Núm. de referencia: 70209-OCIP-RFM/Mich
H. Puebla de Zaragoza a 7 de febrero de 2009.
Puebla, México
La Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH), con domicilio para recibir información en Avenida Reforma 1516, despacho 4, Centro Histórico de Puebla, con correo: contacto@reddh.org y celular: 044 (45) 2221276839, solicita su intervención ante la grave situación de violaciones a derechos humanos en contra de los integrantes de la Organización Campesina, Indígena y Popular "Ricardo Flores Magón", integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (OCIP-FNLS).
Contexto
ASESINATOS POR LA DEFENSA DE LAS TIERRAS COMUNALES:
Comunidad de Iricuaro, municipio de Salvador Escalante, a causa de la lucha por la defensa de las tierras comunales es asesinado en abril del 2006 por pistoleros a sueldo, el compañero y dirigente campesino José Luis Torres Cruz, por órdenes del Cacique Servando Cervantes, sin que hasta el momento se castigue a los culpables a pesar de haber presentado denuncias en tiempo y forma.
DETENCIÓN-DESAPARICIÓN TEMPORAL Y TORTURA POR LA DEFENSA DE LAS TIERRAS COMUNALES:
Comunidad Tabiquera La Loma de Uruapilla, Municipio de Morelia en Junio–Julio del 2008 fue detenido desaparecido Temporalmente el comunero Avenicio Reyna Cruz, fue torturado a golpes y latigazos por elementos policíaco-Militares, que portaban armas largas, chalecos antibalas, cubiertos del rostro, acompañados del supuesto abogado Guadalupe Guía Carreón y Vicente Marín Gallegos Actuario del Tribunal Unitario Agrario No 36, responsables intelectuales de estos delitos, antes intentaron llevarse al comunero José Reyes Aguilar quien al oponer Resistencia fue balaceado por los mismos elementos policiaco-militares que viajaban en una suburban blanca sin placas a consecuencia de ello perdió su pierna izquierda.
Las instituciones judiciales y funcionarios gubernamentales han optado por establecer un cerco de impunidad, se pusieron las denuncias en tiempo y forma, negándose los funcionarios a recibir las denuncias de los compañeros Reynaldo Reyes Aguilar, Gerardo reyes Montoya y Avenicio Reyna Cruz, incluso funcionarios como Pavel Hernández (director de gobernación) han desatado una campaña difamatoria en contra de nuestra organización calumniando y minimizando los casos de desaparición forzada de los comuneros.
Por su parte en los Ministerios Públicos, los funcionarios Judiciales rechazan las denuncias de los comuneros que fueron testigos oculares de los hechos y toman francas actitudes de apoyo a favor de los acusados, responsables de estos delitos el supuesto abogado al servicio de la oligarquía estatal Guadalupe Guía Carreón y Vicente Marín Gallegos actuario del tribunal unitario agrario no 36, a quienes las autoridades les brindan todas las facilidades y toman sus declaraciones falseadas y dolosas como verdad que sirve de referencia jurídica para torcer la ley a su favor.
Actitud que contrasta con el comportamiento de los funcionarios cuando los comuneros se presentan a declarar, las autoridades tratan de confundir a nuestros compañeros desmintiendo sus versiones y tratando de imponer sus criterios como sucedió el 2 de enero del presente año cuando los compañeros Reynaldo Reyes Aguilar y Gerardo Reyes Montoya se presentaron a declarar en la Agencia Primera del Ministerio Público a cargo del Licenciado Celso Robles Marroquin, la C. Lic. Dominique Velásquez Herrera, secretaria del Ministerio Público citado, quien desde un principio trato de amedrentar a los compañeros calificándolos de mentirosos porque según su criterio las denuncias de tortura y detención-desaparición eran poco creíbles, porque ellos decían las cosas solo por apoyar a sus compañeros, por lo que deberían pensar en lo que decían pues se podrían meter en problemas, porque ella tenía otra versión y las cosas no eran así.
Esto es un indicativo más de lo que sostenemos que el Gobierno del Estado e instituciones de justicia actúan bajo consigna, auspician la impunidad y se convierten en instrumentos a favor de los empresarios.
