Las boletas, en el limbo

Daniel Lizárraga El presidente Calderón está a punto de rendir su primer informe pero las autoridades electorales todavía no saben qué hacer con las boletas utilizadas en los comicios del 2 julio de 2006.

Hasta ahora, autoridades electorales y judiciales aún no digieren el paquete de solicitudes de acceso a la información tramitadas por Proceso. Y esta indefinición coloca en la incertidumbre el destino de las boletas. Además, durante los últimos tres meses el Instituto Federal Electoral (IFE) ha recibido más solicitudes para acceder a la documentación del proceso electoral.

El investigador y académico John M. Ackerman, al igual que Sergio Aguayo y el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, tramitaron sus peticiones por separado.

Según se desprende de las interpretaciones hechas por especialistas acerca de la Ley Federal de Transparencia y el reglamento interno del IFE, los materiales oficiales –en este caso las boletas– no pueden destruirse mientras existan solicitudes para acceder a ellas.

En el caso de Proceso, la vía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quedó cancelada luego de que la Sala Superior desechara el 17 de mayo pasado, por unanimidad, la posibilidad de contar con esos documentos.

Los magistrados consideraron que las boletas sí son documentos públicos, pero argumentaron que su uso está restringido a las autoridades del IFE, como lo fueron en su momento para los ciudadanos encargados de las casillas.

Este tajante rechazo fue confirmado cuando los mismos magistrados desecharon, el pasado 19 de junio, un segundo recurso de revisión con el argumento de que faltó la firma de este reportero en el documento al ingresar a la Secretaría de Acuerdos.

No obstante, aún quedaba pendiente el amparo tramitado primero ante un juzgado federal y ahora ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esto es precisamente lo que no se ha podido resolver. Se trata de una petición del director de este semanario, Rafael Rodríguez Castañeda, para que el máximo tribunal de la República atraiga el caso, toda vez que se trata de un asunto relevante para la vida institucional del país.

En la primera instancia, el Juzgado Cuarto de Distrito, ubicado en la Ciudad de México, rechazó el amparo al argüir que era de materia electoral y, por lo tanto, carecía de competencia para atenderlo.

Sin embargo, Proceso insistió ante un tribunal colegiado, y ahora ante la corte, en que está de por medio el derecho de acceso a la información plasmado en la Constitución, por lo que el caso debería analizarse desde esta perspectiva.

Nuevas solicitudes

Información obtenida durante la última semana indica que el asunto aún no está enlistado para resolverse en alguna de las sesiones plenarias venideras de la Suprema Corte. El pasado 7 de marzo, el ministro encargado del expediente, Mariano Azuela, pretendió darle carpetazo desde la primera sala. No obstante, a petición de otro de sus pares, Genaro David Góngora Pimentel, el asunto fue llevado al pleno.

El paquete de solicitudes de acceso a la información tramitado ante el IFE se presentó el 8 de agosto de 2006. Desde hace más de un año el asunto está empantanado, y en vísperas del primer informe presidencial de Felipe Calderón las boletas continúan bajo resguardo del Ejército en los 300 consejos distritales del país.

Ahora el tema del acceso a estos documentos electorales se extenderá por más tiempo. Al igual que sucedió con Proceso, las solicitudes tramitadas por John M. Ackerman, Miguel Ángel Granados Chapa y Sergio Aguayo Quezada tienen por delante un largo camino:

Dos instancias dentro del IFE, la Sala Superior del Tribunal Electoral, y en caso de buscar la ruta del amparo, primero un juez federal, luego un Tribunal Colegiado y así hasta llegar a la SCJN. Proceso ha tenido que esperar más de un año y aún no obtiene una respuesta satisfactoria.

Por lo pronto, el presidente del Consejo General del IFE, Luis Carlos Ugalde, insiste en que no existe fecha para destruir las boletas. Lo que no reveló fue que ya hay por lo menos tres nuevas solicitudes que deberán analizarse. l