Desaparecido

GABRIEL GOMEZ CAÑA, POR ULTIMA VEZ SE LE VIO EL SABADO 25 DE MARZO PASADO, A LAS 11:30 DE LA NOCHE

GABRIEL GOMEZ CAÑA, POR ULTIMA VEZ SE LE VIO EL SABADO 25 DE MARZO PASADO,  A LAS 11:30 DE LA NOCHE Orizaba, Veracruz.- Llevaba una playera negra, pantalon de mezclilla, es de complexion delgado y piel morena...Es militante del Frente Popular Revolucionario y activista de Organizaciones Sociales.

12 noviembre 2007

Sobre Minera San Javier

El próximo Miércoles continuamos los trabajos de organización para la venida de Greenpeace los días 23 y 24 de de Noviembre. Nos vemos en "il fato" en Av. Carranza 1435, (entre Terrazas y Avanzada a 200 Mts de Tequis) a las 18 horas.
Pro San Luis Ecológico A.C.
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La Jornada San Luis

Lunes 12 de noviembre de 2007
La empresa canadiense quería dejar sin efecto a los dueños legítimos , indica regidor
Ejidatarios sampetrenses ganaron juicio de amparo contra MSX
Los ejidatarios de Cerro de San Pedro ganaron un juicio de amparo interpuesto desde el año 2005, después de que un período anterior se encontraba en riesgo el arrendamiento de sus tierras cuando en aquella época comenzó Minera San Xavier (MSX), apoyada por un grupo de ejidatarios usurpadores que presento un juicio para dejar los sin derecho.
El regidor Carlos Covarrubias Rendón señaló la empresa canadiense querían dejan sin efecto a los ejidatarios legítimos encabezados por Ana María Alvarado y en su lugar dejar a un grupo de personas de la comunidad de La Zapatilla.
Agregó que ellos interpusieron un juicio con número 828/4 para tratar de obtener los derechos, donde las autoridades agrarias y la delegación de la Secretaría Agraria iban a iniciar un juicio para dejar sin derecho a los legítimos propietarios de las tierras, pero hacer 15 día en vía de revisión el colegiado del noveno circuito les dio la razón.
Covarrubias Rendón sostuvo que se tiene que cancelar el proyecto de la empresa canadiense para regresarle sus derechos a los verdaderos ejidatarios y dejar sin derecho alguno a los usurpadores.
Reiteró que es importante la resolución porque MSX se había agarrado del arrendamiento para continuar con los trabajos, pero las personas que firmaron ese documento quedaron sin derecho.
El regidor manifestó que para los dueños de las tierras es un triunfo porque Cerro de San Pedro sigue conservándose como lugar de reserva natural.
Asimismo, denunció que los falsos ejidatarios querían cambiar el uso de suelo a industria o minera, pero ahora están obligados a desistir por el fallo en su contra.
Para finalizar indicó que la restitución de las tierras se va ha desencadenar próximamente y el uso de suelo se sigue manteniendo como área de preservación de especies silvestres, y sino se cumple con las disposiciones legales se podrán entablar un juicio político en contra del ayuntamiento de Cerro de San Pedro por no dejar sin efecto las modificaciones al plan y parar los trabajos de MSX.
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BORRANDO NUESTRA HISTORIA
SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE


