Jorge Carrasco y Jenaro Villamil
La Suprema Corte de Justicia de la Nación desahogó las presiones causadas por el litigio de anticonstitucionalidad sobre la Ley Televisa: los ministros han escuchado a las partes y varios sectores conocen el proyecto de resolución del ministro Aguirre Anguiano. Pero no cabe todavía el optimismo: los dueños de la pantalla y del dial radiofónico están en plena campaña de desprestigio contra todos aquellos que no piensan, como ellos, que el espectro radioeléctrico tenga que dedicarse sólo a incrementar las ganancias de Televisa y TV Azteca, sin competencia ni utilidad social posibles. En esta delicada circunstancia, la Suprema Corte puede mostrar que la nación aún puede impedir que un poder fáctico se apropie de sus bienes y que el Estado es más que un gobierno que funda su esperanza de legitimación en esos medios monopolizados... o bien, puede respaldar el hecho de que nadie tenga voz en este país si no la compra en alguna de esas empresas.
Las formas “abusivas y prepotentes” de la televisión se impusieron durante los debates en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la constitucionalidad de la Ley Televisa, asegura el exsenador panista Javier Corral, quien ante ello ve venir la conformación de una nueva propuesta de ley en materia de medios electrónicos que, afirma, retomaría los principales argumentos de los ministros en su deliberación pública que inicia el lunes 21.
Las declaraciones de Corral, principal crítico de este ordenamiento, coinciden con lo que en estos días han expresado los senadores Carlos Sotelo, del Partido de la Revolución Democrática, y Ricardo García Cervantes, del Partido Acción Nacional, quienes además han exigido a las televisoras –Televisa y TV Azteca concretamente– que suspendan las “campañas de linchamiento” contra los exsenadores y organismos que han acudido a la SCJN a expresar sus puntos de vista.
“El fallo que adopte la Corte será un referente, un primer piso para la reforma de medios”, ha dicho García Cervantes, exsubsecretario de Normatividad de Medios, quien el martes 15 dio a conocer que poco más de 20 legisladores de su partido están a favor de una nueva ley de medios.
La estrategia de la Corte para desahogar un litigio como el de la Ley Televisa incluyó la amplia difusión del proyecto de resolución del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano en el sitio electrónico del máximo órgano de justicia del país, así como dos audiencias.
En la primera, realizada el lunes 14, se reunieron ocho ministros con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), considerada por Manuel Bartlett como “la boca de ganso de Televisa”. También acudieron representantes de los dos consorcios televisivos: uno de ellos fue Ernesto Vidal Córdova, empleado de TV Azteca, quien trabajó como director de Relaciones Institucionales en Comunicación Social de Los Pinos con Vicente Fox.
Al día siguiente se efectuó la segunda audiencia, en la que cinco ministros escucharon a seis exsenadores, al presidente de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), Eduardo Pérez Motta, a cuatro representantes de la sociedad civil y al propio senador García Cervantes.
Ese martes 15 el empresario favorito del foxismo, Olegario Vázquez Raña, comió en privado con el ministro presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia. El dueño del Grupo Imagen ha sido uno de los más decididos promotores de la Ley Televisa.
A su vez, Televisa y TV Azteca iniciaron el viernes 11 una campaña de desprestigio en contra de la Corte, luego de que el pleno de ministros resolvió que el Senado carece de facultades para objetar el nombramiento de los integrantes de la Cofeco.
De poder a poder
En entrevista con Proceso, Corral sostiene que “la televisión ha venido actuando contra el Estado, está dispuesta a sustituirlo, y esta ambición desmedida es lo que tiene hasta la madre a la clase política. Todos, todos se quejan. Unos en privado, otros en voz baja, pero todos están hartos de esta situación”.
Para el exsenador, una de las principales razones de este hartazgo es la contratación comercial de propaganda electoral que, además del despilfarro de recursos públicos, genera “una dependencia existencial entre candidatos, partidos y medios”, así como “tratos discriminatorios y bonificaciones irregulares a los amigos, como ha documentado Proceso” en el caso de TV Promo y Enrique Peña Nieto, el gobernador del Estado de México.
