Tribuna de Querétaro

No. 422, 10 de septiembre de 2007, Sección Política


“Se guarda” el dinero gobierno estatal, temen diputados que sea destinado para acciones proselitistas

Mariana Chávez

Gobierno del estado tiene un sub-ejercicio presupuestal de más de dos mil 793 millones de pesos, cuyo recurso no lo ha utilizado en el último año, por ello existe la inconformidad de algunos diputados de oposición al Partido Acción Nacional (PAN), pues temen que el destino final de ese dinero sea para acciones proselitistas, dado que no es “lógico” que la administración estatal “guarde” recursos cuando existen múltiples necesidades.

De acuerdo a la cuenta que presentó la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) del gobierno estatal al órgano de fiscalización de la Legislatura local, que preside el panista Rafael Castillo Vandenpereeboom, gobierno del estado tiene un patrimonio al 16 de agosto de 2007, del orden de los ocho mil 443 millones 169 mil 434 pesos con 42 centavos.

Del total de esa cantidad, cinco mil 650 millones 37 mii 570 con 91 centavos, son de “patrimonio”, más mil 505 millones 864 mil 434 pesos con 85 centavos son de “resultados de ejercicios anteriores” y mil 287 millones 267 mil 428 con 66 centavos de “resultado del ejercicio”.

“El balance general al 30 de junio de 2007”, que consta de una sola hoja, indica que el gobierno estatal tiene un “activo circulante” entre fondos fijos, deudores diversos, anticipo a proveedores, almacén y “otras cuentas por cobrar”, superior a los cuatro mil 200 millones de pesos. Tiene también un “activo fijo” entre bienes inmuebles, maquinaria, vehículos y “otros activos”, del orden de los cinco mil 806 millones de pesos.

Asimismo, reporta la SPF que tiene un pasivo a corto y lago plazo entre acreedores, impuestos y cuotas por cobrar, recaudación de ingresos, préstamos bancarios y “otras cuentas por pagar”, del orden de mil 564 millones 353 mil pesos.
En ese “balance”, la SPF reporta resultados de ejercicios anteriores del orden de los mil 505 millones de pesos, así como un rubro de “resultado del ejercicio” de mil 207 millones de pesos, que hacen un total de dos mil 793 millones 131 mil 863 pesos con 71 centavos que no se han ejercido en el último año.

Situación que confirmó el propio titular de la SPF, Manuel Alcocer Gamba, al comparecer el pasado 31 de agosto ante integrantes de la comisión de Planeación y Presupuesto de la 55 Legislatura local.

En esa comparecencia, diputados del PRI, PVEM Y PRD, cuestionaron al funcionario estatal sobre el dinero “guardado” ante la respuesta del funcionario que ese recurso está comprometido para destinarlo a obra pública.

En entrevista, Alcocer Gamba, indicó que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2006, ingresaron a las arcas estatales recursos extraordinarios, principalmente de los excedentes del petróleo, que al estar a finales de año “no es posible gastarlos”, entonces el recurso fue reportado a principios de 2007, lo que implica que en la cuenta pública del Poder Ejecutivo se registre un sub-ejercicio.

“La ley establece que cuando se tienen sub-ejercicios o se tienen ingresos adicionales (al presupuesto estatal), se deben de reportar al inicio del año y de alguna manera estamos hablando de que cuando empieza el año tenemos que decir cuando tenemos disponibles”, expresó Alcocer Gamba.

El funcionario estatal, confirmó que la administración estatal registra sub-ejercicios cada año en diferentes cantidades desde que iniciaron actividades en octubre de 2003 y confió que esa práctica “siga incluso el siguiente año”.


Programas con orientación social

Durante la comparecencia del funcionario estatal, el coordinador de la fracción priísta, Jaime García Alcocer, María de Jesús Ibarra Silva del PVEM, y Martín Mendoza Villa del PRD, coincidieron en señal que no es comprensible que el gobierno estatal tenga dinero sin ejercer cuando son múltiples las necesidades de obra social y demanda ciudadana, para atender problemas como el que enfrenta la UAQ y el Tribunal Superior de Justicia por déficit presupuestales.

Manuel Alcocer Gamba indicó que los más de dos mil millones de pesos están comprometidos para destinarlos a obra pública, como “el anillo vial II” y el Programa Acción Comunitaria (PAC) que el funcionario lo calificó como “un programa con una gran orientación social”.

