Priístas de Chenalhó pidieron a Zedillo permiso para armarse
Para la organización indígena Las Abejas, las autoridades municipales, estatales y federales “no tienen voluntad de resolver la mortandad; parece que quieren acabar con nuestra raza”. En la fotografía de archivo, misa en memoria de las víctimas de la matanza de Acteal Foto: José Carlo González
El 2 de octubre de 1997, en un encuentro con el presidente Ernesto Zedillo en San Cristóbal de las Casas, el alcalde oficial de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz, entregó al mandatario una carta donde el ayuntamiento pedía “permiso” para que sus seguidores pudieran tener armas de fuego en sus casas, para “defenderse”, invocando el artículo 10 de la Constitución. A raíz del episodio del francotirador en Yabteclum, el 25 de septiembre, las autoridades priístas acordaron lo anterior y demandaron una investigación sobre la muerte de sus compañeros de Los Chorros, el 22 de septiembre, “luego de que éstos quemaron 14 casas –según cifras oficiales– de los zapatistas” (La Jornada, 3 de octubre).
Según versiones recogidas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), en esa misma reunión el presidente de la República habría dicho a los alcaldes priístas de los Altos que las razones del levantamiento zapatista ya no eran “legítimas”, lo cual fue interpretado por algunos como “luz verde” para combatir a los pueblos autónomos.
Con el presidente Zedillo de vuelta de su gira por Chiapas, el 3 de octubre el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, se manifestó por “reanudar el diálogo” y expuso con optimismo que “el gobierno ha desplegado acciones importantes” en la entidad, “por lo que la situación es muy distinta a la que imperaba en 1994” (LJ, 4 de julio), en una frase que a esas alturas ya admitía diversas interpretaciones.
Las víctimas de Las Limas
Al mismo tiempo, cuatro integrantes de una familia eran asesinados en Las Limas Chitanucum, municipio de Pantelhó, vecino de Chenalhó. Una niña de seis años estaba entre las víctimas. También hubo seis heridos. Todos priístas. Los atacantes fueron unos 25 hombres encapuchados que “llegaron tirando piedras y balazos en las puertas de las casas” y saquearon la tienda de uno de los heridos, Francisco Gutiérrez Maldonado, quien aseguró haber conocido “por la voz” a varios de los atacantes, pero no dio los nombres (LJ, 4 de octubre) ni los vinculó con algún grupo. Curiosamente, ni siquiera los priístas dijeron en ese momento que los agresores, a quienes reconocieron, fueran zapatistas.
En ese mismo pueblo habían sido quemadas varias casas de zapatistas (y éstos expulsados) el 23 de mayo, “aunque luego fueron reparadas porque las partes y el ayuntamiento priísta llegaron a un acuerdo para resolver sus diferencias”, añade la nota de La Jornada, que registra también el retorno a sus casas de cien militantes priístas de Polhó, “de donde salieron hace más de una semana después de que dos de sus compañeros de Los Chorros fueron asesinados”.
En octubre y noviembre se incrementa el número de muertos, heridos y desplazados. El 4 de octubre, Sebastián López López resultó lesionado en una “emboscada” cuando iba a su milpa en el ejido La Esperanza, a un lado de Los Chorros. Las autoridades priístas dijeron temer “nuevos ataques de los contrarios (LJ, 5 de octubre)”. Sin embargo, son ellos los que atacan: el mismo día 4, el concejo autónomo de Polhó denuncia que la comunidad La Esperanza fue agredida por un grupo armado proveniente de Los Chorros, con un saldo de varias casas quemadas y el desplazamiento de 52 familias.
Ese mismo día, 2 mil miembros de Las Abejas marcharon “por la paz y la reconciliación” en la cabecera municipal de Chenalhó, con banderas blancas y pancartas, demandando que “termine la violencia entre hermanos”. Los manifestantes expresaron “dolor por esta gran desgracia de los enfrentamientos entre hermanos, con armas de alto calibre usadas por paramilitares y militantes del partido oficial”. Las Abejas aseveraron que las autoridades municipales estatales y federales “no tienen voluntad de resolver las mortandades ocurridas en nuestro municipio: parece que quieren acabar con nuestra raza (LJ, 5 de octubre)”.
El día 8, la comunidad de Yibeljoj acordó no participar de ninguna manera en hechos violentos. El acuerdo fue suscrito por 329 habitantes, según informó el CDHFBC.