EDUARDO MARTINEZ BENAVENTE
IN MEMORIAM DE LA DRA. BEATRIZ SEPTiÉN DE BARRI
DEFENSORA DEL MEDIO AMBIENTE
Y DE NUESTRO PATRIMONIO HISTÓRICO y CULTURAL
Nadie duda que el gobernador Marcelo de los Santos debe estar agobiado de problemas por los recientes crímenes que han conmocionado a la sociedad, por el clima de inseguridad que se respira, por el incumplimiento de la federación para aportar los recursos que se comprometió entregar para reparar los daños causados por las últimas lluvias, por la indisciplina que raya en insubordinación de los cuerpos policíacos, por la carga que representa rescatar al alcalde capitalino de los conflictos que no endereza, y por muchos otros apuros más; pero debería estar también muy preocupado por la destrucción del Cerro de San Pedro, símbolo de nuestra identidad y parte de nuestra cultura e historia.
Para evitar esto, hay que recordarle que cuenta con los instrumentos legales necesarios para detener la desaparición de nuestro patrimonio, pues debe estar enterado que el 25 de junio pasado, el Secretario General del Ayuntamiento de Cerro de San Pedro, para dar cumplimiento a la solicitud de información que presentó un ciudadano, hizo constar que esa administración municipal no ha otorgado ni renovado permiso alguno de cambio de uso de suelo a favor de Minera San Xavier después de la fecha en que la Secretaría del Medio Ambiente canceló y dejó sin efectos la autorización anterior en materia de impacto ambiental; pero que contraviniendo el fallo judicial le otorgó un nuevo permiso con menos condicionantes que el primero, no obstante que se le ordenaba que bajo ningún motivo lo hiciera. Lo mismo ocurre con el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en el que está asentada una superficie de más de 136 hectáreas de las que ocupa el proyecto. El 30 de septiembre de 2005, el cabildo tomó por unanimidad el acuerdo de negarle a la minera los permisos de cambio de uso de suelo que le había solicitado “por los graves daños ecológicos que causaría a nuestro municipio y a los habitantes de los alrededores”. Son tan sólidos los argumentos que están a disposición del gobernador del Estado, que como medida preventiva debe ordenar la detención de la demolición del Cerro de San Pedro, antes que sea demasiado tarde. La urgencia del caso amerita su intervención inmediata, pues sabe que sin esos permisos no debe operar la minera, y que si nos esperamos sentados a que se resuelva judicialmente el último recurso interpuesto, el cerro habrá desaparecido.
En diciembre de 1998, la Comisión que designó la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para revisar el proyecto de la Minera San Xavier, integrada por distinguidos maestros e investigadores universitarios, emitió una opinión técnica científica sobre los componentes ambientales del proyecto; en su dictamen no incluyeron aspectos de sostenibilidad económica, social, cultural, histórica; en fin, elementos muy importantes quedaron fuera del estudio. Por lo que ahora sería de mucha utilidad que la Universidad volviera a intervenir para revisar el cumplimiento de las condicionantes y obligaciones impuestas a esa empresa; y dada la gravedad del asunto, opinar sobre las otras materias que en aquella ocasión no le quiso entrar. Esto, dado el fracaso y la irresponsabilidad del comité ad hoc que nunca sesiona, y que se designó el 4 de mayo de 2000 para darle seguimiento a los compromisos y acuerdos que se establecieron, entre los que figuraban representantes de las autoridades gubernamentales, miembros de la Cámara Minera , pero también simples ciudadanos. En el documento firmaron como testigos de honor, entre otros, Monseñor Luis Morales Reyes, Jaime Valle Mendez, Humberto Pizzuto Braham y Ricardo Lozano Armengol. A ellos le correspondería también verificar si el convenio que avalaron con su prestigio se está cumpliendo. Que nos se nos olvide que la Universidad tiene entre sus misiones la de participar en la aportación de propuestas que coadyuven a solucionar problemas que impactan directamente a nuestra comunidad, como es el caso de la minera.
En este espacio faltan por analizar muchos otros incumplimientos de la empresa, como es el gasto inmoderado de agua potable; la negativa de algunos vecinos de la cabecera municipal para que opere la empresa, hay que recordarles que la autorización quedó condicionada a la aceptación social de la actividad. La Licencia de Uso de Suelo que le otorgó el gobierno de Fernando Silva Nieto, el 4 de mayo de 2000, la obligaba a obtener otras licencias municipales, como las que se mencionan al principio de este artículo; y a no iniciar actividades hasta que hubiera estabilizado el templo de San Pedro Apóstol, por el riesgo inminente de que colapse. Lo que no han cumplido los canadienses.
Son más de una docena de demandas, que sin cobro de honorarios, atiende el abogado Héctor Barri, en contra de la minera. La más importante es la que ganó Pro San Luis Ecológico, en la que se declaró la nulidad absoluta y definitiva de la autorización que el gobierno federal le había otorgado, toda vez que por ejecutoria de un tribunal colegiado de circuito se declaró que dicho proyecto es violatorio de la Ley General de Equilibrio Ecológico y de otros ordenamientos; motivo por el cual debe ser defendida porque es cosa juzgada, a pesar de la inobservancia e incumplimiento por parte de Semarnat, que si bien canceló los permisos anteriores, en un acto extremo de ilegalidad se atrevió a darle una nueva autorización que es con la que actualmente funciona, pero que no se apega a lo resuelto por los tribunales. Se presentó un recurso de queja contra este atropello que se declaró improcedente y se ordenó se instruyera como juicio de nulidad. Se inconformó la promoverte y presentó una demanda de amparo que está pendiente de resolver.
Que quede claro, ante tanta arbitrariedad y contubernio de las autoridades, quedan plenamente justificadas las acciones que pronto emprenderán los grupos ambientalistas. ¡Apóyalos!