LOS DAÑOS QUE PROPICIA LA MILITARIZACIÒN EN NEUSTRAS COMUNIDADES:
El cuatro de enero del presente año en San Ángel Zurumucapio, Municipio de Uruapan, los militares instalan un campamento a la orilla del pueblo integrado por cuatro convoyes, el siete de enero realizan un cateo simultaneo en todas las casas a la que ingresan con prepotencia amenazando a las familias, con particular violencia allanan la casa de Enrique Maximiliano, Jefe de Tenencia quien fue amenazado por los militares, él denunció los hechos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la fecha se desconoce el resultado de esta denuncia.
En el municipio de Salvador Escalante, el dos de enero del presente año llega un convoy militar a la colonia el Artesano, lugar donde se atrincheran los militares y realizaron cateos en las casas, se introducían con lujo de violencia y sin orden de cateo a los domicilios, se distribuían de dos soldados por casa, por tanto, se introducen de manera violenta a la casa de nuestra compañera Guillermina Calderón Villegas.
En Ihuatzio, municipio de Tzintzuntzan, los días 28 y 29 de enero, los militares catean las casas de los compañeros Natividad Alcantar Gaona, Santiago Silva, Cecilia Trinidad, Francisco Rodríguez Morales, Lourdes Joaquín Rojas, Antonio Hilario, Sebastián Hilario y Pedro Silva, todos integrantes de nuestra organización; los soldados entraron a las casas sin mostrar ninguna orden, cortando cartucho, amenazando a las comuneras con la siguiente expresión "si no dan información nos las vamos a llevar por ordenes del señor Calderón".
EN SANTA FE DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE QUIROGA:
La estrategia no deja lugar a dudas, reviven las prácticas utilizadas por el gobierno durante el periodo de la guerra sucia, la criminalización de la lucha popular es uno de los recursos, para ello no vacilan en utilizar medidas políticamente perversas como la difamación, como sucede con nuestra organización.
En el periódico La Voz de Michoacán en una supuesta nota periodística por la periodista Angélica Ayala, trata de forma parcial los hechos que se derivaron de una elección de jefe de tenencia y suplente, aprovecha el caso para expandir el rumor periodístico de que en Santa fe de la Laguna se intenta desestabilizar creando una célula de grupos armados, lo que constituye una calumnia, con esta acusación el mensaje pretende generar la intervención de las fuerzas policiacas y militares, centrando la violencia gubernamental en contra de los integrantes de nuestra organización, con la pretensión de detener, desaparecer, asesinar y encarcelar a luchadores sociales.
Lo que pretenden hacer en Michoacán es parte de un proyecto represivo nacional, sustentado en el temor paranoico a los pueblos, como respuesta policíaca y militar del Estado ante la Crisis económica y política que ya no pueden controlar y temerosos de un estallido social de consecuencias incalculables, incrementan la militarización establecen alianzas con las mafias de la delincuencia organizada que dicen combatir, sus propósitos represivos son ambiciosos generalizados en contra de todo proceso de organización anticapitalista y popular, con la pretensión de descabezar toda forma de organización política, popular, democrática combinando la represión selectiva y masiva, en contra de luchadores sociales, el proyecto por sus alcances y magnitudes es fascista.
El gobierno pretende mediante todas las formas provocar terror psicológico en la población, criminalizar toda forma de organización para impedir la respuesta organizada y combativa de la población, crear un rechazo político al instinto consiente de la gente por organizarse para la lucha por sus derechos.
Es de destacar que la participación de organizaciones sociales tiene un papel protagónico en el fortalecimiento de la vida democrática del país. Por lo que resulta preocupante que la información enviada por la Organización Campesina, Indígena y Popular "Ricardo Flores Magón" (OCIP-RFM) muestra la parcialización de los funcionarios responsables en brindar procuración de justicia. Con lo cual, lejos de contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Estado de Michoacán, se ahonda y promueve la corrupción e impunidad.
Por lo anterior, la Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH) solicita:
1. Urgir al Gobierno del Estado y autoridades correspondientes a tomar medidas cautelares para la protección de los integrantes de la Organización Campesina, Indígena y Popular "Ricardo Flores Magón" (OCIP-RFM).
2. El cese de hostigamientos, amenazas de violencia o de cualquier otra forma de intimidación que menoscabe la dignidad humana de los integrantes y coordinadores de la Organización Campesina, Indígena y Popular "Ricardo Flores Magón" (OCIP-RFM).
3. Con base al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicitamos llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial, así como informar de manera oficial de los avances del proceso.
4. A la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, así como también a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, expresen su preocupación ante la gravedad de estos hechos.
Atentamente
Israel Sampedro Morales
Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDDH
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