El fiasco de los ingenios
Jesusa Cervantes
En vez de pasar al olvido, el daño que la administración de Vicente Fox le infligió al país va aclarándose con el tiempo. Ahora se sabe que la expropiación de 27 ingenios azucareros por el gobierno foxista causó pérdidas hasta ahora cuantificadas en 15 mil 591 millones de pesos. Esto, sin considerar que la administración federal absorbió también la deuda de los empresarios (19 mil 297 millones) y que, según la Auditoría Superior de la Federación, esos montos podrían crecer, puesto que Fox privatizó las ganancias y socializó las pérdidas.
A cinco años y medio de la expropiación de 27 ingenios azucareros, anunciada por el gobierno foxista con bombo y platillos, los resultados han sido desastrosos para el país. La medida no sólo representó un fuerte gasto para el erario federal sino que, además, mantiene a la industria cañera en la postración.
Según el reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre los cinco primeros años de la expropiación, Fox retomó las prácticas viciadas del priismo –de “rescatar, sanear y volver a privatizar empresas”– pero sólo logró “privatizar las ganancias y socializar las pérdidas”.
Ahora, debido a esa decisión del primer gobierno panista, los mexicanos deberán pagar 15 mil 591 millones de pesos. Y la cifra podría incrementarse, dice el auditor Arturo González de Aragón, si la venta de los ingenios “no resultare exitosa o conveniente para el Estado”.
Además, habrá que sumar los pagos del gobierno federal a los dueños originales de los ingenios por concepto de indemnización, así como la gran deuda de Financiera Nacional Azucarera (Fina), el organismo gubernamental que tramita créditos para los ingenios, pero sobre todo asumir las pérdidas millonarias que han tenido los ingenios desde que el gobierno asumió su control.
Decisión apresurada
A siete meses de asumir el poder, Fox enfrentó su primera gran manifestación: un grupo de cañeros de todo el país tomó las instalaciones de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa) y de Economía (SE), para exigir el pago inmediato de 4 mil 500 millones de pesos que les adeudaban los dueños de los ingenios por la zafra del ciclo 1999-2000.
El deterioro de la industria cañera venía arrastrándose desde la década de los ochenta y, aunque el gobierno intervino para salvar tanto a industriales como a cañeros en varias ocasiones, no pudo evitar que la crisis en este sector se agudizara. Esta situación llevó a los asesores del gobierno foxista Juan de Dios Castro y Lino Korrodi a recomendarle al mandatario la expropiación. Así, el 3 de septiembre de 2001 el gobierno publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto expropiatorio de 27 de los 58 ingenios del país.
En su columna Coordenadas, publicada por el diario Reforma el 4 de septiembre de ese año, Enrique Quintana escribió que el consejero jurídico de la Presidencia, Juan de Dios Castro, recomendó al presidente Fox expropiar los ingenios. A su vez, Pascual Alvarado y José Cruz López, asesores de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar (UNPCA), afiliados a la Confederación Nacional Campesina, confirmaron a esta reportera la participación de Lino Korrodi en todo ese proceso.
Alvarado recuerda que en aquella toma de las instalaciones de la Sagarpa, Korrodi participó en tres reuniones con los cañeros junto con el titular de la dependencia, Javier Usabiaga. Ahí se acordó el pago de los adeudos, dice el asesor de la UNPCA, y recuerda que algo similar ocurrió en las reuniones posteriores con Bancomext. Korrodi siempre fue presentado como asesor del secretario de Agricultura.
Para justificar la expropiación, el gobierno foxista apeló a la causa de “utilidad pública”. También acusó a los dueños de los ingenios de haber incurrido en “un alto grado de endeudamiento” y esgrimió la imposibilidad de los industriales de enfrentar sus obligaciones con los cañeros. Sin embargo nunca pudo explicar por qué sólo expropió 27 de los 58 ingenios; tampoco la razón por la que decidió dejar fuera dos ingenios con los cuales Korrodi tenía vínculos: Tres Valles y López Mateos, ambos propiedad del consorcio Continental, que tiene una franquicia de Coca-Cola en México.
Los ingenios expropiados eran controlados por cuatro consorcios: el Grupo Azucarero México (GAM), de Juan Gallardo, tenía seis; el Grupo Machado, de Teresa Machado, cuatro; el Grupo Santos, propiedad de Alberto Santos, seis, y el Consorcio Azucarero Escorpión (Caze), de Enrique Molina, nueve. Los otros dos, La Joya y Santa Rosalía, ya estaban en manos del gobierno; es decir, el gobierno se expropió a sí mismo.