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NACIONAL
Grupos ecologistas denuncian ausencia de acciones para lograr su conservación

Sigue la depredación del manglar; en 24 años desapareció 75% de ese ecosistema

Obras turísticas, construcción de carreteras y tala clandestina, algunos de los factores que amenazan esta vegetación, afirman
Existe presión para tener una legislación laxa
Angélica Enciso y Hugo Martoccia, Raymundo León, Sergio Ocampo, Ulises Gutiérrez, Antonio Heras, corresponsales


La existencia de los manglares pende de un hilo ante la ausencia de acciones locales y nacionales para su conservación, además de que, al amparo de autorizaciones ambientales otorgadas antes de la reforma legal de este año, hay planes turísticos en curso. Tan sólo en Cancún se espera la desaparición de 100 hectáreas de mangle en la tercera fase de este “plan de desarrollo”, mientras en Isla Cancún se ha perdido el ciento por ciento.
Esto lo advierten organizaciones y autoridades que señalan que esa vegetación se puede localizar en gran parte de las zonas costeras del país, pero se extingue debido a obras turísticas, construcción de carreteras, planes de acuacultura, tala clandestina y relleno de la tierra para cambiar su uso de suelo.
Los humedales son considerados un ecosistema, el cual, además de proteger el territorio de huracanes e inundaciones, es fuente de desarrollo de especies marinas que generan un valor económico de unos 16 mil millones de dólares al año.
Los ambientalistas y científicos habían considerado un logro la adopción de la norma 022 de manglar en abril de 2003, luego de siete años de trabajo, pues definía lineamientos claros para proteger esta vegetación, pero un año después el entonces titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alberto Cárdenas, de manera unilateral modificó la normatividad de forma que por un pago de 10 pesos por metro cuadrado se podía talar el manglar, el cual ahora los ambientalistas buscan incluir en el listado de especies en riesgo de extinción.
Los datos más recientes de esta vegetación han alarmado a científicos y ambientalistas: la Semarnat informó que hay 654 mil hectáreas de manglar en territorio nacional, 246 mil hectáreas menos que en 2002. Esta cifra indica que en 24 años desapareció alrededor de 75 por ciento del ecosistema, de acuerdo con información de las organizaciones Greenpeace, Teyeliz, Defenders of Wildlife, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, IFAW y Conservación de Mamíferos Marinos de México. Aun así, continúan las presiones del sector turístico para instaurar una legislación laxa que les permita desarrollar sus obras.
La atención a este problema por el gobierno federal se planteó durante el sexenio pasado en el documento La política ambiental nacional para el desarrollo sustentable de océanos y costas, presentado en 2006, en el que se indicaba que se debía crear un programa para contrarrestar la problemática, definir fuentes de financiamiento para la restauración, conservación y manejo a escala local y regional.
Luego de que en febrero pasado se publicó en el Diario Oficial la reforma a la Ley de Vida Silvestre que protege los manglares, lo único que ha ocurrido fue el anuncio del titular de la Semarnat, Juan Rafael Elvira Quesada, en la Cámara de Diputados, de que ya hay un inventario nacional, mismo que no se ha dado a conocer con detalle, y que, como parte de su compromiso “en la protección de manglares”, aún está en elaboración una estrategia nacional para la atención de humedales costeros.
En Quintana Roo se estima que alrededor de la mitad de la superficie de manglar está seriamente dañada, sobre todo por las construcciones hoteleras; también incidió el huracán Dean, que este año destruyó 75 mil hectáreas de mangle en la entidad, informó Araceli Domínguez, del Grupo Ecologista del Mayab (Gema)
Por su parte, el Instituto Nacional de Ecología reportó que 25 por ciento de los manglares de la entidad ya habían sido destruidos para el año 2000, y desde entonces tanto el crecimiento de las construcciones como el paso de los ciclones hacen prever que la destrucción se ha duplicado, consideró Domínguez. Entre Cancún y la Riviera Maya hay 20 mil cuartos de hotel, parte de los cuales se han edificado a costa de la destrucción de la vegetación.
También en Baja California Sur el turismo es una amenaza para la vegetación, que actualmente se estima en 20 mil hectáreas de mangle rojo, blanco, negro y botoncillo. La mayor concentración de esta especie está en la costa del océano Pacífico, en el complejo lagunar de bahía Magdalena y la laguna de San Ignacio.
Del lado del Golfo de California, se le puede encontrar de Pichilingue a Balandra, en la isla del Espíritu Santo y la isla San José, Loreto, y en Mulegé; en todas estas áreas hay planes turísticos, los cuales llevarán a la depredación de humedales por la construcción de hoteles y campos de golf.
En el desarrollo Paraíso del Mar, planeado en El Mogote, pequeña isla frente a La Paz, se talará una hectárea; en Loreto el plan de la empresa Loreto Bay afectó el ecosistema, al igual que en el tramo de la carretera La Paz-Pichilingue desaparecieron 12 hectáreas, detalló el oceanólogo Esteban Fernando Félix, del Centro Interdisciplinario de Ciencias del Mar.
En Guerrero, las zonas más dañadas con la pérdida de estos ecosistemas están en Acapulco, en específico en Punta Diamante y Puerto Marqués, áreas en las que ha habido un crecimiento poblacional desmedido, consideró la Procuraduría de Protección Ecológico. En la misma situación señaló a Coyuca de Catalán y Techam, así como a municipios de la Costa Chica como Copala y San Marcos. Se estima que en los pasados 25 años se perdieron 2 mil hectáreas de manglares, ya que la superficie pasó de algo más de 16 mil hectáreas a 14 mil 735 hectáreas.
Al menos la tercera parte del ecosistema se perdió en Sonora durante el siglo pasado y actualmente quedan alrededor de 15 mil hectáreas; la superficie más importante se encuentra en el sur del estado, en el municipio de Huatabampo, y al norte de Bahía de Kino, dijo el delegado de la Semarnat, John Swanson Moreno. Uno de los casos más representativos en cuanto a devastación de manglar fue la construcción de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, señaló.
La zona más importante del ecosistema en Baja California se localiza al sur, en Bahía de los Angeles, zona decretada recientemente área natural protegida Aquí el desarrollo turístico se da en áreas donde no hay manglar, como Tijuana, playas de Rosarito y la costa de Ensenada en el océano Pacífico, sostuvo Alejandro Moreno, secretario de Turismo estatal.
Advirtió que la situación de conservación que hasta ahora se ha logrado en Bahía de los Ángeles se podría modificar si se reactiva el proyecto Escalera Náutica impulsado el sexenio pasado, pero suspendido en la actual administración.

