La otra guerra

Arturo Rodríguez

El narcotráfico sigue demostrando que tiene un alto grado de control sobre los medios de comunicación, sobre todo en estados como Tamaulipas. Ahí, el cártel del Golfo no sólo dispone de campos de entrenamiento para sus sicarios, Los Zetas, sino que ha conseguido distorsionar la cobertura informativa, con los costos sociales que eso implica. Por su parte, el Ejército Mexicano recibe una lección: la guerra contra el narco también se libra en el frente mediático...

En la Sierra Madre Oriental, muy cerca de Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, los servicios de inteligencia militar detectaron en los primeros días de este mes un centro de adiestramiento de Los Zetas, el brazo armado del cártel del Golfo. A partir de entonces, la delincuencia organizada armó una ofensiva mediática en el estado contra los operativos castrenses, con lo que puso de manifiesto el control y el terror que ha implantado en los medios de comunicación locales.

En la cuna del cártel del Golfo, el sometimiento de la prensa no sólo se debe a las amenazas que ha recibido para que los reporteros dejen de investigar ejecuciones, levantamientos o actividades ilícitas de narcos; estos grupos delictivos llaman directamente a las mesas de redacción para obligar a los medios a publicar información que les interesa, aun en el caso de que sea evidentemente falsa (Proceso 1580).

Una campaña mediática de estas características fue denunciada el sábado 13 por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a través de un boletín que decía:

“(Las tropas) han sido sujetas a constantes campañas de desprestigio de carácter mediático por medio de movilizaciones sociales, pagadas por narcotraficantes del grupo del cártel del Golfo, basándose en argumentos falsos de supuestos maltratos y abusos del personal militar, con la intención de lograr el retiro o disminución de tropas desplegadas, inhibir el ímpetu de trabajo de mandos y tropas y sembrar en la ciudadanía la duda sobre la conveniencia del Ejército en labores de seguridad pública”.

Esto, en referencia a la peculiar cobertura que la prensa local le ha dado a los recientes operativos en el estado. Pero este nuevo frente de guerra entre el narcotráfico y el Ejército se abrió también en medio de la inquietud que suscitó en diversos sectores políticos el despliegue de tropas para realizar tareas antes reservadas a las fuerzas policiacas.

Ya a principios de septiembre, el secretario general de Gobierno tamaulipeco, Antonio Martínez Torres, había declarado a la prensa local que los operativos del Ejército no eran necesarios en el estado. Días después, contingentes de priistas y funcionarios municipales manifestaron su repudio frente a los cuarteles de militares en la zona de la frontera.

El viernes 5, justo el día en que el Ejército anunció haber decomisado casi 12 toneladas de cocaína en Tampico, el presidente Felipe Calderón visitó la capital del estado. Después, el lunes 8, el gobernador Eugenio Hernández Flores se consideró un aliado del Ejército contra el crimen organizado, porque “a veces esas acciones dan resultado”.

El campo de adiestramiento

De acuerdo a un parte informativo del Ejército, el martes 2 –tres días antes de la gira del presidente Calderón por Tamaulipas– un grupo de soldados detuvo a cinco personas en un retén del ejido Los San Pedro, municipio de Güémez. Los sujetos iban en una camioneta y portaban un arma corta de uso exclusivo del Ejército, cartuchos, uniformes y equipo militar.

De esta detención derivó una serie de investigaciones que llevó a localizar en Ciudad Victoria cinco domicilios y una bodega que eran utilizados como casas de seguridad por el cártel del Golfo.

Los militares descubrieron también un centro de adiestramiento en la Sierra Madre Oriental, donde el miércoles 3 un helicóptero militar obligó a descender a otro, tipo ambulancia, que sobrevolaba el terreno. El piloto de la nave sospechosa, Óscar Arredondo Pérez, y el mecánico Jesús Cabrera Gómez dijeron que procedían de Guadalajara, pero al no justificar su presencia en la zona ni presentar su plan de vuelo, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Publico Federal.