Excandidato a gobernador por Chihuahua, Javier Corral cuenta su propia anécdota sobre el estilo de presión de Televisa a los candidatos. Cuando ya se tenía resuelto presentar en la Cámara de Diputados la iniciativa de la Ley Televisa le interpusieron, dice, una demanda civil para reclamarle el pago de una deuda de poco más de 900 mil pesos por concepto de spots en su campaña electoral de 2004, a pesar de que el PAN ha dicho públicamente que esa deuda es del partido y no del candidato.
“Televisa nunca ha querido entregarle las facturas al PAN de poco más de 900 mil pesos. Quieren hacer valer esa deuda como si fuera mía con un documento interno de mi campaña, firmado por mí. Lo quieren hacer valer como un título de crédito”, afirma el exlegislador.
El origen de esta deuda, como en los casos de la mayoría de los candidatos que requieren anunciarse en la pantalla, es el cobro de un sobreprecio conocido como “tarifa política”. Corral refiere que durante 90 días se resistió a pagar esa tarifa, pero al final tuvo que contratar. Antes de hacerlo, viajó a la Ciudad de México y se reunió con el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez.
–Ahora qué se te ofrece, Corral –me dijo Bernardo.
–Vine a decirles que no pienso contratar la tarifa política. No puedo ser inconsecuente con la lucha que he dado durante tanto tiempo, de que esa tarifa es indebida.
–Así es para todos, Corral. No podemos hacer distinciones.
–No pido que me hagas distinciones. Lo que yo te expreso es que no estoy de acuerdo con la tarifa política.
–Entonces, tú vas a escoger y dime lo que más te conviene: gratis o tarifa política –ofreció Gómez.
–Ninguno de los dos mundos es el mío. Les pagamos todo.
“Esa es la forma en que operan. Lo quisieron hacer conmigo, que me conocen, que saben mi posición. Imagínate lo que hacen con los que llegan a negociar con las piernitas temblando.”
Los pasos de la Suprema Corte
Javier Corral advierte: “no tenemos una certeza sobre el voto de los ministros”, y considera que en algunos puntos puede existir unanimidad de los 10 ministros o mayoría de ocho para desarticular los cambios de la Ley Televisa.
Sintetiza así la importancia de los artículos de la Ley Federal de Radio y Televisión que han sido considerados anticonstitucionales por el ministro Aguirre Anguiano: el artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones, sobre las atribuciones de Cofetel, “la hace inoperante”; el 16 “la hace ineficaz”; el 17-G les “tumba el negocio”, y el 28 “desarticula la ley”.
Para declarar la anticonstitucionalidad de la norma se requiere de un mínimo de ocho votos de 10 ministros de la Corte. Por el contrario, basta apenas una mayoría de seis para que se avale la constitucionalidad de las reformas. Una de las mayores incógnitas es el voto del ministro Sergio Valls Hernández, quien se caracteriza por reservar su posición y votar según se oriente la mayoría.
La incertidumbre creció ante las versiones de que el ministro José Ramón Cossío Díaz podría excusarse por un presunto conflicto de intereses, pues antes de ser ministro se desempeñó como asesor legal de algunas empresas del ramo de la comunicación. Sin embargo, en la oficina del ministro aseguraron a Proceso que no existe tal conflicto, porque el litigio es entre el Congreso y el Ejecutivo.
Ante las inminentes presiones de los consorcios televisivos, tres semanas antes de que se iniciara la discusión de la Ley Televisa la SCJN emprendió una estrategia que le redituó importantes dividendos políticos.
En los primeros días de mayo, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, colocó el tema entre las prioridades de la agenda nacional, luego de que éste estuvo congelado durante todo 2006, último año de la presidencia de Mariano Azuela Güitrón en la Corte.
La elección presidencial fue el argumento de Azuela para posponer el juicio de acción de inconstitucionalidad interpuesto por un grupo de 47 senadores de la LIX Legislatura, que impugnó las reformas de las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, publicadas por el gobierno de Vicente Fox en abril de 2006.
De estrecha relación con el foxismo, Azuela turnó el caso a su par Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien al igual que él es uno de los ministros conservadores en la SCJN, lo que fue tomado con reserva por quienes promovieron el litigio.
Luego de la primera reunión de Ortiz Mayagoitia con Felipe Calderón en la primera semana de enero, el propio presidente de la Corte informó a la prensa que antes de que terminara el primer semestre del año se resolvería el juicio contra las reformas aprobadas en marzo de 2006 por el Congreso de la Unión.