Desde el principio, los afectados solicitaron amparos para frenar la medida del gobierno foxista y varios juzgados que otorgaron dicha protección. Algunas querellas llegaron incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que pronto emitió su fallo. En él asentó que el gobierno nunca pudo comprobar la causa de utilidad pública para expropiar y que tampoco demostró que los ingenios hubieran contraído grandes deudas. En suma, la Corte no encontró “las prácticas indebidas” en materia de administración en los ingenios y mucho menos que éstas hayan afectado al sector azucarero.
No sólo eso, las autoridades judiciales fallaron a favor de los propietarios de los ingenios pues, según la resolución del amparo 551/2003, no hallaron elemento técnico alguno que garantizara que la expropiación conservaría la actividad productiva azucarera, así como los empleos. “No quedó acreditado el beneficio a la colectividad, uno de los requisitos fundamentales de toda expropiación”, según la resolución.
Trampas y subsidios
Tal fue la cascada de amparos y la resolución a favor de los propietarios, que el gobierno tuvo que regresar 14 de los 27 ingenios expropiados entre 2004 y 2006: cuatro al GAM y al Grupo Machado y los seis restantes al Grupo Santos.
Sin embargo, durante el tiempo en que estos 14 ingenios fueron administrados por el gobierno, éste nunca pudo revertir las millonarias pérdidas con las que operaban.
Y es que cuando los 27 ingenios –en realidad 25, puesto que dos ya estaban en manos de la administración federal– pasaron a manos del gobierno foxista, éste adquirió las millonarias deudas de los industriales. Pero además el gobierno tuvo que indemnizar a los dueños originales, transacción que aún no liquida en su totalidad.
La revisión de la cuenta pública al 2005, realizada por la ASF con datos de la propia Fina, revela por ejemplo que los 27 ingenios expropiados debían 19 mil 297 millones 678 mil pesos. Al pasar los ingenios al Estado, éste asumió esa deuda, pero esta cifra no está incluida en el costo fiscal de la expropiación.
En sus conclusiones, la ASF apunta: “Fina operó de 1943 a 2006; siempre tuvo la necesidad de apoyos fiscales para financiar a la agroindustria; sólo de esta manera pudo operar. No tuvo sanas prácticas crediticias de fomento; y después de 63 años de banca de fomento la agroindustria no fue impulsada y sí perdió su capital, no obstante los apoyos fiscales recibidos, y fue desincorporada por ineficaz. En realidad fue un mecanismo de subsidio a la agroindustria azucarera que no se modernizó ni tuvo la capacidad de adaptarse a las circunstancias del mercado”.
Así mismo, los resultados de la auditoría de la ASF, entregada por Arturo González de Aragón a la Cámara de Diputados el pasado 29 de marzo, establece que los ingenios nunca pudieron superar sus pérdidas.
Las cifras son brutales. La expropiación se realizó el 3 de septiembre de 2001, de manera que el primer estado financiero sobre la operación de los ingenios ya en manos del gobierno se fechó en 2002. Ese año la pérdida total fue de 3 mil 277 millones de pesos; en 2003, de mil 805 millones de pesos; en 2004, de mil 923 millones, y para 2005 se elevó notablemente: a 16 mil 557 millones de pesos.
Como ya se apuntó, estas pérdidas no están incluidas en el costo fiscal que los mexicanos deberán pagar por la expropiación; sin embargo, González de Aragón advierte que en el futuro sí podrían sumarse: “No obstante los apoyos otorgados a los ingenios expropiados en los ejercicios fiscales de 2001 y 2002, éstos continuaron en el 2005, reflejando pérdidas netas como resultado de su operación, lo que podría ocasionar en el futuro un mayor costo fiscal al gobierno federal, en caso de que el producto obtenido por los ingenios como resultado de su operación no fuera suficiente para hacerle frente a sus compromisos”.
El costo fiscal real
González de Aragón realizó una auditoría especial al proceso de expropiación de los ingenios a petición de la Cámara de Diputados, pues en la LVIII Legislatura había dos legisladores que provenían de las principales organizaciones cañeras: Carlos Blackaller, de la Unión Nacional de Cañeros, A.C., y José Cruz López, de la UNPCA, quienes junto con los legisladores del PRI y del PRD cuestionaron la resolución foxista.