Al día siguiente de la visita presidencial a Tamaulipas, el sábado 6 –de acuerdo con otro boletín de la Sedena–, unos militares que patrullaban el municipio de Jaumave recibieron la denuncia de que “un grupo de civiles”, a bordo de tres camionetas, había secuestrado a un campesino.

Ejidatarios señalaron que estos “civiles” eran sicarios que entrenaban en la sierra, quienes habían secuestrado al campesino para que los guiara por las veredas, pues aparentemente se extraviaron cuando trataban de esconderse de los militares.

Éstos montaron un retén en el ejido La Reforma, municipio de Jaumave, ubicado en la carretera vieja de Ciudad Victoria a San Luis Potosí.

“A las 22:15 horas de ese día, al marcar el alto a tres vehículos, únicamente se detuvo la camioneta que iba al frente y los ocupantes de las otras dos camionetas realizaron disparos en contra del personal militar, logrando evadir el control (y) huyendo por la carretera 101 hacia Jaumave”, señala el boletín de la Sedena.

Según la fuente oficial, las tropas repelieron los disparos pero no persiguieron a los fugitivos, para dedicarse al aseguramiento de la primera camioneta, una Chevrolet Tahoe con placas SA-1863, de Nuevo León, en la que iban 11 personas.

Habitantes del ejido La Reforma, ubicado a menos de un kilómetro del retén, cuentan a este reportero que, pasadas de las 10 de la noche, oyeron una “balacera” y minutos después decenas de hombres, algunos armados, llegaron corriendo porque los perseguían efectivos del Ejército.

“Eran como cien”, dicen algunos lugareños, pero otros calculan que 50. Varios fueron acorralados y detenidos en el mismo ejido. Aunque el boletín de la Sedena no lo menciona, en los días siguientes fueron detenidos otros sujetos que rondaban la zona y que, se presume, pertenecían al comando de sicarios.

Después, la mayoría de las aproximadamente 60 familias que habitaban el ejido prefirió irse de ahí.

Según la Defensa Nacional, a la mañana siguiente –domingo 7–, una camioneta Ford Lobo con placas de Tamaulipas fue localizada en un barranco. En su interior se encontró una subametralladora Uzi y un fusil AK-47; en los alrededores yacían tres cadáveres.

Los muertos fueron identificados como Diego Montemayor Aguirre, de 19 años de edad; Ricardo Vega Azuara, de 23, y Gerardo Reyes Guzmán, de 42, procedentes de Reynosa y Nuevo Laredo.

Según el mismo comunicado, el viernes 12, en Balcón El Chihue, por la misma carretera que comunica a Ciudad Victoria con Jaumave, fue hallado un cuerpo en descomposición que al día siguiente fue identificado por sus familiares como Juan Antonio Porras Jaramillo.

La campaña

La prensa local casi no publicó notas sobre los cateos del Ejército y el enfrentamiento en Jaumave. Pero cuando los familiares de las tres personas muertas de la Ford Lobo se presentaron para culpar a los militares, la información se destacó en todos los periódicos.

Según esa información, dichas personas “buscaban fierro viejo” en la zona del ejido La Reforma, de no más de 500 habitantes, para venderlo en la frontera. En extensas notas, con declaraciones del subprocurador de Justicia del Estado, Manuel Miranda Castro, los medios locales detallaron que los cuerpos presentaban heridas de bala, mientras que el reporte de la Sedena establece que ninguna de las víctimas murió por arma de fuego, sino por las heridas que sufrieron cuando su vehículo cayó al barranco.

De acuerdo con el informe militar, entre esta acción y los operativos realizados en Los San Pedro, el Ejército detuvo a 46 personas. Esto no se publicó. Sin embargo, la información se destapó el miércoles 10 por la noche, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) liberó a 31 de los 46 hombres detenidos, de edades similares y procedentes de lugares tan diversos como Veracruz, Nuevo León, Guerrero y distintas poblaciones de Tamaulipas.