El 10 de octubre el concejo autónomo declaró: “Nosotros los zapatistas no queremos mancharnos las manos con sangre indígena, pues son nuestros hermanos, son nuestra misma gente, nuestra misma sangre”. En un comunicado, los autónomos ratificaron su voluntad para el diálogo, afirmaron que las amenazas provenían de los ejidos Los Chorros y Puebla, y exigieron: “Primero, que los priístas creen condiciones necesarias para el diálogo, es decir, retirar la policía de Seguridad Pública. Son las autoridades priístas las que deben comprometerse a la reconstrucción de las casas quemadas. Queremos que regresen todos los desplazados, pero ¿dónde llegarán los que tienen sus casas quemadas?”
El banco de arena, insistían los autónomos, “es un pretexto”. El ayuntamiento de Polhó “tiene en su poder los planos límites del predio que ocupa el banco de grava” y lo explota “para beneficio del municipio”.
En La Realidad, el subcomandante Marcos se reúne el 11 de octubre con los poetas chiapanecos Óscar Oliva y Juan Bañuelos, miembros de la Comisión Nacional de Intermediación, y responde a las presiones declarativas del gobierno sobre la reanudación del diálogo. Según Marcos, la “confusión” al respecto “la está creando el gobierno”. Los poetas transmiten: “Los zapatistas pidieron el cumplimiento de las cinco condiciones mínimas expresadas el 7 de septiembre de 1996, cuando el EZLN se retiró de las negociaciones (LJ, 12 de octubre)”.
Oliva manifestó su preocupación porque el incumplimiento de dichas condiciones “está generando problemas cada día más graves”, pues “todos los días hay desalojos, represión e injusticia hacia las comunidades zapatistas”. Bañuelos, a su vez, considera que ésta es “una política bien meditada del caos”.
En la zona norte, donde los elementos de la contrainsurgencia no son los mismos de Chenalhó, la situación es grave. La presencia del Ejército federal es directa, y los conflictos comunitarios que se explotan para la confrontación poseen un hipertrofiado componente religioso. La Comisión Episcopal para la Reconciliación y la Pacificación en Chiapas denuncia ataques y amenazas contra catequistas y sacerdotes. Los paramilitares han quemado ermitas e iglesias. El párroco de Tila, Heriberto Cruz Vera, “ha tenido que esconderse, pues lo quieren matar, al parecer los de Paz y Justicia”. La situación se repite en Tumbalá y Salto de Agua (LJ, 14 de octubre). Para entonces hay 4 mil 112 indígenas desplazados en esa zona; desde 1995 han muerto unas 40 personas de la “sociedad civil perredista” y bases zapatistas, así como “varias decenas” de priístas de Paz y Justicia (LJ, 17 de octubre).
Llamado al diálogo
El día 14, el concejo autónomo de Polhó llama al diálogo al municipio oficial, con la condición de que se retiren la policía de Seguridad Pública y el Ejército federal (LJ, 17 de octubre). El 16, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informa de la muerte de Gabriel Gómez Guillén y Romeo Hernández Gómez, priístas, en Tzanembolom. Además hay tres heridos. La Jornada sólo da la versión de la PGJE y los priístas, quienes aseguran que todo comenzó con una discusión “por diferencias políticas” dos días atrás, cuando los zapatistas “detuvieron” varias horas a cinco priístas. Horas después “un grupo de aproximadamente 20 perredistas-zapatistas… acribilló” a los priístas (LJ, 17 de octubre).
En sus informes posteriores, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolemé de las Casas documentó también la versión de las bases de apoyo zapatistas, según la cual “un grupo de priístas llegó a la comunidad, amenazándolos y disparando contra la población, y por ello 475 personas salieron huyendo a las montañas para protegerse. El grupo de invasores saqueó sus propiedades y mató muchos de sus animales”.
Para entonces, 20 por ciento de la población de Chenalhó se encuentra desplazada, especialmente de las localidades de Yaxjemel, Los Chorros, Takiukum, Acteal, Canolal, Puebla, Tzanembolom y Cruztón. Antonio Gutiérrez Pérez, representante de Las Abejas, asegura que en los últimos días se ha incrementado el tráfico de armas, y los grupos armados controlan el acceso a las comunidades donde habitan simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (LJ, 21 de octubre). Esos grupos “recorren las comunidades, roban animales y las milpas de las personas que han huido y amenazan a los que se niegan a tomar las armas”.