La Corte decidió que primero había que resolver la controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados en contra del reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos emitido en 2004 por el gobierno de Vicente Fox. Los diputados reclamaron que el presidente invadía sus facultades legislativas porque el reglamento fue más allá de la ley.
Ese juicio estuvo congelado más de un año por decisión de Mariano Azuela para no perjudicar las pretensiones políticas de Santiago Creel Miranda. Como secretario de Gobernación, el ahora coordinador del PAN en el Senado autorizó a Televisa, a unos días de dejar la dependencia para buscar la candidatura presidencial, 130 permisos para la explotación de centros remotos de apuestas, conocidos como books.
El entonces presidente de la Corte “protegió a Santiago para no interferir cuando quería ser el candidato del PAN a la Presidencia de la República. Después vino el período electoral y con más razón Azuela archivó los temas de la Ley de Juegos y Sorteos y de la Ley Televisa”, asegura a Proceso uno de los asistentes a la reunión del presidente de la Corte y del jefe del Ejecutivo.
La controversia por el reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos se resolvió sin modificación en el mismo mes de enero. Controlada en la Corte esa controversia por los beneficios del panista a Televisa, Ortiz Mayagoitia diseñó una estrategia especial de desahogo de la Ley Televisa debido a su “complejidad y trascendencia para el orden jurídico nacional”, pero sobre todo ante las fuertes presiones de las televisoras.
Desde el martes 1, Ortiz Mayagotia echó a andar esa estrategia cuando convocó a una reunión de prensa con el propósito de anunciar lo que llamó la “metodología pertinente” para desahogar el juicio, dominado por las presiones de Televisa y TV Azteca para que a las reformas no se les mueva ni una coma, como lo insistieron la semana pasada a través de la CIRT. Consciente de las fuertes críticas que también se esperaban de los opositores a las reformas, Ortiz Mayagoria decidió abrir el debate.
Retomó la experiencia de los juicios de amparo resueltos entre febrero y marzo en la Corte sobre las bajas de militares portadores del VIH. A iniciativa del ministro José Ramón Cossío, para la resolución de esos casos se tomó en cuenta la opinión de la Academia Mexicana de Ciencias. Además el presidente del máximo tribunal decidió que para resolver el juicio de la Ley Televisa era necesaria la opinión de expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), debido a las dificultades técnicas del tema que se ventilará en la Corte el lunes 21.
El jueves 3, como lo había anunciado, Ortiz Mayagotia repartió el proyecto de resolución de Aguirre Anguiano no sólo a las partes directamente interesadas –el Ejecutivo y el Congreso de la Unión–, sino a quienes impugnaron las reformas, los exsenadores Manuel Bartlett, del PRI, y Javier Corral, del PAN.
Bartlett y Corral le dieron una amplia difusión al proyecto –de 546 páginas– porque, para sorpresa de muchos, Aguirre Anguiano propuso declarar “procedente y parcialmente fundada” la acción de inconstitucionalidad.
Ante la repercusión del proyecto en el debate público y el manifiesto rechazo de las televisoras, Ortiz Mayagoitia decidió colocar el proyecto en la página de internet de la SCJN.
El siguiente paso fue abrir parte de las audiencias de la Corte con los interlocutores del juicio. Las audiencias están previstas en la Ley Orgánica del máximo tribunal, pero Ortiz Mayagoitia convocó a las reuniones no sólo a los ministros, sino a los promotores e impugnadores de las reformas.
Esta medida ha sido interpretada lo mismo como una búsqueda de apoyo al proyecto de Aguirre Anguiano, que como una forma de desacreditarlo. En cualquier caso, la decisión de Mayagoitia suscitó el reconocimiento hacia la Corte por parte de los partidos políticos y organismos sociales.
Las cuatro falacias
Corral asegura que los opositores a la Ley Televisa presentaron 43 reservas durante el debate en el Senado, pero sólo pudieron exhibir 21 conceptos de invalidez constitucional sobre 13 artículos de las leyes Federal de Radio y Televisión y Federal de Telecomunicaciones.
“Hay aberraciones jurídicas de la Ley Televisa que no pudimos poner en la acción de anticonstitucionalidad porque tú necesitas forzosamente un correlato, en el sentido expreso de la Constitución”, explica.