Ellos dijeron que por diferentes razones andaban cerca de La Reforma, en una carretera que prácticamente está en desuso, cuando fueron detenidos “sin razón aparente”. Y aunque había inconsistencias en la información que proporcionaban los detenidos, los medios dieron cuenta de “torturas y abusos” cometidos por los militares.

La amplia cobertura de la nota fue inducida mediante llamadas telefónicas e intermediarios que los medios ya tienen identificados para evitar que una publicación ponga a editores, directivos o reporteros en riesgo de ser levantados o agredidos, como ha ocurrido en otras ocasiones, tanto en Tamaulipas como en otros estados del norte.

Aunque en su informe la Sedena dice que los detenidos están implicados con el centro de adiestramiento de Los Zetas en la Sierra Madre, admite que sólo pudo proceder contra 11 de ellos que tenían antecedentes penales; los demás fueron liberados por “falta de elementos”.

En los cateos realizados en Ciudad Victoria, el Ejército recogió tres granadas, 31 armas largas, siete pistolas, 33 cargadores para diferentes armas, 5 mil cartuchos, 28 camionetas (una blindada), ocho vehículos compactos (uno blindado), un tractocamión y un helicóptero.

Aunque la Sedena emitió un boletín con esta información, ésta sólo se reprodujo en los medios electrónicos. En cambio, en la prensa en general abundaron las notas de diputados y dirigentes partidistas (en este caso del PT y del PRD) que demandaron frenar “los abusos” del Ejército y exigieron que no se “militarizara” la contienda electoral que se llevará a cabo en Tamaulipas el próximo 11 de noviembre.

Días después, el 15 de octubre, tras un enfrentamiento armado entre narcotraficantes y militares en el poblado Morelos, municipio de Abasolo, la Sedena informó de la detención de tres hombres y el decomiso de un lanzacohetes Rocket He de 60 milímetros, así como más de 200 de granadas.

El decomiso del lanzacohetes, capaz de derribar aviones, fue destacado por la prensa nacional, pero la prensa local no publicó ni una línea al respecto.

Y como ya ha ocurrido en otras ocasiones en que los medios de comunicación han sido obligados a silenciar información sobre ejecuciones, secuestros o detenciones, ninguna autoridad estatal se dio por enterada de esta demostración de poder del cártel del Golfo.

Desinformación inducida

Fueron integrantes del XV Batallón de Infantería, dependiente de la IV Región Militar, los que decomisaron casi 12 toneladas de cocaína el viernes 5 de octubre, presuntamente tras recibir una denuncia anónima sobre la obstrucción de una vialidad.

Ciento cincuenta elementos del Ejército abordaron vehículos Hummer y entraron por la antigua carretera Tampico-Ciudad Mante a la avenida Monterrey; posteriormente tomaron la calle Reynosa de la colonia Américo Villarreal, una zona empobrecida, de terracería, poco poblada y rodeada por hoteles de paso, bodegas industriales y terrenos rústicos. Ahí, los soldados fueron repelidos a tiros por los traficantes, que estaban descargando cocaína de un tráiler.

Era de madrugada y ningún medio informativo le dio seguimiento a las acciones del Ejército, por lo que surgieron múltiples versiones sobre muertos y heridos, así como de la cantidad de droga decomisada. La Sedena aseguró en un comunicado que el operativo no dejó “ni muertos ni heridos”, lo que sería reiterado el domingo 7 al periódico El Norte por el general Javier del Real, comandante de la IV Región Militar.

De hecho, los portales de Internet de El Universal, Noticieros Televisa y otros medios difundieron que en Tampico había 12 muertos tras un enfrentamiento. Nadie vio los cuerpos, aunque existe le versión de que hubo dos, del lado de los narcos.

En los medios locales fueron magnificados o minimizados tanto esas detenciones como el operativo del miércoles 10, en el cual un reducido convoy militar arribó a la aduana marítima del puerto de Altamira y detuvo a siete personas, entre ellos el administrador, Felipe Zamora Álvarez, quien supuestamente permitía el ingreso de la droga. La información precisa no trascendió sino hasta el sábado 13. l