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Dos notas tomadas de ¡Democracy hoy!
Estados Unidos retira del mercado cuatro millones de juguetes que contenían químico altamente tóxico

En materia empresarial, los famosos juguetes de Aqua Dots han sido retirados de las tiendas de Estados Unidos y Australia luego de que científicos descubrieran que contenían un químico que se convierte en una droga tóxica muy poderosa cuando es ingerido, y que puede provocar inconciencia, ataques, somnolencia, un coma e incluso la muerte. Los juguetes Aqua Dots eran unos de los más populares del país. Recientemente Wal-Mart lo había nombrado el juguete preferido de estas vacaciones. En Australia fueron nombrados juguetes del año. Estos juguetes fueron fabricados en China y distribuidos por la empresa canadiense Spin Master.
Campesinos nicaragüenses obtienen indemnización por pesticidas utilizados por Dole

Seis campesinos nicaragüenses obtuvieron más de tres millones de dólares en indemnizaciones por haberse quedado estériles a causa de los pesticidas utilizados por la empresa estadounidense Dole Food. A pesar de las reiteradas advertencias sobre el peligro que el pesticida DBCP representaba para la salud, Dole continúo utilizándolo. Este fallo marca la primera vez que campesinos extranjeros obtienen la victoria en un caso contra Dole en tribunales estadounidenses. Las indemnizaciones por daños punitivos no serán pagadas hasta que Dole apele la sentencia. Se prevé que la empresa afrontará varias demandas más por la utilización de pesticidas en el extranjero
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Por Antonio Elio Brailovsky
Queridos amigos:
Para muchas personas, la contaminación es simplemente un gasto que algunas empresas se niegan a hacer. Una visión simplista reduce el problema a la falta de inversiones para depurar un efluente líquido, para ponerle un filtro a una chimenea o para tratar algún residuo peligroso.
La realidad, sin embargo, es mucho más compleja.
La contaminación no es sólo un ahorro de dinero que hacen los industriales inescrupulosos. Es, además, un mecanismo perverso que genera ganancias poniendo en riesgo la salud de todos nosotros.
Para aclarar este punto vamos a mencionar la historia de un insecticida peligroso, que es el que se usa en muchos países del Tercer Mundo para combatir las cucarachas en comercios y domicilios. En Estados Unidos está prohibido para usos domiciliarios por tener efectos cancerígenos y se lo reemplaza por otros de menor riesgo. Entre nosotros, se utiliza ampliamente por una cuestión de imagen comercial.
En esta entrega ustedes reciben:
  • Un informe mío sobre los riesgos del insecticida DDVP (Vapona) y las mezquinas razones por las cuales se lo utiliza ampliamente.
  • Las obras de arte que acompañan esta entrega están asociadas al torturado escritor checo Franz Kafka. Su obra más conocida, "La Matamorfosis", cuenta la historia de un hombre que un día despierta y se encuentra convertido en una gigantesca cucaracha.
· “Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura, y en forma de caparazón y, al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos”(...) (Franz Kafka: "La Metamorfosis")
La primera de ellas es un mural con un expresivo retrato del escritor, ubicado en Arizona, Estados Unidos. La segunda es un monumento ubicado en Praga, obra del escultor surrealista Jaroslav Róna, que recrea el ambiente extraño de uno de sus cuentos.
Un gran abrazo a todos.
Antonio Elio Brailovsky
Jaroslav Róna, checo: "Kafka", sobre la base de su cuento
"Historia de un altercado" (bronce en Praga)
Franz Kafka, retrato en un mural en Arizona, Estados Unidos