El 2 de octubre de 1997, en un encuentro con el presidente Ernesto Zedillo en San Cristóbal de las Casas, el alcalde oficial de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz, entregó al mandatario una carta donde el ayuntamiento pedía “permiso” para que sus seguidores pudieran tener armas de fuego en sus casas, para “defenderse”, invocando el artículo 10 de la Constitución. A raíz del episodio del francotirador en Yabteclum, el 25 de septiembre, las autoridades priístas acordaron lo anterior y demandaron una investigación sobre la muerte de sus compañeros de Los Chorros, el 22 de septiembre, “luego de que éstos quemaron 14 casas –según cifras oficiales– de los zapatistas” (La Jornada, 3 de octubre).
Según versiones recogidas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), en esa misma reunión el presidente de la República habría dicho a los alcaldes priístas de los Altos que las razones del levantamiento zapatista ya no eran “legítimas”, lo cual fue interpretado por algunos como “luz verde” para combatir a los pueblos autónomos.
Con el presidente Zedillo de vuelta de su gira por Chiapas, el 3 de octubre el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, se manifestó por “reanudar el diálogo” y expuso con optimismo que “el gobierno ha desplegado acciones importantes” en la entidad, “por lo que la situación es muy distinta a la que imperaba en 1994” (LJ, 4 de julio), en una frase que a esas alturas ya admitía diversas interpretaciones.
Las víctimas de Las Limas
Al mismo tiempo, cuatro integrantes de una familia eran asesinados en Las Limas Chitanucum, municipio de Pantelhó, vecino de Chenalhó. Una niña de seis años estaba entre las víctimas. También hubo seis heridos. Todos priístas. Los atacantes fueron unos 25 hombres encapuchados que “llegaron tirando piedras y balazos en las puertas de las casas” y saquearon la tienda de uno de los heridos, Francisco Gutiérrez Maldonado, quien aseguró haber conocido “por la voz” a varios de los atacantes, pero no dio los nombres (LJ, 4 de octubre) ni los vinculó con algún grupo. Curiosamente, ni siquiera los priístas dijeron en ese momento que los agresores, a quienes reconocieron, fueran zapatistas.
En ese mismo pueblo habían sido quemadas varias casas de zapatistas (y éstos expulsados) el 23 de mayo, “aunque luego fueron reparadas porque las partes y el ayuntamiento priísta llegaron a un acuerdo para resolver sus diferencias”, añade la nota de La Jornada, que registra también el retorno a sus casas de cien militantes priístas de Polhó, “de donde salieron hace más de una semana después de que dos de sus compañeros de Los Chorros fueron asesinados”.
En octubre y noviembre se incrementa el número de muertos, heridos y desplazados. El 4 de octubre, Sebastián López López resultó lesionado en una “emboscada” cuando iba a su milpa en el ejido La Esperanza, a un lado de Los Chorros. Las autoridades priístas dijeron temer “nuevos ataques de los contrarios (LJ, 5 de octubre)”. Sin embargo, son ellos los que atacan: el mismo día 4, el concejo autónomo de Polhó denuncia que la comunidad La Esperanza fue agredida por un grupo armado proveniente de Los Chorros, con un saldo de varias casas quemadas y el desplazamiento de 52 familias.
Ese mismo día, 2 mil miembros de Las Abejas marcharon “por la paz y la reconciliación” en la cabecera municipal de Chenalhó, con banderas blancas y pancartas, demandando que “termine la violencia entre hermanos”. Los manifestantes expresaron “dolor por esta gran desgracia de los enfrentamientos entre hermanos, con armas de alto calibre usadas por paramilitares y militantes del partido oficial”. Las Abejas aseveraron que las autoridades municipales estatales y federales “no tienen voluntad de resolver las mortandades ocurridas en nuestro municipio: parece que quieren acabar con nuestra raza (LJ, 5 de octubre)”.
El día 8, la comunidad de Yibeljoj acordó no participar de ninguna manera en hechos violentos. El acuerdo fue suscrito por 329 habitantes, según informó el CDHFBC.
