Qué poca leche…

José Gil Olmos Fundada hace más de 50 años, Leche Industrializada Conasupo, S.A. (Liconsa) está por caer en quiebra financiera y su colapso amenaza con dejar en la desprotección alimentaria a millones de familias pobres. Una investigación realizada por la propia empresa atribuye esta situación al hecho de que sus nuevos funcionarios, encabezados por el panista Jesús Galván Muñoz, carecen de experiencia en los puestos que desempeñan.

Debido a la inexperiencia de sus actuales directivos, Leche Industrializada Conasupo, S.A. (Liconsa), encargada de paliar la pobreza alimentaria de 5 millones 800 mil mexicanos, experimenta la peor crisis de su historia y se encuentra al borde de la quiebra.

Con sus arcas vacías, la empresa social con más de medio siglo de vida –aunque formalmente se denomina Liconsa desde 1972– necesita con urgencia mil 582 millones de pesos, y podría quedar paralizada si no recibe apoyos adicionales de la Secretaría de Hacienda y no se aumenta en un peso el precio del producto, lo que afectaría a por lo menos 3 millones de familias pobres si se considera el programa propiamente comercial.

Aunque la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Zavala, anunció el 27 de septiembre –en su comparecencia ante la Cámara de Diputados– que el próximo año Liconsa abrirá tiendas en las zonas rurales –donde dos de cada tres mexicanos son pobres–, los datos financieros y administrativos obtenidos por Proceso de tres fuentes (Plan Financiero Estratégico 2007; Evaluación Externa de Resultados del Programa de Abasto Social de Leche, realizada por el Tecnológico de Monterrey en 2006, y un informe interno elaborado por trabajadores de Liconsa) no sólo revelan una realidad financiera alarmante, sino también que ésta ha sido originada por la inexperiencia del equipo directivo de Liconsa, aderezada de partidismo, amiguismo y acusaciones de corrupción e impunidad.

Apenas asumió el poder presidencial, en diciembre de 2006, Felipe Calderón decidió que el director general de Liconsa sería el panista Jesús Galván Muñoz, quien no tiene más capacitación en el ramo que la adquirida en una empresa de quesos de su propiedad, pero que en cambio se ha mantenido cerca de Calderón desde 1993, cuando éste era el brazo político de Carlos Castillo Peraza como presidente nacional del PAN, mientras que Galván Muñoz fungía como el brazo administrativo del partido.

Luego de haber pasado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (1997) y el Senado (2000-2006), lugar que obtuvo gracias a la tendencia de votos de Vicente Fox, Galván Muñoz compitió en 2005 por la candidatura al gobierno del Distrito Federal, pero perdió ante Demetrio Sodi de la Tijera.

No obstante, en la competencia interna del PAN ese mismo año y más tarde en la contienda constitucional por la Presidencia de la República de 2006, formó parte del equipo de operadores de Felipe Calderón, y fue de aquí de donde saltó a la Dirección General de Liconsa.

El propio Galván Muñoz, de acuerdo con el informe, se rodeó de un equipo cuestionado por su falta de aptitudes para manejar una empresa social con un patrimonio calculado en 2 mil 200 millones de pesos, que consta de 4 mil 400 empleados y que este año se propuso distribuir mil millones de litros de leche entre los más pobres y vender otros 200 millones en su programa comercial.

La propia secretaria Beatriz Zavala, en su comparecencia en San Lázaro el 27 de septiembre, se comprometió ante los diputados a disminuir los índices de pobreza –habló de 44 millones 700 mil pobres, de los que 14 millones 400 mil se encuentran en pobreza extrema– por medio de los programas de la Conasupo, sin considerar que sólo su filial Liconsa necesita 80 millones de pesos para compensar la baja del precio del litro de leche del Programa de Abasto Social, 288.6 millones para sufragar la adquisición de producto nacional, 170 millones para gastos de operación de los centros de acopio y mil 45.8 millones para afrontar la diferencia en el precio de la leche de importación.

Situación ésta que se anunciaba desde que la Secretaría de la Función Pública se negaba a aceptar al equipo propuesto por Galván Muñoz. La negativa se prolongó durante siete meses hasta que el pasado 7 de junio, en una sesión extraordinaria del Consejo de Administración de Liconsa, fueron ratificados los nombramientos.