Del gran adeudo de los 27 ingenios expropiados con la financiera (Fina) y luego de las resoluciones judiciales que ordenaron el regreso de 14 ingenios, la ASF consideró –con base en los números proporcionados por la Fina– que a la fecha los 11 ingenios en propiedad del gobierno tienen una deuda de 13 mil 395 millones de pesos.
“El saldo deudor de los ingenios con la financiera representa daños y perjuicios para el gobierno federal, en razón de que dejará de recuperar dichos créditos al asumir la titularidad de la propiedad de dichos ingenios”, dice el reporte de la ASF, que consta de 158 páginas.
Sin embargo, Fina esta en liquidación. A cinco años de la expropiación, el auditor considera que, sin contar los mencionados costos de la expropiación de ingenios azucareros, la deuda se eleva a 15 mil 591 millones 56 mil pesos, que los mexicanos deberán pagar.
La cifra que ofrece el auditor no incluye los 13 mil 395 millones de pesos de los adeudos que tienen los ingenios. De hacerlo, los costos de la expropiación se elevarían a 28 mil 986 millones de pesos.
González Aragón advierte que los 15 mil 591 millones de pesos se incrementarán “por los intereses que generen los pasivos de Fina”.
Para determinar el costo fiscal de la expropiación –sólo el monto que erogó el gobierno federal al quedarse con los ingenios–, el auditor tomó en cuenta cuatro aspectos: “la afectación de la cobranza de la cartera que mantenían los ingenios expropiados con Fina, lo que llevó a un quebranto; los recursos erogados por el gobierno federal a partir de la expropiación para la operación y administración de los ingenios; los recursos erogados por la indemnización de los ingenios expropiados; y los pasivos que asumió el gobierno federal por los ingenios que son de su propiedad”.
Y concluye: “La expropiación de los ingenios azucareros tiene un costo fiscal, hasta el 31 de diciembre de 2005, de 15 mil 591 millones 56 mil pesos, el cual se verá incrementado por los intereses que generen los pasivos de Fina, así como por la operación y administración de los citados ingenios hasta en tanto sean desincorporados de la administración pública federal (vendidos) que tendrá una disminución por el ingreso que obtenga el gobierno derivado de la enajenación de los mismos”.
Los beneficiados
Después de las resoluciones judiciales que lo obligaron a regresar 14 de los 27 ingenios, el gobierno federal sólo posee 12, pues ya vendió uno, San Francisco El Naranjal. Según el auditor, las millonarias pérdidas del gobierno disminuirán en la medida en que éste venda los ingenios que adquirió precipitadamente.
Sin embargo, esta aseveración es difícil de sostener. Para muestra basta mencionar el caso del ingenio San Francisco El Naranjal, que originalmente perteneció al GAM. Cuando el empresario Juan Cortina Gallardo interpuso un amparo para recuperarlo, el gobierno lo tuvo que indemnizar con 95 millones de pesos. Además, el gobierno invirtió 72.5 millones de pesos para mantener en funciones al ingenio; es decir, desembolsó 167.9 millones de pesos. Pero en julio de 2006 lo vendió en 125.6 millones de pesos. No sólo no recuperó la inversión, sino que también se quedó con la deuda de 2 millones de pesos que tenía su antiguo propietario, Juan Cortina Gallardo, con Fina.
Más todavía. Aunque el auditor no lo reporta así, el gobierno intentó vender cuatro ingenios, entre ellos San Francisco El Naranjal. Incluso hizo la licitación correspondiente, y 11 empresarios compraron las bases correspondientes, según reportó el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), encargado de la licitación. Pero a la hora de dar el fallo, los participantes no realizaron ninguna oferta, por lo que el concurso se “declaró desierto”.
Cuando ello ocurre, en una segunda ron-
da el gobierno puede “adjudicar” la venta sin licitación, como ocurrió con el ingenio San Francisco El Naranjal, que finalmente fue adjudicado a la Corporación Industrial Gargonz, cuyo representante y dueño es Francisco García González.
Lo singular de esta transacción es que García González está casado con Claudia Molina, hija de Enrique Molina, propietario de los nueve ingenios del grupo Caze que el gobierno expropió por “contraer grandes deudas, las cuales fueron consideradas como prácticas indebidas”.
Proceso solicitó, a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) el contrato de venta de San Francisco El Naranjal para conocer las condiciones bajo las cuales se realizó la operación. El SAE negó la información porque ésta “contiene parámetros de renegociación que, de hacerse públicos, podrían dañar o entorpecer” la venta de los 12 ingenios restantes que el gobierno federal tiene en su poder.