El 10 de octubre el concejo autónomo declaró: “Nosotros los zapatistas no queremos mancharnos las manos con sangre indígena, pues son nuestros hermanos, son nuestra misma gente, nuestra misma sangre”. En un comunicado, los autónomos ratificaron su voluntad para el diálogo, afirmaron que las amenazas provenían de los ejidos Los Chorros y Puebla, y exigieron: “Primero, que los priístas creen condiciones necesarias para el diálogo, es decir, retirar la policía de Seguridad Pública. Son las autoridades priístas las que deben comprometerse a la reconstrucción de las casas quemadas. Queremos que regresen todos los desplazados, pero ¿dónde llegarán los que tienen sus casas quemadas?”
El banco de arena, insistían los autónomos, “es un pretexto”. El ayuntamiento de Polhó “tiene en su poder los planos límites del predio que ocupa el banco de grava” y lo explota “para beneficio del municipio”.
En La Realidad, el subcomandante Marcos se reúne el 11 de octubre con los poetas chiapanecos Óscar Oliva y Juan Bañuelos, miembros de la Comisión Nacional de Intermediación, y responde a las presiones declarativas del gobierno sobre la reanudación del diálogo. Según Marcos, la “confusión” al respecto “la está creando el gobierno”. Los poetas transmiten: “Los zapatistas pidieron el cumplimiento de las cinco condiciones mínimas expresadas el 7 de septiembre de 1996, cuando el EZLN se retiró de las negociaciones (LJ, 12 de octubre)”.
Oliva manifestó su preocupación porque el incumplimiento de dichas condiciones “está generando problemas cada día más graves”, pues “todos los días hay desalojos, represión e injusticia hacia las comunidades zapatistas”. Bañuelos, a su vez, considera que ésta es “una política bien meditada del caos”.
En la zona norte, donde los elementos de la contrainsurgencia no son los mismos de Chenalhó, la situación es grave. La presencia del Ejército federal es directa, y los conflictos comunitarios que se explotan para la confrontación poseen un hipertrofiado componente religioso. La Comisión Episcopal para la Reconciliación y la Pacificación en Chiapas denuncia ataques y amenazas contra catequistas y sacerdotes. Los paramilitares han quemado ermitas e iglesias. El párroco de Tila, Heriberto Cruz Vera, “ha tenido que esconderse, pues lo quieren matar, al parecer los de Paz y Justicia”. La situación se repite en Tumbalá y Salto de Agua (LJ, 14 de octubre). Para entonces hay 4 mil 112 indígenas desplazados en esa zona; desde 1995 han muerto unas 40 personas de la “sociedad civil perredista” y bases zapatistas, así como “varias decenas” de priístas de Paz y Justicia (LJ, 17 de octubre).
Llamado al diálogo
El día 14, el concejo autónomo de Polhó llama al diálogo al municipio oficial, con la condición de que se retiren la policía de Seguridad Pública y el Ejército federal (LJ, 17 de octubre). El 16, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informa de la muerte de Gabriel Gómez Guillén y Romeo Hernández Gómez, priístas, en Tzanembolom. Además hay tres heridos. La Jornada sólo da la versión de la PGJE y los priístas, quienes aseguran que todo comenzó con una discusión “por diferencias políticas” dos días atrás, cuando los zapatistas “detuvieron” varias horas a cinco priístas. Horas después “un grupo de aproximadamente 20 perredistas-zapatistas… acribilló” a los priístas (LJ, 17 de octubre).
En sus informes posteriores, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolemé de las Casas documentó también la versión de las bases de apoyo zapatistas, según la cual “un grupo de priístas llegó a la comunidad, amenazándolos y disparando contra la población, y por ello 475 personas salieron huyendo a las montañas para protegerse. El grupo de invasores saqueó sus propiedades y mató muchos de sus animales”.
Para entonces, 20 por ciento de la población de Chenalhó se encuentra desplazada, especialmente de las localidades de Yaxjemel, Los Chorros, Takiukum, Acteal, Canolal, Puebla, Tzanembolom y Cruztón. Antonio Gutiérrez Pérez, representante de Las Abejas, asegura que en los últimos días se ha incrementado el tráfico de armas, y los grupos armados controlan el acceso a las comunidades donde habitan simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (LJ, 21 de octubre). Esos grupos “recorren las comunidades, roban animales y las milpas de las personas que han huido y amenazan a los que se niegan a tomar las armas”.
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