Durante la Asamblea de la segunda convención Democrática
Zócalo Capitalino
La Segunda Asamblea de la Convención Nacional Democrática aprobó efectuar movilizaciones en defensa del patrimonio nacional y contra la privatización de los servicios de salud y vivienda.
Asimismo, determinó impulsar una nueva Constitución que garantice a los ciudadanos el acceso a mejores condiciones de vida.
En la sesión plenaria, celebrada en el Zócalo capitalino, también se aprobaron cada uno de los resolutivos adoptados en las seis mesas de trabajo que abordaron los temas relativos a: La patria no se vende, El derecho a la felicidad, Que se oiga la voz de todos, México es de todos y Un mejor país es posible.
En el acto, encabezado por Andres Manuel López Obrador, los seguidores del político tabasqueño aprobaron los resolutivos y acordaron que la Tercera Asamblea de la Convención Nacional Democrática se llevará a cabo el 20 de noviembre próximo.
Ante dirigentes de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia, legisladores y senadores del Frente Amplio Progresista acordaron defender el patrimonio nacional, rechazar la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex) y defender la industria eléctrica nacionalizada.
De igual manera se comprometieron a luchar por la instauración de un estado de bienestar, la universalización y exigibilidad de los derechos sociales, así como la defensa de la laicidad y la transformación democrática de la educación pública.
Aprobaron más de 40 puntos específicos que pretenden lograr la plena democratización del régimen político mediante el ejercicio de la soberanía popular.
Destacaron el compromiso para la instauración de una nueva República mediante un proceso constituyente y rechazar la invasión de semillas y alimentos transgénicos, así como renegociar el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Los asistentes ratificaron el carácter de la Convención Nacional Democrática como expresión de la soberanía popular y acordaron organizar actos similares en cada municipio y estado del país.
Por otra parte, aprobaron proponer que se eleve a rango constitucional la austeridad republicana, la erradicación del nepotismo y el tráfico de influencias en el desempeño de los servidores públicos.
También propusieron la creación de la comisión de la verdad para investigar el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), el rescate carretero, la Biblioteca José Vasconcelos y la Fundación Vamos México, además de exigir el acceso equitativo de los candidatos y partidos a los medios de comunicación.
En este marco, los seguidores de López Obrador aceptaron solicitar un incremento de emergencia de los salarios, la desaparición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y rechazar la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Pero, sobre todo, tenemos que estar atentos porque el gobierno usurpador ya está tramando dar otro golpe a la economía popular. Ahora quieren aumentar los impuestos a los pobres y a las clases medias. Ya están hablando de la llamada Reforma Fiscal, que no es más que cobrar el IVA en medicinas y alimentos.
Este es un asunto que pone al descubierto el carácter perverso del actual régimen. Debe saberse que en México sólo pagan impuestos los pobres y las clases medias, mientras los potentados gozan de privilegios fiscales.
Por ejemplo, en 2004, las empresas pagaron impuestos sobre la renta por 118 mil millones de pesos, mientras los asalariados contribuyeron con 182 mil millones; es decir, los trabajadores pagaron 64 mil millones más que todo el sector empresarial. Esto a pesar de que en ese mismo año, según cifras oficiales, las empresas recibieron el 60 por ciento del ingreso nacional y los trabajadores apenas el 30 por ciento.
Los privilegios fiscales que se otorgan a los grandes monopolios, mediante regímenes especiales, les reducen al mínimo el Impuesto Sobre la Renta.
Se ha llegado al extremo que, por ejemplo, Cemex que tiene un margen de utilidad del 40 por ciento, sólo pagó 2.3 por ciento de impuestos sobre sus ventas en 2004; Telmex, con un margen operativo de utilidades del 50 por ciento, pagó de impuestos 8.9 por ciento; Kimberly Clark pagó impuestos del 6.3 por ciento; América Móvil o Telcel, también 6.6 por ciento; FEMSA, es decir, la Coca Cola, 2.1 por ciento; y Bimbo, 1.7 por ciento.
¡Viva la Convención Nacional Democrática!
¡Vivan los hombres y las mujeres libres de México!
¡Viva México!