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INSECTICIDAS PEORES QUE LOS INSECTOS
Por Antonio Elio Brailovsky
La necesidad de controlar las plagas urbanas es obvia y creemos que no necesita de fundamentación especial. Baste recordar que la falta de higiene y la ausencia de control de ratas en las ciudades medievales desencadenó la epidemia de peste bubónica que mató a la tercera parte de la población europea. O que las cucarachas son vectores en la expansión del cólera, para concluir que es necesario activar dicho control. No hay dudas sobre su urgencia, la única discusión posible es sobre la mejor manera de hacerlo.
Tenemos que recordar que un plaguicida es un contaminante obligado. Es decir, que en otras actividades, la contaminación es un accidente o un acto de irresponsabilidad. En cambio, la aplicación de plaguicidas es un acto de contaminación deliberada, por el cual se incorpora una sustancia tóxica al medio ambiente. Se trata de sustancias cuyo objetivo es destruir seres vivientes, lo que significa que no pueden ser inocuas para las personas, a pesar de lo que diga la publicidad orientada por intereses sectoriales. Sin embargo, habitualmente se maneja entre nosotros la ficción de que los insecticidas no dañan a los seres humanos y no se adoptan las necesarias prevenciones para evitar esos daños.
Se afirma, por ejemplo, que la mayor parte de los plaguicidas de uso en sanidad ambiental no implican serios peligros para la salud humana. Sin embargo, los plaguicidas suelen ser muy volátiles e intoxican también por inhalación. Esto hace que la frecuencia de daños a la salud humana sea elevada, y también requieren un mayor cuidado que con otras sustancias, cuyo nivel de toxicidad en las tablas parece semejante.
Hoy personas sin ningún conocimiento de los riesgos toxicológicos de las sustancias que aplican se meten en nuestras casas y fumigan nuestra cocina, casi siempre con productos cancerígenos que están prohibidos en sus países de origen. Esas personas dejan residuos tóxicos en la vajilla que usamos todos los días, en las latas de alimentos del supermercado, en los depósitos de harina de la panadería del barrio, o en los juguetes exhibidos en los comercios a la espera de que los llevemos para nuestros hijos. Todo esto configura un riesgo aún mayor del que se intenta prevenir con la fumigación.
Es tiempo de pensar en retirar del mercado un plaguicida de alta toxicidad sobre los seres humanos y demás animales de sangre caliente, que no debe ser utilizado como insecticida para usos domiciliarios. Se trata del DDVP, conocido como Vapona, y cuyo nombre químico es 2,2-Diclorovinil dimetil fosfato[1]. Alguna vez fue publicitado con la consigna singularmente profética: Shelltox con Vapona no perdona.
Dicho producto tiene un riesgo toxicológico elevado y es el responsable de la mayor parte de los accidentes que ocurren con plaguicidas en las áreas urbanas. Su toxicidad es mucho más elevada que la de los demás plaguicidas utilizados y se aproxima a la de aquellos de uso rural (es decir, que sólo se emplean a campo abierto).
Su empleo habitual es un buen ejemplo de la necesidad de que el Estado regule estrictamente el uso de sustancias tóxicas. En efecto, para la eliminación de las cucarachas, por ejemplo, basta con emplear plaguicidas de más baja toxicidad como son los piretroides (como la decametrina, por ejemplo). Sin embargo, el uso de piretroides afecta los hábitos de las cucarachas y éstas se desplazan a la luz y se hacen ver durante varias horas antes de morir por efectos del plaguicida.
