibilidad de llevar a cabo maniobras conjuntas para extender el programa International Military Education and Training (IMET), con un costo de 500 mil a un millón de dólares. El general, especialista en materia prima estratégica, promovía así su doctrina del "Tercer Vínculo", es decir, una relación más estrecha entre el aparato militar mexicano y el de su país.
Esto dio origen al llamado Plan Chiapas 1994, elaborado por la Sedena, con varios objetivos: acelerar la creación de grupos paramilitares, neutralizar" a los zapatistas, censurar a los medios de comunicación y, finalmente, controlar los efectos negativos generados por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.
Fue entonces cuando se montó la estrategia de guerra de baja intensidad, con el aparato de inteligencia de Estados Unidos totalmente involucrado. Esto favoreció el ingreso al país de mercenarios para adiestrar a las policías y tuvo como resultado la represión a los altermundistas en Guadalajara.
Diez años después, el gobierno estadounidense reeditó esa misma estrategia, cuando lanzó la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad para América del Norte (ASPAN), en marzo de 2005, un acuerdo trilateral entre Estados Unidos, Canadá y México, que es un dispositivo de seguridad detrás del TLCAN, y que entró en vigor sin la aprobación de los Congresos de los tres países.
Nydia Egremy
Línea Global
Para Estados Unidos siempre ha sido importante tener en México a un presidente débil, "porque Calderón, como Salinas, también es producto de una usurpación militar", describe Saxe.
Con Zedillo se hizo el primer reclutamiento de los cuerpos paramilitares en el norte de Chiapas y luego hubo grandes operativos de vigilancia e interdicción de droga. Fue entonces cuando surgieron los Grupos Aerotransportados de Fuerzas Especiales (Gafes) y al mismo tiempo se incrementaron las transferencias de equipo y servicios militares de Estados Unidos a México.
Entre 1994 y 1995 aumentó la asesoría militar de kaibiles guatemaltecos y miembros de la ex dictadura argentina al Ejército Mexicano para combatir la rebelión zapatista. En este sentido, Saxe destaca que esas armas y entrenamiento son perfectamente funcionales a las tareas de contrainsurgencia.
"Insisto en la importancia de comprender que el narcotráfico es una cubierta para operativos de contrainsurgencia".
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Veracruz, MEXICO - Aerial Surveillance Operations Center Staff Personnel
Job Description: Title: Aerial Surveillance Operations Center Staff Personnel Physical Work Location Requirement: Various locations throughout Veracruz, Mexico. If candidate does not live within the area, must be willing to relocate and live in MEXICO for duration of Project. Degree: B.S. Desired US Clearance: Must be legally qualified to work in the United States and be eligible to obtain a security clearance. Language Requirement: Must be Bilingual in Spanish and English on a conversational level. Years of Related Experience: 3+ years Military Experience; Unmanned Aerial Vehicles (UAV) operations; Tactical or Security Operations Center experience; International experience support aviation and/or security programs for Central/South American client; Helicopter or Fixed-wing flight experience; Helicopter or Fixed-wing maintenance experience. Description of Required Experience/Skills: U.S. citizens willing to live/living in Mexico. Trainable to operate all facets of the Security Operations Center; program and fly Helicopter Unmanned Aerial Vehicles (UAVs); and work with Mexican security personnel in the support of infrastructure protection. Must pass the proficiency test and meet all other student qualifications prior to hiring. Candidate Selection: Candidate selection is conducted by the instructors during a process which typically lasts 2-4 days at a location TBD. Candidates are presented with a standard general knowledge and language evaluation test to evaluate skills. Instructors select students based on the results of the test. All candidates must meet certain medical criteria and possess a mandated level of skills, including the ability to read and understand basic English. The following criteria are minimum qualifications for candidates: Skills; Vocational School or college degree – recommended; higher degree preferred; sound knowledge of basic physics, mathematics and coordinate systems; excellent hand-eye coordination; familiar with windows-based operating systems; ability to read and understand basic English. Operator Training Course: Complete 10 week training course covering basic aviation principles, UAV system familiarization, operator level (first line) maintenance, simulation and hands-on flight experience. Continued employment is contingent upon successfully completion of the Operator's Training Course and being certified by the UAV Instructor. This 10 week training will be conducted after contract award and hiring. Must be willing to undergo random drug testing after hiring. Must be legally qualified to work in the United States and be eligible to obtain a security clearance. We are proud to be an EEO/AA employer M/F/D/V. We maintain a drug-free workplace and perform pre-employment substance abuse testing.
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