Por su parte, el auditor advierte que “el decreto expropiatorio fue una medida coyuntural. No se dirigió a la raíz de las causas de la sobreproducción y de déficit cíclicos, ni a los problemas de financiamiento y modernización; por el contrario, se retomó el círculo vicioso de rescatar, sanear y volver a privatizar, con lo que se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas”.
A cinco años y medio de la expropiación de 27 ingenios azucareros, anunciada por el gobierno foxista con bombo y platillos, los resultados han sido desastrosos para el país. La medida no sólo representó un fuerte gasto para el erario federal sino que, además, mantiene a la industria cañera en la postración.
Según el reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre los cinco primeros años de la expropiación, Fox retomó las prácticas viciadas del priismo –de “rescatar, sanear y volver a privatizar empresas”– pero sólo logró “privatizar las ganancias y socializar las pérdidas”.
Ahora, debido a esa decisión del primer gobierno panista, los mexicanos deberán pagar 15 mil 591 millones de pesos. Y la cifra podría incrementarse, dice el auditor Arturo González de Aragón, si la venta de los ingenios “no resultare exitosa o conveniente para el Estado”.
Además, habrá que sumar los pagos del gobierno federal a los dueños originales de los ingenios por concepto de indemnización, así como la gran deuda de Financiera Nacional Azucarera (Fina), el organismo gubernamental que tramita créditos para los ingenios, pero sobre todo asumir las pérdidas millonarias que han tenido los ingenios desde que el gobierno asumió su control.
Decisión apresurada
A siete meses de asumir el poder, Fox enfrentó su primera gran manifestación: un grupo de cañeros de todo el país tomó las instalaciones de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa) y de Economía (SE), para exigir el pago inmediato de 4 mil 500 millones de pesos que les adeudaban los dueños de los ingenios por la zafra del ciclo 1999-2000.
El deterioro de la industria cañera venía arrastrándose desde la década de los ochenta y, aunque el gobierno intervino para salvar tanto a industriales como a cañeros en varias ocasiones, no pudo evitar que la crisis en este sector se agudizara. Esta situación llevó a los asesores del gobierno foxista Juan de Dios Castro y Lino Korrodi a recomendarle al mandatario la expropiación. Así, el 3 de septiembre de 2001 el gobierno publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto expropiatorio de 27 de los 58 ingenios del país.
En su columna Coordenadas, publicada por el diario Reforma el 4 de septiembre de ese año, Enrique Quintana escribió que el consejero jurídico de la Presidencia, Juan de Dios Castro, recomendó al presidente Fox expropiar los ingenios. A su vez, Pascual Alvarado y José Cruz López, asesores de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar (UNPCA), afiliados a la Confederación Nacional Campesina, confirmaron a esta reportera la participación de Lino Korrodi en todo ese proceso.
Alvarado recuerda que en aquella toma de las instalaciones de la Sagarpa, Korrodi participó en tres reuniones con los cañeros junto con el titular de la dependencia, Javier Usabiaga. Ahí se acordó el pago de los adeudos, dice el asesor de la UNPCA, y recuerda que algo similar ocurrió en las reuniones posteriores con Bancomext. Korrodi siempre fue presentado como asesor del secretario de Agricultura.
Para justificar la expropiación, el gobierno foxista apeló a la causa de “utilidad pública”. También acusó a los dueños de los ingenios de haber incurrido en “un alto grado de endeudamiento” y esgrimió la imposibilidad de los industriales de enfrentar sus obligaciones con los cañeros. Sin embargo nunca pudo explicar por qué sólo expropió 27 de los 58 ingenios; tampoco la razón por la que decidió dejar fuera dos ingenios con los cuales Korrodi tenía vínculos: Tres Valles y López Mateos, ambos propiedad del consorcio Continental, que tiene una franquicia de Coca-Cola en México.
Los ingenios expropiados eran controlados por cuatro consorcios: el Grupo Azucarero México (GAM), de Juan Gallardo, tenía seis; el Grupo Machado, de Teresa Machado, cuatro; el Grupo Santos, propiedad de Alberto Santos, seis, y el Consorcio Azucarero Escorpión (Caze), de Enrique Molina, nueve. Los otros dos, La Joya y Santa Rosalía, ya estaban en manos del gobierno; es decir, el gobierno se expropió a sí mismo.
