Infiltrados por el narco

Édgar Téllez BOGOTÁ.- Oficiales del ejército y la armada de Colombia tenían estrechos vínculos con organizaciones de narcotraficantes que operan en el occidente y norte del país.

El pasado 24 de julio, una investigación realizada por la Fiscalía General reveló que tres coroneles, dos mayores, un capitán y otros 12 militares pertenecientes a la tercera brigada con sede en Cali trabajaban para el narcotraficante Diego Montoya, jefe del cártel del Norte del Valle, quien fue incluido por Estados Unidos en la lista de los 10 criminales más buscados del mundo.

Además, una funcionaria civil adscrita a la sección de hojas de servicio del comando del ejército en Bogotá, la capital del país, fue detenida por la fiscalía al comprobarse que proporcionaba a esa organización delictiva datos personales de los militares que estaban por retirarse.

La difusión de estos hechos ocasionó un escándalo en Colombia. A raíz de ello, el pasado viernes 10 renunció a su cargo el general Hernando Pérez Molina, comandante de la tercera división del ejército, con sede en Cali. El gobierno le atribuyó la responsabilidad política por el hecho de que sus oficiales fueron corrompidos por los narcotraficantes y porque ni siquiera los servicios de inteligencia fueron capaces de detectarlo.

Como secuela de lo anterior, el jueves 16 también renunció el general Leonardo Gómez Vergara, comandante de la tercera brigada del ejército, asentada en la capital del Valle del Cauca.

Hasta el pasado jueves 23, la fiscalía proseguía sus investigaciones en las filas castrenses para identificar a los restantes miembros de la red, quienes, como encargo inicial, buscarían liberar a Eugenio Montoya –hermano de Diego–, quien se encuentra detenido en la cárcel de alta seguridad de Cómbita en el departamento de Boyacá.

Según la orden de Diego Montoya, los militares a su servicio tenían la consigna de aprovechar el traslado del recluso a un centro médico para atacar la caravana con bombas y francotiradores.

De acuerdo con fuentes de la fiscalía consultadas por el reportero, los militares le entregaban al capo información privilegiada de las operaciones realizadas para capturarlo, razón por la cual las patrullas del ejército y la policía no han podido localizarlo.

Este escándalo, que cimbró a los altos mandos del ejército, se extendió a la armada. En julio pasado esta última institución retiró al almirante Gabriel Arango Bacci en medio de un completo hermetismo.

El lunes 13, en una entrevista con el diario El Tiempo, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, señaló que Arango fue destituido porque existían evidencias que lo vinculaban con organizaciones criminales.

Cuando los periodistas del citado diario le preguntaron por qué se retiró a Arango, Santos dijo: “Hay una investigación muy adelantada sobre un ilícito, no puedo negar que está relacionada con el narcotráfico, y hay otros miembros de la armada implicados en los hechos. Hay una investigación adelantada pero no quisiera decir más para que ésta no se dañe”.

Aunque Santos se negó a proporcionar más datos, fuentes de la fiscalía y de la armada comentaron a Proceso que Arango habría colaborado con una estructura mafiosa que tenía como centro de operaciones la costa atlántica colombiana. Pese a que el militar negó las acusaciones, con el paso de los días empezó a conocerse información que lo vinculaba con una red de traficantes identificada por las autoridades como La Herradura.

Fuentes de la fiscalía también revelaron que existen videos y grabaciones telefónicas en los que de manera reiterada se menciona el nombre de Arango. En julio de 2006, el militar tuvo a su cargo la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en la ciudad de Cartagena. Como su trabajo fue exitoso, obtuvo felicitaciones y reconocimientos de las autoridades gubernamentales. l