Entre esas aberraciones, el actual presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) refiere que el artículo 28 de la Ley Televisa sustituyó a un artículo que originalmente planteaba que el Estado podía recuperar el espectro sobrante en todo momento. La iniciativa original, presentada por el diputado priista Miguel Lucero Palma, sí incluía este mecanismo de recuperación, pero luego se eliminó en comisiones, donde participaron, entre otros, el actual senador Javier Orozco Gómez, uno de los defensores de la Ley Televisa ante la Suprema Corte.
Corral enumera cuatro falacias que están presentes en el debate actual:
Primera: No es cierto que si se decretan anticonstitucionales los artículos 28 y 28-A se ponen en riesgo el proceso de convergencia tecnológica y las inversiones para la digitalización.
“Esa es una de las grandes falacias. La industria de la radio y televisión nunca ha necesitado ni de leyes ni de reglamentación para renovarse tecnológicamente. La convergencia hoy es una realidad. El famoso triple play está operando. El problema del artículo 28 es que hace de la convergencia no un triple play, sino un one player”.
Segunda: La CIRT argumentó esta semana que no está en riesgo la recuperación del espectro radioeléctrico, porque el Acuerdo de Política Digital de julio de 2004 lo prevé.
Corral sostiene que “en el último párrafo del artículo 28 se les permite a los concesionarios sustituir el anterior título de concesión de radio y televisión por el de operadores de redes públicas de telecomunicaciones. Si la propuesta de Aguirre Anguiano para decretar anticonstitucional el artículo 28 es aprobada por la mayoría de los ministros, será la base para “una nueva legislación que limite el fenómeno de concentración”.
Tercera: El refrendo automático de las concesiones, establecido en el artículo 16, “contradice la propia argumentación de Aguirre Anguiano en el artículo 28”.
Para Corral, hay una contradicción al estudiar por separado estos dos mecanismos. “El Estado, en todo momento, debe tener la capacidad para revisar si quienes detentan una concesión están cumpliendo con las condiciones de su propio título de concesión. No son derechos hereditarios, aunque así haya funcionado en términos reales: Emilio Azcárraga Vidaurreta le heredó a Emilio Azcárraga Milmo y éste a Emilio Azcárraga Jean”, ejemplifica.
Y considera que no existe incertidumbre jurídica si se suprime el refrendo automático. Las televisoras “dicen que si el Estado no les entrega a perpetuidad las concesiones es un Estado autoritario, antidemocrático. Lo que se viola es la rectoría económica del Estado sobre un bien que no es de ellos, es del Estado”.
Cuarta: “En estos días, a través de la televisión, se reimpulsó la tesis del neozapatismo electrónico que postula que el aire es de quien lo trabaja. Pues no. El aire es del Estado y aunque ellos lo trabajen corresponde al Estado determinar su uso”, sintetiza Corral. ?
Las formas “abusivas y prepotentes” de la televisión se impusieron durante los debates en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la constitucionalidad de la Ley Televisa, asegura el exsenador panista Javier Corral, quien ante ello ve venir la conformación de una nueva propuesta de ley en materia de medios electrónicos que, afirma, retomaría los principales argumentos de los ministros en su deliberación pública que inicia el lunes 21.
Las declaraciones de Corral, principal crítico de este ordenamiento, coinciden con lo que en estos días han expresado los senadores Carlos Sotelo, del Partido de la Revolución Democrática, y Ricardo García Cervantes, del Partido Acción Nacional, quienes además han exigido a las televisoras –Televisa y TV Azteca concretamente– que suspendan las “campañas de linchamiento” contra los exsenadores y organismos que han acudido a la SCJN a expresar sus puntos de vista.
“El fallo que adopte la Corte será un referente, un primer piso para la reforma de medios”, ha dicho García Cervantes, exsubsecretario de Normatividad de Medios, quien el martes 15 dio a conocer que poco más de 20 legisladores de su partido están a favor de una nueva ley de medios.
La estrategia de la Corte para desahogar un litigio como el de la Ley Televisa incluyó la amplia difusión del proyecto de resolución del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano en el sitio electrónico del máximo órgano de justicia del país, así como dos audiencias.
En la primera, realizada el lunes 14, se reunieron ocho ministros con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), considerada por Manuel Bartlett como “la boca de ganso de Televisa”. También acudieron representantes de los dos consorcios televisivos: uno de ellos fue Ernesto Vidal Córdova, empleado de TV Azteca, quien trabajó como director de Relaciones Institucionales en Comunicación Social de Los Pinos con Vicente Fox.