El PAC fue objeto de múltiples quejas y críticas de partidos políticos de oposición durante el proceso electoral de 2006, pues a través de ese programa, el gobierno estatal entregó láminas, cemento y tinacos en los municipios de la sierra, lo que fue calificado como una medida electoral.

El funcionario estatal señaló que en el año 2005, el gobierno estatal destinó al PAC 233 millones de pesos, para brindar los servicios básicos como agua, luz y drenaje en asentamientos irregulares y de esta forma “reducir las desigualdades sociales” en la entidad, cuya cantidad se incrementó en el 2006 a 240 millones de pesos y disminuyó para el ejercicio de 2007, con 161 millones de pesos.

En los cuatro años de gobierno de Francisco Garrido Patrón han destinado a ese programa 635 millones de pesos.

Dentro del sub ejercicio presupuestal del gobierno estatal, están los 106 millones de pesos que destinó el gobierno federal a Querétaro través del Fondo Nacional para la Seguridad, de cuya cantidad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal ha erogado el 20% del total.

Durante la comparecencia, el diputado panista Miguel Martínez Peñalosa señaló que “es mejor tener un guardadito que déficit (económico)”, lo que replicó el perredista Martín Mendoza Villa: “el recurso se debe de utilizar, no estamos en un estado donde sobre el dinero”. El perredista concluyó que es extraño que se “guarde” dinero. “Pareciera no una planeación de finanzas, sino electoral y eso es lo que no queremos”, expresó.

Cuentas sin fiscalizar
Para el priísta Jaime García Alcocer la fracción del PAN en la Legislatura local, no ha permitido que exista una verdadera fiscalización a las cuentas públicas, no únicamente del Poder Ejecutivo, sino de todas las entidades de los diversos poderes del gobierno al ser mayoría en el Congreso del Estado.
Citó como ejemplo que la Entidad Superior de Fiscalización que preside Rafael Castillo, persona que laboró en la SPF y ahora está al frente de un órgano presuntamente autónomo, únicamente envía un informe sobre la resolución a la que llegó tras revisar una cuenta pública, pero omite informar el proceso que realizó para dictaminar una cuenta y las observaciones que realizó para verificar si hubo o no irregularidades que se tengan que subsanar.
De igual forma, el organismo de fiscalización no turna a los diputados los anexos o documentos que revisó para determinar si se puede aprobar o no una cuenta pública, por lo que la responsabilidad de verificar el adecuado ejercicio del recurso público que le corresponde a los legisladores, únicamente se reduce a aprobar por la mayoría de los diputados del PAN, informes de dictamen que desconocen a detalle. “Es una forma de hacer opaco el ejercicio de la administración. Hoy que estamos en una época en donde debe ser una vitrina de cristal ultra transparente el ejercicio de la administración pública, incluso el propio Partido Acción Nacional lo demandaba tanto de gobiernos anteriores, hoy vemos que son los primeros que ocultan la información”, expresó Jaime García Alcocer.
Al reformar los propios diputados la ley orgánica, el órgano de fiscalización únicamente informa lo relacionado a las cuentas públicas a la presidencia de las comisiones de Hacienda y de Planeación y Finanzas que encabezan los panistas Alejandro Martínez Straffon y Eric Salas González, respectivamente, así como al presidente de la Mesa Directiva o Comisión Permanente en turno.
De igual forma, los diputados pueden solicitar información directa a la entidad de fiscalización, sin embargo, algunos legisladores se han quejado que no reciben los datos que solicitan.
Tal es el caso de María de Jesús Ibarra del PVEM, que solicitó directamente a Rafael Castillo que le informara sobre la cantidad que destina el gobierno estatal para publicitar la obra pública a través de la partida “obras y acciones”, pues es un dato que se debe localizar en la cuenta pública, obteniendo como respuesta del funcionario con un “no sé”.
Esta misma información, la solicitó Ibarra Silva al titular de la SPF cuando compareció el pasado 31 de agosto, quien le señaló que es “difícil” conocer ese dato, porque la cantidad total registrada como costo de alguna obra pública, ya incluye todo lo concerniente al pago de contratistas, material y la publicidad de la misma, por lo que no se puede sacar del monto global el concepto que destinan a ese rubro.