Desde el principio, los afectados solicitaron amparos para frenar la medida del gobierno foxista y varios juzgados que otorgaron dicha protección. Algunas querellas llegaron incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que pronto emitió su fallo. En él asentó que el gobierno nunca pudo comprobar la causa de utilidad pública para expropiar y que tampoco demostró que los ingenios hubieran contraído grandes deudas. En suma, la Corte no encontró “las prácticas indebidas” en materia de administración en los ingenios y mucho menos que éstas hayan afectado al sector azucarero.
No sólo eso, las autoridades judiciales fallaron a favor de los propietarios de los ingenios pues, según la resolución del amparo 551/2003, no hallaron elemento técnico alguno que garantizara que la expropiación conservaría la actividad productiva azucarera, así como los empleos. “No quedó acreditado el beneficio a la colectividad, uno de los requisitos fundamentales de toda expropiación”, según la resolución.
Trampas y subsidios
Tal fue la cascada de amparos y la resolución a favor de los propietarios, que el gobierno tuvo que regresar 14 de los 27 ingenios expropiados entre 2004 y 2006: cuatro al GAM y al Grupo Machado y los seis restantes al Grupo Santos.
Sin embargo, durante el tiempo en que estos 14 ingenios fueron administrados por el gobierno, éste nunca pudo revertir las millonarias pérdidas con las que operaban.
Y es que cuando los 27 ingenios –en realidad 25, puesto que dos ya estaban en manos de la administración federal– pasaron a manos del gobierno foxista, éste adquirió las millonarias deudas de los industriales. Pero además el gobierno tuvo que indemnizar a los dueños originales, transacción que aún no liquida en su totalidad.
La revisión de la cuenta pública al 2005, realizada por la ASF con datos de la propia Fina, revela por ejemplo que los 27 ingenios expropiados debían 19 mil 297 millones 678 mil pesos. Al pasar los ingenios al Estado, éste asumió esa deuda, pero esta cifra no está incluida en el costo fiscal de la expropiación.
En sus conclusiones, la ASF apunta: “Fina operó de 1943 a 2006; siempre tuvo la necesidad de apoyos fiscales para financiar a la agroindustria; sólo de esta manera pudo operar. No tuvo sanas prácticas crediticias de fomento; y después de 63 años de banca de fomento la agroindustria no fue impulsada y sí perdió su capital, no obstante los apoyos fiscales recibidos, y fue desincorporada por ineficaz. En realidad fue un mecanismo de subsidio a la agroindustria azucarera que no se modernizó ni tuvo la capacidad de adaptarse a las circunstancias del mercado”.
Así mismo, los resultados de la auditoría de la ASF, entregada por Arturo González de Aragón a la Cámara de Diputados el pasado 29 de marzo, establece que los ingenios nunca pudieron superar sus pérdidas.
Las cifras son brutales. La expropiación se realizó el 3 de septiembre de 2001, de manera que el primer estado financiero sobre la operación de los ingenios ya en manos del gobierno se fechó en 2002. Ese año la pérdida total fue de 3 mil 277 millones de pesos; en 2003, de mil 805 millones de pesos; en 2004, de mil 923 millones, y para 2005 se elevó notablemente: a 16 mil 557 millones de pesos.
Como ya se apuntó, estas pérdidas no están incluidas en el costo fiscal que los mexicanos deberán pagar por la expropiación; sin embargo, González de Aragón advierte que en el futuro sí podrían sumarse: “No obstante los apoyos otorgados a los ingenios expropiados en los ejercicios fiscales de 2001 y 2002, éstos continuaron en el 2005, reflejando pérdidas netas como resultado de su operación, lo que podría ocasionar en el futuro un mayor costo fiscal al gobierno federal, en caso de que el producto obtenido por los ingenios como resultado de su operación no fuera suficiente para hacerle frente a sus compromisos”.
El costo fiscal real
González de Aragón realizó una auditoría especial al proceso de expropiación de los ingenios a petición de la Cámara de Diputados, pues en la LVIII Legislatura había dos legisladores que provenían de las principales organizaciones cañeras: Carlos Blackaller, de la Unión Nacional de Cañeros, A.C., y José Cruz López, de la UNPCA, quienes junto con los legisladores del PRI y del PRD cuestionaron la resolución foxista.
Del gran adeudo de los 27 ingenios expropiados con la financiera (Fina) y luego de las resoluciones judiciales que ordenaron el regreso de 14 ingenios, la ASF consideró –con base en los números proporcionados por la Fina– que a la fecha los 11 ingenios en propiedad del gobierno tienen una deuda de 13 mil 395 millones de pesos.