Al día siguiente se efectuó la segunda audiencia, en la que cinco ministros escucharon a seis exsenadores, al presidente de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), Eduardo Pérez Motta, a cuatro representantes de la sociedad civil y al propio senador García Cervantes.
Ese martes 15 el empresario favorito del foxismo, Olegario Vázquez Raña, comió en privado con el ministro presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia. El dueño del Grupo Imagen ha sido uno de los más decididos promotores de la Ley Televisa.
A su vez, Televisa y TV Azteca iniciaron el viernes 11 una campaña de desprestigio en contra de la Corte, luego de que el pleno de ministros resolvió que el Senado carece de facultades para objetar el nombramiento de los integrantes de la Cofeco.
De poder a poder
En entrevista con Proceso, Corral sostiene que “la televisión ha venido actuando contra el Estado, está dispuesta a sustituirlo, y esta ambición desmedida es lo que tiene hasta la madre a la clase política. Todos, todos se quejan. Unos en privado, otros en voz baja, pero todos están hartos de esta situación”.
Para el exsenador, una de las principales razones de este hartazgo es la contratación comercial de propaganda electoral que, además del despilfarro de recursos públicos, genera “una dependencia existencial entre candidatos, partidos y medios”, así como “tratos discriminatorios y bonificaciones irregulares a los amigos, como ha documentado Proceso” en el caso de TV Promo y Enrique Peña Nieto, el gobernador del Estado de México.
Excandidato a gobernador por Chihuahua, Javier Corral cuenta su propia anécdota sobre el estilo de presión de Televisa a los candidatos. Cuando ya se tenía resuelto presentar en la Cámara de Diputados la iniciativa de la Ley Televisa le interpusieron, dice, una demanda civil para reclamarle el pago de una deuda de poco más de 900 mil pesos por concepto de spots en su campaña electoral de 2004, a pesar de que el PAN ha dicho públicamente que esa deuda es del partido y no del candidato.
“Televisa nunca ha querido entregarle las facturas al PAN de poco más de 900 mil pesos. Quieren hacer valer esa deuda como si fuera mía con un documento interno de mi campaña, firmado por mí. Lo quieren hacer valer como un título de crédito”, afirma el exlegislador.
El origen de esta deuda, como en los casos de la mayoría de los candidatos que requieren anunciarse en la pantalla, es el cobro de un sobreprecio conocido como “tarifa política”. Corral refiere que durante 90 días se resistió a pagar esa tarifa, pero al final tuvo que contratar. Antes de hacerlo, viajó a la Ciudad de México y se reunió con el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez.
–Ahora qué se te ofrece, Corral –me dijo Bernardo.
–Vine a decirles que no pienso contratar la tarifa política. No puedo ser inconsecuente con la lucha que he dado durante tanto tiempo, de que esa tarifa es indebida.
–Así es para todos, Corral. No podemos hacer distinciones.
–No pido que me hagas distinciones. Lo que yo te expreso es que no estoy de acuerdo con la tarifa política.
–Entonces, tú vas a escoger y dime lo que más te conviene: gratis o tarifa política –ofreció Gómez.
–Ninguno de los dos mundos es el mío. Les pagamos todo.
“Esa es la forma en que operan. Lo quisieron hacer conmigo, que me conocen, que saben mi posición. Imagínate lo que hacen con los que llegan a negociar con las piernitas temblando.”
Los pasos de la Suprema Corte
Javier Corral advierte: “no tenemos una certeza sobre el voto de los ministros”, y considera que en algunos puntos puede existir unanimidad de los 10 ministros o mayoría de ocho para desarticular los cambios de la Ley Televisa.
Sintetiza así la importancia de los artículos de la Ley Federal de Radio y Televisión que han sido considerados anticonstitucionales por el ministro Aguirre Anguiano: el artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones, sobre las atribuciones de Cofetel, “la hace inoperante”; el 16 “la hace ineficaz”; el 17-G les “tumba el negocio”, y el 28 “desarticula la ley”.
Para declarar la anticonstitucionalidad de la norma se requiere de un mínimo de ocho votos de 10 ministros de la Corte. Por el contrario, basta apenas una mayoría de seis para que se avale la constitucionalidad de las reformas. Una de las mayores incógnitas es el voto del ministro Sergio Valls Hernández, quien se caracteriza por reservar su posición y votar según se oriente la mayoría.
