armando guzmán
Al filo de la medianoche de este miércoles, media hora antes de vencerse el plazo legal para presentar el recurso de impugnación, la coalición presentó ante el Instituto Electoral 22 cajas que contenían un voluminoso expediente de 7 mil 900 cuartillas, así como videos, audios, periódicos y lonas propagandísticas del priista Granier Melo.
Entre las pruebas destacan filmaciones en video en que se aprecia cómo la policía estatal protege “a los mapaches priistas” que operaron el día de la elección; la compra de votos; intimidación a sufragantes; “la descarada” intromisión del gobernador Manuel Andrade y sus funcionarios en el proceso, y el caso del subsecretario de Transporte, José del Carmen Domínguez Narez, presionando a transportistas para apoyar a Granier Melo.
También, el secuestro y la tortura de funcionarios del CEN del PRD para influir en la votación; la parcialidad y “guerra sucia” de conductores de noticieros de radio y televisión, y el abierto proselitismo de la televisora oficial, TVT, en apoyo de la candidatura del priista Andrés Granel.
Así mismo, filmaciones de las “mapacheras” repletas de enseres domésticos, bicicletas, rollos de alambre, despensas, sacos de cemento, ollas y molinos para comprar el voto el día de la jornada electoral, y recortes de periódicos y sus respectivos análisis, en que se prueba el marcado favoritismo para el priista.
El representante de la coalición ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Oswald Lara Borgues, expuso que 98% de las casillas impugnadas presentan graves errores aritméticos en la acta de escrutinio y computo, lo que disparó a más de 80 mil votos la diferencia que obtuvo Granier Melo sobre Raúl Ojeda.
En el documento, la coalición apela a la causal abstracta para echar abajo “la fraudulenta elección” del 15 de octubre, con base en los propios criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y lanza una severa reprimenda a los consejeros electorales del IEPC, por las “graves omisiones en las que incurrieron”.
“No fue cuestión menor, tuvieron ellos la oportunidad de frenar cualquier tipo de irregularidad y no lo hicieron, y la omisión pues evidentemente concluyó en lo que ya todos conocemos: la intervención de servidores públicos y del propio gobernador Manuel Andrade en el proceso electoral”, acusó Lara Borgues.
Esta elección, dijo, no puede ser considerada más que el producto de una manipulación y de una orquestación desde el propio poder público que limitó las garantías plenas en las que se debe desarrollar el sufragio y la libertad de los ciudadanos para elegir a sus gobernantes.
“Estamos viendo el análisis de la calidad de la elección, nosotros estamos planteando que es una elección totalmente fraudulenta, con graves irregularidades, por lo que no puede ser considerada como democrática”.
La entrega de la impugnación ante la Oficialía de Partes del IEPC es el primer requisito que demanda la ley electoral, ya que luego se enviarán expedientes al Tribunal Electoral de Tabasco, como segunda instancia, y luego éste lo remitirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual deberá de resolver a más tardar el 31 de diciembre, pues la toma de posesión del nuevo gobernador es a partir del primer día de enero del 2007.
En el 2000, el PRD también solicitó y logró ante el TEPJF la anulación de la elección para gobernador por graves irregularidades, entre ellas la abierta parcialidad de la televisora oficial TVT, como ahora, el apoyo del PRI y la presión a los transportistas del servicio público para respaldar al entonces abanderado del tricolor, Manuel Andrade Díaz, quien volvió a contender en el 2001 en las elecciones extraordinarias, y volvió a ganar.
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