Empresarios, cobro de factura

carlos acosta córdova

México, D.F., 10 de noviembre (apro).- Luego de los servicios prestados a Felipe Calderón durante la campaña electoral, y que fueron definitivos en el “triunfo” del panista –sobre todo la campaña para infundir miedo en la población, afirmando, como lo hacía el PAN, que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para el país--, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) empezó este viernes a extender la factura correspondiente a quien el Tribunal Electoral declaró presidente electo.

En efecto, el CCE le entregó a Calderón un documento de 13 cuartillas –“Propuestas del Consejo Coordinador Empresarial para el Lic. Felipe Calderón Hinojosa, presidente electo de México”-- en el que, con el pretexto de sugerirle a aquél estrategias para lograr un mayor crecimiento económico, le presenta, más bien, un pliego petitorio que huele más a un cobro por servicios prestados.

No es poco lo que quieren los empresarios organizados cupularmente. En primer lugar le piden al gobierno federal que no les siga estorbando ni entorpeciendo sus actividades; que debe entender que “su función expresa es la de facilitar el funcionamiento de los mercados y elevar la productividad de la economía”. No más.

Y detallan lo que “debe” hacer el gobierno: eliminar trabas burocráticas para la creación y desaparición de empresas; simplificar todas las regulaciones oficiales, desde el pago de impuestos hasta trámites ante el IMSS, importaciones y exportaciones; simplificar el régimen fiscal y reducir el número de tasas impositivas; instrumentar cambios en los regímenes laboral y de salud para facilitar la transición de trabajadores y empresas de la informalidad a la formalidad; aplicarse en darle competitividad a los costos empresariales (bajar precios de bienes y servicios públicos) y, en fin, establecer “criterios para promover el funcionamiento de los mercados”.

También quieren que el gobierno les abra las puertas para tener juego libre en el campo de los energéticos, pues “el alto costo y la falta de calidad (de éstos) impacta negativamente la competitividad de la industria”. Y dan la fórmula (es decir, lo que piden): “Para contribuir a la competitividad energética (es necesario) crear un mercado en que se determinen precios, se puedan establecer contratos a plazos razonables y se cuente con alternativas de abasto”.

Pero para eso, por supuesto, “se requiere establecer las condiciones que permitan el desarrollo de un mercado competido en el sector”. No lo dicen con todas sus letras pero, en otras palabras, lo que siempre han querido es parte del pastel que se llevan solos Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Camuflan su pretensión así: “La clave radica en liberalizar las restricciones a la comercialización interna y a la importación de todos los productos energéticos”.

En su larga lista, los empresarios incluyen abatir la excesiva normatividad para las transacciones de comercio exterior, para poder importar y exportar con manga ancha, aunque se lastime a los productores nacionales; eliminar restricciones para la participación de inversión extranjera; renovar el régimen laboral y concebir la reforma en ese campo, como la construcción de un régimen laboral dirigido “a la protección de las personas y no a la preservación de empleos”.

Con particular interés incluyen la vieja demanda empresarial –que se ha ido cumpliendo puntualmente en las últimas décadas-- de reducir el tamaño del sector público. Dicen los empresarios en su documento:

“El gobierno entrante debe también predicar con el ejemplo y hacer una contribución al crecimiento sustentable reduciendo su propio tamaño. Hay un número de oficinas públicas, incluidas dependencias y bancos de desarrollo, y un sinnúmero de programas que pudieran ser eliminados para disminuir el costo presupuestario”.

Es la añeja petición de desaparecer las secretarías de Turismo, Reforma Agraria, Bancomext, Banrural, entre muchas otras instancias del gobierno federal.

Y para sorpresa de propios y extraños, el CCE –aunque más como descargo de conciencia, por las campañas abusivas contra López Obrador-- retoma una de las demandas reiteradas del perredista: la “reducción de privilegios en el Ejecutivo”. Y como si fuera escrito por el equipo del excandidato de la coalición Por el Bien de Todos, apuntan:

“El gobierno entrante debe adoptar una política de reducción de privilegios de altos funcionarios, incluida una disminución en la compensación de todos los altos niveles y la eliminación del beneficio de automóviles y choferes, con excepción de secretarios y subsecretarios”.

Salvo esta última petición, los empresarios podrán estar seguros de que todo se les cumplirá. Y la razón es sencilla: el gobierno de Felipe Calderón apunta sus baterías en la misma dirección: más juego a la IP en la conducción de la economía, más achicamiento del sector público y menos injerencia del gobierno en la actividad económica.

Ya lo dijo Agustín Carstens, próximo secretario de Hacienda: “El gobierno no puede solo”.