La incertidumbre creció ante las versiones de que el ministro José Ramón Cossío Díaz podría excusarse por un presunto conflicto de intereses, pues antes de ser ministro se desempeñó como asesor legal de algunas empresas del ramo de la comunicación. Sin embargo, en la oficina del ministro aseguraron a Proceso que no existe tal conflicto, porque el litigio es entre el Congreso y el Ejecutivo.
Ante las inminentes presiones de los consorcios televisivos, tres semanas antes de que se iniciara la discusión de la Ley Televisa la SCJN emprendió una estrategia que le redituó importantes dividendos políticos.
En los primeros días de mayo, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, colocó el tema entre las prioridades de la agenda nacional, luego de que éste estuvo congelado durante todo 2006, último año de la presidencia de Mariano Azuela Güitrón en la Corte.
La elección presidencial fue el argumento de Azuela para posponer el juicio de acción de inconstitucionalidad interpuesto por un grupo de 47 senadores de la LIX Legislatura, que impugnó las reformas de las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, publicadas por el gobierno de Vicente Fox en abril de 2006.
De estrecha relación con el foxismo, Azuela turnó el caso a su par Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien al igual que él es uno de los ministros conservadores en la SCJN, lo que fue tomado con reserva por quienes promovieron el litigio.
Luego de la primera reunión de Ortiz Mayagoitia con Felipe Calderón en la primera semana de enero, el propio presidente de la Corte informó a la prensa que antes de que terminara el primer semestre del año se resolvería el juicio contra las reformas aprobadas en marzo de 2006 por el Congreso de la Unión.
La Corte decidió que primero había que resolver la controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados en contra del reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos emitido en 2004 por el gobierno de Vicente Fox. Los diputados reclamaron que el presidente invadía sus facultades legislativas porque el reglamento fue más allá de la ley.
Ese juicio estuvo congelado más de un año por decisión de Mariano Azuela para no perjudicar las pretensiones políticas de Santiago Creel Miranda. Como secretario de Gobernación, el ahora coordinador del PAN en el Senado autorizó a Televisa, a unos días de dejar la dependencia para buscar la candidatura presidencial, 130 permisos para la explotación de centros remotos de apuestas, conocidos como books.
El entonces presidente de la Corte “protegió a Santiago para no interferir cuando quería ser el candidato del PAN a la Presidencia de la República. Después vino el período electoral y con más razón Azuela archivó los temas de la Ley de Juegos y Sorteos y de la Ley Televisa”, asegura a Proceso uno de los asistentes a la reunión del presidente de la Corte y del jefe del Ejecutivo.
La controversia por el reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos se resolvió sin modificación en el mismo mes de enero. Controlada en la Corte esa controversia por los beneficios del panista a Televisa, Ortiz Mayagoitia diseñó una estrategia especial de desahogo de la Ley Televisa debido a su “complejidad y trascendencia para el orden jurídico nacional”, pero sobre todo ante las fuertes presiones de las televisoras.
Desde el martes 1, Ortiz Mayagotia echó a andar esa estrategia cuando convocó a una reunión de prensa con el propósito de anunciar lo que llamó la “metodología pertinente” para desahogar el juicio, dominado por las presiones de Televisa y TV Azteca para que a las reformas no se les mueva ni una coma, como lo insistieron la semana pasada a través de la CIRT. Consciente de las fuertes críticas que también se esperaban de los opositores a las reformas, Ortiz Mayagoria decidió abrir el debate.
Retomó la experiencia de los juicios de amparo resueltos entre febrero y marzo en la Corte sobre las bajas de militares portadores del VIH. A iniciativa del ministro José Ramón Cossío, para la resolución de esos casos se tomó en cuenta la opinión de la Academia Mexicana de Ciencias. Además el presidente del máximo tribunal decidió que para resolver el juicio de la Ley Televisa era necesaria la opinión de expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), debido a las dificultades técnicas del tema que se ventilará en la Corte el lunes 21.
El jueves 3, como lo había anunciado, Ortiz Mayagotia repartió el proyecto de resolución de Aguirre Anguiano no sólo a las partes directamente interesadas –el Ejecutivo y el Congreso de la Unión–, sino a quienes impugnaron las reformas, los exsenadores Manuel Bartlett, del PRI, y Javier Corral, del PAN.