Al investigar los antecedentes y evaluar el desempeño de los nuevos funcionarios de Liconsa, personal que ha venido laborando en la misma desde hace mucho tiempo descubrió que el recién nombrado director de Administración, el panista Luis Antonio Oviedo Garza, no tiene ninguna capacitación administrativa. Su único cargo de responsabilidad, señala el informe, lo tuvo al frente de Seguridad Pública de la delegación Azcapotzalco de 2000 a 2003, cuando era encabezada por la panista Margarita Saldaña.

Además, el reporte interno entregado al reportero agrega que durante el tiempo que lleva Oviedo Garza en Liconsa ha sido acusado de “maltrato” y de “vender plazas, tomar bebidas alcohólicas en su oficina, (y) recibir comisiones por la compra de agua, reparaciones de autos, pintura y bienes inmuebles”.

Otro funcionario impugnado es Felipe Javier Rayón Ríos, miembro del Estado Mayor Presidencial en las administraciones de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Su profesión es la de médico cirujano y partero, con especialidad en oftalmología. Sin embargo, funge como director de Abasto Social y se encarga de distribuir más de mil millones de litros a los beneficiarios.

También se objeta la designación del abogado Antonio Lara Lagunas al frente de la Dirección de Materiales, ya que, de acuerdo con la investigación, desconoce el comportamiento del mercado internacional, aspecto fundamental de Liconsa porque es responsable de importar grandes cantidades de leche en polvo.

Igualmente se critica el arribo de Álvaro Castro Mandujano a la Subdirección de Padrón de Beneficiarios. Resulta que el ingeniero industrial fue director de Afiliación y Atención en el Comité Regional del PAN en el Distrito Federal, por lo que, asevera el informe, podría usar electoralmente el Padrón del Programa de Abasto Social de Leche, sobre todo en las zonas donde el PAN lo necesita. (El 60% del padrón de Liconsa se concentra en la zona metropolitana de la Ciudad de México, donde se ubican muchas áreas donde el PRD obtuvo una alta votación en los comicios de 2006.)

Otro funcionario que parece no encajar es Gonzalo Robles Valdés, quien ocupa el cargo de secretario de Finanzas tras haber dirigido el periódico de la Arquidiócesis de México, Nuevo Criterio, además de hallarse identificado como miembro activo de la organización de ultraderecha El Yunque.

En los libros El Yunque, la ultraderecha en México, del reportero Álvaro Delgado, y La educación privada en México 1903-76, de la historiadora Valentina Torres Septién, se menciona que en 1974, cuando se desató la polémica de la derecha contra los libros de textos gratuitos promovidos por el gobierno, el hoy exsecretario del Trabajo, Francisco Xavier Salazar, entonces presidente de la Unión Estatal de Padres de Familia en San Luis Potosí, y Gonzalo Robles Valdés se trasladaron hasta la Santa Sede, donde acusaron al Episcopado Mexicano de “comunizar y corromper a México mediante los libros de texto de primaria”.

Robles Valdés fue subsecretario de la Sedesol en la administración de Josefina Vázquez Mota, pero durante el gobierno de Carlos Medina Plascencia en Guanajuato, cuando era miembro de la organización conservadora Unión Nacional de Padres de Familia, ofreció seminarios a funcionarios y diputados del PAN.

Otro nombramiento que genera inconformidad es el de Héctor Fernando Madrid Acosta, designado subdirector de Recursos Materiales de Liconsa, pese a haber tenido problemas como funcionario del gobierno del Distrito Federal en 1997-2000, cuando se le aplicó un procedimiento administrativo bajo la acusación de no supervisar el trabajo de sus subordinados.

De la misma manera, en el reporte de los trabajadores de Liconsa se objeta la ratificación de Eduardo Carrillo Díaz en la Subdirección Jurídica, pues se le acusa de maltrato al personal, despido injustificado de 18 personas de su área y “acoso sexual a sus secretarias”.

Administración y finanzas

Según la Carpeta del Consejo de Administración de Liconsa –producto de la Sesión Ordinaria 304 de junio de 2007–, y de acuerdo con la Evaluación Externa de Resultados del Programa de Abasto Social de Leche –elaborada por el Tecnológico de Monterrey en 2006–, sólo una inyección de mil 582 millones de pesos podría evitar la ruina.