Desde el punto de vista comercial, un local en el cual el público puede ver los insectos que habitualmente están ocultos tendrá dificultades con su clientela. Lo más lógico y más seguro sería cerrar el local hasta que las cucarachas acabaran de morir y hasta que el plaguicida perdiera su efecto tóxico sobre los seres humanos. En vez de esto, se agrega un plagicida más tóxico (el DDVP o Vapona), que asegura la muerte de los insectos en el momento de la fumigación. El comerciante mantiene su local abierto (no pierde uno o dos días de ventas), pero expone a su personal y a su clientela a los efectos de una sustancia tóxica que otros países han rechazado para estos usos.
Tenemos que destacar que las normas y especificaciones técnicas de los Estados Unidos establecen que los sitios fumigados con este producto permanecen peligrosos para los seres humanos por lo menos durante 24 horas. De modo que utilizarlo para facilitar un empleo inmediato de las instalaciones es una grave irresponsabilidad y, eventualmente, un acto criminal[2].
En febrero de 1988, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) inició la revisión de las autorizaciones para el uso de este plaguicida, las que quedaron completadas en marzo de 1992. Este producto provoca riesgos de cáncer y posee márgenes de seguridad inadecuados en la inhibición de la colinesterasa. Los productos que lo contienen deben llevar el rótulo “Peligro – Veneno”.
El DDVP o Vapona es un insecticida de la clase de los organofosforados. Esto significa que es de los de más alta toxicidad. Un insecticida de esta clase, el Parathion está prohibido en Argentina y en la mayor parte del mundo para cualquier uso.

El DDVP o Vapona es altamente tóxico por inhalación, absorción dérmica y por ingestión. Como es un producto volátil, la inhalación es la ruta de exposición más frecuente. Comparando con el envenenamiento producido por otros plaguicidas, la intoxicación con este producto provoca síntomas que aparecen con mayor rapidez, y asimismo, la recuperación de los afectados ocurre en menos tiempo. Esto se debe a que es rápidamente metabolizado y eliminado del cuerpo humano. Las personas con capacidad pulmonar reducida, antecedentes de convulsiones o reciente exposición a inhibidores de la colinesterasa tienen el mayor riesgo ante la exposición a esta sustancia.

Es altamente tóxico por todas las rutas de exposición. Cuando se lo inhala, sus primeros efectos son habitualmente respiratorios y pueden incluir ahogos, tos, exceso de fluido en los bronquios, etc. El contacto con esta sustancia puede causar contracciones musculares involuntarias. El contacto con los ojos causa contracción de las pupilas, visión borrosa, etc. A partir de la exposición por una vía cualquiera, pueden aparecer otros efectos sistémicos a los pocos minutos o a las 12 horas. Pueden incluir náuseas, vómitos, dolores abdominales, diarrea, visión borrosa, contracción o dilatación de las pupilas, salivación, confusión mental, etc. Una intoxicación severa afectará el sistema nervioso central, produciendo incoordinación, baja en los reflejos, fatiga, contracciones musculares involuntarias, temblores, y, eventualmente parálisis en las extremidades y en los músculos respiratorios. En casos graves puede ocurrir defecación involuntaria, psicosis, pérdida del conocimiento, convulsiones y coma. Puede causar la muerte por paro cardíaco o respiratorio.