Bartlett y Corral le dieron una amplia difusión al proyecto –de 546 páginas– porque, para sorpresa de muchos, Aguirre Anguiano propuso declarar “procedente y parcialmente fundada” la acción de inconstitucionalidad.
Ante la repercusión del proyecto en el debate público y el manifiesto rechazo de las televisoras, Ortiz Mayagoitia decidió colocar el proyecto en la página de internet de la SCJN.
El siguiente paso fue abrir parte de las audiencias de la Corte con los interlocutores del juicio. Las audiencias están previstas en la Ley Orgánica del máximo tribunal, pero Ortiz Mayagoitia convocó a las reuniones no sólo a los ministros, sino a los promotores e impugnadores de las reformas.
Esta medida ha sido interpretada lo mismo como una búsqueda de apoyo al proyecto de Aguirre Anguiano, que como una forma de desacreditarlo. En cualquier caso, la decisión de Mayagoitia suscitó el reconocimiento hacia la Corte por parte de los partidos políticos y organismos sociales.
Las cuatro falacias
Corral asegura que los opositores a la Ley Televisa presentaron 43 reservas durante el debate en el Senado, pero sólo pudieron exhibir 21 conceptos de invalidez constitucional sobre 13 artículos de las leyes Federal de Radio y Televisión y Federal de Telecomunicaciones.
“Hay aberraciones jurídicas de la Ley Televisa que no pudimos poner en la acción de anticonstitucionalidad porque tú necesitas forzosamente un correlato, en el sentido expreso de la Constitución”, explica.
Entre esas aberraciones, el actual presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) refiere que el artículo 28 de la Ley Televisa sustituyó a un artículo que originalmente planteaba que el Estado podía recuperar el espectro sobrante en todo momento. La iniciativa original, presentada por el diputado priista Miguel Lucero Palma, sí incluía este mecanismo de recuperación, pero luego se eliminó en comisiones, donde participaron, entre otros, el actual senador Javier Orozco Gómez, uno de los defensores de la Ley Televisa ante la Suprema Corte.
Corral enumera cuatro falacias que están presentes en el debate actual:
Primera: No es cierto que si se decretan anticonstitucionales los artículos 28 y 28-A se ponen en riesgo el proceso de convergencia tecnológica y las inversiones para la digitalización.
“Esa es una de las grandes falacias. La industria de la radio y televisión nunca ha necesitado ni de leyes ni de reglamentación para renovarse tecnológicamente. La convergencia hoy es una realidad. El famoso triple play está operando. El problema del artículo 28 es que hace de la convergencia no un triple play, sino un one player”.
Segunda: La CIRT argumentó esta semana que no está en riesgo la recuperación del espectro radioeléctrico, porque el Acuerdo de Política Digital de julio de 2004 lo prevé.
Corral sostiene que “en el último párrafo del artículo 28 se les permite a los concesionarios sustituir el anterior título de concesión de radio y televisión por el de operadores de redes públicas de telecomunicaciones. Si la propuesta de Aguirre Anguiano para decretar anticonstitucional el artículo 28 es aprobada por la mayoría de los ministros, será la base para “una nueva legislación que limite el fenómeno de concentración”.
Tercera: El refrendo automático de las concesiones, establecido en el artículo 16, “contradice la propia argumentación de Aguirre Anguiano en el artículo 28”.
Para Corral, hay una contradicción al estudiar por separado estos dos mecanismos. “El Estado, en todo momento, debe tener la capacidad para revisar si quienes detentan una concesión están cumpliendo con las condiciones de su propio título de concesión. No son derechos hereditarios, aunque así haya funcionado en términos reales: Emilio Azcárraga Vidaurreta le heredó a Emilio Azcárraga Milmo y éste a Emilio Azcárraga Jean”, ejemplifica.
Y considera que no existe incertidumbre jurídica si se suprime el refrendo automático. Las televisoras “dicen que si el Estado no les entrega a perpetuidad las concesiones es un Estado autoritario, antidemocrático. Lo que se viola es la rectoría económica del Estado sobre un bien que no es de ellos, es del Estado”.
Cuarta: “En estos días, a través de la televisión, se reimpulsó la tesis del neozapatismo electrónico que postula que el aire es de quien lo trabaja. Pues no. El aire es del Estado y aunque ellos lo trabajen corresponde al Estado determinar su uso”, sintetiza Corral. ?
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