En diversas entrevistas y en reuniones con legisladores, el director general de Liconsa, Jesús Galván Muñoz, ha expresado que la crisis se debe principalmente al aumento de los precios internacionales de la leche que se importa, originado por el cambio de patrones de consumo de lácteos de China e India; la eliminación de subsidios a la exportación de leche de los países de Europa; el agotamiento de inventarios de los países productores, como Australia y Argentina, y el encarecimiento internacional de insumos como el maíz.

Pero de acuerdo con el informe citado, Galván Muñoz no supo actuar a tiempo en la compra de la leche en polvo en el mercado internacional, cuando los precios eran menores, y no procedió adecuadamente ante el aumento de 46% de la cuentas por cobrar (cartera vencida).

Y, peor aún, no hizo nada ante un proceso de adjudicación concentrada en un solo proveedor extranjero (más de 74%), equivalente a mil 600 millones de pesos, lo que, por cierto, no mereció ninguna observación del comisario público de la Secretaría de la Función Pública, destaca el informe.

Según cifras que la Dirección General de Liconsa dio a su Consejo de Administración (1 de enero al 31 de marzo de 2007), los precios internacionales de la tonelada métrica de leche descremada en polvo pasaron de 2 mil 964.80 dólares a 3 mil 905.456; y la leche entera en polvo subió de 3 mil 53.71 a 3 mil 685.72 dólares la tonelada métrica.

Se reportó la compra de 31 mil 400 toneladas métricas de leche internacional a un precio ponderado de 3 mil 338 dólares cada una. En este año Liconsa se propone importar 90 mil toneladas para poder operar el Programa de Abasto Social de Leche, y conforme a las tendencias actuales los precios llegarán a los 5 mil dólares la tonelada, lo que pondrá a la empresa en una situación de insolvencia.

El informe insiste en que Galván Muñoz no compró la leche en el mercado internacional cuando los precios estaban bajos, y precisa que adquirió 5 mil toneladas métricas con un encarecimiento de 500 dólares por unidad, lo que elevó en 2.5 millones de dólares el costo de la materia prima de Liconsa.

Así mismo, la investigación expone que no se ha cumplido la meta de captar 500 millones de litros del Programa de Adquisición de Leche de Productores Nacionales, ya que hasta el primer trimestre únicamente se habían captado 74.2 millones de litros, cantidad que equivale a 14.8% de la meta.

Las propias estadísticas de Liconsa establecen que, desde 2002, no se había registrado una disminución tan pronunciada en la compra de leche a productores nacionales. Tampoco se había experimentado, como ahora ocurre, una caída de 9% en la producción de las propias plantas de Liconsa. En los últimos seis años nunca se había registrado un descenso de esta magnitud, lo que afectará gravemente los ingresos de la propia empresa.

El mismo documento indica que, en el período de enero a marzo de 2007, Liconsa generó ingresos por mil 244.7 millones de pesos, inferior en 19.4% al programado. Lo peor es que, debido a la disminución de la venta de leche del Programa de Abasto Social y del Programa Comercial, se produjo una pérdida de 138.6 millones de pesos, mientras que los gastos de operación ascendieron a 313.2 millones de pesos, esto es, aumentaron 2.8 millones respecto al primer trimestre de 2006.

No sólo eso. Pese a la falta de recursos, la administración de Galván Muñoz se dio el lujo de despedir a personal en todos los niveles, y pagó por concepto de indemnizaciones alrededor de 12.9 millones de pesos en el período analizado. Al mismo tiempo, los gastos de administración se incrementaron en términos nominales en 2.5 millones de pesos.

Se estima que para el año 2008, Liconsa necesitará más de 3 mil millones de pesos para seguir operando el Programa de Abasto Social de Leche, y sólo podrá obtenerlos por medio de la Secretaría de Hacienda y el aumento de un peso al litro de leche, lo que la ubicaría en cinco pesos y la alejaría del consumo de los pobres.

Esto, sin tomar en cuenta la reducción que en el último año ha tenido el suministro de leche a la población más vulnerable, que son los niños y niñas de seis a 12 años. Los datos oficiales señalan que, de marzo de 2006 al mismo mes de 2007, más de 112 mil niñas y niños ya no están en el padrón de suministro, mientras que el Consejo Nacional de Población estima que para el año 2010 esta población aumentará entre 1.4 y 1.7% tan sólo en el Distrito Federal…