Estos síntomas pueden aparecer hasta 4 semanas después de una exposición aguda, por lo cual es difícil que los intoxicados asocien los síntomas con la contaminación que los provoca.

La exposición prolongada causa los mismos efectos que una intoxicación aguda. Los trabajadores sometidos a una exposición repetida de esta sustancia tienen síntomas tales como pérdida de memoria y concentración, desorientación, depresiones severas, irritabilidad, confusión, pesadillas, sonambulismo e insomnio.

Esta sustancia ha sido clasificada como carcinógeno por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) debido a los resultados de tests en ratas de laboratorio. Se notó en ejemplares de laboratorio un significativo incremento de casos de leucemia y también de tumores benignos en páncreas y glándulas mamarias.

También afecta el sistema nervioso a través de la inhibición de la colinesterasa, una enzima requerida para el funcionamiento del mismo[3].

Con respecto a este producto, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos lo ha prohibido, entre otros, para los siguientes usos, en una solicitud fechada el 28 de septiembre de 1995:
· Todos los usos en domicilios.
· Fumigación de plantas de tabaco.
· Jardines, campos hípicos, áreas comerciales, institucionales, industriales, aviones, camiones, barcos, vagones ferroviarios, etc.
· Embalajes de productos no perecederos[4].
En cuanto a la toxicidad de esta sustancia, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) ha estimado una dosis letal oral (DL 50) en roedores de 50 miligramos por kilo. Es decir, que basta la ingestión de 50 miligramos por cada kilo de peso del animal para matar la mitad de una población de roedores en 24 horas. O sea, la ingestión de 3.500 miligramos (es decir, apenas tres gramos y medio) es suficiente para matar a una persona de 70 kilos.
Para dar un término de comparación con otros productos también de uso habitual entre nosotros, la permetrina, se requieren 4.000 miligramos por kilo de peso para matar un roedor en laboratorio. Esto significa que se requiere la ingestión de 280.000 miligramos (es decir, 280 gramos) para matar a una persona de 70 kilos[5].
Un estudio de la Universidad de Texas destaca que algunos pesticidas usados hasta hace poco tiempo en los hogares son especialmente peligrosos para los niños, como el DDVP (Vapona). Explican que el DDVP sublima directamente de la fase sólida a la de vapor y que posteriormente recristaliza dejando depósitos tóxicos en pisos, paredes o muebles. “En 1988 –agregan- estudios de largo plazo mostraron que el DDVP causa daños en hígado y provoca tumores. EPA suspendió todos sus usos domiciliarios en 1989, aunque todavía hay casas que lo usan”. Estos datos creemos que son suficientes para prohibir los usos domiciliarios de esta sustancia.
Agregamos que la manipulación de sustancias tóxicas en viviendas habitadas significa un doble riesgo y que esta tarea sólo puede estar a cargo de personal calificado para ella. Sin embargo, lo habitual es que estas sustancias sean manejadas por personal de muy baja calificación, con los consiguientes riesgos de accidentes e intoxicaciones, tanto para dicho personal como para la gente que allí habita y confía en las empresas de fumigación.
Es sugestivo que se ponga en riesgo la salud y la vida de tantas personas para lograr un objetivo tan pequeño como lo es el conseguir que las cucarachas elijan la oscuridad para morirse.


[1] Comercializado en diversos países bajo los nombres: Apavap, Benfos, Cekusan, Cypona, Derriban, Derribante Devikol, Diclorvos, Didivane, Doom, Duo-Kill, Duravos, Elastrel, Fly-Die, Fly-Fighter, Herkol, Marvex, Nogos, No-Pest, Nuvan, Prentox, Vaponite, Vapona, Verdican, Verdipor, Verdisol, etc.
[2] Prof. Bastiaan M. Drees: "Insecto, ácaro y productos relacionados con la supresión del parásito", Servicio de Extensión Agrícola de Texas: El Sistema Universitario de Texas, Sept. de 1997.

[3] A Pesticide Information Project of Cooperative Extension Offices of Cornell University, Michigan State University, Oregon State University

[4] Program Resources Branch, Field Operations Division (7506C),Office of Pesticide Programs, Environmental Protection Agency, 401 M St., SW., Washington, DC 20460.
[5]Insecticides and Toxicities”. EPA, USA, 1998.

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