“El saldo deudor de los ingenios con la financiera representa daños y perjuicios para el gobierno federal, en razón de que dejará de recuperar dichos créditos al asumir la titularidad de la propiedad de dichos ingenios”, dice el reporte de la ASF, que consta de 158 páginas.
Sin embargo, Fina esta en liquidación. A cinco años de la expropiación, el auditor considera que, sin contar los mencionados costos de la expropiación de ingenios azucareros, la deuda se eleva a 15 mil 591 millones 56 mil pesos, que los mexicanos deberán pagar.
La cifra que ofrece el auditor no incluye los 13 mil 395 millones de pesos de los adeudos que tienen los ingenios. De hacerlo, los costos de la expropiación se elevarían a 28 mil 986 millones de pesos.
González Aragón advierte que los 15 mil 591 millones de pesos se incrementarán “por los intereses que generen los pasivos de Fina”.
Para determinar el costo fiscal de la expropiación –sólo el monto que erogó el gobierno federal al quedarse con los ingenios–, el auditor tomó en cuenta cuatro aspectos: “la afectación de la cobranza de la cartera que mantenían los ingenios expropiados con Fina, lo que llevó a un quebranto; los recursos erogados por el gobierno federal a partir de la expropiación para la operación y administración de los ingenios; los recursos erogados por la indemnización de los ingenios expropiados; y los pasivos que asumió el gobierno federal por los ingenios que son de su propiedad”.
Y concluye: “La expropiación de los ingenios azucareros tiene un costo fiscal, hasta el 31 de diciembre de 2005, de 15 mil 591 millones 56 mil pesos, el cual se verá incrementado por los intereses que generen los pasivos de Fina, así como por la operación y administración de los citados ingenios hasta en tanto sean desincorporados de la administración pública federal (vendidos) que tendrá una disminución por el ingreso que obtenga el gobierno derivado de la enajenación de los mismos”.
Los beneficiados
Después de las resoluciones judiciales que lo obligaron a regresar 14 de los 27 ingenios, el gobierno federal sólo posee 12, pues ya vendió uno, San Francisco El Naranjal. Según el auditor, las millonarias pérdidas del gobierno disminuirán en la medida en que éste venda los ingenios que adquirió precipitadamente.
Sin embargo, esta aseveración es difícil de sostener. Para muestra basta mencionar el caso del ingenio San Francisco El Naranjal, que originalmente perteneció al GAM. Cuando el empresario Juan Cortina Gallardo interpuso un amparo para recuperarlo, el gobierno lo tuvo que indemnizar con 95 millones de pesos. Además, el gobierno invirtió 72.5 millones de pesos para mantener en funciones al ingenio; es decir, desembolsó 167.9 millones de pesos. Pero en julio de 2006 lo vendió en 125.6 millones de pesos. No sólo no recuperó la inversión, sino que también se quedó con la deuda de 2 millones de pesos que tenía su antiguo propietario, Juan Cortina Gallardo, con Fina.
Más todavía. Aunque el auditor no lo reporta así, el gobierno intentó vender cuatro ingenios, entre ellos San Francisco El Naranjal. Incluso hizo la licitación correspondiente, y 11 empresarios compraron las bases correspondientes, según reportó el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), encargado de la licitación. Pero a la hora de dar el fallo, los participantes no realizaron ninguna oferta, por lo que el concurso se “declaró desierto”.
Cuando ello ocurre, en una segunda ron-
da el gobierno puede “adjudicar” la venta sin licitación, como ocurrió con el ingenio San Francisco El Naranjal, que finalmente fue adjudicado a la Corporación Industrial Gargonz, cuyo representante y dueño es Francisco García González.
Lo singular de esta transacción es que García González está casado con Claudia Molina, hija de Enrique Molina, propietario de los nueve ingenios del grupo Caze que el gobierno expropió por “contraer grandes deudas, las cuales fueron consideradas como prácticas indebidas”.
Proceso solicitó, a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) el contrato de venta de San Francisco El Naranjal para conocer las condiciones bajo las cuales se realizó la operación. El SAE negó la información porque ésta “contiene parámetros de renegociación que, de hacerse públicos, podrían dañar o entorpecer” la venta de los 12 ingenios restantes que el gobierno federal tiene en su poder.
Por su parte, el auditor advierte que “el decreto expropiatorio fue una medida coyuntural. No se dirigió a la raíz de las causas de la sobreproducción y de déficit cíclicos, ni a los problemas de financiamiento y modernización; por el contrario, se retomó el círculo vicioso de rescatar, sanear y volver a privatizar, con lo que se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas”.
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